STC7250-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7250-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-01737-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del ocho de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Blanca Dolly Puertas contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 y el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en la pertenencia n\u00ba 2014-00080. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, a trav\u00e9s de apoderado, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y defensa, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Expone en s\u00edntesis que es desplazada por la violencia y en 1988 se asent\u00f3 en la ciudad de Ibagu\u00e9, donde tom\u00f3 en arriendo unas mejoras al se\u00f1or Carlos C\u00e1rdenas Oviedo en un predio ejidal. <\/p>\n
Refiere que dicho contrato de arrendamiento se prorrog\u00f3 hasta 1991, a\u00f1o en que fue \u00abasesinado el arrendador\u00bb, luego, los hijos de aqu\u00e9l iniciaron proceso sucesoral de las referidas mejoras, sin embargo, a partir de 1999, afirma que dej\u00f3 de cancelar el canon de arrendamiento \u00abasumiendo a partir de dicha fecha la calidad de poseedora real y material de dichas mejoras, pagando impuestos, realizando reparaciones, cancelando servicios p\u00fablicos, realizando ampliaci\u00f3n general de las mismas consistentes en construcci\u00f3n y adecuaci\u00f3n de tres locales comerciales, arrend\u00e1ndolos a terceros [\u2026] sin que nadie se opusiera a ello [\u2026] comport\u00e1ndose como se\u00f1ora y due\u00f1a de dichas mejoras, siendo reconocida como tal por todos sus vecinos, posesi\u00f3n que ha perdurado hasta la fecha de hoy (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Destaca que, en el a\u00f1o 2014, una de las sucesoras del arrendador inicial, Nancy Amparo C\u00e1rdenas M\u00e1smela, promovi\u00f3 acci\u00f3n reivindicatoria en su contra respecto de las mejoras del predio ejidal, asunto en el cual, a su vez, propuso demanda de pertenencia en reconvenci\u00f3n, a efectos de que se le adjudicaran por haber ejercido la posesi\u00f3n por m\u00e1s del tiempo establecido en la ley para usucapir (fue integrada a la litis la alcald\u00eda Municipal de Ibagu\u00e9). <\/p>\n
Se\u00f1ala que, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 el \u00ab1\u00ba de diciembre de 2021 (sic) \u2013 [30 DE NOVIEMBRE DE 2021]\u00bb profiri\u00f3 sentencia desestimatoria de las pretensiones tanto de la demanda reivindicatoria como la de pertenencia, tras colegir que las mejoras perseguidas pertenec\u00edan al ente territorial, providencia que dej\u00f3 inc\u00f3lume el Tribunal Superior de ese Distrito Judicial al pronunciarse 19 de abril de 2022 frente a la alzada propuesta. <\/p>\n
Cuestiona las rese\u00f1adas decisiones de vulnerar su debido proceso pues considera que se trata de \u00abuna verdadera expropiaci\u00f3n de hecho\u00bb. Manifiesta que, por tratarse de un lote ejidal, dada su naturaleza, no discute que el mismo sea propiedad del municipio, sin embargo, lo que reclama es el \u00abtratamiento jur\u00eddico que debe d\u00e1rsele a las mejoras\u00bb. <\/p>\n
Alega al respecto que, si las referidas mejoras no son definidas como \u00abde utilidad p\u00fablica o de inter\u00e9s social\u00bb no pueden expropiarse en desmedro de su derecho, m\u00e1xime si no \u00abse ha promovido acci\u00f3n contenciosa administrativa alguna encaminada a obtener una sentencia de expropiaci\u00f3n\u00bb. As\u00ed mismo, sostiene que, debe tenerse en cuenta \u00abla equidad [como] racero de justicia\u00bb pues desconocerle la posesi\u00f3n que ha ejercido en las mejoras por m\u00e1s de \u00ab38 a\u00f1os\u00bb significa un \u00abacto inequitativo e injusto [\u2026] constituy\u00e9ndose [\u2026] un verdadero enriquecimiento sin causa a favor del municipio (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pide que se le ordene \u00ab(\u2026) a la Sala Civil del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 proferir [\u2026] una nueva sentencia en la cual se hagan respetar los derechos de la poseedora respecto de las mejoras objeto de controversia\u00bb. <\/p>\n
1. El Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, Sala Civil Familia, por intermedio de uno de sus magistrados pidi\u00f3 se desestimen la demanda tutelar por cuanto la gestora \u00ab(\u2026) lo que hace es presentar [\u2026] su propia visi\u00f3n del problema jur\u00eddico discutido, es decir, contrapone su opini\u00f3n jur\u00eddica a las conclusiones jur\u00eddicas y probatorias del despacho convocado, cuesti\u00f3n que pone al descubierto su verdadera intenci\u00f3n de reabrir un debate zanjado con la providencia que ahora ataca por la v\u00eda de amparo (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2. El Juez Primero Civil del Circuito de la capital del Tolima, explic\u00f3 que la decisi\u00f3n que adopt\u00f3 se motiv\u00f3 en que el bien inmueble o las mejoras perseguidas \u00abtienen como titular del dominio una entidad de derecho p\u00fablico como lo es el Municipio de Ibagu\u00e9 y, por tanto, imprescriptible\u00bb. Precis\u00f3 que dicha decisi\u00f3n, aunque fue apelada \u00fanicamente por Nancy Amparo C\u00e1rdenas M\u00e1smela, el tribunal declar\u00f3 inadmisible el recurso en providencia del 19 de abril de 2022. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, inicialmente, si la demanda satisface el requisito de la subsidiariedad y, de superarse lo anterior, si las autoridades judiciales convocadas vulneraron las garant\u00edas denunciadas al interior del juicio reivindicatorio de mejoras (y de pertenencia en reconvenci\u00f3n) radicado 2014-00080, al resolver que aqu\u00e9llas, por hallarse en un predio ejidal, pertenec\u00edan al Municipio de Ibagu\u00e9, incurriendo con ello en v\u00eda de hecho, por tratarse, supuestamente, de una \u00abexpropiaci\u00f3n\u00bb que desconoci\u00f3 la posesi\u00f3n ejercida sobre las mismas por la ac\u00e1 accionante (fallos del 1\u00ba de diciembre de 2021 y 19 de abril de 2022, de primera y segunda instancia, respectivamente). <\/p>\n
