STC7237-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
STC7237-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-01755-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de junio dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Efra\u00edn Fandi\u00f1o Mar\u00edn contra la Sala Penal de esta Corporaci\u00f3n. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a los intervinientes en el proceso penal de radicado 2008-00125-00. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclama la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad accionada en la causa referida. <\/p>\n
2. Manifiesta que fue imputado por la Unidad de Delitos contra la Propiedad Intelectual y Telecomunicaciones de la Fiscal\u00eda por el delito de fraude procesal, bajo el marco procesal de la Ley 906 de 2004. <\/p>\n
2.1. Surtido el tr\u00e1mite de rigor, el Juzgado Veinte Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento -con sentencia del 23 de marzo de 2018- resolvi\u00f3 \u00ababsolver [al procesado y otros] de los cargos imputados por la Fiscal\u00eda como presuntos autores responsables del delito de fraude procesal [\u2026]\u00bb1. Inconforme con esa determinaci\u00f3n, la Fiscal\u00eda impetr\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. La Sala Penal del Tribunal de Bogot\u00e1, con fallo del 22 de junio de 2018 decidi\u00f3 \u00abconfirmar la sentencia absolutoria proferida por el Juzgado Veinte Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogot\u00e1 el 23 de marzo de 2018, \u00fanicamente respecto a Silvia Margarita Carrizosa Camacho [\u2026]\u00bb. Y revoc\u00f3 \u00aben sus dem\u00e1s apartes la sentencia absolutoria [\u2026]\u00bb precitada. Por lo tanto, conden\u00f3 por primera vez al aqu\u00ed gestor y otros a \u00abla pena privativa de la libertad de pena de prisi\u00f3n de 74 meses (sic), [\u2026] por ser hallados responsables en calidad de coautores del delito de fraude procesal\u00bb2. <\/p>\n
2.3. En desacuerdo, el gestor interpuso \u00abimpugnaci\u00f3n especial\u00bb. Sin embargo, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia -con prove\u00eddo del 6 de octubre de 2021- dispuso \u00abconfirmar la sentencia de segunda instancia dictada por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 [\u2026] el 22 de junio de 2018\u00bb. Adem\u00e1s, sostuvo que contra esa \u00abdecisi\u00f3n no proceden recursos\u00bb3. <\/p>\n
2.4. La misma Corporaci\u00f3n, al resolver el remedio extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto por el extremo procesado, con auto del 18 de mayo de 2022 resolvi\u00f3 \u00abrechazar por improcedente [el recurso presentado] contra el prove\u00eddo emitido por es[a] Corporaci\u00f3n [que] resolvi\u00f3 la impugnaci\u00f3n especial elevada dentro del presente asunto\u00bb. Lo anterior, por cuanto contra la sentencia que define la \u00abimpugnaci\u00f3n especial\u00bb no es procedente el recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
2.5. As\u00ed las cosas, por v\u00eda de tutela, el actor se\u00f1ala que llama la atenci\u00f3n \u00abel hecho de que la sentencia fue dictada por 7 magistrados, a pesar de que el art\u00edculo 235 numeral 7 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica consagra que es atribuci\u00f3n de la Corte Suprema de Justicia Resolver, a trav\u00e9s de una Sala integrada por tres Magistrados de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia y que no hayan participado en la decisi\u00f3n, conforme lo determine la ley, la solicitud de doble conformidad judicial de la primera condena de la sentencia proferida por los restantes Magistrados de dicha Sala en los asuntos a que se refieren los numerales 1, 3, 4, 5 y 6 del presente art\u00edculo\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, sostuvo que la posici\u00f3n adoptada por la autoridad cuestionada \u00ab[\u2026] configura una clara v\u00eda de hecho, toda vez que anotado que no existe regulaci\u00f3n legal sobre el punto se refiere al recurso de casaci\u00f3n como la v\u00eda expedita para definir la legalidad y constitucionalidad de un fallo proferidos en segunda instancia\u00bb. As\u00ed las cosas, indica que \u00ab[\u2026] esta interpretaci\u00f3n de la Corte afecta el derecho fundamental al debido proceso [\u2026], toda