STC7288-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7288-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 05000-22-13-000-2022-00084-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del ocho de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia el 12 de mayo de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Mario Alberto Restrepo contra el Juzgado Civil del Circuito de Andes. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, el solicitante reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. Como fundamento f\u00e1ctico expuso que impetr\u00f3 una acci\u00f3n popular, pero el despacho accionado \u00abno CUMPLE los terminos (sic) de tiempo perentorios paar (sic) decidir su admision (sic) o no, desconociendo los terminos (sic) d etiempo (sic) perentorios que LE IMPONE LA LEY 472 DE 1998, ART 5, 84\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, \u00abse ordene a la tutelada que cumpla [los] t\u00e9rminos perentorios de tiempo para tramitar acciones populares\u00bb, as\u00ed como \u00abresolver la admisi\u00f3n o rechazo de mi accion (sic) popular en t\u00e9rminos de tiempo perentorio que manda la ley especial y aut\u00f3noma 472 de 1998\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
La Juez Civil del Circuito de Andes, remiti\u00f3 el link para ingresar al expediente contentivo de la actuaci\u00f3n procesal cuestionada. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el auxilio por carencia actual de objeto \u00abal presentarse el hecho superado\u00bb, tras advertir que \u00abla pretensi\u00f3n elevada por el actor, concerniente a que se resolviera sobre la admisi\u00f3n de la acci\u00f3n popular se encuentra satisfecha, en tanto que el Juzgado se pronunci\u00f3 al respecto, emitiendo auto mediante el cual la admiti\u00f3\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Civil del Circuito de Andes, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales del querellante, al no haber procedido a la calificaci\u00f3n de la demanda de acci\u00f3n popular n\u00b0 2022-00158. <\/p>\n
2. De la mora judicial. <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica, de vieja data la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abLas dilaciones indebidas en el curso de los diferentes procesos desvirt\u00faan la eficacia de la justicia y quebrantan el deber de diligencia y agilidad que el art\u00edculo 228 impone a los jueces que deben tramitar las peticiones de justicia de las personas dentro de unos plazos razonables. Sopesando factores inherentes a la Administraci\u00f3n de Justicia que exige cierto tiempo para el procesamiento de las peticiones y que est\u00e1n vinculados con un sano criterio de seguridad jur\u00eddica, conjuntamente con otros de orden externo propios del medio y de las condiciones materiales de funcionamiento del respectivo despacho judicial, pueden determinarse retrasos no justificados que, por apartarse del rendimiento medio de los funcionarios judiciales, violan el correlativo derecho fundamental de las personas a tener un proceso \u00e1gil y sin retrasos indebidos. El derecho fundamental de acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia impone a los jueces el deber de actuar como celosos guardianes de la igualdad sustancial de las partes vinculadas al proceso\u00bb (CC T-006\/92). <\/p>\n
Por su parte, sobre el incumplimiento del juez en su deber de proferir oportunamente las providencias a su cargo, la jurisprudencia de esta Sala ha dicho y reiterado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que, trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. [Cuando], sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso, como ciertamente en el punto lo se\u00f1ala el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica. Porque las personas, no solo tienen derecho a acceder a la justicia (art. 229 Const. Nal.), sino adem\u00e1s que sus s\u00faplicas o peticiones se impulsen y decidan con acatamiento a los t\u00e9rminos procesales (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 1995, exp. 1937, citada entre otras en STC17367-2021, 15 dic. 2021, rad. 00811-01). <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
De la revisi\u00f3n que se efect\u00faa a los argumentos de la queja constitucional y lo que se desprende de las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala ratificar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del amparo. <\/p>\n
En efecto, la situaci\u00f3n de mora judicial endilgada en relaci\u00f3n con el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular incoada por el quejoso contra CRSUR S.A.S. \u2013propietaria del establecimiento de comercio Transmisora Surandes-, asignada por reparto el 25 de abril de 2022 y radicada bajo el n\u00b0 2022-00158, fue corregida por el estrado encartado durante el curso de esta salvaguarda, espec\u00edficamente a trav\u00e9s del auto de 2 de mayo 2022, notificado en debida forma y oportunidad. <\/p>\n
Ciertamente, mediante el citado prove\u00eddo el accionado procedi\u00f3 a admitir el libelo, tras cumplir las exigencias que contempla tanto el ordenamiento adjetivo general como la Ley 472 de 1998, con lo cual dispuso el impulso procesal echado de menos por el reclamante. <\/p>\n
Las circunstancias descritas son suficientes para colegir v\u00e1lidamente, como lo hizo el tribunal a quo, que el ruego tuitivo se muestra inviable al constituir una carencia actual de objeto por hecho superado, respecto de la cual la jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado que \u00abse da cuando entre el momento de la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela y el momento del fallo se satisface por completo la pretensi\u00f3n contenida en la demanda de amparo\u00bb (CC T-533\/09), es decir, cuando estando en curso el auxilio \u00abse evidencia que, como producto del obrar de la entidad accionada, se elimin\u00f3 la vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la conducta solicitada (ya sea por acci\u00f3n o abstenci\u00f3n) y, por tanto, (i) se super\u00f3 la afectaci\u00f3n y (ii) resulta inocua cualquier intervenci\u00f3n que pueda realizar el juez de tutela para lograr la protecci\u00f3n de unos derechos que, en la actualidad, la accionada ha dejado de desconocer\u00bb (CC T-481\/16). <\/p>\n
En similar sentido esta Corporaci\u00f3n ha dicho que: \u00absi la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido\u00bb (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 00147-01, citada en STC206-2022, 19 ene. 2022, rad. 2021-00324-01). <\/p>\n
Conforme a lo precisado, se impone ratificar la denegaci\u00f3n del auxilio implorado, porque las circunstancias descritas como vulneradoras de los derechos fundamentales del gestor, fueron superadas durante el diligenciamiento de la presente acci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Por Secretar\u00eda proc\u00e9dase a enviarle al correo electr\u00f3nico del accionante, copia de este fallo. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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