STC7241-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7241-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2022-00830-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Carlos Daniel Falla frente al fallo proferido el 4 de abril de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00e9l contra la Superintendencia de Sociedades, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad acusada por algunas de las decisiones que adopt\u00f3 en el proceso de intervenci\u00f3n al que lo vincul\u00f3. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, revocar los autos dictados por la accionada el 24 de junio, 9 de septiembre de 2016, 12 de noviembre de 2020, 14 de octubre de 2021, 11 de enero y 18 de marzo de 2022; y ordenarle \u00abrealizar control de legalidad de todo lo actuado en el proceso\u00bb. <\/p>\n
2. Los siguientes son los hechos relevantes para la definici\u00f3n de este caso: <\/p>\n
2.2. En sede de tutela, su gestor cuestion\u00f3 todos los pronunciamientos referidos a espacio, los que adujo desconocedores del debido proceso, en concreto, porque los dictados en el a\u00f1o 2016 los emiti\u00f3 la Superintendencia sin tener competencia para ello, defecto org\u00e1nico derivado del hecho que tales actos, de naturaleza jurisdiccional, fueron \u00abexpedidos por funcionarios que no eran jueces\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, en su momento, para cuestionar esas decisiones los intervenidos acudieron a la acci\u00f3n de tutela pero les fue negada la protecci\u00f3n por la supuesta insatisfacci\u00f3n del presupuesto de la subsidiariedad, bajo el entendido de que tales actos eran demandables ante la jurisdicci\u00f3n contenciosa, sin embargo, tras acudir a \u00e9sta, adujo que su demanda fue rechazada porque aqu\u00e9llos no eran pasibles de acci\u00f3n contenciosa, por no ser actos definitivos, lo que conllev\u00f3 a que debiera plantear m\u00faltiples solicitudes de control de legalidad y nulidad ante la Superintendencia accionada, quien, sin justificaci\u00f3n v\u00e1lida, las rechaz\u00f3, desconociendo las reglas procedimentales seg\u00fan las cuales estaba obligada a realizar tal revisi\u00f3n. <\/p>\n
Destac\u00f3 que el asunto no admite segunda instancia ni \u00e9l cuenta con otro medio de defensa y debido a tal tr\u00e1mite, de forma injusta y a pesar de haber acudido tanto a la Fiscal\u00eda como a la Procuradur\u00eda, va \u00aba perder [su] \u00fanico patrimonio que tanto esfuerzo de trabajo [l]e ha costado a [\u00e9l] y a [sus] hijos y esposa\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Superintendencia de Sociedades defendi\u00f3 la legalidad de su proceder y pidi\u00f3 \u00abdeclarar la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela\u00bb, por no satisfacerse los requisitos generales para su buen suceso, de un lado, por incumplirse \u00abel principio de subsidiariedad, en la medida en que el accionante dispon\u00eda de otros medios de defensa judicial, para solicitar lo que hoy pretende a trav\u00e9s de este mecanismo constitucional, esto es, la nulidad de lo actuado, desde la investigaci\u00f3n administrativa adelantada por la Superintendencia Financiera y\/o desde el auto que decret\u00f3 la intervenci\u00f3n judicial\u00bb; y de otra parte, desatenderse \u00abel requisito de inmediatez, en tanto la acci\u00f3n de tutela se presenta casi 6 a\u00f1os despu\u00e9s de proferidas las resoluciones emitidas por la Superintendencia Financiera y de las resoluciones que no aprobaron el plan de desmonte y casi 3 a\u00f1os despu\u00e9s de realizada la audiencia de resoluci\u00f3n de solicitudes de desintervenci\u00f3n, buscando, con la presente acci\u00f3n retrotraer el proceso a la etapa investigativa, con lo cual se revivir\u00eda varias etapas procesales precluidas y se debatir\u00eda nuevamente la situaci\u00f3n probatoria y jur\u00eddica que qued\u00f3 definida desde el a\u00f1o 2016\u00bb. <\/p>\n
Subsidiariamente expuso que, en todo caso, \u00aben el marco del proceso de intervenci\u00f3n judicial\u2026 no ha vulnerado el derecho al debido proceso del accionante\u2026[,] teniendo en cuenta que la totalidad del proceso [s]e ha desarrollado en estricta sujeci\u00f3n de lo Dispuesto en el Decreto 4334 de 2008. As\u00ed la providencia que decret\u00f3 la intervenci\u00f3n estuvo debidamente motivada por lo dispuesto en la Resoluci\u00f3n 1173 de 2015 de la Superintendencia financiera. De igual forma en el tr\u00e1mite de proceso se garantiz\u00f3 al accionante la oportunidad de presentar solicitud de desintervenci\u00f3n, la que fue debidamente tramitada en sede de audiencia contenida en Acta 2019-01-474435 de 12 de diciembre de 2019\u00bb; sumado a que \u00abconsta en el expediente que, en la etapa administrativa del proceso, se garantiz\u00f3 a los intervenidos el derecho de defensa con la interposici\u00f3n del recurso respectivo, lo mismo ocurri\u00f3 respecto de las resoluciones que no aprobaron el plan de desmonte\u00bb. <\/p>\n
