STC7286-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7286-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 41001-22-14-000-2022-00112-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Neiva el pasado 13 de mayo, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por F\u00e9lix Mauricio Trujillo Perdomo contra el Juzgado Quinto Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el hipotecario 2019-00259. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, acude al presente instrumento buscando la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso que estima lesionado por la autoridad judicial querellada. <\/p>\n
2. Dice que en el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Neiva se adelanta el compulsivo indicado precedentemente promovido en contra suya y de su hermana Mar\u00eda Paula, por Marino Cabrera Trujillo, en cual, el ejecutante \u00abpresuntamente\u2026 ha incurrido\u2026 en conductas punibles de falsedad documental\u2026 y fraude procesal [sic]\u00bb, pues los documentos presentados como base del recaudo, adem\u00e1s de ser falsos, carecen \u00abde los requisitos legales por observarse la presunta ausencia de firma de aceptaci\u00f3n de los deudores [sic]\u00bb. <\/p>\n
Aduce que, pese a \u00abhaber quedado fuera de ejecuci\u00f3n los referidos t\u00edtulos valores\u2026 el proceso ha seguido su curso, \u00fanicamente en ejecuci\u00f3n en lo referente a una obligaci\u00f3n hipotecaria [sic]\u00bb, pero que \u00abla cuant\u00eda de la deuda\u2026 ni siquiera alcanza para que sea de mayor cuant\u00eda, si no que muy posiblemente sea equivalente a una suma de dinero que deba ser tenida como un asunto de menor cuant\u00eda [sic]\u00bb lo que trastocar\u00eda \u00abla competencia para conocer el asunto o de la continuaci\u00f3n del proceso [sic]\u00bb debi\u00e9ndose disponer su remisi\u00f3n \u00aba un juez de car\u00e1cter municipal\u2026 [pues] en ning\u00fan momento ser\u00eda procedente que se continuara el proceso en el juzgado civil el circuito accionado, porque merec\u00eda la respectiva alteraci\u00f3n de la competencia por haber cambiado la cuant\u00eda de las obligaciones demandadas [sic]\u00bb. <\/p>\n
Refiere que, como la actuaci\u00f3n inici\u00f3 en el a\u00f1o 2019 \u00abes evidente que ya ha transcurrido el t\u00e9rmino otorgado por el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso para la respectiva instrucci\u00f3n y terminaci\u00f3n del proceso [sic]\u00bb; sin embargo, a pesar de esa circunstancia \u00abel juez accionado ha omitido\u2026 enviar el proceso ante el Consejo Seccional de la Judicatura por vencimiento de t\u00e9rmino para que all\u00ed en consecuencia designen a otro juez y le atribuya la competencia para continuar con la instrucci\u00f3n procesal hasta la terminaci\u00f3n del mismo [sic]\u00bb, raz\u00f3n por la cual tiene \u00abtoda la voluntad de recusar al funcionario aqu\u00ed accionado [sic]\u00bb, pero no puede hacer uso de tal herramienta ya que \u00abel art\u00edculo 141 del C\u00f3digo General del Proceso, solamente me da la facultad de poder formular recusaci\u00f3n siempre y cuando la denuncia que se haya formulado en donde yo haya participado o demuestre mi inter\u00e9s, se trate de hechos ocurridos en un proceso diferente al que yo atribuyo ahora que ha sido objeto de graves falencias [sic]\u00bb. <\/p>\n
Comenta, adem\u00e1s, que en la Fiscal\u00eda Octava Seccional de Neiva cursa \u00abproceso penal radicado N\u00b0\u2026 202150305\u2026 por el delito de falsedad ideol\u00f3gica material en documento privado y fraude procesal\u2026 lo cual se encuentra ya en desarrollo del trabajo encomendado por el Fiscal al investigador judicial [sic]\u00bb, pero que \u00abel se\u00f1or juez accionado ha omitido\u2026 disponer que se aplique la prejudicialidad penal\u2026 siendo esto necesario porque si se est\u00e1 investigando la falsedad documental con los t\u00edtulos valores presentados consecuentemente deber\u00e1 suspenderse el trasmite procesal hasta que la Fiscal\u00eda decida lo pertinente [sic]\u00bb <\/p>\n
3. Considera que la tardanza en resolver la instancia, sumada a \u00ablas fundadas razones para poder temer una posible parcializaci\u00f3n que pueda existir en\u2026 los jueces local del Huila [sic]\u00bb por cuanto el ejecutante es una persona adinerada que podr\u00eda influir en las decisiones que dichos funcionarios puedan llegar a tomar en el proceso, son razones para acudir a este amparo y que el juez constitucional: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) invalide\u2026 todas las actuaciones que se hayan surtido a partir del momento en que perdieron fuerza de ejecuci\u00f3n los t\u00edtulos valores presentados con la demanda\u2026 para que en su lugar se disponga lo pertinente con relaci\u00f3n a lo que tiene que ver con la obligaci\u00f3n prendaria con la cual se sigui\u00f3 adelante el tr\u00e1mite procesal ya que considero que todo lo actuado de ah\u00ed en adelante debe haber quedado con vicios de nulidad en raz\u00f3n a la cuant\u00eda\u2026 ya que el juzgado civil del circuito solamente puede conocer en asuntos de mayor cuant\u00eda y porque, adem\u00e1s, ha prosperado la demostraci\u00f3n de la presunta adulteraci\u00f3n de los t\u00edtulos valores y as\u00ed debi\u00f3 paralizarse el proceso (\u2026). <\/p>\n
