STC7247-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7247-2022 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Jairo Toloza Sierra contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el divisorio 2019-00124, promovido por Finagro contra el Banco Agrario S.A. y otros. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, acude al presente mecanismo buscando la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales \u00abal trabajo\u2026 al m\u00ednimo vital\u2026 al debido proceso y\u2026 defensa\u00bb. <\/p>\n
2. Dice que interviene en el recaudo indicado precedentemente como \u00abcurador ad litem de los demandados\u2026 Agrocol Insumos Ltda. Agropecuaria Guadalupe Ltda, Alberto L\u00e1zaro Villegas, Arnulfo Castro Jim\u00e9nez y otros [sic]\u00bb. <\/p>\n
Comenta que, \u00abdespu\u00e9s de contestar la demanda\u00bb solicit\u00f3 al despacho cognoscente \u00abfijara los gastos de la curadur\u00eda tal como lo indica la sentencia de constitucionalidad C-083 de 2014\u00bb, petici\u00f3n desestimada con auto de 27 de agosto de 2021. <\/p>\n
Contra la anterior determinaci\u00f3n, se\u00f1ala, interpuso los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, siendo resuelto el primero, desfavorablemente a sus intereses, mediante providencia de 21 de septiembre del mismo y a\u00f1o, data en la cual no se accedi\u00f3 a la alzada, por ser improcedente. <\/p>\n
Advierte que el 3 de diciembre siguiente la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 declar\u00f3 bien denegada la impugnaci\u00f3n vertical, al desatar el recurso de queja, \u00absin advertir por lo menos lo relacionado con el precedente jurisprudencial que es obligatorio para los funcionarios judiciales\u00bb. <\/p>\n
3. Se queja de que las autoridades querelladas, en especial la c\u00e9lula judicial cognoscente, desconocieron el precedente de la Corte Constitucional y esta Corporaci\u00f3n atinente a la obligatoriedad de fijar los gastos de curadur\u00eda, sin \u00absustentar su propio criterio, exponiendo las razones de peso y fuerza suficiente que permita comprender el porqu\u00e9 [sic] de la nueva aplicaci\u00f3n de la nueva interpretaci\u00f3n [sic]\u00bb de la sentencia C-083 de 2014 y del auto AC2021-2018. <\/p>\n
Por lo anterior, solicita, ordenar a las convocadas \u00abse d\u00e9 aplicaci\u00f3n al precedente jurisprudencial\u2026 en el sentido de fijarme los gastos de la curadur\u00eda [sic]\u00bb <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
2. El Juez Segundo Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 se opuso a la prosperidad del resguardo habida consideraci\u00f3n que \u00ablos argumentos expuestos dentro de las decisiones emitidas\u2026 se evidencian\u2026 ajustados a derecho\u00bb. <\/p>\n
3. Finalmente, Molinos Roa S.A., actualmente denominada ORF S.A., a trav\u00e9s de apoderado general, dijo que como las pretensiones del accionante gravitan en torno al reconocimiento de gastos de curadur\u00eda, \u00abse atiene a lo que aparezca probado en la acci\u00f3n que nos ocupa, aclarando eso s\u00ed, que seg\u00fan pronunciamiento de los accionados\u2026 dichos gastos\u2026 no fueron otorgados teniendo en cuenta que el accionante contest\u00f3 la demanda extempor\u00e1neamente\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema Jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde establecer si dentro del proceso divisorio 2019-00124, las autoridades judiciales convocadas lesionaron las prerrogativas de Jairo Toloza Sierra al no acceder a fijarle los gastos de curadur\u00eda en que aparentemente incurri\u00f3, con lo que, supuestamente, desconocieron los precedentes de esta Sala y de la Corte Constitucional. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto. Razonabilidad de las decisiones cuestionadas <\/p>\n
