STC7236-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7236-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-01586-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de ocho de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Marlies Bruegger de \u00c1lvarez y Mar\u00eda Cristina \u00c1lvarez Bruegger, a trav\u00e9s de apoderado, en contra de la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular al Juzgado Treinta y Dos de Familia de la misma ciudad y a las partes e intervinientes del proceso de radicado 2012-00872. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Las gestoras procuran la salvaguarda de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente quebrantadas por la autoridad jurisdiccional querellada. <\/p>\n
2. En sustento de su reclamo narraron, en s\u00edntesis, lo siguiente: <\/p>\n
2.1. El 3 de octubre del 2012, Miguel \u00c1ngel, Jeanette Luc\u00eda y Martha Stella \u00c1lvarez Mart\u00ednez, \u00abherederos de Francisco de Paula \u00c1lvarez Ni\u00f1o\u00bb, formularon demanda de rescisi\u00f3n por lesi\u00f3n enorme \u00abrespecto del trabajo de partici\u00f3n de los bienes de la sociedad conyugal\u00bb formada entre Francisco de Paula \u00c1lvarez Ni\u00f1o y Marlies Bruegger de \u00c1lvarez; acci\u00f3n que dirigieron en contra de las tutelantes. <\/p>\n
2.2. El 14 de mayo de 2019, el Juzgado Treinta y Dos de Familia de Bogot\u00e1 dict\u00f3 fallo, en el que desestim\u00f3 las pretensiones de la demanda y fij\u00f3, como \u00abagencias en derecho\u00bb, el \u00abequivalente a 3 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes\u00bb a cargo de la \u00abparte demandante\u00bb, en decisi\u00f3n que fue confirmada por la Sala de Familia del Tribunal de Bogot\u00e1. <\/p>\n
2.3. Contra la anterior determinaci\u00f3n la parte actora formul\u00f3 recurso de casaci\u00f3n, \u00abel que result\u00f3 desierto el 21 de julio de 2020\u00bb, prove\u00eddo en el que se fij\u00f3, como agencias en derecho, la suma de 1 s.m.l.m.v. <\/p>\n
2.4. Devuelto el expediente al juzgado de primer nivel, la Secretar\u00eda efectu\u00f3 la \u00abliquidaci\u00f3n de costas\u00bb y fij\u00f3, como \u00abagencias en derecho\u00bb, los rubros de $2.484.438, $2.484.348 y $877.803, producto de lo establecido en las sentencias de ambas instancias y en el referido auto del 21 de julio de 2020, la cual fue aprobada por auto del 8 de noviembre de 2021. <\/p>\n
2.5. La decisi\u00f3n precedente fue apelada por las promotoras, a trav\u00e9s de sus respectivos apoderados, por cuanto se incurri\u00f3 en \u00abun error en la liquidaci\u00f3n de las agencias en derecho, dado que el Acuerdo PSAA16-10554 en su art\u00edculo 5 indica que para los procesos declarativos de mayor cuant\u00eda en primera instancia en que existan pretensiones de tipo pecuniario, la fijaci\u00f3n de agencias en derecho oscila entre el 3% y el 7.5% del valor de las pretensiones\u00bb, raz\u00f3n por la cual era necesario \u00abfijar la cifra m\u00e1xima atendiendo a criterios de duraci\u00f3n y complejidad del proceso\u00bb. <\/p>\n
2.6. El 31 de marzo de los corrientes, la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 \u00abrevoc\u00f3 parcialmente el auto proferido el 8 de noviembre de 2021\u00bb, determinando \u00ablas agencias en derecho de la primera instancia en 8 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes\u00bb y, respecto de \u00ablas agencias en derecho en segunda instancia y tr\u00e1mite en sede de casaci\u00f3n, mantuvo los montos fijados por dicho juzgado\u00bb. Lo anterior, \u00aben consideraci\u00f3n a la labor, calidad de la actuaci\u00f3n y esfuerzo involucrado en la defensa de la parte representada por los apoderados objetores de la liquidaci\u00f3n de costas\u00bb. <\/p>\n
