STC7244-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7244-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-01673-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., ocho (08) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier Francisco Portillo D\u00edaz contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del distrito judicial de Monter\u00eda; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Primero Civil Municipal de esa localidad y los intervinientes en el proceso de insolvencia de persona natural no comerciante n\u00ba 2019-00868-00. <\/p>\n
1. En nombre propio, el actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos a la igualdad y debido proceso, los cuales estima trasgredidos con el auto de 26 de abril de 2022, mediante el cual el tribunal encartado, al resolver el conflicto de competencia que se suscit\u00f3 entre el Centro de Conciliaci\u00f3n y Arbitraje Fundaci\u00f3n M\u00ednimo Vital y el Juzgado Primero Civil Municipal de Monter\u00eda con motivo del proceso de insolvencia de Rams\u00e9s de Jes\u00fas Farah Buelvas, consider\u00f3 que el asunto deb\u00eda tramitarlo la referida autoridad judicial; determinaci\u00f3n que, en criterio del accionante, desconoce que el promotor del litigio se desempe\u00f1a como comerciante (por lo que el asunto debe conocerlo un juez civil del circuito) y que la colisi\u00f3n de competencias no se tramit\u00f3 con estricto apego al art\u00edculo 139 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. En consecuencia, pidi\u00f3 que se deje sin efecto el fustigado prove\u00eddo y se ordene repartir el juicio de insolvencia entre los jueces civiles del circuito de Monter\u00eda, para que se imparta el tr\u00e1mite que legalmente correspondiente. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La magistratura accionada defendi\u00f3 la legalidad de su proceder y dijo remitirse a los fundamentos de la fustigada providencia. <\/p>\n
2. Los Juzgados Cuarto Penal Municipal y Cuarto Penal del Circuito de Monter\u00eda, manifestaron que en esos estrados curs\u00f3 una tramitaci\u00f3n de tutela promovida por quien aqu\u00ed acciona y remitieron los datos de identificaci\u00f3n de los all\u00ed vinculados. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el sustrato f\u00e1ctico de la demanda de tutela involucra la trasgresi\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales all\u00ed invocadas. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto \u2013 razonabilidad de la decisi\u00f3n. <\/p>\n
Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual el tribunal resolvi\u00f3 el conflicto de competencia que se suscit\u00f3 en el decurso del proceso de insolvencia sobre el que versa esta actuaci\u00f3n, no logra advertirse la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, en raz\u00f3n a que tal providencia obedeci\u00f3 a una hermen\u00e9utica respetable de los elementos de juicio que obraban en la foliatura, as\u00ed como a una aplicaci\u00f3n seria y fundamentada de las normas que regulan la materia. <\/p>\n
En tal sentido, el tribunal destac\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00abarguye el Juez \u2026 que no es competente para conocer de la objeci\u00f3n planteada por cuanto en principio no est\u00e1 conforme con la condici\u00f3n de \u201cno comerciante\u201d asignada al demandante por el Centro de Conciliaci\u00f3n; argumento que no comparte este \u00faltimo. Para los efectos es de resaltar que el art\u00edculo 116 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia consagra: \u201c(\u2026) Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la funci\u00f3n de administrar justicia en la condici\u00f3n de jurados en las causas criminales, conciliadores o en la de \u00e1rbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los t\u00e9rminos que determine la ley\u201d. <\/p>\n
Entonces, el conciliador del proceso de insolvencia econ\u00f3mica de persona natural no comerciante ejerce sus funciones conforme lo regula los art\u00edculos 531 a 575 el C.G.P., proceso reglamentado adem\u00e1s en el Decreto 1069 de 2015. En ese orden, las funciones que ejercen los conciliadores en insolvencia u operadores de insolvencia y la de los jueces civiles municipales son distintas. n efecto, en la etapa de negociaci\u00f3n y convalidaci\u00f3n del acuerdo privado es del resorte del conciliador u operador de insolvencia, mientras que, la etapa de la liquidaci\u00f3n patrimonial corresponde al Juez Civil Municipal del lugar donde se tramita la insolvencia. Ahora bien, para resolver las objeciones que se presenten conforme lo prev\u00e9n los art\u00edculos 534 y 550 del C.G.P. en la etapa de negociaci\u00f3n, estas ser\u00e1n decididas por el Juez Civil Municipal, <\/p>\n
as\u00ed mismo la norma consagra que el Juez que conozca de la primera controversia de manera privativa conocer\u00e1 de las subsiguientes. <\/p>\n
\u2026 la normativa en cita no atribuye al Juez en modo alguno la facultad de decidir con respecto a la calidad de no comerciante del actor, que es entre otros aspectos el que fija la competencia del asunto en el Centro de Conciliaci\u00f3n, facultad que ostenta el conciliador en insolvencia u operador de insolvencia y en tal virtud as\u00ed lo defini\u00f3 mediante auto de fecha 28 de junio de 2019, en el que consider\u00f3 dentro de sus facultades legales, una vez analizada la informaci\u00f3n y los soportes suministrados en la solicitud de insolvencia verificando el cumplimiento de los supuestos de insolvencia al tenor del art\u00edculo 538 del C.G.P., que el deudor peticionario era una persona natural no comerciante conforme a la prueba documental portada al asunto, para arrimar a la decisi\u00f3n de aceptar e iniciar el proceso de negociaci\u00f3n de deudas conforme a la competencia que le asiste. Corolario, corresponde al Juzgado Primero Civil Municipal de Monter\u00eda conocer del asunto a fin de resolver las objeciones puestas ante \u00e9l de presente\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se observa el desafuero jur\u00eddico que se enrostr\u00f3 al fallador encartado. Por el contrario, la providencia criticada se bas\u00f3 en una motivaci\u00f3n que no es producto de la subjetividad o el capricho, por lo que resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda para imponer al fallador ordinario una particular interpretaci\u00f3n del contexto jur\u00eddico escrutado o un enfoque de la normativa aplicada que coincida con el de las partes, porque es precisamente en ese campo en donde se expresa con mayor fuerza su independencia. <\/p>\n
Ciertamente, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello puede abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues para ello es necesario que la fustigada providencia se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que \u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (STC4705-2016). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se negar\u00e1 la salvaguarda porque la providencia materia de censura fue motivada y lo pretendido por la parte querellante es anteponer su propio criterio al del juzgador de instancia, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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