STC7248-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7248-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2022-01609-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de ocho de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, actuando en \u00abnombre propio\u00bb, en su calidad de apoderado de la parte actora en un reivindicatorio (rad. 2016-00083), reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n, supuestamente vulnerado por la autoridad convocada, en tanto que, al surtirse la apelaci\u00f3n en esa causa, \u00abpor un error administrativo de la Secretar\u00eda del Tribunal de Bogot\u00e1, el expediente fue repartido a la H. Magistrada Adriana Ayala Pulgar\u00edn, quien al advertir el asunto, orden\u00f3 que por secretar\u00eda el proceso se repartiera al magistrado que previamente hab\u00eda conocido del proceso, esto es, al Dr. Acosta Buitrago\u00bb, pero a la fecha, transcurridos \u00abm\u00e1s de 5 meses\u00bb y varios requerimientos sobre el particular, no se ha realizado ninguna gesti\u00f3n. <\/p>\n
2. En tal virtud, pidi\u00f3, en compendio, \u00abregistrar en el sistema siglo XXI el expediente 2016 \u2013 00083 de MERCEDES BALLEN CASTA\u00d1EDA contra ROSALBA PREGONERO ARIAS, y [ordenar] que sea remitido al H. Magistrado Dr. RICARDO ACOSTA BUITRAGO, para que se surta el tr\u00e1mite de apelaci\u00f3n de la sentencia de segundo grado\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
Un magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 indic\u00f3 que \u00abel expediente 11001310302420160008302 ingres\u00f3 al despacho el d\u00eda 27 de mayo de 2022, con el informe del secretario que da cuenta de las correcciones que realiz\u00f3 el \u00e1rea de tecnolog\u00eda respecto del reparto y que el d\u00eda de hoy se profiri\u00f3 auto que admiti\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n que se notificar\u00e1 en estado de ma\u00f1ana la que remito en copia junto con el informe secretarial\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, (i) si el gestor est\u00e1 facultado para interponer la presente salvaguarda; y, de superarse lo anterior, (ii) si la autoridad querellada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso de la referencia (rad. 2016-00083), por no dar tr\u00e1mite de forma adecuada a la apelaci\u00f3n, ni corregir los yerros secretariales, supuestamente, en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
2. Del poder especial para interponer la tutela. <\/p>\n
Sin perjuicio de la especial naturaleza del resguardo constitucional, al mismo no le son ajenos algunos de los presupuestos b\u00e1sicos de ciertos actos procesales, cual es el caso de la legitimaci\u00f3n en la causa, ya sea por activa o por pasiva, as\u00ed como la debida representaci\u00f3n. <\/p>\n
Sobre el derecho de postulaci\u00f3n, el canon 10 del Decreto 2591 de 1991, prev\u00e9 que la tutela \u00abpodr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. <\/p>\n
De esta manera, si bien toda persona puede ejercer la acci\u00f3n directamente o a trav\u00e9s de otra, cuando esta no es representante legal o agente oficioso en las condiciones previstas en la ley, al abogado que ejerce la acci\u00f3n \u00aba nombre de otro a t\u00edtulo profesional\u00bb, se le exige acreditar su calidad y el mandato judicial (T-550\/93), precis\u00e1ndose que en tal caso, \u00abtodo poder en materia de tutela es especial, vale decir, se otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n\u00bb (CC T-001\/97). Se resalta. <\/p>\n
Este razonamiento se ampli\u00f3 y fue profusamente expresado en sendas providencias dictadas por dicha Corporaci\u00f3n, al se\u00f1alar que, al acudir ante el juez constitucional para ejercer la defensa de derechos fundamentales, es necesario acreditar el mandato que no se confunda con cualquier otra gesti\u00f3n que pudiera hab\u00e9rsele encomendado al abogado, en tanto: <\/p>\n
