STC7249-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7249-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-01740-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del ocho de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Gloria Susana Padilla De La Barrera contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena y el Juzgado Noveno Civil del Circuito de esa ciudad; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en la pertenencia n\u00ba 2013-00260. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, obrando en su propio nombre, acude al mecanismo de amparo para reclamar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, igualdad y \u00abdesconocimiento de precedentes de altas cortes, indebida aplicaci\u00f3n de normas procesales y sustanciales\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades jurisdiccionales convocadas. <\/p>\n
2. Expone en s\u00edntesis que, promovi\u00f3 demanda de pertenencia respecto del inmueble \u00abapartamento D-302, edificio Manzur Juan [\u2026] folio de matr\u00edcula 060-6526\u00bb de Cartagena, contra Nora Santana Crespo, (Nur D\u00edaz Padilla, vinculada) y personas indeterminadas, siendo la primera la \u00fanica que la contest\u00f3 oponi\u00e9ndose a que se declare la prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio. <\/p>\n
Destaca que, el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cartagena, el 24 de septiembre de 2020, dict\u00f3 sentencia desestimatoria de las pretensiones, decisi\u00f3n que confirm\u00f3 en su integridad la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de ese Distrito Judicial el 14 de febrero de 2022. <\/p>\n
Acusa a las se\u00f1aladas autoridades de incurrir en v\u00edas de hecho por indebida valoraci\u00f3n probatoria e incorrecta aplicaci\u00f3n de la normativa espec\u00edfica. <\/p>\n
Alega fundamentalmente que, comenz\u00f3 a poseer el 50% del inmueble en controversia desde el 19 de abril de 1990, fecha en la que su esposo (Antonio D\u00edaz Luquinelli, fallecido) lo adquiri\u00f3 por promesa de compraventa a Hugo Bechara Manga. Agrega que, Nora Santana Crespo, quien figura como propietaria, nunca lo habit\u00f3 \u00abni percibi\u00f3 dinero alguno del mismo, ni efectu\u00f3 actos de se\u00f1ora y due\u00f1a, a diferencia [suya] que desde el 19 de abril de 1990 efectu\u00f3 mejoras, pagos de catastro, valoraci\u00f3n, impuestos, servicios p\u00fablicos, administraci\u00f3n y cuotas extraordinarias de administraci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Con \u00e9nfasis, cuestiona que el tribunal, por ejemplo, se\u00f1al\u00f3 en su providencia que no se prob\u00f3 \u00abla explotaci\u00f3n econ\u00f3mica del predio, ni que la posesi\u00f3n fuera pac\u00edfica\u00bb, omitiendo apreciar adecuadamente \u00ablos testigos, pruebas documentales, inspecci\u00f3n judicial [\u2026] adem\u00e1s la confesi\u00f3n del apoderado de Nora Santana, cuando dice que no la dejan ingresar al inmueble, ni ejercer [derecho] en el mismo, es claro que solo a quien yo autorizara podr\u00eda entrar al apartamento (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Menciona tambi\u00e9n que, Nora Santana en el a\u00f1o 1998 interpuso demanda de restituci\u00f3n del inmueble, asunto que fue declarado nulo; as\u00ed mismo que, posteriormente, se promovi\u00f3 un divisorio en el que, en 2013, se orden\u00f3 \u00abla venta del bien com\u00fan\u00bb, determinaciones que, afirma, \u00abno interrumpen mi prescripci\u00f3n pues es leg\u00edtima, llevo en el bien m\u00e1s de 50 a\u00f1os y no reconozco a nadie [\u2026] como due\u00f1o (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1ade finalmente que las autoridades al momento de resolver dejaron de aplicar los art\u00edculos 375 del C\u00f3digo General del Proceso y el 2512 del C\u00f3digo Civil, \u00abespecialmente, en lo que tiene que ver con unos supuestos requisitos adicionales de los codue\u00f1os o comuneros para prescribir, que no dice la norma textualmente y en muchas decisiones no han sido deliberados de la