STC7239-2022<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7239-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-01762-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por la Agencia Nacional de Infraestructura \u2013ANI- contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto y el Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a los intervinientes en el proceso de expropiaci\u00f3n de radicado 2021-00130-00. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclama la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas en la causa referida. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito inicial y las pruebas obrantes en el plenario, se observa la siguiente situaci\u00f3n f\u00e1ctica: <\/p>\n
2.1. La tutelante interpuso demanda de expropiaci\u00f3n judicial en contra de Oscar Libardo Benavides Maya, Carmen Yandar Mera, Sandra Ximena Yandar Guerrero, Sandra Mabel, Tryny Marcela y Mario Andr\u00e9s Yandar Lob\u00f3n, Mayerli Mercedes Yandar David, herederos indeterminados de Segundo Olmedo Yandar Rosales y de Carlos Alejandro Vela de la Rosa y Jhon Eraso Espa\u00f1a, con el fin de que se decrete que \u00abpor causa de utilidad p\u00fablica e inter\u00e9s social, a favor de la [demandante] con destino al proyecto vial Rumichaca – Pasto, la expropiaci\u00f3n y [\u2026] la transferencia forzosa, de una zona de terreno requerida para el proyecto vial Rumichaca Pasto [\u2026]\u00bb1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Pasto -con auto del 1\u00b0 de julio de 2021- inadmiti\u00f3 el escrito. Y requiri\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab1. Conforme lo prev\u00e9 el numeral 2 del art\u00edculo 84 del CGP, debe acreditarse la calidad en la que concurren las partes al proceso, lo que exige para el presente caso, anejar el registro civil de defunci\u00f3n del se\u00f1or Carlos Alejandro Vela de la Rosa, quien se afirma ha fallecido [\u2026]. <\/p>\n
2. [\u2026] solicitar a la parte actora indicar con precisi\u00f3n si las direcciones de notificaci\u00f3n informadas corresponden a todos los demandados, pues a la pasiva de la litis la compone un gran n\u00famero de sujetos [\u2026]. <\/p>\n
3. En t\u00e9rminos de lo previsto por el numeral 3 del art\u00edculo 399 del CGP, a la demanda debe anejarse un aval\u00fao de los bienes objeto de expropiaci\u00f3n. La revisi\u00f3n del pliego indica que a folios 260 y siguientes y 414 y siguientes, corren dos aval\u00faos, uno de septiembre de 2017 correspondiente a un \u00e1rea de terreno objeto de la petici\u00f3n de expropiaci\u00f3n de 20.168,20 m2, y un aval\u00fao datado a abril de 2019 de la restante \u00e1rea (110,88 m2); lo que palmariamente quebranta el mandato del art\u00edculo 19 del Decreto 1420 de 19981, y se advierte desde ya que, aun cuando a folio 458 y siguientes, se presentan anexos a trav\u00e9s de los cuales pretende acreditar la idoneidad de los peritos que suscribieron tales aval\u00faos con fecha de agosto de 2020, es lo cierto que ello no contrarresta la falta de vigencia de los mencionados aval\u00faos, y por contera no suple la exigencia en comento, la que tampoco puede ser carga del Juzgado [\u2026]2. <\/p>\n
Inconforme con lo anterior, la actora interpuso recurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n3. No obstante, en escrito posterior, alleg\u00f3 la \u00abcorrecci\u00f3n de demanda\u00bb4. <\/p>\n
2.2. El Despacho, con providencia del 19 de julio de 2021 decidi\u00f3 \u00abrechazar por improcedente el recurso de reposici\u00f3n propuesto [\u2026] contra del auto […] del 1 de julio de 2021\u00bb, por cuanto, conforme al art\u00edculo 90 del C\u00f3digo General del Proceso, el auto inadmisorio no es susceptible de recursos5. <\/p>\n