2. L\u00e1zaro Mar\u00eda P\u00e9rez Lozano, Hugo Orlando Azuero Guerrero y Asiesco S.A.S. – en liquidaci\u00f3n coadyuvaron la petici\u00f3n de resguardo insistiendo en los planteamientos del quejoso en torno a las supuestas arbitrariedades de la entidad encartada. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional deneg\u00f3 la protecci\u00f3n, por un lado, al hallar insatisfecho el presupuesto de la inmediatez frente a los prove\u00eddos de 24 de junio (rechaz\u00f3 plan de desmonte presentado por los intervenidos) y 9 de septiembre de 2016 (mantuvo la anterior decisi\u00f3n), porque desde su emisi\u00f3n hasta la presentaci\u00f3n de la tutela (el 22 de abril de 2022), pasaron m\u00e1s de 6 meses; adem\u00e1s, porque tal presupuesto tampoco estaba cumplido aun teniendo en cuenta la data del rechazo de la demanda contenciosa referida por el quejoso (2 de julio de 2021), m\u00e1xime cuando las solicitudes de control de legalidad y nulidad radicadas desde el a\u00f1o 2020 no restaban alcance a esa conclusi\u00f3n, comoquiera que la aducida vulneraci\u00f3n se produjo fue con la expedici\u00f3n de aquellos actos. <\/p>\n
As\u00ed mismo, consider\u00f3 ausente es requisito y el de subsidiariedad respecto al auto de 12 de noviembre de 2020 (desestim\u00f3 solicitudes de nulidad y control de legalidad), pues tambi\u00e9n pasaron m\u00e1s de 6 meses desde su proferimiento y el mismo no fue recurrido por el accionante. <\/p>\n
De otra parte, encontr\u00f3 ajustadas a un criterio razonable las determinaciones emitidas en el a\u00f1o 2022, que no accedieron a las solicitudes de control de legalidad y nulidad, pues en ellas se expusieron con suficiencia los motivos para tal proceder, especialmente, que en cada etapa del tr\u00e1mite se efectu\u00f3 la revisi\u00f3n correspondiente, sin hallar vicios que demandaran la adopci\u00f3n de medidas correctivas. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Puestas as\u00ed las cosas, se advierte que la salvaguarda propuesta estaba llamada al fracaso, lo que impone ratificar la decisi\u00f3n de primer grado, m\u00e1xime cuando los supuestos reiterados por el impugnante, en cuanto a que acudi\u00f3 a la acci\u00f3n contenciosa y, tras su fracaso, volvi\u00f3 al juez de la intervenci\u00f3n a reclamar la nulidad de las actuaciones surtidas en el a\u00f1o 2016, s\u00ed fueron sopesadas por el a-quo constitucional, por dem\u00e1s, acertadamente, con resultados adversos al quejoso, comoquiera que esas \u00faltimas actuaciones no reviven t\u00e9rmino alguno, la proposici\u00f3n de la tutela tambi\u00e9n result\u00f3 tard\u00eda desde la emisi\u00f3n del auto definitorio por parte del Consejo de Estado y, como se ha dicho en diferentes oportunidades, el lapso al que se refiere el requisito de la inmediatez \u00abse contabiliza a partir de la decisi\u00f3n censurada\u00bb (STC11140-2018, 31 ag., rad. 2018-01150-01). <\/p>\n
2.1. As\u00ed, en cuanto al reclamo frente a los prove\u00eddos de 24 de junio (rechaz\u00f3 plan de desmonte presentado por los intervenidos), 9 de septiembre de 2016 (mantuvo la anterior decisi\u00f3n) y 12 de noviembre de 2020 (desestim\u00f3 solicitudes de nulidad y control de legalidad, destacando que \u00e9ste no lo recurri\u00f3 el aqu\u00ed accionante), muy a pesar de los planteamientos del inconforme, como qued\u00f3 visto, ajustada fue la conclusi\u00f3n del fallador constitucional de primer grado en cuanto a la inviabilidad del ruego supralegal, al carecer del requisito de la inmediatez, porque entre esas datas e, incluso, desde el auto por medio del cual -el 2 de julio de 2021- el Consejo de Estado ratific\u00f3 el rechazo de la demanda contenciosa que se inco\u00f3 frente a los dos primeros pronunciamientos, y la fecha de interposici\u00f3n de la demanda de tutela que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala (22 de abril de 2022), pasaron mucho m\u00e1s de seis (6) meses, super\u00e1ndose el lapso fijado por la acentuada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n como razonable y proporcional para activar esta acci\u00f3n excepcional, sin que la foliatura reporte la existencia de alg\u00fan motivo v\u00e1lido que justifique la anotada tardanza en acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n supralegal. <\/p>\n