2. La subsidiariedad. <\/p>\n
El amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del mentado presupuesto y su inobservancia ocurre no solo cuando se dejan de emplear los medios de defensa ordinarios, lo cual constituye incuria, sino tambi\u00e9n porque a\u00fan existan otras v\u00edas tendientes a solucionar la afectaci\u00f3n a los derechos. <\/p>\n
De la incuria. <\/p>\n
La procedencia del resguardo se encuentra supeditada al agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa puestos a disposici\u00f3n del interesado, dado el car\u00e1cter eminentemente residual de esta acci\u00f3n, pues de otra manera se convertir\u00eda en un mecanismo para revivir oportunidades clausuradas, lo cual terminar\u00eda cercenando los principios que gobiernan esta herramienta iusfundamental. <\/p>\n
En lo relativo a ese tema, esta Corte ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [S]i [se] incurri\u00f3 en pigricia y [se] desperdici[aron] las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 6 de julio de 2010, Rad. 00241-01; ratificada el 2 de marzo de 2011, Rad. 2010-000380-01.) <\/p>\n
Igualmente ha referido que, <\/p>\n
\u00ab[N]o basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (ver entre otras STC5331-2014; STC5341-2014; STC6001-2014) Resalta la Sala. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
Bajo las anteriores premisas, teniendo en cuenta la revisi\u00f3n de la queja y lo aportado al expediente, la Sala puede anticipar que denegar\u00e1 del auxilio implorado, comoquiera que no supera el esencial requisito de procedibilidad rese\u00f1ado. <\/p>\n
Lo anterior porque, seg\u00fan pudo establecerse a partir del examen de la actuaci\u00f3n recriminada, la actora, por intermedio de su apoderado, no agot\u00f3 los mecanismos de defensa judicial previstos en el ordenamiento legal al interior del pleito y ante el juez competente. <\/p>\n
En efecto, aunque en la narraci\u00f3n de los hechos de la presente demanda tutelar se indica que la sentencia de primer grado fue apelada, el historial web del proceso revela que aqu\u00e9lla providencia, dictada el 30 de noviembre de 2021 por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, fue \u00fanicamente confutada por la promotora del reivindicatorio Nancy Amparo C\u00e1rdenas M\u00e1smela, recurso que, dicho sea de paso, fue declarado inadmisible por el ad quem tras considerar que la recurrente no atac\u00f3 puntualmente los argumentos del fallo sino que se limit\u00f3 a cuestionar la condena en costas, aspecto que no es discutible en dicho escenario procesal. <\/p>\n
Se tiene entonces que, la ac\u00e1 actora no fue quien activ\u00f3 la segunda instancia, ya que no propuso la alzada contra la sentencia del a quo que, como demandante en reconvenci\u00f3n, le fue igualmente desfavorable. De manera que, tal desatenci\u00f3n no es dable remediarla mediante este excepcional ruego considerando su puntual car\u00e1cter subsidiario y residual; al respecto, reiteradamente ha dicho la Corte que este mecanismo no puede reemplazar los senderos legales debidamente establecidos ni puede tenerse como una instancia adicional, y el juez del amparo no puede ser visto como un operador paralelo de la actividad a cargo de quien est\u00e1 llamado a resolver el proceso. <\/p>\n
En ese sentido, cabe reiterar que la Sala ha sido enf\u00e1tica en precisar que \u00absi las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas (\u2026)\u00bb (CSJ, SC, 26 en. 2011, rad. 00027-01, reiterada entre muchas otras en, STC7002-2015, 4 jun. rad 00076-01, STC11348-2015, 27 ag. rad. 00156-01 y STC11856-2015, 4 sep. rad. 00162-01). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como se dijo, de la no utilizaci\u00f3n del se\u00f1alado medio de impugnaci\u00f3n vertical deviene la inviabilidad de la acci\u00f3n de tutela en virtud de su car\u00e1cter residual y subsidiario en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 6\u00ba, numeral 1\u00ba del Decreto 2591 de 1991 ya que, se reitera, es deber de los interesados agotar todos los mecanismos de defensa antes de ejercerla. <\/p>\n
Consecuencia de lo analizado en precedencia, es la declaraci\u00f3n de improcedencia del auxilio constitucional porque: <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La accionante actu\u00f3 con incuria al no apelar el fallo que cuestiona en el proceso en cuesti\u00f3n, desperdiciando la posibilidad de plantear all\u00ed las alegaciones que por este mecanismo excepcional propone. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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