vez que [\u2026] no resulta procedente a la Corte Suprema asumir el papel del legislador introduciendo distinciones que carecen de justificaci\u00f3n. En efecto esta interpretaci\u00f3n de la Constituci\u00f3n tal y como la hace la Corte Suprema resulta lesiva [\u2026] toda vez que habr\u00e1 ciudadanos con derecho a recurso extraordinario de casaci\u00f3n y otros no [\u2026]\u00bb. Adem\u00e1s, resalta que esta Sala Civil en sentencia de tutela -STC077-2021-, estableci\u00f3 que \u00abno existe par\u00e1metro constitucional ni legal que excluya la casaci\u00f3n frente a la impugnaci\u00f3n especial, por cuanto ambos instrumentos de defensa tienen perfiles y fuentes jur\u00eddicas heterog\u00e9neos, debi\u00e9ndose surtir inicialmente, el primero; y, luego, el segundo\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo expuesto, solicita que se declare \u00abla nulidad de la sentencia proferida [\u2026] el d\u00eda 6 de octubre de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia\u00bb. En consecuencia, \u00abse [le] ordene [\u2026] profiera una nueva decisi\u00f3n en la que se le respete sus derechos fundamentales [\u2026] y se le conceda el derecho [\u2026] de presentar el recurso extraordinario de casaci\u00f3n y que le sea decidido por el juez competente\u00bb. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Juzgado Veinte Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogot\u00e1 solicit\u00f3 declarar improcedente el amparo pues, \u00abno ha vulnerado o puesto en peligro los derechos constitucionalmente protegidos [del actor] y tampoco tiene ning\u00fan tipo de injerencia en los hechos que son materia de cuestionamiento\u00bb4. <\/p>\n
2. La Sala Penal de esta Corporaci\u00f3n, luego de relatar lo acontecido al interior del juicio rebatido, indic\u00f3 que \u00abel amparo no est\u00e1 llamado a prosperar, porque [\u2026] no le asiste raz\u00f3n al actor para alegar la vulneraci\u00f3n [\u2026] de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb. Ello pues, consider\u00f3 que \u00abla negativa en la concesi\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n interpuesto [\u2026], se fundamenta en que la determinaci\u00f3n censurada, por cuyo medio se le garantiz\u00f3 la posibilidad de impugnar la primera condena no puede ser objeto de ning\u00fan recurso -ordinario o extraordinario, puesto que en ese caso la Corte act\u00fao como m\u00e1ximo tribunal de la jurisdicci\u00f3n ordinaria en materia penal y, no como juez de segundo grado\u00bb5. <\/p>\n
3. La Sala Penal del Tribunal de Bogot\u00e1 estim\u00f3 que \u00abel reproche del accionante est\u00e1 dirigido a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia frente a lo cual este Tribunal no tiene injerencia alguna\u00bb6. <\/p>\n
4. Luis Argemiro Velasco Ariza y Jairo Antonio Montero Fern\u00e1ndez, en escritos separados, coadyuvaron el amparo requerido, por lo que solicitaron se tutelen los derechos fundamentales del solicitante7. <\/p>\n
5. La Fiscal\u00eda Veintisiete Especializada de la Direcci\u00f3n Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, manifest\u00f3 que su inter\u00e9s radica \u00aben que el fallo de la Sala Penal de la Corte mantenga su valides [\u2026]\u00bb, y por tanto el \u00abfallo condenatorio se mantenga en su integridad\u00bb8. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el caso en concreto, corresponde a la Sala establecer si la autoridad cuestionada vulner\u00f3 los derechos fundamentales alegados por el promotor, con ocasi\u00f3n del prove\u00eddo dictado con el cual se declar\u00f3 improcedente el recurso extraordinario de casaci\u00f3n frente a la sentencia que resolvi\u00f3 la impugnaci\u00f3n especial. <\/p>\n