misma manera con la rigidez con la cual estudiaron mi causa\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que, se dejen sin efecto las decisiones recriminadas y \u00abse declare por v\u00eda de prescripci\u00f3n extraordinaria adquisitiva de dominio a Gloria Susana Padilla de La Barrera, como propietaria del 50% que figura como comunera la se\u00f1ora Nora Santa Crespo hoy de Ortiz (sic), del bien inmueble descrito en la demanda (\u2026) que como consecuencia de la anterior declaraci\u00f3n, se ordene la inscripci\u00f3n de dicho fallo en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado del Tribunal Superior de Cartagena, ponente de la sentencia recriminada, defendi\u00f3 la decisi\u00f3n all\u00ed adoptada por esa colegiatura, la que tuvo \u00abfundamento en los precedentes normativos y jurisprudenciales que rigen la materia\u00bb. <\/p>\n
2. Melchor Tirado Torres, abogado vinculado, quien fungi\u00f3 como apoderado en el proceso en cuesti\u00f3n de la se\u00f1ora Nora Santana de Ortiz solicit\u00f3 que se deniegue el amparo por cuanto, lo que pretende la actora es \u00abrevivir hechos y acciones superadas [\u2026] que se realice v\u00eda tutela un nuevo proceso, lo cual no es ya posible\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades judiciales convocadas vulneraron las garant\u00edas denunciadas por la querellante dentro del proceso pertenencia (radicado n\u00ba 2013-00260) que promovi\u00f3 contra Nora Santana Crespo y otros, con las sentencias de primera y segunda instancia, desestimatorias de la pretensi\u00f3n de prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio del inmueble en disputa, incurriendo, supuestamente, en v\u00eda de hecho por indebida valoraci\u00f3n probatoria y aplicaci\u00f3n incorrecta de los art\u00edculos 375 del C\u00f3digo General del Proceso y 2512 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
As\u00ed mismo se ha dicho que tampoco es posible acudir ante el Juez constitucional para debatir la valoraci\u00f3n probatoria que hizo el fallador y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda la m\u00e1s adecuada, pues, solo es posible activar este mecanismo ante un desafuero en dicho ejercicio. <\/p>\n
3. Decisi\u00f3n que ser\u00e1 objeto de an\u00e1lisis. <\/p>\n
Si bien el reclamo se dirige contra los fallos de primera y segunda instancia, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 al dictado el 14 de febrero de 2022 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Sala Civil Familia, por cuanto fue el que defini\u00f3 el asunto. Al respecto, ha se\u00f1alado la jurisprudencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
4. La providencia cuestionada. <\/p>\n
Realizado el examen pertinente a los argumentos de la queja constitucional y a las piezas procesales allegadas, desde ya la Sala indica que no observa la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales suplicados, tras advertir que la decisi\u00f3n atacada se aprecia razonable y motivada. <\/p>\n
Preliminarmente, el tribunal accionado memor\u00f3 los presupuestos normativos que habilitan a un comunero poseedor para reclamar como suya la parte que ocup\u00f3 y usufructu\u00f3, sino tambi\u00e9n aqu\u00e9llos cuando su pretensi\u00f3n se extiende sobre la totalidad del bien, evento en el cual \u00abdeber\u00e1 demostrar c\u00f3mo y cu\u00e1ndo empez\u00f3 a detentar el bien de manera aut\u00f3noma y exclusiva, en franco desconocimiento de la comunidad [\u2026] que antes se hab\u00eda formado\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente y como aspecto determinante en la resoluci\u00f3n del asunto aclar\u00f3 que, la aspiraci\u00f3n de la accionante se circunscribi\u00f3 a adquirir el 50% del inmueble objeto de litigio del cual Nora Cecilia Santana Crespo es la propietaria, ya que frente al derecho de Nur D\u00edaz Padilla \u00abno dirigi\u00f3 pretensi\u00f3n alguna\u00bb. <\/p>\n
