STC7245-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7245-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-01683-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del ocho de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda Esperanza Munar Parra contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Cuarenta y Nueve Civil del Circuito de esta ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el juicio de pertenencia radicado n\u00ba 2013-00752. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, actuando en su propio nombre, invoca la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y defensa, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Expone que, junto a su progenitora Alicia Parra Prieto, promovi\u00f3 demanda de pertenencia respecto del bien inmueble distinguido con matr\u00edcula \u00ab50C-1004513\u00bb, asunto que, luego de trasegar por varios juzgados en virtud de las medidas de descongesti\u00f3n, fue asignado al Cuarenta y Nueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1. <\/p>\n
Relata que, el 6 de diciembre de 2019 se integr\u00f3 en debida forma la litis, y el 15 de enero de 2020 el curador ad litem designado contest\u00f3 la demanda, luego, el despacho fij\u00f3 fecha \u2013 26 de febrero de 2020 \u2013 para la realizaci\u00f3n de una inspecci\u00f3n judicial al predio \u00abomitiendo la audiencia inicial del art\u00edculo 372 del C.G.P.\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1ala que, el juzgado finalmente no llev\u00f3 a cabo la mencionada diligencia de inspecci\u00f3n al inmueble, sino que emiti\u00f3 un auto mediante el cual orden\u00f3 un \u00abemplazamiento por una inconsistencia en la denominaci\u00f3n de uno de los demandados\u00bb y fij\u00f3 un plazo (30 d\u00edas), advirtiendo que, en caso de incumplimiento dar\u00eda aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso; empero, en el interregno se present\u00f3 la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos por la emergencia sanitaria del Covid19 que se extendi\u00f3 hasta el 1\u00ba de agosto de ese a\u00f1o por cuenta del decreto 564 de 2020. <\/p>\n
Sin embargo, seg\u00fan alega, pese a que cumpli\u00f3 con la carga de realizar las publicaciones ordenadas y se lo hizo saber al juzgado v\u00eda \u00abmensaje de datos\u00bb, el despacho, sin verificarlo, el 25 de septiembre de 2020 profiri\u00f3 auto decretando el desistimiento t\u00e1cito contemplado en el mencionado canon 317 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Refiere que, su abogado le explic\u00f3 que no comprend\u00eda la decisi\u00f3n, pues hab\u00eda logrado publicar los emplazamientos, as\u00ed mismo, que \u00abpor las medidas de aislamiento que imperaban en la fecha de septiembre de 2020, tuvo dificultades y no pudo controvertir la decisi\u00f3n sorpresiva e inesperada del desistimiento t\u00e1cito\u00bb; raz\u00f3n por la cual, el 6 de octubre de ese a\u00f1o, radic\u00f3 petici\u00f3n de \u00abaplicaci\u00f3n de medidas de saneamiento y control de legalidad\u00bb a fin de que el juzgado dejara sin valor ni efecto el desistimiento t\u00e1cito. <\/p>\n
Destaca que esta \u00faltima solicitud fue denegada en prove\u00eddo del 14 de octubre de esa anualidad, contra el cual interpuso apelaci\u00f3n, respecto del cual, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 se pronunci\u00f3 el 8 de marzo de 2022 inadmiti\u00e9ndola por improcedente. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la actora enfila principalmente la queja contra el auto emitido por el Juzgado Cuarenta y Nueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1 el 25 de septiembre de 2020 que decret\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito, pues reprocha que dicho juzgado desde que recibi\u00f3 el proceso, evidenci\u00f3 \u00abdesd\u00e9n y desidia\u00bb para tramitarlo. <\/p>\n
Agrega que, el accionado incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho por defectos \u00absustantivo y procedimental\u00bb; en primer lugar, porque la carga que le fue impuesta en auto de 26 de febrero de 2020 era innecesaria y no le correspond\u00eda seg\u00fan el decreto 806 de 2020; en segundo, el plazo all\u00ed fijado para cumplir con los emplazamientos, aduce, se suspendi\u00f3 \u00abel 14 de marzo de 2020, solo cuando hab\u00edan corrido 10 d\u00edas de t\u00e9rmino para efecto de desistimiento; legalmente se extender\u00eda o reanudar\u00eda el resto de t\u00e9rmino de los 30 d\u00edas, hasta el 31 de agosto de 2020\u00bb. Asimismo, precisa que las publicaciones ordenadas las efectu\u00f3 el 25 de julio de 2020 y las comunic\u00f3 al despacho el 3 de agosto y lo reiter\u00f3 el 3 de septiembre, pero el juzgado, sin observarlas, resolvi\u00f3 finiquitar la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed mismo, resalta que \u00abla mayor arbitrariedad del juez de conocimiento est\u00e1 en que a pesar de saber de la existencia del decreto 806 de 2020 en el art\u00edculo 10 que elimin\u00f3 los emplazamientos y era deber de hacerlo la misma sede judicial en el Registro Nacional de Emplazados, procedi\u00f3 a imponerme una sanci\u00f3n de desistimiento t\u00e1cito, sin ley de respaldo (\u2026)\u00bb. Finalmente, critica tambi\u00e9n el tiempo excesivo que transcurri\u00f3 entre la providencia que neg\u00f3 el control de legalidad y el pronunciamiento del tribunal frente al recurso interpuesto. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pretende se \u00abproceda a dejar sin efectos el auto de fecha 25 de septiembre de 2020 emitido por el juzgado accionado y restituya la etapa procesal que estaba pendiente de desarrollar la audiencia de que trata los art\u00edculos 372, 373 y 375 del C.G.P.\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juez Cuarenta y Nueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1 relacion\u00f3 lo acontecido en el proceso de pertenencia en cuesti\u00f3n y, principalmente, lo sucedido con el auto de desistimiento t\u00e1cito. Indic\u00f3 que los reproches de la actora resultan \u00abdescontextualizados\u00bb, pues cuando se orden\u00f3 el emplazamiento (26 de febrero de 2020) no exist\u00eda el decreto 806 de 2020; puntualiz\u00f3 tambi\u00e9n que, el plazo dado en esa ocasi\u00f3n fenec\u00eda el 28 de julio por lo que procedi\u00f3 a dictar el auto de desistimiento, \u00abque qued\u00f3 en firme, pues no se interpuso recurso alguno por parte del apoderado de la actora\u00bb, y aunque el profesional solicit\u00f3 posteriormente que se dejara sin efecto dicho auto, asegurando que las publicaciones requeridas las remiti\u00f3 al correo institucional del despacho, aclar\u00f3 que las mismas, seg\u00fan constat\u00f3, fueron enviadas a un correo errado. <\/p>\n
2. Un magistrado del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, Sala Civil, sin pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda tutelar, alleg\u00f3 la copia digital del auto de 8 marzo de 2022 con el cual declar\u00f3 inadmisible el recurso de apelaci\u00f3n formulado contra el auto de 14 de octubre de 2020 proferido por el juzgado que deneg\u00f3 la solicitud de control de legalidad pedida por la parte actora. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, inicialmente, si la demanda satisface el requisito de la subsidiariedad, que remite a la utilizaci\u00f3n oportuna de todos los mecanismos de impugnaci\u00f3n legalmente previstos y, de superarse lo anterior, si las autoridades convocadas vulneraron las garant\u00edas supralegales denunciadas al; (i) decretar el desistimiento t\u00e1cito del proceso de pertenencia 2013-00752 mediante auto del 25 de septiembre de 2020, incurriendo con ello, supuestamente, en v\u00eda de hecho por defectos \u00absustantivo y procedimental\u00bb; y, (ii) negarse a dejar sin efectos dicho prove\u00eddo en virtud del control de legalidad solicitado. <\/p>\n
2. La subsidiariedad. <\/p>\n
El amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del mentado presupuesto y su inobservancia ocurre no solo cuando se dejan de emplear los medios de defensa ordinarios, lo cual constituye incuria, sino tambi\u00e9n porque a\u00fan existan otras v\u00edas tendientes a solucionar la afectaci\u00f3n a los derechos. <\/p>\n
De la incuria. <\/p>\n
La procedencia del resguardo se encuentra supeditada al agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa puestos a disposici\u00f3n del interesado, dado el car\u00e1cter eminentemente residual de esta acci\u00f3n, pues de otra manera se convertir\u00eda en un mecanismo para revivir oportunidades clausuradas, lo cual terminar\u00eda cercenando los principios que gobiernan esta herramienta iusfundamental. <\/p>\n
En lo relativo a ese tema, esta Corte ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [S]i [se] incurri\u00f3 en pigricia y [se] desperdici[aron] las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 6 de julio de 2010, Rad. 00241-01; ratificada el 2 de marzo de 2011, Rad. 2010-000380-01.) <\/p>\n
Igualmente ha resaltado que, <\/p>\n
\u00ab[N]o basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (ver entre otras STC5331-2014; STC5341-2014; STC6001-2014) Resalta la Sala. <\/p>\n
En el caso que se revisa, advierte la Corte que la solicitud de amparo no atiende el comentado requisito, pues la actora, en el proceso objeto de la queja constitucional, tuvo a su alcance el medio de defensa judicial id\u00f3neo para plantear el debate que ahora expone por esta v\u00eda excepcional, pero lo desaprovech\u00f3. <\/p>\n
Seg\u00fan lo admite la tutelante en el escrito introductor, la providencia (auto del 25 de septiembre de 2020) que decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso de pertenencia por ella promovido, no fue objeto de ning\u00fan recurso, siendo incluso procedente el de apelaci\u00f3n a la luz de lo previsto en el art\u00edculo 321 del estatuto adjetivo, lo que quiere decir que, se insiste, la inviabilidad de la salvaguarda deviene por la omisi\u00f3n en el uso de los instrumentos ordinarios previstos en el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