2. Se observa que la Sala Penal de esta Corporaci\u00f3n -con providencia del 18 de mayo de 2022- expres\u00f3 los motivos por los cuales declar\u00f3 improcedente el remedio extraordinario de casaci\u00f3n. Para ello, con fundamento en el Acto Legislativo 01 de 2018, la providencia AP1263-2019 del 3 de abril y la sentencia T-431 de 2021, y dem\u00e1s normas procesales propias de esa jurisdicci\u00f3n, resalt\u00f3 que \u00abpuntualmente, contra la decisi\u00f3n que resuelve la impugnaci\u00f3n especial no procede casaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.1. De cara a la \u00abimprocedencia del recurso de casaci\u00f3n en el marco de la impugnaci\u00f3n especial como mecanismo para garantizar el principio de doble conformidad\u00bb, adujo que las sentencias emitidas por es[a] Corporaci\u00f3n no son susceptibles de ning\u00fan recurso, ordinario o extraordinario, no solo por cuanto dicha posibilidad no se encuentra contemplada en el ordenamiento jur\u00eddico, sino tambi\u00e9n porque se desconocer\u00eda que la Corte Suprema de Justicia es el \u00f3rgano de cierre con lo preceptuado en los art\u00edculos 234 y 235 de la Constituci\u00f3n Nacional y el canon 15 de la Ley Estatutaria de Administraci\u00f3n Judicial\u00bb. <\/p>\n
2.2. En relaci\u00f3n con lo anterior, esclareci\u00f3 que lo expuesto \u00abno resulta aplicable cuando la primera condena es emitida por la Corte, puesto que, en estos eventos, la Sala de Casaci\u00f3n Penal se dividir\u00e1 con el fin de que la parte desfavorecida cuente con la posibilidad de impugnar la decisi\u00f3n ante una Sala de Decisi\u00f3n conformada por tres magistrados que no participen de aquella; de esa forma se salvaguarda la garant\u00eda de doble instancia y el principio de imparcialidad\u00bb. No obstante, la \u00abdeterminaci\u00f3n que garantice la posibilidad de impugnar la primera condena no puede ser objeto de ning\u00fan recurso \u2013ordinario o extraordinario-, puesto que en esos casos la Corte act\u00faa como m\u00e1ximo tribunal de la jurisdicci\u00f3n ordinaria en materia penal, no como juez de segundo grado\u00bb. Lo cual, igualmente encuentra sustento en lo referenciado por la Corte Constitucional en sentencia T-431 de 2021. Y, agreg\u00f3 \u00abque la casaci\u00f3n no es un derecho fundamental sino un recurso legal por lo que el legislador se encuentra facultado para establecer en cu\u00e1les casos y contra qu\u00e9 clase de providencias es viable. De all\u00ed que el referente para determinar su procedencia no pueda ser otro que el marco legal que lo regula\u00bb. <\/p>\n
2.3. As\u00ed las cosas, de cara al caso objeto de estudio, sostuvo que \u00ablas solicitudes incoadas [\u2026] no tienen respaldo en el ordenamiento jur\u00eddico ni en la estructura l\u00f3gica en que se desenvuelve el proceso penal, en la medida que la providencia a trav\u00e9s de la cual se resolvi\u00f3 la impugnaci\u00f3n especial, como lo ha se\u00f1alado la Sala, no es susceptible de ning\u00fan recurso \u2013ordinario o extraordinario-, por haber sido proferida en ejercicio de su rol como \u00f3rgano de cierre, en salvaguarda de la garant\u00eda de la doble conformidad\u00bb. En ese orden, destac\u00f3 que no \u00abresulta acertado que [\u2026] se pretenda interponer casaci\u00f3n, cuando queda claro que para garantizar el derecho constitucional a \u00abimpugnar la sentencia condenatoria\u00bb, acorde con el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Nacional, la Sala en los t\u00e9rminos de la impugnaci\u00f3n especial examin\u00f3 las inconformidades propuestas por los defensores y asumi\u00f3 el estudio integral de los posibles errores en los que hab\u00eda incurrido la decisi\u00f3n de primera condena. Y en esa labor valorativa la decisi\u00f3n atacada fue confirmada en su totalidad, al no advertirse vicios procedimentales o yerros de apreciaci\u00f3n probatoria que impusieran modificar o revocar dicha determinaci\u00f3n\u00bb. Asimismo, indic\u00f3 que \u00abel ejercicio de esa prerrogativa se materializ\u00f3 en la sentencia del 6 de octubre de 2021, la cual, por haber sido dictada por el \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n ordinaria qued\u00f3 en firme con su emisi\u00f3n haciendo tr\u00e1nsito a cosa juzgada, en coherencia con presupuestos de seguridad jur\u00eddica y la \u00abobservancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u00bb, premisa primordial del debido proceso\u00bb. <\/p>\n
