STC7277-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7277-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-01647-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la acci\u00f3n de tutela que Jazm\u00edn de Jes\u00fas y Vilma del Carmen Marimon L\u00f3pez instauraron a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, la Procuradur\u00eda Quinta Judicial II de Familia de la misma ciudad, el Juzgado Quinto de Familia de la citada localidad y el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Colombia, extensiva a los intervinientes de la acci\u00f3n constitucional y el proceso de sucesi\u00f3n con radicados N\u00b0. 2022-00118-00 y 2013-00054-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Las accionantes pretenden a trav\u00e9s de la presente salvaguarda que se ordene, por una parte, al Tribunal aludido \u00abrecha[zar] de plano\u00bb las acciones constitucionales \u00abque tengan relaci\u00f3n directa\u00bb con el inmueble identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 040-210789, y por la otra, al Juzgado Promiscuo referido \u00abcontinuar con la diligencia de entrega del [mentado] inmueble en la mayor brevedad posible\u00bb. <\/p>\n
En apoy\u00f3 de tales solicitudes, adujeron que pese a que, en el proceso de sucesi\u00f3n de Andr\u00e9s Le\u00f3nidas Marimon Garc\u00eda y Elizabeth Garc\u00eda de Marimon (q.e.p.d.), se les adjudic\u00f3 el bien referido en l\u00edneas anteriores y en la sentencia se orden\u00f3 la entrega del predio denominado \u00abmamonal\u00bb, la Colegiatura convocada, en \u00abforma sistem\u00e1tica y reiterativa\u00bb en varios tr\u00e1mites constitucionales, el \u00faltimo de ellos en el a\u00f1o 2022, concedi\u00f3 como una medida cautelar la suspensi\u00f3n de la diligencia ordenada por el Juzgado de Familia convocado y comisionada al Juez Promiscuo aludido, desconociendo, no solo, que la misma Corporaci\u00f3n confirm\u00f3 el prove\u00eddo que fij\u00f3 fecha y hora para la pr\u00e1ctica de la referida actuaci\u00f3n, sino que los all\u00e1 accionantes \u00abno tienen legitimaci\u00f3n en causa\u00bb para cuestionar dichas decisiones, conforme lo advirti\u00f3 esta Sala en otrora oportunidad1, adem\u00e1s, que las quejas siempre son \u00abpor los mismos hechos\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1alan de otra parte, que aunque en el proceso liquidatorio ya se profiri\u00f3 fallo por lo que lo consideran \u00abterminado\u00bb, la representante del ministerio p\u00fablico \u00abha demostrado un indebido inter\u00e9s (\u2026) convertido (sic) en una persecuci\u00f3n jur\u00eddica de los leg\u00edtimos adjudicatarios\u00bb, como quiera que ha coadyuvado los mecanismos constitucionales de los terceros, as\u00ed como que, interpuso sendos recursos contra los autos que disponen el cumplimiento de la mentada providencia, decisiones que no se les han notificado y que dilatan injustificadamente la efectividad de la determinaci\u00f3n que se profiri\u00f3 hace ya 5 a\u00f1os. <\/p>\n
2. El titular del Juzgado convocado, se\u00f1al\u00f3 que su actuaci\u00f3n se ha limitado a dar cumplimiento a la sentencia proferida el 8 de agosto de 2017, sin que hasta la fecha pudiese concluir la entrega del predio adjudicado en raz\u00f3n de las intervenciones de ajenos al proceso que han formulado denuncias penales y disciplinarias en su contra. <\/p>\n
El Tribunal Superior referido, precis\u00f3 que todas las acciones constitucionales que ha conocido en relaci\u00f3n a la citada diligencia de entrega, \u00abcuentan con un respaldo jur\u00eddico y constitucional. As\u00ed mismo, cuentan con argumentos racionales, fundadas en los elementos probatorios obrantes en el plenario\u00bb. <\/p>\n
Jorge Alfonso Saieh Jaar, Sales Inmobiliaria S.A., Construcciones e Inversiones Atique S.A.S., Jenny Alexandra Calder\u00f3n Otero, Azloy S.A.S. y Finanzas del Norte y C\u00eda. S.C.A., aunque en escritos separados, se opusieron a la salvaguarda deprecada, tras advertir que el \u00e1rea objeto de entrega es \u00abinexistente\u00bb pues el F.M.I. 040-210789 est\u00e1 \u00abcerrado por agotamiento de \u00e1rea\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El amparo constitucional invocado no est\u00e1 llamado a prosperar habida cuenta que el mismo obedece a un asunto de aquellos denominados \u00abtutela contra tutela\u00bb, sin que se advierta configurada alguna causal que permita justificar su procedencia. <\/p>\n
De acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n solo es factible examinar los ruegos que se enfilan contra otra acci\u00f3n de tutela, cuando \u00abse omite la integraci\u00f3n del contradictorio o la notificaci\u00f3n de las personas con inter\u00e9s jur\u00eddico para intervenir\u00bb, ya que, de otro modo, \u00abse abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza que tornar\u00eda eterna la definici\u00f3n del primer fallo\u00bb (reiterada en STC1245-2022). As\u00ed como tambi\u00e9n, est\u00e1 decantado que el resguardo resulta procedente en los casos que la providencia definitoria sea producto de \u00abcosa juzgada fraudulenta\u00bb, situaci\u00f3n que se predica cuando son cumplidas formalmente todas las etapas procesales, logrando materializar una soluci\u00f3n \u00abfraudulenta\u00bb que traduce un perjuicio il\u00edcito para terceros y la comunidad. <\/p>\n
