STC7243-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7243-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-22-13-000-2021-00654-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de ocho de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 2 de diciembre de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, que neg\u00f3 la tutela promovida por Adolfo Andr\u00e9s, a trav\u00e9s de apoderado, en contra del Juzgado Tercero de Familia de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular al Instituto Colombiano de Bienestar Familia (Regionales Santander-Cesar), la Comisar\u00eda Primera de Familia de Valledupar, a Daniela Alejandra, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n \u2013 Regional Santander y el Procurador Judicial adscrito al mencionado estrado1. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor procura la salvaguarda de sus garant\u00edas superiores al debido proceso, defensa y contradicci\u00f3n, igualdad, buena fe, confianza leg\u00edtima, \u00abprevalencia del derecho sustancial sobre las formas\u00bb y a la familia, supuestamente quebrantadas por la autoridad jurisdiccional querellada. <\/p>\n
2. En sustento de su reclamo narr\u00f3, en s\u00edntesis, lo siguiente: <\/p>\n
2.1. En su calidad de padre y \u00abrepresentante legal\u00bb de la menor de edad P.R.T., el se\u00f1or Adolfo Andr\u00e9s instaur\u00f3 demanda \u00abejecutiva por obligaci\u00f3n de hacer\u00bb, para el cumplimiento del r\u00e9gimen de visitas, en contra de Daniela Alejandra, proceso conocido por el Juzgado Tercero de Familia de Bucaramanga, al cual le dio curso en auto de 10 de diciembre de 2018, bajo el radicado 2018-00330. <\/p>\n
2.2. En prove\u00eddo de 6 de febrero de 2020, el estrado judicial \u00abdecidi\u00f3 adaptar el tr\u00e1mite inicial dado al asunto, para continuar el mismo como un incidente\u00bb. <\/p>\n
2.3. Ese mismo d\u00eda, se decretaron las pruebas solicitadas, las que se practicaron el 18 de agosto de 2021, cuando, adem\u00e1s, se decidi\u00f3 el \u00abincidente\u00bb as\u00ed: <\/p>\n
\u00abPrimero. Conminar a los se\u00f1ores Daniela Alejandra y Adolfo Andr\u00e9s, para que de manera inmediata restablezcan y hagan efectivo el r\u00e9gimen de visitas pactado en audiencia del 18 de abril de 2018, celebrada en este mismo Juzgado y en relaci\u00f3n con la ni\u00f1a P.R.T. guardando en su desarrollo el respeto y la debida compostura para no lesionar los derechos fundamentales de su descendiente. Segundo. Disponer que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ya de Bucaramanga, bien de Valledupar, dependiendo de donde se vayan a desarrollar las visitas, a trav\u00e9s del equipo interdisciplinario que se conforme realice el acompa\u00f1amiento (\u2026) tendiente a que las visitas del padre a la peque\u00f1a P.R.T. se lleve a cabo de forma arm\u00f3nica mientras se supera el conflicto (\u2026) que existe entre la pareja, y, eventualmente, de darse el caso inicie proceso administrativo de restablecimiento de derechos de la citada menor de edad, para ello el padre deber\u00e1 informar a dicho instituto la fecha y hora en que har\u00e1 presencia a llevar a cabo dichas visitas. Tercero. Ordenar a los se\u00f1ores Adolfo Andr\u00e9s y Daniela Alejandra concurran (sic) al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y asistan a los programas que dicho instituto se\u00f1ale tendiente a superar el (\u2026) conflicto existente entre ellos\u00bb. <\/p>\n
3. En sentir del promotor, la determinaci\u00f3n adoptada contiene yerros f\u00e1cticos o probatorios \u00aben su dimensi\u00f3n negativa\u00bb, por cuanto estaba acreditado que su prohijado en varias oportunidades ha procurado \u00abver a su menor hija\u00bb, m\u00e1s dichos \u00abintentos\u00bb resultaron infructuosos \u00abdebido a los impedimentos impuestos por la progenitora\u00bb, no imputables a \u00e9l, deduci\u00e9ndose, de ello, que no incumpli\u00f3 lo pactado en el \u00abacuerdo conciliatorio\u00bb sobre el \u00abr\u00e9gimen de visitas\u00bb de la menor de edad. <\/p>\n
Al respecto, destac\u00f3 que, en una tutela previa, conocida por esta Sala de Casaci\u00f3n Civil (STC2748-2019), en la cual la madre de su hija cuestionaba la sanci\u00f3n por desacato que le fue impuesta por incumplir el fallo constitucional que le orden\u00f3 no obstaculizar la comunicaci\u00f3n del padre con la menor de edad y cumplir el r\u00e9gimen de visitas, entre otros, la Corte aval\u00f3 la sanci\u00f3n impuesta en contra de aquella, por encontrar soportado el accionar indebido de la tutelante, prueba que no fue tenida en cuenta por el Juzgado ahora accionado, al adoptar la decisi\u00f3n reprochada. <\/p>\n
En ese orden, censura que se haya establecido que \u00e9l tambi\u00e9n incumpli\u00f3 el r\u00e9gimen de visitas, destacando que vive en Armenia y que se ha tenido que desplazar a Valledupar y a Bucaramanga para poder ver a su hija, pero ello ha sido infructuoso por las actuaciones de la progenitora. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que el Juzgado, al resolver el asunto, vulner\u00f3 los derechos de su hija a tener una familia y a no ser separada de ella. <\/p>\n