3. La parte actora cuestiona \u00e9ste \u00faltimo pronunciamiento, porque considera que se desconocieron las normas que regulan c\u00f3mo deben establecerse las \u00abagencias en derecho\u00bb, dado que, siendo las \u00abpretensiones\u00bb de la demanda de \u00edndole \u00abconstitutivas\u00bb y \u00abcondenatorias\u00bb y no meramente \u00abdeclarativas\u00bb y \u00absin cuant\u00eda\u00bb, las \u00abagencias en derecho [deb\u00edan] calcularse de en un porcentaje por el valor de las pretensiones\u00bb, por lo que no pod\u00edan fijarse en \u00absalarios m\u00ednimos\u00bb, como lo hizo el ad quem reprochado, con lo cual infringi\u00f3 lo preceptuado en el art\u00edculo 366 del C\u00f3digo General del Proceso y en los acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura, en especial, el PSAA16-10554. <\/p>\n
En ese orden, afirmaron que, tomando lo previsto en dicho Acuerdo y dado que el asunto s\u00ed conten\u00eda pretensiones de contenido econ\u00f3mico, la fijaci\u00f3n de las agencias en derecho debi\u00f3 hacerse con base en un porcentaje de entre el 3% y el 7.5% de la cuant\u00eda y no en salarios m\u00ednimos, como err\u00f3neamente lo hizo el Tribunal. <\/p>\n
A su vez, precisaron que el \u00abvalor econ\u00f3mico de la defensa jur\u00eddica contratada (\u2026) result\u00f3 proporcional a la cuant\u00eda y complejidad del proceso\u00bb, por lo cual la \u00abfijaci\u00f3n de agencias en derecho por parte del Tribunal, en 8 salarios m\u00ednimos, se erigi\u00f3 [para ellas] (\u2026) en un detrimento patrimonial excesivo si se tiene en cuenta que el valor de la defensa jur\u00eddica tuvo como base la cuant\u00eda de un proceso que en 2012 superaba los $22.219\u2019000.000\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, destacaron que, en el prove\u00eddo del 30 de enero de 2020, por el cual el Tribunal convocado concedi\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n, se estableci\u00f3 que \u00abal liquidar notarialmente la sociedad conyugal, se inventariaron y adjudicaron bienes del activo por valor de $4.623.235.271,84 pesos (\u2026), valores estos que determinan el monto de las pretensiones de haber prosperado la demanda, suma muy superior al m\u00ednimo legal establecido en el art\u00edculo 338 del C.G.P. de modo que, efectivamente la parte recurrente tiene inter\u00e9s econ\u00f3mico para reclamar en casaci\u00f3n\u00bb. Frente a ello, las accionantes alegan que, aunque dicha providencia alude al inter\u00e9s para recurrir, lo referido permite establecer que \u00abs\u00ed existe un contenido pecuniario en las pretensiones del proceso. Es precisamente la cuantificaci\u00f3n de las pretensiones lo que representa la cuant\u00eda del asunto\u00bb. <\/p>\n
4. Con sustento en lo relatado, exigen se deje sin efectos \u00abel auto del 31 de marzo de 2022 (\u2026)\u00bb y se ordene al Colegiado atacado \u00abque resuelva de nuevo la apelaci\u00f3n interpuesta, con observancia de los criterios establecidos inequ\u00edvocamente en la ley\u00bb. <\/p>\n
II. RESPUESTA RECIBIDA <\/p>\n
El Juzgado de Familia vinculado solicit\u00f3 desestimar la queja en su contra, pues lo planteado por el accionante era \u00abun tema que escapa[ba] de la \u00f3rbita de competencia de este despacho, toda vez que, como primera instancia, se atiene esta Juzgadora a lo ordenado y dispuesto por nuestro Superior\u00bb. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, las gestoras pretenden que se deje sin efectos el pronunciamiento de 31 de marzo de 2022, emanado del Tribunal Superior cuestionado, que defini\u00f3 lo relativo a las agencias en derecho en el proceso cuestionado. <\/p>\n