3. De lo transcrito, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. En efecto, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones de la Sala atacada, para esta Corporaci\u00f3n, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda recibirse como irrazonable. Ello pues, fue proferida por el juzgador natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis normativo y jurisprudencial del tema. Para esta Sala Civil, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de autoridad de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. En el punto, es necesario destacar que la Sala enjuiciada abord\u00f3 el estudio de la procedencia del recurso extraordinario de casaci\u00f3n contra la sentencia que resolvi\u00f3 la \u00abimpugnaci\u00f3n especial\u00bb, a partir de la observancia de lo reglado en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, las leyes y de lo resuelto en la jurisprudencia de su propia Sala y de la Corte Constitucional9. <\/p>\n
4. Sumado a lo anterior, en el sub judice, lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad cuestionada -en el desarrollo de sus facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el gestor. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia a modo de autoridad natural del asunto10. <\/p>\n
5. Frente a lo aducido por el actor, en cuanto la Sala querellada, al resolver la impugnaci\u00f3n especial no estuvo conformada por 3 magistrados, se advierte que dicha circunstancia encuentra sustento en aquella estar\u00e1 integrada por un n\u00famero menor al total de sus magistrados en aquellos asuntos \u2013entre otros- donde act\u00faa como juez que, eventualmente, pueda dictar una primera condena. No obstante, como en el juicio de marras, la autoridad que determin\u00f3 \u00abla primera condena\u00bb fue el Tribunal de distrito judicial, no aplica el entendimiento esbozado por el censor11. <\/p>\n
6. Finalmente, en atenci\u00f3n al reparo expuesto por el censor, relativo a que esta Sala Civil se\u00f1al\u00f3 en sentencia -STC077-2021- que \u00abno existe par\u00e1metro constitucional ni legal que excluya la casaci\u00f3n frente a la impugnaci\u00f3n especial, por cuanto ambos instrumentos de defensa tienen perfiles y fuentes jur\u00eddicas heterog\u00e9neos, debi\u00e9ndose surtir inicialmente, el primero; y, luego, el segundo\u00bb, se observa que tal consideraci\u00f3n se plasm\u00f3 bajo una situaci\u00f3n f\u00e1ctica distinta a la aqu\u00ed planteada. Ello pues, en aquel caso, el requerimiento principal apunt\u00f3 a que se les permitiera impetrar la \u00abimpugnaci\u00f3n especial\u00bb. Sin embargo, en el presente asunto, el cuestionamiento va dirigido es a que se tramite el recurso extraordinario de casaci\u00f3n frente a la sentencia que defini\u00f3 la \u00abimpugnaci\u00f3n especial\u00bb. Adem\u00e1s, se destaca que el precedente actual de esta Sala especializada y de la Corte Constitucional -sobre el preciso embate aqu\u00ed planteado- concluye la improcedencia de los remedios propuestos -ordinarios y extraordinarios- contra la providencia que resuelva la \u00abimpugnaci\u00f3n especial\u00bb en aquellas situaciones donde la Sala de Casaci\u00f3n Penal lo haya decidido. <\/p>\n
7. Por lo expuesto, se negar\u00e1 el amparo exigido. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la acci\u00f3n de tutela solicitada. Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. En caso de no ser impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Anexos de la demanda de tutela. Archivo PDF \u00abSentencia 23 de marzo de 2018\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Anexos de la demanda de tutela. Archivo PDF \u00abSentencia 22 de junio de 2022\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 Anexos de la demanda de tutela. Archivo PDF \u00abSentencia 6 de octubre de 2021\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 Respuesta por correo electr\u00f3nico de fecha 1\u00b0 de junio de 2022. <\/p>\n
5\u0002 Respuesta por correo electr\u00f3nico de fecha 2 de junio de 2022. <\/p>\n
6\u0002 Respuesta por correo electr\u00f3nico de fecha 2 de junio de 2022. <\/p>\n
7\u0002 Respuestas por correo electr\u00f3nico de fecha 2 y 3 de junio de 2022, respectivamente. <\/p>\n
8\u0002 Respuesta por correo electr\u00f3nico de fecha 6 de junio de 2022. <\/p>\n