4. Con sustento en lo relatado, exige se deje sin efectos el prove\u00eddo de 18 de agosto de 2021, dictado por el estrado accionado y, en su lugar, se inste a \u00abla madre [a que] cumpla sin m\u00e1s dilaciones y obst\u00e1culos las visitas del padre tal cual est\u00e1 contemplado en el r\u00e9gimen pactado (\u2026), esto es permitiendo que las visitas se realicen en un lugar distinto al hogar de la progenitora (\u2026)\u00bb, en concreto en Armenia, donde reside el tutelante. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El estrado convocado adujo que no exist\u00eda \u00abvulneraci\u00f3n de derecho fundamental alguno del aqu\u00ed accionante\u00bb y que la queja elevada carec\u00eda de los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad. <\/p>\n
2. La Comisar\u00eda Primera de Familia de Valledupar narr\u00f3 que, en 2018, efectu\u00f3 \u00abacompa\u00f1amiento\u00bb al accionante cuando visitaba a la ni\u00f1a, en ambas oportunidades sin \u00e9xito, sin que el tutelante hubiera solicitado alg\u00fan acompa\u00f1amiento con posterioridad. <\/p>\n
3. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar \u2013 Regional Santander inform\u00f3 que, de acuerdo con el seguimiento adelantado por el \u00e1rea de psicolog\u00eda, la menor de edad viv\u00eda con su madre en Valledupar y que \u00e9sta manifest\u00f3 estar dispuesta a permitir las visitas de su progenitor en esa ciudad. <\/p>\n
4. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar \u2013 Regional Cesar adujo que el 24 de noviembre de 2021 efectu\u00f3 una valoraci\u00f3n psicol\u00f3gica a la ni\u00f1a, no evidenciando que sus derechos fundamentales est\u00e9n afectados. <\/p>\n
5. Daniela Alejandra, madre de la menor de edad, se opuso a la prosperidad del ruego, ya que el asunto carec\u00eda de relevancia constitucional, y porque los yerros denunciados eran inexistentes. <\/p>\n
6. La Procuradur\u00eda 6 Judicial II Delegada para Asuntos de Familia de Bucaramanga dijo atenerse a lo que el juez constitucional decidiera. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional desestim\u00f3 la salvaguarda implorada, por no reunir los requisitos generales de procedibilidad, en concreto, el de la subsidiariedad, en vista de que contra la determinaci\u00f3n de 18 de agosto de 2021 no se propuso el recurso de reposici\u00f3n. Tampoco evidenci\u00f3 la existencia de alg\u00fan perjuicio irremediable, que habilitara la intervenci\u00f3n de la justicia constitucional. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1. La propuso el mandatario del promotor, quien insisti\u00f3 en que la actuaci\u00f3n confutada lesionaba las garant\u00edas de su poderdante y de su hija. A su vez, asever\u00f3 que el \u00abrecurso de reposici\u00f3n\u00bb no era un medio de impugnaci\u00f3n \u00abid\u00f3neo\u00bb, ya que \u00ablejos estaba el operador judicial de brindar esas precisas garant\u00edas al interior del proceso, cuando de la revisi\u00f3n del expediente (\u2026) jam\u00e1s se vislumbr\u00f3 la intenci\u00f3n de tomar y adoptar decisiones tempranas dirigidas a garantizar las prerrogativas iusfundamentales de la menor y de su padre (\u2026)\u00bb, por el contrario, dilat\u00f3 el tr\u00e1mite durante 3 a\u00f1os. <\/p>\n
Cuestion\u00f3 asimismo que se hubiere descartado la estructuraci\u00f3n de un \u00abperjuicio irremediable\u00bb, pues \u00abse trata de un padre que, a pesar de tener establecido un r\u00e9gimen de visitas a su favor, en acta de conciliaci\u00f3n aprobada por el juzgado accionado, no ha podido ejercer las misma de manera normal, espontanea, y sin injerencia alguna [de la madre]\u00bb. <\/p>\n
2. Posteriormente, la parte actora alleg\u00f3 memorial, con el cual pidi\u00f3 tener en cuenta unas pruebas sobrevinientes, tales como: i) denuncias interpuestas en su contra por los delitos de ejercicio arbitrario de la custodia (rad. 2018-00452) y amenazas (rad. 2017-04015), archivadas el 9 de febrero de 2022 y el 27 de julio de 2020 (rad. 2018-00016); ii) denuncia por abuso sexual frente a su hija (rad. 2017-04015), precluida por el Juzgado 6\u00ba Penal de conocimiento; iii) escrito de acusaci\u00f3n que se sigue contra dos funcionarias del ICBF de Valledupar, por prevaricato por omisi\u00f3n derivado de sus actuaciones en el PARD relacionado con el asunto (rad. 2019-00033) y pliego de cargos de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n; iv) dictamen del Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el que, indica el actor, \u00abse demuestra el da\u00f1o y maltrato que ha recibido la menor (\u2026), su progenitor y familia Paterna, por parte de la SRA Daniela Alejandra al desacatar las obligaciones contenidas en la escritura p\u00fablica, que es en esencia la materializaci\u00f3n del desobedecimiento absoluto al fallo judicial que analiza la sala\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que dichas pruebas acreditaban que \u00abse ha construido una estructura criminal direccionada por la progenitora de la ni\u00f1a, auscultada y ejecutada por servidores p\u00fablicos, cuyo objeto es impedir desde la ilegalidad que mi hija pueda compartir tiempo con su padre, como corresponde\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, se pretende que se deje sin efectos la decisi\u00f3n adoptada por el juzgado accionado en la audiencia llevada a t\u00e9rmino el 18 de agosto de 2021, en cuya virtud se inst\u00f3 a los padres de la menor de edad, en conjunto, a cumplir el r\u00e9gimen de visitas pactado en una audiencia de 18 de abril de 2018, celebrada ante ese mismo estrado, con el acompa\u00f1amiento del equipo interdisciplinario del ICBF del lugar donde se encuentre la ni\u00f1a. <\/p>\n
