STC7289-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7289-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-03-000-2022-00224-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., nueve (9) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn el 16 de mayo de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Jos\u00e9 Rodrigo Castrill\u00f3n Trujillo contra el Juzgado Veinte Civil del Circuito de esta localidad; tr\u00e1mite al cual se vincularon los intervinientes en el ejecutivo n\u00b0 2012-00356. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En nombre propio, el actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho a un debido proceso, el cual estima trasgredido por la decisi\u00f3n del fallador convocado de adelantar todo el juicio hipotecario que \u00e9l promovi\u00f3, incluso hasta el momento en que profiri\u00f3 sentencia de primera instancia (el 1\u00ba de abril de 2022), con fundamento en las normas del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, cuando lo procedente era seguir las pautas del C\u00f3digo General del Proceso, desde el momento en que empez\u00f3 a regir esa normativa, lo cual implicaba que se citara a audiencia para que las partes formularan sus alegatos de conclusi\u00f3n y se dictara el fallo oralmente. <\/p>\n
2. En consecuencia, pidi\u00f3 que se declare la nulidad de lo actuado y se ordene adecuar el tr\u00e1mite a las previsiones del nuevo estatuto procedimental. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El fallador accionado recalc\u00f3 que en auto de 18 de junio de 2019 se explicaron las razones por las cuales el proceso seguir\u00eda tramit\u00e1ndose conforme al C\u00f3digo de Procedimiento Civil, prove\u00eddo que no fue objeto de censura, as\u00ed como tampoco lo fue el de 18 de agosto de 2020, mediante el cual se corri\u00f3 traslado para que las partes alegaran de conclusi\u00f3n. <\/p>\n
2. Sandra Milena Guzm\u00e1n Rinc\u00f3n pidi\u00f3 desestimar el auxilio en consideraci\u00f3n a la legalidad de todas las providencias dictadas en el juicio que concierne a esta tramitaci\u00f3n, las cuales, seg\u00fan lo dijo, no fueron impugnadas por el hoy accionante. <\/p>\n
3. Jos\u00e9 Leonardo Arias y Paulina Arango se opusieron a la prosperidad del resguardo, por considerar acertado que el proceso se hubiera tramitado hasta sentencia bajo las reglas del c\u00f3digo de procedimiento con el que inici\u00f3 el litigio. <\/p>\n
4. Giusseppe Notarianni aleg\u00f3 que la solicitud de amparo no satisface el presupuesto de subsidiariedad, por cuanto el accionante no impugn\u00f3 el auto con el cual se corri\u00f3 traslado para que las partes expusieran, por escrito, sus alegatos de conclusi\u00f3n. <\/p>\n
SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Neg\u00f3 el amparo por estimar que no concurren los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad. <\/p>\n
LAS IMPUGNACIONES <\/p>\n
La formul\u00f3 el accionante, manifestando que la radicaci\u00f3n de la demanda de tutela fue oportuna teniendo en cuenta que la sentencia con la que se defini\u00f3 el litigio se dict\u00f3 el pasado 1\u00ba de junio, a lo que agreg\u00f3 que la falta de interposici\u00f3n de recursos contra ese fallo no depura la ilegalidad cometida por el juez de la causa. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Aunque en sus escritos incoativo y de impugnaci\u00f3n el actor censur\u00f3 la sentencia con la que se defini\u00f3 el juicio hipotecario que incumbe a esta tramitaci\u00f3n, advierte la Sala que el reproche constitucional no est\u00e1 dirigido contra esa providencia (de cuyos fundamentos nada se cuestion\u00f3), sino \u2013espec\u00edficamente- contra la decisi\u00f3n de adelantar el proceso conforme a las previsiones del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, la cual se adopt\u00f3 por auto de 18 de junio de 2019, en el cual el fallador convocado advirti\u00f3 que, <\/p>\n
\u00abel \u00faltimo de los demandados que se notific\u00f3 del auto que libr\u00f3 mandamiento de pago fue el se\u00f1or Giusseppe Notarianni, quien lo hizo mediante apoderado judicial como puede evidenciarse a folio 396 del expediente, y al haber sucedido esto el 25 de junio de 2015, el t\u00e9rmino de cinco d\u00edas que este ten\u00eda para proponer excepciones venci\u00f3 el d\u00eda lunes 6 de julio de ese mismo a\u00f1o, lo cual implica que cuando el C.G.P. entr\u00f3 en vigencia, en su integridad (1\u00ba de enero de 2016), el t\u00e9rmino de traslado para que los demandados propusieran excepciones ya se encontraba precluido, por lo que de acuerdo con lo establecido en la norma de transici\u00f3n legislativa, el presente proceso debe seguir su curso bajo las reglas del C\u00f3digo de Procedimiento Civil hasta que se dicte la sentencia de primera instancia, y luego de que ello suceda, ah\u00ed s\u00ed se abre paso la aplicaci\u00f3n del C\u00f3digo Genera del Proceso, conforme lo tiene establecido el art\u00edculo citado\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, corresponde a la Corte establecer, inicialmente, si el amparo \u2013en esos t\u00e9rminos formulado- satisface el presupuesto de inmediatez que rige esta modalidad de actuaci\u00f3n constitucional y, de superarse lo anterior, si el fallador convocado lesion\u00f3 la garant\u00eda fundamental invocada en el libelo introductor, al abstenerse de aplicar al proceso que ac\u00e1 interesa las directrices del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. El requisito de inmediatez. <\/p>\n
3.1. Este presupuesto impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 00188-01, reiterada entre muchas en STC5882-2015, STC1516-2016 y STC11499-2016, 18 ag. rad. 01142-01). <\/p>\n
M\u00e1s adelante, la Corte se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01). <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos, se concluye que el cuestionamiento que se hace no atiende el postulado que viene de comentarse, ya que el auto objeto de censura se profiri\u00f3 el 18 de junio de 2019, mientras que la presente tutela se radic\u00f3 el 5 de mayo de 2022, es decir, casi 3 a\u00f1os despu\u00e9s. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que el eventual afectado debi\u00f3 acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a la decisi\u00f3n atacada. Al respecto se ha dicho: \u00ab(\u2026) en verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros (\u2026)\u00bb (STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00; reiterado en STC10258-2015, 6 ago. 2015, rad. 2015-01691). <\/p>\n
3.2. De otra parte, tampoco se adujo en esta sede explicaci\u00f3n v\u00e1lida que permitiera analizar las excepciones al principio de temporalidad del resguardo, pues, si bien es cierto que puede flexibilizarse a partir de la explicaci\u00f3n de razones suficientes que justifiquen la inactividad para adelantar la acci\u00f3n de tutela, esto es, situaciones como la debilidad manifiesta, o la permanencia en el tiempo de la amenaza de las garant\u00edas superiores, como ocurre respecto de los asuntos que involucran derechos de orden pensional, ello no sucedi\u00f3 en esta ocasi\u00f3n. <\/p>\n
Cabe agregar que, en repetidas oportunidades, la Corte Constitucional se ha pronunciado en la materia, en las providencias CC T-136\/07, CC T-647\/08, CC T-743\/08, CC T-867\/09, CC T-037\/13, CC T-033\/10, y en esta \u00faltima, estim\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: <\/p>\n
\u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n. (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
El auxilio ser\u00e1 desestimado porque la parte convocante no ejerci\u00f3 oportunamente este mecanismo para cuestionar el pronunciamiento que no comparte y tampoco demostr\u00f3 alguna circunstancia que justificara dicha tardanza. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley CONFIRMA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO JOS\u00c9 TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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