De suerte que, como el contexto descrito por las inconformes no encuadra en las excepciones transcritas, esto es, falta de notificaci\u00f3n e indebida integraci\u00f3n del contradictorio, de tajo resulta inadmisible estudiar los reproches enarbolados contra el auto que admiti\u00f3 de la acci\u00f3n constitucional con rad. 2022-00018-00 y orden\u00f3 como medida cautelar la suspensi\u00f3n de la diligencia de entrega del bien que fue adjudicado a las se\u00f1oras Marimon L\u00f3pez, cuyo desenlace es inmune a cualquier consideraci\u00f3n en esta senda extraordinaria porque consisten en divergencias particulares ajenas a la esencia de las causales referenciadas2. <\/p>\n
Ahora, si bien las inconformes pretenden a trav\u00e9s del presente mecanismo que se ordene a la Colegiatura convocada rechazar de plano futuros tr\u00e1mites constitucionales relacionados con la diligencia de entrega del predio identificado con el F.M.I. 040-210789, habida cuenta de las m\u00faltiples medidas cautelares decretadas en varios mecanismos excepcionales, lo cierto es que dicho ruego resulta improcedente como quiera que el Decreto 2591 de 1991 de manera alguna estipula dicha figura en los t\u00e9rminos referidos. <\/p>\n
Sin embargo, de lo anterior y en vista de que la Corporaci\u00f3n aludida ha sido reiterativa en ordenar la suspensi\u00f3n de la tan mentada diligencia en varios asuntos supralegales3, se hace necesario exhortarla para que en lo sucesivo analice con m\u00e1s detenimiento los elementos del perjuicio irremediable que se pretende evitar -la urgencia e inminencia- conforme el art\u00edculo 7\u00ba ibidem, junto con la posici\u00f3n que ha sentado esta Sala de vieja data, en cuanto que <\/p>\n
(\u2026) tampoco es posible acceder al resguardo solicitado como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, comoquiera que seg\u00fan ha advertido esta Corte, \u2018en principio, la pr\u00e1ctica de una diligencia (\u2026) no constituye un perjuicio irremediable, en tanto que esa circunstancia, por s\u00ed misma, no es demostrativa de que se vulneren los derechos fundamentales y, adem\u00e1s, tampoco impide al afectado procurarse otra vivienda para s\u00ed y su familia. De hecho, ese tipo de medidas responde a \u00f3rdenes leg\u00edtimas de autoridades jurisdiccionales que no pueden ser supeditadas al ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, porque en todo caso, el juez constitucional no podr\u00eda impedir que se cumplan los mandatos dictados por los juzgadores de instancia en ejercicio de sus atribuciones legales\u2019\u00bb (CSJ STC838-2021). <\/p>\n
De otra parte, en lo que respecta a la solicitud encaminada a que se ordene al Juzgado Promiscuo accionado la pr\u00e1ctica de la tan mentada entrega, se vislumbra igualmente que el amparo constitucional invocado no est\u00e1 llamado a prosperar, comoquiera que es palpable que la residualidad aqu\u00ed exigida ha sido insatisfecha, por cuanto, para la calenda en que se radic\u00f3 el presente asunto, estaba pendiente de resolverse sendos recurso que se formularon contra el prove\u00eddo del 12 de mayo pasado, que rechaz\u00f3 los mecanismos interpuestos contra la decisi\u00f3n que orden\u00f3 la citada diligencia. <\/p>\n
Como consecuencia, esta Corte no puede anticipar su intervenci\u00f3n en esta sede excepcional, pues se encuentra pendiente la definici\u00f3n del asunto por parte de los jueces ordinarios, ya que este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta4. <\/p>\n
Finalmente en lo que respecta a la Procuradora Judicial convocada y el an\u00e1lisis pertinente de sus actuaciones de cara al presunto inter\u00e9s indebido en la controversia, basta decir que a fin de que se investigue la conducta desplegada por dicha autoridad, les corresponde a las inconformes acudir directamente ante las autoridades competentes, \u00abnaturalmente que asumiendo las consecuencias que de su comportamiento se deriven\u00bb, pues ha sido criterio de esta Corporaci\u00f3n, que \u00abla funci\u00f3n del juez constitucional no es ordenar investigaciones disciplinarias [ni penales], sino proteger derechos de rango superior amenazados y vulnerados por las autoridades, bien por omisi\u00f3n o por acci\u00f3n\u00bb (CSJ STC9513-2021). <\/p>\n
Corolario de lo expuesto y sin m\u00e1s razones por innecesarias, habr\u00e1 que desestimarse la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, NIEGA tutela planteada por Jazm\u00edn de Jes\u00fas y Vilma del Carmen Marimon L\u00f3pez. <\/p>\n
Exh\u00f3rtese a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla para que, en lo sucesivo, en relaci\u00f3n a las medidas cautelares en tr\u00e1mites constitucionales, analice con m\u00e1s detenimiento los elementos del perjuicio irremediable que se pretende evitar -la urgencia e inminencia- conforme el art\u00edculo 7\u00ba ibidem, junto con la posici\u00f3n que ha sentado esta Sala sobre la suspensi\u00f3n de diligencias. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Refieren sentencia STC1078-2018. <\/p>\n
2\u0002 Ver C.C. SU627-2015. <\/p>\n
3\u0002 Acciones de tutela rad. 2017-00481-00, 2018-00070-00 y 2022-00118-00. <\/p>\n
4\u0002 STC4952-2020 <\/p>\n
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