2. En el referido prove\u00eddo de 31 de marzo pasado, el a quo accionado, tras efectuar algunas disertaciones y de definir lo que era, en un sentido t\u00e9cnico, la \u00abpretensi\u00f3n\u00bb procesal, de traer a colaci\u00f3n lo dispuesto en el art\u00edculo 5 del Acuerdo PSAA16-10554, y de sostener que el asunto de marras se trataba de un proceso \u00abdeclarativo\u00bb, cuya finalidad era la de \u00absolicitar la rescisi\u00f3n por lesi\u00f3n enorme de la partici\u00f3n de la sociedad conyugal liquidada entre el padre de las demandantes y una de las demandadas\u00bb y \u00abdeterminar la legalidad del contrato liquidatorio\u00bb en cuanto a su \u00abequilibrio contractual\u00bb, dedujo que el \u00abefecto directo [de la pretensi\u00f3n] ser[\u00eda] el de sacar el mundo jur\u00eddico la liquidaci\u00f3n\u00bb, mas no \u00abdetermina[r] puntualmente el alcance de la participaci\u00f3n de los interesados\u00bb. <\/p>\n
Partiendo de esa base, refiri\u00f3 que, \u00absi bien la pretensi\u00f3n tendr\u00eda incidencia y consecuencias de \u00edndole econ\u00f3mico, la cuantificaci\u00f3n de tal inter\u00e9s s\u00f3lo [ser\u00eda] viable en el momento de materializar la liquidaci\u00f3n en tr\u00e1mite distinto, con [lo] cual se revela[ba] que no [era] el inter\u00e9s econ\u00f3mico determinante de la competencia, ni que la pretensi\u00f3n, en estricto sentido[,] [fuera] de \u00edndole pecuniario (\u2026)\u00bb. Y enfatiz\u00f3 que el objeto del proceso era la \u00abdeclaraci\u00f3n de nulidad de un tr\u00e1mite liquidatorio contenido en escritura p\u00fablica (\u2026) y no los bienes sobre los cuales recaer\u00eda la nulidad\u00bb, aunque ello implicara un efecto econ\u00f3mico \u00abindeterminado hasta entonces en cuanto s\u00f3lo se materializar\u00eda, se prosperar las pretensiones, en tr\u00e1mite posterior\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, afirm\u00f3 que no pod\u00eda \u00abconfundirse la suma correspondiente al valor total asignado a los activos inventariados en la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal, con el monto de \u2018lo pedido\u2019\u00bb, pues, en el caso concreto, \u00abla pretensi\u00f3n, aunque su resoluci\u00f3n pu[diera] tener una consecuencia patrimonial, en estricto sentido no es de \u2018\u00edndole pecuniaria\u2019, y no contiene una cifra que pueda tomarse como base para liquidar las agencias en derecho\u00bb. <\/p>\n
Con fundamento en lo precedente y refiri\u00e9ndose a los reparos concretos planteados en la apelaci\u00f3n, concluy\u00f3 que \u00abcontrario a lo afirmado por los recurrentes, los extremos m\u00ednimo y m\u00e1ximo a considerar a la hora de establecer la cuant\u00eda de las agencias en derecho, son los establecidos en el acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, determinados por la \u2018naturaleza del asunto\u2019, esto es, para la primera instancia, entre 1 y 10 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes. De tal suerte que (\u2026) el a quo no se equivoc\u00f3 al elegir el criterio de adjudicaci\u00f3n de tal retribuci\u00f3n, entre los extremos dictados en la norma pertinente, al caso\u00bb. <\/p>\n
2.1. Seguidamente, procedi\u00f3 a establecer si la tasaci\u00f3n realizada era desproporcionada, en consideraci\u00f3n al trabajo realizado, el tiempo de duraci\u00f3n y la complejidad del asunto, en atenci\u00f3n a lo previsto en el art\u00edculo 366 del C\u00f3digo General del Proceso y dentro del rango en salarios m\u00ednimos referidos. <\/p>\n
Para el efecto, advirti\u00f3 que: i) la demanda fue presentada el 3 de octubre de 2012 y fue admitida el 21 de agosto de 2013; ii) la sentencia de primera instancia fue proferida el 14 de mayo de 2019 y la de segunda el 16 de octubre de la misma anualidad y iii) que el recurso de casaci\u00f3n se declar\u00f3 desierto el 21 de julio de 2020, es decir, que el tr\u00e1mite dur\u00f3 m\u00e1s de 7 a\u00f1os entre la presentaci\u00f3n de la demanda y la sentencia de primera instancia. <\/p>\n