2.3. Posteriormente, con memorial del 23 de julio de la misma anualidad, la entidad present\u00f3 nuevamente subsanaci\u00f3n6. Frente a ello, el juez cuestionado, el 28 siguiente determin\u00f3 \u00abrechazar la demanda verbal de expropiaci\u00f3n por utilidad p\u00fablica [\u2026]\u00bb, por cuanto se omiti\u00f3 \u00abacompa\u00f1ar a la demanda un anexo ordenado por la ley, como lo es el avalu\u00f3 del bien [\u2026]\u00bb7. Inconforme con esa resoluci\u00f3n, el extremo activo formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n8. En consecuencia, con auto del 17 de agosto de 2021, el funcionario judicial mantuvo inc\u00f3lume lo decidido. Y, concedi\u00f3 en el efecto suspensivo el remedio de alzada9. <\/p>\n
2.4. La Sala Civil-Familia del Tribunal acusado -con prove\u00eddo del 12 de noviembre de 2021- resolvi\u00f3 \u00abconfirmar el auto [\u2026] del 28 de julio de 2021\u00bb10. Asunto que fue notificado por estado del 16 siguiente. <\/p>\n
2.5. As\u00ed las cosas, por v\u00eda de tutela, la agencia actora indica que la decisi\u00f3n de rechazo \u00abcierra toda posibilidad, para que la entidad estatal pueda continuar con la gesti\u00f3n predial, sobre el predio pretendido en expropiaci\u00f3n, m\u00e1xime, se itera, cuando se trata de la ejecuci\u00f3n de un proyecto declarado como de utilidad p\u00fablica, es decir que est\u00e1 directamente relacionado con los fines estatales\u00bb. Ello pues, \u00abla entidad estatal, dispone de 3 meses posteriores a la firmeza del acto administrativo que ordena la expropiaci\u00f3n, para adelantar el proceso de expropiaci\u00f3n judicial, de los cuales la Agencia Nacional de Infraestructura, hizo uso al momento de interponer la demanda\u00bb. Adem\u00e1s, se\u00f1ala que \u00abse incurri\u00f3 en una ostensible v\u00eda de hecho, [pues] se le ha negado [\u2026], la posibilidad de cumplir en su parte correspondiente, con la ejecuci\u00f3n de las obras que por motivo de utilidad p\u00fablica [realiza], impidiendo que se desarrolle el debate jur\u00eddico relacionado con la tasaci\u00f3n de la indemnizaci\u00f3n a reconocerse en el proceso de adquisici\u00f3n del predio\u00bb objeto del asunto. <\/p>\n
3. Por lo expuesto, solicita que se ordene a las autoridades tuteladas \u00abproferir una nueva decisi\u00f3n, frente al estudio de admisi\u00f3n de la demanda, ordenando su admisi\u00f3n y tr\u00e1mite\u00bb. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Pasto, solicit\u00f3 declarar improcedente el amparo por cuanto adopt\u00f3 \u00ablos tr\u00e1mites que de conformidad con la ley corresponden en este tipo de controversias jur\u00eddicas\u00bb11. <\/p>\n
2. El Tribunal querellado, se\u00f1al\u00f3 que no \u00abhay lugar a despachar favorablemente las pretensiones de la acci\u00f3n en instancia judicial ordinaria, deben demostrarse ciertas condiciones que menoscaben la legitimidad y legalidad de la decisi\u00f3n, determinen una indebida apreciaci\u00f3n probatoria, una inadecuada labor de adecuaci\u00f3n normativa o un impropio entendimiento de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica sometida a conocimiento; circunstancias que en el caso bajo tutela no se avizoran\u00bb12. <\/p>\n
3. Sandra Ximena Yandar Guerrero y Carmen Yandar Mera manifestaron que no \u00abaparece demostrado [el] requisito de inmediatez, pues la acci\u00f3n se instaura m\u00e1s de 6 meses despu\u00e9s del fallo [cuestionado]\u00bb13. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el caso en concreto, corresponde a la Sala establecer si las autoridades cuestionadas vulneraron los derechos fundamentales alegados por la promotora. Ello pues, se rechaz\u00f3 la demanda de expropiaci\u00f3n judicial impetrada, sin tener en cuenta que se trata de un asunto de utilidad p\u00fablica. Asimismo, se impidi\u00f3 que se surta el debate frente a la tasaci\u00f3n de la indemnizaci\u00f3n a ser reconocida por la adquisici\u00f3n del predio en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
2. De entrada, esta Corporaci\u00f3n advierte la improcedencia de la acci\u00f3n constitucional pues, no se atendi\u00f3 al requisito de inmediatez14. Lo anterior, a causa del lapso transcurrido desde cuando se profiri\u00f3 el auto de segunda instancia el \u00ab12 de noviembre de 2021\u00bb15, y la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela, el \u00ab26 de mayo de 2022\u00bb16. Es decir, pasaron m\u00e1s de seis (6) meses despu\u00e9s de haberse emitido la decisi\u00f3n rebatida. <\/p>\n