(\u2026) analice\u2026 si ya transcurri\u00f3 el t\u00e9rmino de instrucci\u00f3n procesal\u2026 y si en consecuencia debe ser obligado el juez accionado a declararse impedido para continuar con el tr\u00e1mite y que deber\u00e1 ser obligado a pasar el proceso al Consejo Seccional de la Judicatura para lo pertinente (\u2026) <\/p>\n
(\u2026) ordene\u2026 que el proceso sea enviado a otro departamento por cambio de radicaci\u00f3n necesaria para evitar la imparcialidad en el desarrollo del tr\u00e1mite\u2026 y para que se garantice la respectiva parcialidad, que se tomen todas las medidas del caso para que se aplique la prejudicialidad penal de que trata el art\u00edculo 161 del C\u00f3digo General del Proceso\u2026 para prevenir que no se ejecutara el fraude procesal y prevenir esto antes de continuar el proceso [SIC] (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Neiva se limit\u00f3 a remitir el expediente digital sin realizar manifestaci\u00f3n alguna en torno a lo afirmado por el gestor. <\/p>\n
2. El Fiscal Octavo Seccional, delegado ante los Juzgados Penales del Circuito de Neiva confirm\u00f3 que actualmente se adelanta una indagaci\u00f3n penal contra Marino Cabrera Trujillo distinguida con radicaci\u00f3n 2021-50305 en la que se elabor\u00f3 programa metodol\u00f3gico encontr\u00e1ndose pendiente de resultados. <\/p>\n
Frente a los hechos aducidos en sustento del resguardo dijo que \u00ablos mismos se dirigen contra el Juzgado 5\u00ba Civil del Circuito\u00bb por situaciones atinentes a la actuaci\u00f3n judicial que all\u00ed se surte, que le son completamente ajenas. <\/p>\n
3. Marino Cabrera Trujillo solicit\u00f3 \u00ababstenerse de darle tr\u00e1mite a este derecho de amparo\u2026 por considerarlo improcedente ante la existencia de otros recursos o medios de defensa judicial\u00bb. <\/p>\n
4. Mar\u00eda Paula Trujillo Perdomo codemandada en el ejecutivo escrutado y Nelly \u00c1lvarez Quezada quien prest\u00f3 su testimonio al interior de tal diligenciamiento, manifestaron \u00abavalar y respaldar\u00bb las afirmaciones y pretensiones realizadas por el quejoso. <\/p>\n
5. El Juzgado Promiscuo Municipal de Villavieja (Huila), por conducto de una de sus integrantes, impetr\u00f3 la \u00abdesvinculaci\u00f3n\u00bb de este tr\u00e1mite habida consideraci\u00f3n que \u00abno tiene conocimiento del proceso\u2026 al cual se hace referencia en el escrito de tutela\u00bb de all\u00ed que no se \u00abha[ya] vulnerado ninguno de los derechos fundamentales invocados por el accionante\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Neiva declar\u00f3 improcedente el amparo al considerar que desatiende el presupuesto de la subsidiariedad, tanto en la modalidad de incuria, como por haber sido interpuesto de forma prematura. <\/p>\n
En punto de lo primero advirti\u00f3 que \u00abel interesado dej\u00f3 de emplear los mecanismos de defensa judicial con los que cuenta para garantizar la prevalencia de sus derechos\u00bb puesto que la supuesta p\u00e9rdida de la competencia, el inter\u00e9s directo o indirecto del funcionario judicial en el asunto y la suspensi\u00f3n por prejudicialidad \u00abno han sido invocados ante el juez de instancia y tampoco se observa que haya elevado petici\u00f3n de cambio de radicaci\u00f3n ante la Corte Suprema de Justicia\u00bb. <\/p>\n
Frente al segundo criterio, recalc\u00f3 que \u00abla rogativa tendiente a que se invaliden todas las actuaciones desarrolladas en el juicio\u2026 ante la presunta falsedad de los t\u00edtulos valores y fraude procesal\u00bb deb\u00eda ser materia de discusi\u00f3n al interior de la actuaci\u00f3n, la que a\u00fan no ha culminado pues -para el momento de expedici\u00f3n del fallo de primer grado- el juzgado no hab\u00eda definido la instancia. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Inconforme con la anterior determinaci\u00f3n, el querellante la impugn\u00f3 insistiendo en sus argumentos iniciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema Jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde establecer si la autoridad convocada vulner\u00f3 las prerrogativas invocadas por F\u00e9lix Mauricio Trujillo Perdomo, al interior del ejecutivo hipotecario distinguido con radicaci\u00f3n 2019-00259, en el que es codemandado, por cuanto, seg\u00fan dice, (i) no se ha dictado sentencia pese a que se ha superado el lapso consagrado en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, (ii) el juez cognoscente no declar\u00f3 la falta de competencia por el factor cuant\u00eda (iii) tampoco \u00abaplic\u00f3 la prejudicialidad penal\u00bb a\u00fan a sabiendas de que existe una indagaci\u00f3n penal en contra del ejecutante por falsedad en documento privado y fraude procesal y (iv) teme por la falta de imparcialidad del funcionario llamado a resolver el asunto y de los dem\u00e1s jueces del departamento del Huila pues, estima, la posici\u00f3n econ\u00f3mica y social de su contraparte podr\u00eda influir en su criterio, por lo que deber\u00eda disponerse el cambio de radicaci\u00f3n a otro distrito judicial. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