En cuanto a las actuaciones de los entonces apoderados de las dos tutelantes, \u00abdoctor MIGUEL ENRIQUE ROJAS G\u00d3MEZ obr\u00f3 como apoderado de la se\u00f1ora MARLIES BRUGGER DE \u00c1LVAREZ y el Doctor HORACIO CRUZ TEJADA represent\u00f3 a la se\u00f1ora MAR\u00cdA CRISTINA \u00c1LVAREZ BRUGGER\u00bb, dijo que contestaron la demanda y presentaron excepciones; el apoderado de la se\u00f1ora Marlies present\u00f3 recurso de reposici\u00f3n frente a la providencia notificada; asistieron a la audiencia de tr\u00e1mite el 28 de marzo de 2017; se pronunciaron sobre la solicitud probatoria de la demandante, formularon objeciones, aclaraci\u00f3n y complementaci\u00f3n de los tres dict\u00e1menes periciales decretados, presentaron alegatos; y, finalmente, controvirtieron el recurso propuesto contra la sentencia de primera instancia por la contraparte. <\/p>\n
De ello concluy\u00f3 que su actuaci\u00f3n fue diligente a lo largo del proceso y que la naturaleza del asunto ten\u00eda cierta complejidad sobre el valor de los m\u00e1s de 30 bienes incluidos en la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal reprochada, por lo que consider\u00f3 que, si bien las agencias pod\u00edan fijarse entre 1 y 10 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes en primera instancia, la tasaci\u00f3n de solo tres de \u00e9stos \u00abresult\u00f3 desproporcionada en relaci\u00f3n con la labor, calidad de la actuaci\u00f3n y esfuerzo involucrado en la defensa de la parte representada por los apoderados objetores de la liquidaci\u00f3n de costas\u00bb, por lo que la aument\u00f3 a ocho s.m.l.m.v. <\/p>\n
2.2. Igualmente, precis\u00f3 que, como el monto de las agencias fijadas en segunda instancia y en sede de casaci\u00f3n estaba dentro de los rangos previstos de 1 y 6 y 1 y 20, seg\u00fan el Acuerdo 10554 de 2016, sin consideraci\u00f3n a que se trata de pretensiones con o sin car\u00e1cter pecuniario, se mantendr\u00eda lo pertinente. <\/p>\n
3. Revisada la determinaci\u00f3n cuestionada se evidencia que el Tribunal consider\u00f3 motivadamente que las pretensiones reclamadas por los demandantes carec\u00edan de un contenido pecuniario propiamente dicho ya que la acci\u00f3n rescisoria por lesi\u00f3n enorme ten\u00eda por prop\u00f3sito socavar la eficacia de la partici\u00f3n de la sociedad conyugal \u00c1lvarez-Bruegger, tal conclusi\u00f3n, independientemente de que sea compartida o no, no se muestra abiertamente arbitraria o alejada del ordenamiento jur\u00eddico, por cuanto fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable de las actuaciones surtidas y la normatividad que gobierna el asunto, de forma que se estudiaron y evacuaron los argumentos expuestos por las recurrentes, que ahora, dicho sea de paso, aparecen reproducidos en sede de tutela. <\/p>\n
Observ\u00e1ndose, pues, una disparidad de criterios entre lo considerado por el Colegiado accionado -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparado en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por las solicitantes, la salvaguarda peticionada no se abre paso, por cuanto el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden. <\/p>\n
Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia. Y, de otro, que la adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (STC 28. mar. 2012, Rad. 00022-01, reiterada recientemente en la STC7607-2021). <\/p>\n
A su vez, la Sala ha considerado que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u2019 (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ag. 2013, rad. 2013-00125-01)\u00bb (cita reiterada en la STC15178-2019, del 7 de noviembre, rad. 2019-00445-01). <\/p>\n
<\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo reclamado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Con Impedimento <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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