\u00abla falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimaci\u00f3n por activa\u00bb (CC T-207\/97, T-674\/97, T-526\/98, T-530\/98, T-693\/98, T-695\/98, T-088\/99, T-0002\/01 y T-975\/05, entre otras). Subrayado y resaltado fuera del texto. <\/p>\n
Esta Corte, adem\u00e1s de compartir la anterior postura, en repetidas oportunidades ha sostenido que \u00abning\u00fan tercero puede acudir al mecanismo de defensa constitucional en solicitud de amparo, por hechos que no afecten sus derechos fundamentales, a menos que se presente como apoderado o representante del agraviado, o bien como agente oficioso. Si de apoderado judicial se trata es indispensable presentar el poder; pero si la intervenci\u00f3n acaece como agente oficioso, deber\u00e1 manifestarse expresamente en la solicitud que el titular de los derechos constitucionales fundamentales no se encuentra en condiciones de ejercer su propia defensa\u00bb (CSJ STC, 11 mar. 2009, rad. 00001-01, citada entre otras en STC1792-2021, 25 feb. 2021, rad. 00013-01). <\/p>\n
En esa misma l\u00ednea, se\u00f1al\u00f3 que \u00abla legitimaci\u00f3n de los abogados para instaurar la acci\u00f3n de tutela aduciendo representaci\u00f3n judicial o contractual, exige de la presencia de un poder especial para el efecto (\u2026). La carencia de la citada personer\u00eda para iniciar la acci\u00f3n de amparo constitucional, no se suple con la presentaci\u00f3n del apoderamiento otorgado para un asunto diferente\u00bb (CSJ STC, 4 may. 2012, rad. 00145-01). <\/p>\n
Tal requerimiento es a\u00fan m\u00e1s estricto cuando el auxilio se dirige contra una actuaci\u00f3n de car\u00e1cter jurisdiccional, en la medida en que \u00abcuando la presunta violaci\u00f3n de los derechos fundamentales dimana de actuaciones cumplidas en un espec\u00edfico tr\u00e1mite judicial, la legitimidad para pretender su reparaci\u00f3n s\u00f3lo est\u00e1 radicada en quienes son parte en tal asunto y no, como aqu\u00ed acontece, en quien no tiene tal calidad\u00bb (CSJ SC, 17 jun. 2008, rad. 2008-00795-01, citada en STC9425-2021, 28 jul. 2021, rad. 00360-01). <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Revisadas las diligencias, se advierte la inviabilidad del resguardo, comoquiera que el memorialista no alleg\u00f3 el poder especial que lo faculte para actuar en nombre y representaci\u00f3n de su prohijada en el tr\u00e1mite civil; y, en tal virtud, ninguna decisi\u00f3n de fondo puede adoptarse. <\/p>\n
En efecto, n\u00f3tese que el inter\u00e9s aludido a trav\u00e9s de la presente acci\u00f3n no es personal del abogado Hernando Blanco Garc\u00eda, sino de Mercedes Ball\u00e9n Casta\u00f1eda, quien concurri\u00f3 al reivindicatorio (rad. n.\u00ba 2016-00083) en calidad de convocante, sin que el mandato otorgado en ese espec\u00edfico asunto resulte suficiente para los fines perseguidos mediante este auxilio. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la persona habilitada constitucionalmente para promover la acci\u00f3n de tutela es aquella a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales. El profesional del derecho que la auspicia dentro del tr\u00e1mite de un determinado proceso es un simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren en v\u00edas de hecho al hacer pronunciamientos en el curso de la instrucci\u00f3n y fallo del mismo. <\/p>\n
(\u2026) El principio de la informalidad que impera en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela, no llega hasta el aspecto proclamado por el impugnante, sin fundamento alguno, de pretender que puede actuar directamente en una tutela originada en supuestas v\u00edas de hecho cometidas en un proceso tramitado por los jueces ordinarios, como si a \u00e9l se le violaran los derechos fundamentales y no a su poderdante\u00bb (CSJ STC, 29 sep. 2003, exp. 00245-01, citada en STC10476-2021, 19 ago. 2021, rad. 00267-01, entre otras). Resaltado fuera del texto. <\/p>\n