9\u0002 En un caso de similares contornos, esta Sala sostuvo que \u00abla Sala de Casaci\u00f3n Penal adujo que \u00abno existe, ni ha existido regulaci\u00f3n normativa alguna que autorice el recurso de casaci\u00f3n contra decisiones dictadas por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia en el marco de su competencia\u00bb. Ahora, sin perjuicio de lo aducido en casos de similares contornos, una nueva revisi\u00f3n del asunto permite afirmar que la simple discrepancia con la interpretaci\u00f3n que la Sala de Casaci\u00f3n Penal tiene sobre el particular, no da lugar a la concesi\u00f3n del amparo constitucional, menos a\u00fan si se tiene en cuenta que la acci\u00f3n de tutela no puede ser tenida (\u2026) como una instancia adicional con la que se pueda controvertir una decisi\u00f3n judicial, al contrario, su alcance es restringido y, por ello no permite cuestionar la interpretaci\u00f3n que un juez realiza de un determinado asunto, a menos que ella sea tan absurda o antojadiza que desborde la l\u00f3gica, o cercene una evidente oportunidad procesal, situaciones inexistentes en el presente asunto\u00bb (CSJ STC11261-2020. Reiterada en CSJ STC16376-2021. Diciembre 1\u00b0 de 2021. Rad. 2021-04306-00). <\/p>\n
<\/p>\n
En igual sentido, la Corte Constitucional convalid\u00f3 lo resuelto por la Sala Penal enjuiciada en un asunto de similar situaci\u00f3n f\u00e1ctica. Al respecto, destac\u00f3 que \u00abel recurso de casaci\u00f3n es un mecanismo procesal que tiene requisitos espec\u00edficos para su procedibilidad. La casaci\u00f3n es un recurso procesal de car\u00e1cter restringido delimitado por el legislador\u0002. Asimismo, no es un mecanismo para revivir el debate procesal desarrollado en las instancias ordinarias del proceso. Por lo tanto, no puede concluirse que exista un derecho a la casaci\u00f3n, que proceda frente a toda sentencia que finaliza el tr\u00e1mite de instancia de un proceso penal. Muestra de ello es que el recurso extraordinario est\u00e1 limitado por causales rigurosas para su procedibilidad y que la Corte Suprema de Justicia deba hacer una valoraci\u00f3n estricta de la argumentaci\u00f3n para habilitar su conocimiento [\u2026]. En definitiva, con fundamento en las razones expuestas en este apartado, la Sala de Revisi\u00f3n constata que el recurso extraordinario de casaci\u00f3n no procede en contra de la sentencia de la Sala de Casaci\u00f3n Penal que resuelve la impugnaci\u00f3n especial de la condena de los actores\u00bb (Sentencia T\u2014431-2021). <\/p>\n
10\u0002Sobre el particular, la Sala ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01 Reiterada en CSJ STC 4454. 15 de jul. 2020); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, CSJ STC 3446- 2020, reiterada en STC2462-2021, 12 de marzo de 2021). <\/p>\n
11\u0002 Al respecto, la H. Corte Constitucional indic\u00f3 que \u00abLa sala de tres magistrados a la que se refiere el numeral 7 del art\u00edculo 235 de la Constituci\u00f3n tiene el prop\u00f3sito de permitir la impugnaci\u00f3n de la sentencia condenatoria que se dicte por primera vez en segunda instancia. Por lo tanto, no es cierta la interpretaci\u00f3n de los accionantes sobre el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 235 de la Constituci\u00f3n. Las razones descritas demuestran que no es razonable ni conforme con el acto legislativo dicha interpretaci\u00f3n, seg\u00fan el cual la divisi\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, dispuesta en el art\u00edculo descrito, tiene el objetivo de que los restantes magistrados conozcan del recurso de casaci\u00f3n contra las sentencias que dicte la misma Corte Suprema de Justicia\u00bb. (Sentencia T\u2014431-2021). <\/p>\n
1 <\/p>\n
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STC7237-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS STC7237-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-01755-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de junio dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). La Corte decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Efra\u00edn Fandi\u00f1o Mar\u00edn contra la Sala Penal de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-64384","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64384","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64384"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64384\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64384"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64384"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64384"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}