2. La Sala confirmar\u00e1 el fallo de primer grado, porque la salvaguarda peticionada no satisface el presupuesto general de la subsidiariedad. <\/p>\n
2.1. Revisadas las diligencias, en efecto, se constata que el pronunciamiento criticado, a voces del art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso, era pasible del recurso de reposici\u00f3n, medio de impugnaci\u00f3n del cual el ahora interesado no hizo uso. <\/p>\n
Tal omisi\u00f3n imposibilita el uso de esta senda constitucional, si se tiene en cuenta que este es un mecanismo subsidiario y residual, que no puede ser usado por las partes como una instancia adicional, para subsanar la desidia en la interposici\u00f3n de las defensas ordinarias procedentes. <\/p>\n
Sobre la naturaleza subsidiaria de este mecanismo, la Sala ha sostenido que esta acci\u00f3n constitucional no \u00abse instituy\u00f3 con el prop\u00f3sito de reemplazar los procesos ordinarios o especiales que llevan impl\u00edcitos medios de defensa para la salvaguarda de los caros intereses superiores, por cuanto esas herramientas fueron las dise\u00f1adas por el legislador para que de ellas hicieran uso los sujetos procesales dentro de cada asunto en particular\u00bb (CSJ STC4303-2018). <\/p>\n
Al respecto, resulta imperioso a\u00f1adir que, contrario a lo referido por el censor, el recurso de reposici\u00f3n s\u00ed es id\u00f3neo para confutar las providencias judiciales. En este sentido, esta Corte ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00ab[N]o se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz, so pretexto de que el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, pues de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como medio de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde el inicio el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia\u00bb (CSJ STC, 3 ago. 2011, Rad. 00741-01, reiterada, entre otras, en STC14412-2021). <\/p>\n
2.2. Aunado a ello, debe resaltarse que no se demuestra el alegado perjuicio a los derechos de la ni\u00f1a, pues la orden cuestionada conmin\u00f3 a ambos padres a cumplir con el r\u00e9gimen de visitas establecido, \u00abguardando en su desarrollo el respeto y la debida compostura para no lesionar los derechos fundamentales de su descendiente\u00bb, con el acompa\u00f1amiento del ICBF, para que los encuentros se realicen \u00abde forma arm\u00f3nica mientras se supera el conflicto marcado que existe entre la pareja\u00bb y les orden\u00f3 acudir a los programas que dicha Instituci\u00f3n establezca, de manera que el fin de la providencia reprochada no fue otro que establecer medidas en pro del bienestar de su hija menor de edad, que deben ser acatadas por los dos progenitores. <\/p>\n
3. De otro lado, en cuanto a lo alegado en sede de impugnaci\u00f3n, en el sentido que se \u00abha construido una estructura criminal direccionada por la progenitora de la ni\u00f1a, auscultada y ejecutada por servidores p\u00fablicos\u00bb, se advierte que corresponde a aspectos que no fueron discutidos en primera instancia, por lo que esta Sala, en aras de garantizar el debido proceso de las partes, debe abstenerse de analizar el asunto; m\u00e1xime que, frente a la comisi\u00f3n de posibles conductas delictivas o faltas disciplinarias, lo procedente es presentar las denuncias y quejas pertinentes ante las autoridades competentes, dado que el juez de tutela no puede reemplazar los procedimientos respectivos ni las facultades asignadas a otros operadores, dada la naturaleza residual de la acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
4. De acuerdo con lo discurrido, se refrendar\u00e1 la determinaci\u00f3n de primer nivel. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 En virtud del Acuerdo 034 de 16 de diciembre de 2020, emitido por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, y como medida de protecci\u00f3n a la intimidad de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, se profieren dos versiones de esta providencia con id\u00e9ntico tenor, una reemplazando los nombres y datos e informaciones (familiares), para efectos de publicaci\u00f3n, y otra con la informaci\u00f3n real y completa de las partes, para la correspondiente notificaci\u00f3n. <\/p>\n
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