En la materia, se ha sostenido que: <\/p>\n
…si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido (…), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 2007-00188-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 10 may. 2012, rad. 2012-00413-01). <\/p>\n
2.2. De igual forma, la solicitud de resguardo tambi\u00e9n era improcedente frente a la memorada determinaci\u00f3n del 12 de noviembre de 2020 porque contra la misma el quejoso no formul\u00f3 ning\u00fan recurso ante el juzgador natural, con lo cual abandon\u00f3 la posibilidad que ten\u00eda de agotar all\u00ed la discusi\u00f3n que aqu\u00ed tard\u00edamente plantea. <\/p>\n
De ah\u00ed que frente a ese prove\u00eddo la salvaguarda tampoco resulte viable porque el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen en las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites correspondientes, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de defensa previstos en el orden jur\u00eddico, como aqu\u00ed aconteci\u00f3, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que les sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si el gestor del amparo \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
…es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01; criterio reiterado, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n
2.3. Finalmente, en lo que tiene que ver con los prove\u00eddos emitidos en el a\u00f1o 2022, la protecci\u00f3n rogada tampoco se abr\u00eda paso porque la Superintendencia de Sociedades expres\u00f3 all\u00ed claramente las razones para proceder en la forma en que lo hizo, las cuales lejos est\u00e1n de mostrarse arbitrarias, partiendo del hecho cierto que, como qued\u00f3 dicho, en lo medular, exterioriz\u00f3 que, en cada etapa, efectu\u00f3 el control de legalidad correspondiente sin hallar vicio alguno; que varias de las solitudes del censor las hab\u00eda resuelto de tiempo atr\u00e1s, por lo que \u00e9ste deb\u00eda estarse a lo ya definido; que las situaciones configurativas de supuestas nulidades tuvo que alegarlas en las oportunidades respectivas, como lo impon\u00eda el precepto 132 del C\u00f3digo General del Proceso, \u00ablo que no ocurri\u00f3\u00bb; a lo que debe a\u00f1adirse que el censor present\u00f3 all\u00ed solicitud de exclusi\u00f3n, cuestionando, entre otras cosas, con similares argumentos a los aqu\u00ed propuestos, la medida de intervenci\u00f3n, y aqu\u00e9lla le fue denegada desde el a\u00f1o 2019, mediante decisi\u00f3n que, atacada por v\u00eda de tutela, el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, con confirmatoria de esta Sala de Casaci\u00f3n Civil (STC5229-2020, 6 ag., rad. 2020-00801-01), tambi\u00e9n se hall\u00f3 razonable, lo que, por tanto, se muestra actualmente vinculante para el inconforme, sin que se observe situaci\u00f3n especial alguna que altere lo definido en esa ocasi\u00f3n, a m\u00e1s que tal tr\u00e1mite tutelar, desde el 12 de marzo de 2021, lo excluy\u00f3 de revisi\u00f3n la Corte Constitucional, haciendo tr\u00e1nsito a cosa juzgada constitucional (T8067194). <\/p>\n
Bajo ese contexto, era evidente la improcedencia del amparo, comoquiera que los fundamentos de las \u00faltimas decisiones revisadas no resultan arbitrarios o caprichosos, toda vez que obedecieron a la interpretaci\u00f3n del ordenamiento legal vigente para el caso concreto. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la Corte observa que los razonamientos cuestionados se realizaron en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades propias del Juez ordinario que hacen parte de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial y que, en consecuencia, inhiben al fallador constitucional para inmiscuirse en las mismas, sustituyendo a aqu\u00e9l como si la tutela fuera un mecanismo alternativo y no, como ciertamente lo es, un instrumento excepcional y residual; es decir, aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por el juzgador, esa sola disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida determinaci\u00f3n. <\/p>\n
Frente al particular se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ag. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
3. Las anteriores razones imponen respaldar el fallo opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados y rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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