2.1. Respecto al citado principio ha de precisarse que, pese a no existir t\u00e9rmino de caducidad para invocar la \u00abprotecci\u00f3n constitucional\u00bb, s\u00ed se impone promoverla dentro de un plazo \u00abrazonablemente prudencial\u00bb, a efectos de que no se desnaturalice su raz\u00f3n de ser, que no es otra que el restablecimiento inmediato de los \u00abderechos fundamentales de la persona\u00bb17. En ese orden, un reclamo que supere ese t\u00e9rmino desdice abiertamente de la urgencia y celeridad que caracteriza este instrumento. <\/p>\n
2.2. Sin embargo, cabe resaltar que dicha exigencia puede ser flexible por razones que justifiquen la inactividad del actor para impetrar la s\u00faplica, tales como interdicci\u00f3n, incapacidad f\u00edsica, minor\u00eda de edad, la permanencia en el tiempo de la amenaza, entre otras18. Sumado a ello, se ha considerado que, en los asuntos referentes a quejas constitucionales contra providencias judiciales, el examen de inmediatez debe ser m\u00e1s estricto, con el fin de no trastocar los principios de seguridad jur\u00eddica y cosa juzgada19. Bajo ese contexto, en el presente caso esta Corporaci\u00f3n no evidencia la concurrencia de alguna de las causas que flexibilizan o eximan del principio de inmediatez, pues lo alegado y la falta de medio de convicci\u00f3n no justifican la tardanza anotada. <\/p>\n
3. Aunado a lo anterior, y en caso de dar por superado el presupuesto se\u00f1alado, se observa que la Sala Civil-Familia del Tribunal de Pasto -con providencia del 12 de noviembre de 2021- expres\u00f3 los motivos por los cuales decidi\u00f3 confirmar el auto de primer grado. Para ello, resalt\u00f3 que, si bien la entidad actora arrim\u00f3 con su demanda sendos aval\u00faos comerciales de septiembre de 2017 y abril de 2019, los mismos, \u00abpara el momento de la presentaci\u00f3n de la demanda, esto es, el 15 de junio de 2021, [\u2026] hab\u00edan perdido vigencia, conforme lo expone el art\u00edculo 19 del Decreto 1420 de 1998, el cual reza: \u201clos aval\u00faos tendr\u00e1n vigencia de un a\u00f1o, contados desde la fecha de su expedici\u00f3n (\u2026)\u201d\u00bb. <\/p>\n
3.1. Ahora, de cara a lo aducido por el recurrente, tocante con que \u00abdebe darse aplicaci\u00f3n a lo dispuesto en el par\u00e1grafo 2\u00b0 del art\u00edculo 24 del Decreto 1682 de 2013 modificado por el art\u00edculo 9\u00b0 de la Ley 1882 de 2018\u00bb20, sostuvo que dicha regulaci\u00f3n \u00ablejos de amparar la tesis de la parte apelante, lo que hace es se\u00f1alar que el Juez de conocimiento ser\u00e1 el encargado de fijar el valor de la expropiaci\u00f3n y ello solo es posible en la medida en que se cuente con un aval\u00fao actualizado del inmueble en cuesti\u00f3n. De hecho, omite el apoderado judicial de la parte apelante mencionar que la misma norma indica previa consignaci\u00f3n del par\u00e1grafo que: \u201cEl aval\u00fao comercial tendr\u00e1 una vigencia de un (1) a\u00f1o, contado desde la fecha de su comunicaci\u00f3n a la entidad solicitante o desde la fecha en que fue decidida y notificada la revisi\u00f3n y\/o, impugnaci\u00f3n de este. Una vez notificada la oferta, el aval\u00fao quedara en firme para efectos de la enajenaci\u00f3n voluntaria\u201d\u00bb. <\/p>\n
3.2. As\u00ed las cosas, destac\u00f3 que resulta menester diferenciar que el tr\u00e1mite de expropiaci\u00f3n tiene \u00abuna fase administrativa donde se realiza la negociaci\u00f3n directa y voluntaria, y, en caso de que esta fracase, se abre paso a la fase judicial, donde justamente se deben ventilar los inconformismos o disensos que existan, entre otras cosas, sobre el valor del bien a expropiar\u00bb. Por lo tanto, enfatiz\u00f3 que no resulta de recibo el \u00abargumento de que los aval\u00faos presentados en la fase administrativa quedaron en firme y que, por lo mismo, deben ser tenidos en cuenta en iguales