As\u00ed, el hecho de que Blanco Garc\u00eda act\u00fae como apoderado judicial de la promotora en la causa en cuesti\u00f3n, no lo faculta para obrar en su nombre en el sub ex\u00e1mine, por la presunta comisi\u00f3n de los yerros atribuidos al tr\u00e1mite de la apelaci\u00f3n, pues siendo su cliente la directamente afectada con el cuestionado proceder, para su refutaci\u00f3n en sede constitucional requer\u00eda allegar el poder especial conferido, o en su defecto, invocar \u2013con los requisitos de ley\u2013 su calidad de agente oficioso. <\/p>\n
Al respecto, es oportuno precisar que esto no sucedi\u00f3, pese al requerimiento efectuado a trav\u00e9s del prove\u00eddo inadmisorio1 y, por el contrario, el libelista reiter\u00f3 que \u00abal margen que en el proceso civil reivindicatorio yo tenga la calidad de apoderado de la parte actora, lo cierto es que para el presente caso la acci\u00f3n de tutela no la present\u00e9 agenciando o representando a alguien, sino que la formulo yo directamente, entre otras cosas, por cuenta de una petici\u00f3n insatisfecha o no contestada por la Secretar\u00eda del Tribunal accionado y por la p\u00e9rdida de un expediente judicial\u00bb, argumento que, por las razones desarrolladas en precedencia, no es de recibo para esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
En ese sentido, se reitera que \u00abel hecho de que el interesado hubiese actuado como apoderado del demandante dentro del referido proceso, no lo habilita per se, para pretender la protecci\u00f3n constitucional de los derechos invocados, que, sin duda, est\u00e1n radicados en cabeza de aquel, y no en la suya, por ello, es necesario el otorgamiento de poder especial que lo faculte expresamente para pedir el amparo a nombre de otra persona\u00bb (CSJ STC, 4 feb. 2011, exp. 2010-00573-01); as\u00ed mismo, \u00abla acci\u00f3n de tutela puede ser ejercida por cualquier persona vulnerada o amenazada en sus derechos fundamentales, por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante, recalcando que en caso de que decida actuar a trav\u00e9s de mandatario, es imperativo que allegue el poder pertinente. Tambi\u00e9n se pueden agenciar garant\u00edas ajenas cuando el titular de las mismas no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa, evento en el cual es necesario expresar tal circunstancia\u00bb (CSJ STC6773-2016, 18 may. 2016, 00062-01). <\/p>\n
3.2. En todo caso, tambi\u00e9n evidencia la Sala que, en el decurso de esta actuaci\u00f3n, el magistrado sustanciador de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 alleg\u00f3 informe en el que reliev\u00f3 que, en virtud de las correcciones efectuadas por Secretar\u00eda, se realiz\u00f3 el ingreso del expediente a su despacho; y, en ese orden, con prove\u00eddo de 1 de junio de esta calenda, se admiti\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n en el citado reivindicatorio, diligenciamiento que echaba de menos el aqu\u00ed gestor, con lo que se refuerza la inviabilidad de este mecanismo. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo expuesto, la acci\u00f3n de tutela carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, teniendo en cuenta que el censor no aport\u00f3 el mandato especial que lo habilite para reclamar la salvaguarda de las garant\u00edas de su poderdante en el proceso ordinario y tampoco dijo actuar como agente oficioso. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por medio expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Auto de 20 de mayo de 2022: \u00abSe INADMITE la anterior demanda conforme al ordenamiento legal que rige la acci\u00f3n de tutela, para que el memorialista allegue el poder especial que lo faculte para actuar en nombre y representaci\u00f3n de la convocante, el cual se presumir\u00e1 aut\u00e9ntico con su mera suscripci\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
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