Las decisiones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable <\/p>\n
3. De la subsidiariedad <\/p>\n
Jurisprudencialmente se tiene decantado que este instrumento excepcional, dada su naturaleza eminentemente residual, no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues, mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este remedio constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Al efecto, la Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00abRecu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias del juicio, pero en ning\u00fan momento puede entenderse como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, porque ese supuesto conducir\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica\u00bb (CSJ STC10279-2017, 17 jul. 2017, rad. 00687-01). <\/p>\n
Ligado al anterior criterio, se ha destacado que \u00e9ste tambi\u00e9n se incumple cuando la demanda procura la protecci\u00f3n constitucional de asuntos que est\u00e1n pendientes de resoluci\u00f3n en el marco de un tr\u00e1mite judicial en curso, pues frente a cualquier presunta irregularidad atribuible al operador judicial, la misma debe ser propuesta y debatida al interior de la respectiva causa, a trav\u00e9s de los instrumentos previstos en el ordenamiento jur\u00eddico, aun cuando esa oportunidad se extienda hasta la sentencia, pues le est\u00e1 vedado a esta jurisdicci\u00f3n anticiparse en la adopci\u00f3n de determinaciones sobre aspectos que le corresponde resolver al juzgador competente, toda vez que no puede arrogarse facultades ajenas. <\/p>\n
4. Caso concreto <\/p>\n
Se ratificar\u00e1 el fallo de primera instancia, prohijando lo razonado por la colegiatura a quo, pues el resguardo no satisface el requisito de procedibilidad que viene de mencionarse, conforme lo prev\u00e9 el numeral 1 del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
De acuerdo con los antecedentes y anexos que conciernen a la actuaci\u00f3n debatida y, tal como pudo comprobarse, la causa judicial recriminada se encuentra en curso, pues a\u00fan est\u00e1 pendiente de que el Tribunal Superior de Neiva emita el pronunciamiento que en derecho corresponda en torno al recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por Marino Cabrera Trujillo contra la sentencia del pasado 17 de mayo que, debe resaltarse, fue favorable a los intereses procesales del ac\u00e1 gestor y la codemandada al acoger las excepciones de fondo propuestas en la contestaci\u00f3n de la demanda. <\/p>\n
Dado ese contexto, resulta improcedente la salvaguarda porque por medio de este tr\u00e1mite constitucional no se puede proveer soluci\u00f3n a cuestiones que corresponde dirimir a los jueces ordinarios en las instancias oportunas, pues la acci\u00f3n tuitiva no se ha concebido como un mecanismo sustitutivo o alterno de los medios de defensa establecidos por la ley y menos para anticiparse a las decisiones que compete proferir al accionado, de all\u00ed que acudir al auxilio constitucional resulte inviable mientras el juicio controvertido est\u00e9 surti\u00e9ndose. <\/p>\n
En punto de lo dicho, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido: <\/p>\n
\u00abel amparo constitucional solicitado se torna improcedente, en virtud de que, \u2026 en trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa\u2026. Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente \u2026para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rese, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley\u00bb (CSJ STC, 22 feb. 2010, rad. 00312-01, citado en STC900-2016 y STC4645-2016). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Se confirmar\u00e1 el fallo impugnado, dada la evidente improcedencia del resguardo, habida cuenta que el solicitante tiene a su alcance, dentro de la actuaci\u00f3n que se encuentra en tr\u00e1mite, instrumentos id\u00f3neos para procurar la defensa de sus derechos y no se observa el acaecimiento de un perjuicio irremediable que justifique la intervenci\u00f3n del juez constitucional habida cuenta que, por lo menos en primera instancia, los resultados del proceso objeto de censura fueron favorables a los intereses de F\u00e9lix Mauricio Trujillo Perdomo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo confutado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la sala a quo y, oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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