t\u00e9rminos durante el proceso judicial, porque estos, como se advirti\u00f3, perdieron vigencia por disposici\u00f3n legal\u00bb. En ese orden, consider\u00f3 que \u00abexigir la presentaci\u00f3n de un aval\u00fao actualizado no es una actuaci\u00f3n caprichosa en la medida que el fallador contar\u00e1 con un elemento de juicio adecuado que le permita fijar, si a ello hay lugar, una indemnizaci\u00f3n justa para quien es privado de preservar de su derecho de propiedad\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, agreg\u00f3 que \u00abel numeral 11 del art\u00edculo 82 del estatuto procesal exige como requisitos adicionales para la presentaci\u00f3n de la demanda: \u201clos dem\u00e1s que exija la ley\u201d y el art\u00edculo 399 del mismo C\u00f3digo dispone que a la solicitud inicial de expropiaci\u00f3n se debe acompa\u00f1ar \u201cun aval\u00fao de los bienes objeto de ella (\u2026)\u201d; por lo tanto, efectuando una interpretaci\u00f3n arm\u00f3nica de las normas generales como especiales para los este tipo de procesos, resulta clara la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 19 del Decreto 1420 de 1998 y 9\u00ba de la Ley 1882 de 2018, en lo referente a la vigencia del aval\u00fao comercial para estos procesos\u00bb. <\/p>\n
4. De lo transcrito, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. En efecto, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones de la Sala atacada, para esta Corporaci\u00f3n, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda recibirse como irrazonable. Ello pues, fue proferida por el juzgador natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis normativo del tema. Para esta Sala Civil, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de autoridad de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. En el punto, es necesario destacar que estuvo debidamente justificado el rechazo del escrito inicial por cuanto los aval\u00faos anexados con la demanda resultaban extempor\u00e1neos, -documentos relevantes para cumplir con la etapa judicial en el respectivo juicio de expropiaci\u00f3n-, conforme lo establece el art\u00edculo 19 del Decreto 1420 de 199821. <\/p>\n
5. En definitiva, lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad cuestionada -en el desarrollo de sus facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la entidad gestora. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia a modo de autoridad natural del asunto22. <\/p>\n
6. Por lo expuesto, se negar\u00e1 el amparo exigido. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la acci\u00f3n de tutela solicitada. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. En caso de no ser impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folios 5 a 21 del archivo PDF \u00ab04DemandayAnexos\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Archivo PDF \u00ab05AutoInadmite\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 Archivo PDF \u00ab06RecursoReposici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 Archivo PDF \u00ab07Subsanaci\u00f3nDemanda\u00bb. <\/p>\n
5\u0002 Archivo PDF \u00ab08AutoRechazaRecurso\u00bb. <\/p>\n
6\u0002 Archivo PDF \u00ab09EscritoSubsanaci\u00f3nDemanda\u00bb. <\/p>\n
7\u0002 Archivo PDF \u00ab11AutoRechaza\u00bb. <\/p>\n
8\u0002 Archivo PDF \u00ab12RecursoReposici\u00f3nSubsidioApelaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
9\u0002 Archivo PDF \u00ab000 Auto Juzgado Concede Apelaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
11\u0002 Respuesta por correo electr\u00f3nico de fecha 2 de junio de 2022. <\/p>\n
12\u0002 Respuesta por correo electr\u00f3nico de fecha 3 de junio de 2022. <\/p>\n
13\u0002 Respuesta por correo electr\u00f3nico de fecha 3 de junio de 2022. <\/p>\n
14\u0002 Definido por la jurisprudencia constitucional como presupuesto necesario para la procedencia de la salvaguarda. <\/p>\n
15\u0002 Notificada por estado del 16 de noviembre de 2021. <\/p>\n
16\u0002 Seg\u00fan se identifica en correo electr\u00f3nico de esa fecha. <\/p>\n