Y es que, tal desatenci\u00f3n no es dable remediarla mediante este excepcional ruego considerando su espec\u00edfico car\u00e1cter subsidiario y residual; reiteradamente ha dicho la Corte que este mecanismo no puede reemplazar los senderos legales debidamente establecidos ni puede tenerse como una instancia adicional, y el juez del amparo no puede ser visto como un operador paralelo de la actividad a cargo de quien est\u00e1 llamado a resolver el proceso. <\/p>\n
Tambi\u00e9n, en ese mismo sentido, la Sala ha sido enf\u00e1tica en precisar que \u00absi las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas (\u2026)\u00bb (CSJ, SC, 26 en. 2011, rad. 00027-01, reiterada entre muchas otras en, STC7002-2015, 4 jun. rad 00076-01, STC11348-2015, 27 ag. rad. 00156-01 y STC11856-2015, 4 sep. rad. 00162-01). <\/p>\n
Ahora bien, tampoco es de recibo la explicaci\u00f3n que sugiere la quejosa para excusar la falta de gesti\u00f3n de su apoderado frente a los recursos que proced\u00edan contra el auto que decret\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito en tanto que, contrario a lo afirmado en el libelo, lo que se revela en realidad es una injustificada desconexi\u00f3n con el acontecer procesal que luego pretendi\u00f3 enmendarse a trav\u00e9s de la solicitud de control de legalidad finalmente desestimada por el despacho accionado. <\/p>\n
3. Las decisiones que resolvieron sobre el control de legalidad. <\/p>\n
Razonables se advierten las determinaciones proferidas por el juzgado y el tribunal accionado, esto es, la de negar (auto del 14 de octubre de 20220) la solicitud de control de legalidad impetrada por el abogado de la quejosa y la que declar\u00f3 improcedente el recurso de apelaci\u00f3n formulado (del 8 de marzo de 2022), respetivamente. <\/p>\n
En cuanto al prove\u00eddo del juzgado de conocimiento, dicho despacho fue concreto en indicar que lo alegado por la accionante no se hallaba ajustado a la realidad procesal, al puntualizar que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en el auto de 26 de febrero del a\u00f1o en curso [2020] se requiri\u00f3 a la parte para que cumpliera con la carga del emplazamiento, para lo cual se concedi\u00f3 un t\u00e9rmino de 30 d\u00edas. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el t\u00e9rmino en menci\u00f3n, empez\u00f3 a contabilizarse el d\u00eda 28 de febrero; y siendo que el mismo se suspendi\u00f3 el 16 de marzo y se reanud\u00f3 el primero de julio, el t\u00e9rmino concedido venci\u00f3 el 28 de julio del a\u00f1o en curso. Y como la carga impuesta al actor se hizo fuera del t\u00e9rmino concedido, consecuencia de ello es que el auto del 25 de septiembre, es ajustado a derecho, am\u00e9n que contra el mismo no se interpuso recurso alguno\u00bb. <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la providencia que neg\u00f3 dejar sin valor ni efecto las actuaciones reclamadas no se encuentra enlistada como un auto apelable en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 321 del C\u00f3digo General del Proceso, o en norma especial, como s\u00ed lo ser\u00eda el auto que termin\u00f3 la actuaci\u00f3n por desistimiento t\u00e1cito, pero que no fue censurado y, por lo tanto, qued\u00f3 debidamente ejecutoriado\u00bb. <\/p>\n
En definitiva, la presente salvaguarda no puede prosperar dado que, de lo resuelto frente al control de legalidad deprecado no se observa arbitrariedad que imponga la necesaria intervenci\u00f3n de esta justicia constitucional pues, por un lado, corresponde a un an\u00e1lisis respetable efectuado por el juez civil del circuito respecto de las circunstancias procesales que derivaron en la terminaci\u00f3n del juicio por desistimiento t\u00e1cito, as\u00ed como de la pertinencia y legalidad de dicho proferimiento; y, de otro, se trat\u00f3 de una interpretaci\u00f3n legal razonable por parte del tribunal accionado, en cuanto a que la decisi\u00f3n recurrida no es pasible del medio impugnativo vertical bajo la \u00e9gida del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
En todo caso, ante cuestionamientos dirigidos contra la forma en que los falladores ordinarios entienden el caso, esta Sala ha se\u00f1alado que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC 7 Mar. 2008, rad. 2007-00514-01); y, de otro lado, ha insistido en que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 Mar. 2012, rad. 00022-01; reiteradas en STC14250-2018). <\/p>\n
4. Conclusiones. <\/p>\n
4.1. La accionante actu\u00f3 con incuria al no impugnar, por intermedio de su apoderado y a trav\u00e9s del remedio ordinario pertinente, la providencia frente a la que se muestra inconforme, desperdiciando la posibilidad de plantear en el propio escenario judicial las alegaciones que por este mecanismo excepcional propone. <\/p>\n
4.2. Los autos cuestionados no constituyen desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda al encontrarse razonables. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley DECLARA IMPROCEDENTE el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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