\u00ab(\u2026) queda claro que la accionante debi\u00f3 demostrar que su posesi\u00f3n comunera, que la habilitar\u00eda para usucapir, adem\u00e1s de configurar los elementos esenciales para el efecto, esto es, desconocer el derecho ajeno y el transcurso del tiempo, desvirtuaba la coposesi\u00f3n de los dem\u00e1s copropietarios. En otras palabras, que Gloria Susana Padilla ejerc\u00eda posesi\u00f3n para s\u00ed, aut\u00f3noma y exclusivamente, como lo tiene establecido en ese sentido el precedente fijado por la Sala de Casaci\u00f3n Civil [\u2026] en decisi\u00f3n posterior que ha ratificado: \u201cDe ah\u00ed que la posesi\u00f3n que habilita al comunero para prescribir es aquella que revela inequ\u00edvocamente que la ejecuta a t\u00edtulo individual, exclusivo y aut\u00f3nomo, independiente y con prescindencia de los restantes cond\u00f3minos, sin que tenga que ver con su calidad de poseedor\u201d\u00bb. <\/p>\n
Luego, complement\u00f3 al respecto que, ni en los hechos, ni en las pretensiones, ni en las pruebas, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) logra consolidar la demandante su situaci\u00f3n de poseedora \u00fanica, exclusiva, con prescindencia de todas las copropietarias, en raz\u00f3n a que toda su bater\u00eda f\u00e1ctica y argumentativa se dirige contra la comunera Nora Cecilia Santana, y nada se sabe de su relaci\u00f3n posesoria frente a Nur D\u00edaz Padilla, es decir, si la desconoce como propietaria. Entonces, se enfrenta este vac\u00edo que resulta insoluble por las carencias advertidas dentro del proceso, originadas desde la misma demanda, el que conduce a que la prescripci\u00f3n alegada no pueda ser declarada, en raz\u00f3n, se repite, a que la posesi\u00f3n demostrada no es excluyente de toda la comunidad\u00bb. <\/p>\n
Visto lo anterior, la decisi\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no se evidencia desfasada o caprichosa, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de la peticionaria no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
En todo caso, resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela cuando el prop\u00f3sito que se revela de la accionante es el de recurrir a esta v\u00eda para imponer al fallador cuestionado una espec\u00edfica interpretaci\u00f3n o enfoque del contexto f\u00e1ctico-jur\u00eddico puesto en conocimiento o de la normativa aplicable. <\/p>\n
En tal sentido, se ha indicado: <\/p>\n
\u00abal juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n (\u2026) m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (ver entre otras, CSJ STC10726-2015, STC1496-2016). <\/p>\n
Ahora, el que la precursora del auxilio disienta de la postura que ataca, no por ello se abre camino la prosperidad del reclamo constitucional, pues es necesario que la decisi\u00f3n se encuentre afectada por defectos superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en este evento. En lo concerniente, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 ab. rad. 00077-01). <\/p>\n
Al respecto tambi\u00e9n se ha puntualizado de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Ahora, sobre la pretensi\u00f3n de imponer al juzgador un determinado raciocinio probatorio a efectos de que coincida con el de las partes, la Sala en precedencia ha indicado: <\/p>\n
\u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, reiterado, entre otros, en STC3479-2015, STC-9611-2015, y, STC4546-2016, 13 ab. rad, 00770-00). <\/p>\n
De manera que, esta particular justicia s\u00f3lo intervendr\u00eda en esa esfera, cuando, eventualmente, el \u00aberror en el juicio valorativo\u00bb sea notorio, flagrante, manifiesto y con incidencia directa en la disposici\u00f3n, lo cual no ocurri\u00f3 en este supuesto. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La decisi\u00f3n recriminada, en principio, no constituye arbitrariedad susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda; adem\u00e1s, porque lo pretendido por la accionante es anteponer su propio criterio al de la magistratura tutelada en el asunto puesto a su consideraci\u00f3n, finalidad ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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