17\u0002 Precisamente, la Sala ha reiterado que: \u00abEn efecto, a pesar de la desaparici\u00f3n del t\u00e9rmino de caducidad de dos meses que el art\u00edculo 11 del Decreto 2591 de 1991 hab\u00eda consagrado para ejercer la acci\u00f3n de tutela, declarado inexequible por sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional, con posterioridad a ese pronunciamiento se ha determinado por la jurisprudencia constitucional, incluida la de esta Sala, que aunque no existe propiamente un plazo espec\u00edfico para el ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, por su propia naturaleza, por lo que constituye el objeto de protecci\u00f3n al que apunta, y, en fin, por el prop\u00f3sito inherente a esa herramienta de defensa judicial, la interposici\u00f3n del amparo debe llevarse a cabo en un t\u00e9rmino que se avenga con la inmediatez que contempla el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al punto de permitir que la decisi\u00f3n no sea tard\u00eda o extempor\u00e1nea\u00bb (\u2026). <\/p>\n
\u00abAquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no deben, en principio, ser amparadas, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos s\u00ed actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC3069-2019, citada y reiterada en STC098-2022). <\/p>\n
18\u0002 As\u00ed lo ha se\u00f1alado la alta Corporaci\u00f3n Constitucional en repetidas ocasiones, entre otras en sentencias, CC T-136\/2007, CC T-647\/2008, CC T-743\/2008, CCT-867\/2009, CC T-037-2013, CC T-033\/2010. <\/p>\n
19\u0002 Por cuanto \u00abla firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente\u00bb. Sentencias CC T-410\/2013 y CC T-206\/2014. <\/p>\n
20\u0002 \u00ab\u201c(\u2026) Una vez expedida la resoluci\u00f3n de expropiaci\u00f3n, la entidad adquirente solicitar\u00e1 la inscripci\u00f3n’ de la misma en el respectivo Certificado de libertad y tradici\u00f3n y libertad del inmueble\u2026 Surtida la etapa de agotamiento de v\u00eda gubernativa, la Entidad adquirente deber\u00e1 acudir al procedimiento de expropiaci\u00f3n judicial contemplado en el art\u00edculo 399 del C\u00f3digo General del Proceso o la norma que lo modifique o sustituya, para lo cual aplicar\u00e1 el saneamiento autom\u00e1tico y el valor que arroje la expropiaci\u00f3n se dejar\u00e1 a cargo del juzgado de conocimiento\u201d (Negrita fuera de texto)\u00bb. <\/p>\n
21\u0002 En un caso de similar temperamento, pues no se adjunt\u00f3 con la demanda un aval\u00fao vigente, esta Corporaci\u00f3n sostuvo que \u00abel interlocutorio del Tribunal de Cali que aval\u00f3 el \u00abrechazo de la demanda de expropiaci\u00f3n\u00bb incoada por la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, no fue el resultado de criterios subjetivos u ostensiblemente alejados del ordenamiento jur\u00eddico o de la realidad procesal\u00bb (CSJ STC5974-2021. Mayo 26 de 2021. Rad. 2021-01462-00). <\/p>\n
22\u0002Sobre el particular, la Sala ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01 Reiterada en CSJ STC 4454. 15 de jul. 2020); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, CSJ STC 3446- 2020, reiterada en STC2462-2021, 12 de marzo de 2021). <\/p>\n
1 <\/p>\n
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STC7239-2022 Magistrado Ponente STC7239-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-01762-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de junio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). La Corte decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por la Agencia Nacional de Infraestructura \u2013ANI- contra la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-64385","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64385","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64385"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64385\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64385"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64385"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64385"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}