Auscultados los argumentos en que se sustenta la presente queja, observa la Corte que ninguna irregularidad se deriva de las determinaciones emitidas por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, de all\u00ed que se anticipe la denegaci\u00f3n del resguardo, comoquiera que las mismas, lejos de ser arbitrarias, fueron el resultado de una hermen\u00e9utica razonable tanto del contexto f\u00e1ctico y de las disposiciones legales y jurisprudenciales aplicables. <\/p>\n
En efecto, para que la c\u00e9lula judicial cognoscente no accediera a la solicitud de fijaci\u00f3n de gastos de curadur\u00eda, formulada en t\u00e9rminos similares a este resguardo, se\u00f1al\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) De conformidad con la constancia secretarial\u2026 se deber\u00e1 de NO tener por contestada la demanda por el curador ad litem Jairo Toloza Sierra, por haber sido extempor\u00e1nea. <\/p>\n
Conforme a la solicitud elevada por el mismo curador ad litem\u2026 respecto de la fijaci\u00f3n de gastos de curadur\u00eda, este despacho resuelve no fijar dichos gastos de curadur\u00eda en raz\u00f3n a que el servicio prestado por el auxiliar de la justicia fue tard\u00edo conforme la constancia secretarial antes mencionada, motivo suficiente para rechazar la solicitud (\u2026)\u00bb <\/p>\n
Contra tal determinaci\u00f3n, el interesado interpuso, como principal, el recurso de reposici\u00f3n insistiendo en la observancia del \u00abprecedente jurisprudencial (sentencias constitucionales C-083 de 12 de febrero de 2014 y SU113 de noviembre 8 de 2018)\u00bb y excusando, adem\u00e1s, su intervenci\u00f3n tard\u00eda, en que dicha situaci\u00f3n \u00abno fue [su] culpa\u2026 por cuanto como consta en el proceso, solicit[\u00f3] en varias oportunidades las copias del traslado en forma f\u00edsica o virtual o link para revisar el proceso\u2026 y no fue posible\u00bb. <\/p>\n
Frente a dicha impugnaci\u00f3n, con auto de 21 de septiembre de 2021, el juzgado accionado, luego de resaltar que la actuaci\u00f3n del ac\u00e1 gestor fue extempor\u00e1nea, pues contest\u00f3 la demanda por fuera del t\u00e9rmino otorgado y de rememorar las disposiciones legales que gobiernan la designaci\u00f3n de curadores ad litem, as\u00ed como los precedentes de la Corte Constitucional referentes a dicho tema, dijo. <\/p>\n
\u00ab(\u2026) frente a la gratuidad en los servicios prestados por el curador ad litem, mediante sentencia C-083 y C-369 de 2014 de la Corte Constitucional, analiz\u00f3 el referido numeral [7 del art\u00edculo 48 del CGP] y resalt\u00f3 que tal imposici\u00f3n del legislador obedece al deber de solidaridad propio de aquellas personas que cumplen una labor de dimensiones sociales, como lo es la prestaci\u00f3n de servicios jur\u00eddicos, permiti\u00e9ndoles que colaboren en la materializaci\u00f3n del acceso a la administraci\u00f3n de justicia frente a una situaci\u00f3n en que podr\u00eda verse afectada por la ausencia de este tipo de ayuda por parte de los profesionales del derecho. <\/p>\n
Por otro lado, a consideraci\u00f3n de este despacho hasta este momento procesal, no se han generado gastos o costos provenientes de causa no atribuibles a la administraci\u00f3n de justicia y que el curador haya sufragado, pues el hecho de haber contestado la demanda cabe resaltar que de forma extempor\u00e1nea, no significa que haya incurrido en gastos procesales pues ahora con la virtualidad, este despacho no maneja copias o traslados de la demanda porque todo se encuentra digitalizado. <\/p>\n
Adicional a lo anterior, basta observar a folio No. 16 del expediente digital, que el secretario cuando fue a notificar del auto admisorio de la demanda al curador ad litem, procedi\u00f3 a remitir el expediente digital de manera completa, donde all\u00ed se observa que adjunt\u00f3 15 archivos. Por lo anterior, no es de admitir que este despacho solo remiti\u00f3 constancias secretariales (\u2026)\u00bb <\/p>\n
De acuerdo con lo que acaba de verse, la motivaci\u00f3n adoptada por el juzgado convocado no constituye una v\u00eda de hecho susceptible de enmendarse por esta senda, lo que descarta defecto sustantivo, f\u00e1ctico o de otra \u00edndole que amerite la intervenci\u00f3n del juez excepcional, habida consideraci\u00f3n que la negativa de fijar, a favor del ac\u00e1 gestor, gastos de curadur\u00eda obedeci\u00f3, no a un actuar arbitrario o antojadizo del funcionario, sino a la intervenci\u00f3n extempor\u00e1nea del curador ad litem en el tr\u00e1mite para el cual fue designado. <\/p>\n
En tales condiciones, se ha dicho que mientras las providencias cuestionadas no revelen desmesura, no es posible conceder la tutela, pues la sola divergencia conceptual no es fuente de la demanda de amparo, porque, m\u00e1s all\u00e1 de que se comparta o no la hermen\u00e9utica utilizada por el juzgador, \u00ab(\u2026) ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterada entre otras en STC2293-2018, 22 feb. 2018, rad. 2017-00427-01). <\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha sostenido que al juez del auxilio \u00ab(\u2026) le est\u00e1 vedado inmiscuirse en ese an\u00e1lisis tanto f\u00e1ctico como jur\u00eddico, para entrar a reexaminar sin reatos la prueba en que se bas\u00f3 la decisi\u00f3n cuestionada o sopesar los razonamientos esgrimidos, pues mal podr\u00eda interponerse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica). En estas condiciones, resulta palmario que el peticionario pretende, a trav\u00e9s de este mecanismo, revivir el debate propuesto en el referido asunto, desconociendo el car\u00e1cter residual y subsidiario de esta acci\u00f3n, as\u00ed como que la misma no est\u00e1 llamada a servir de soporte para retomar o promover discusiones definidas por el juez natural, conforme a unas reglas de tr\u00e1mite preestablecidas y de acuerdo con la asignaci\u00f3n legal de competencias\u00bb (CSJ STC9556-2014, 22 jul. 2014, rad. 01097-01, reiterada entre otras en STC6066-2018, 10 may. 2018, rad. 00102-01). <\/p>\n
As\u00ed, el hecho de que el querellante disienta de la postura que ataca, no por ello se abre camino la prosperidad del reclamo constitucional, pues es necesario que \u00e9sta se encuentre afectada por defectos superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, es decir, que desborden el orden jur\u00eddico, situaci\u00f3n que no ocurre en el presente asunto. <\/p>\n
4. Consideraci\u00f3n final <\/p>\n
Por \u00faltimo, al margen de que la queja constitucional gravita exclusivamente en torno a las determinaciones adoptadas por el juzgado cognoscente referente a la fijaci\u00f3n de los gastos de curadur\u00eda y no se encamina a cuestionar la providencia por medio de la cual el Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 resolvi\u00f3 la queja contra el rechazo de la alzada interpuesta de forma subsidiaria, debe la Corte advertir que dicha resoluci\u00f3n tampoco se muestra apartada del ordenamiento jur\u00eddico comoquiera que se sustenta en la literalidad del art\u00edculo 321 del Estatuto Procesal General. En tal sentido, el ad quem expuso que \u00abtal decisi\u00f3n no aparece dentro de las providencias taxativamente [all\u00ed] enunciadas\u2026 susceptibles de ser apeladas, como tampoco en norma expresa alguna de la codificaci\u00f3n procesal\u00bb, agregando que el recurso de hecho \u00ab(\u2026) se encuentra instituido para verificar si por el funcionario de primera instancia fue bien o mal negada la apelaci\u00f3n interpuesta y no para verificar la procedencia de lo debatido, a voces de lo dispuesto en el art\u00edculo 352 ib\u00eddem (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Se negar\u00e1 el amparo porque las providencias cuestionadas no constituyen desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta v\u00eda, adem\u00e1s de que no es posible, a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional, censurar la hermen\u00e9utica del funcionario cognoscente, comoquiera que no se trata de una instancia adicional o paralela a las establecidas en el procedimiento ordinario. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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