STC7291-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7291-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2022-00085-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira el 12 de mayo de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Mario Alberto Restrepo Zapata contra el Juzgado Quinto Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el litigio n.\u00ba 2022-00010. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en nombre propio, el promotor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial convocada. <\/p>\n
2. Sostiene que, en el curso de la acci\u00f3n popular que instaur\u00f3 contra el \u00abestablecimiento de comercio [\u2026] Almac[\u00e9]n [D]istribuidor [E]xtintores el [D]iamante\u00bb, la c\u00e9lula cognoscente \u00abdespu\u00e9s de vario tiempo (sic) aun no notifica (\u2026) al representante legal de la entidad [solicitada], incumpliendo su deber (\u2026), ley 472 de 1998, art 5\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que, a trav\u00e9s de este excepcional mecanismo, se le ordene \u00abA LA TUTELADA INMEDIATAMENTE NOTIFICAR AL [querellado] EN MI ACCI[\u00d3]N POPULAR (\u2026)\u00bb- <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Defensora del Pueblo Regional de Risaralda aleg\u00f3 la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, por lo que pidi\u00f3 que se le desvinculara del asunto. <\/p>\n
2. La Procuradora Regional de Risaralda precis\u00f3 que su \u00abintervenci\u00f3n est\u00e1 orientada a verificar, como ente de control, la defensa de los (\u2026) intereses colectivos\u00bb. Y a\u00f1adi\u00f3 que, el gestor no hab\u00eda presentado a la entidad alguna petici\u00f3n, queja o reclamo relacionado con lo alegado. <\/p>\n
3. La Alcald\u00eda de Pereira refiri\u00f3 que, el municipio no tiene relaci\u00f3n con los fundamentos f\u00e1cticos expuestos por el promotor y, por ende, no ha conculcado las prerrogativas invocadas en el proceso. <\/p>\n
4. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira indic\u00f3 que \u00abel [d]espacho en aras de garantizar los derechos de econom\u00eda, celeridad y eficacia procesal y con el objeto de dar continuidad de manera expedita al tr\u00e1mite (\u2026), ha decidido (\u2026) en armon\u00eda con las disposiciones se\u00f1aladas en el Decreto Legislativo 806 de 2020, asumir por s\u00ed mismo la gesti\u00f3n de la notificaci\u00f3n (\u2026) en la forma indicada por el art\u00edculo 8 ibidem\u00bb. Precis\u00f3 que no ha trasgredido las garant\u00edas esenciales del quejoso. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
El tribunal a-quo no accedi\u00f3 al resguardo, argumentando que \u00abla pretensi\u00f3n del actor, motivo de este amparo, ya se encuentra satisfecha, en consecuencia, no hay objeto jur\u00eddico sobre el cual fallar y ser\u00eda vano adoptar en esta sede cualquier decisi\u00f3n al respecto, por la ausencia de inter\u00e9s jur\u00eddico o sustracci\u00f3n de materia\u00bb, por lo que declar\u00f3 la carencia actual de objeto por hecho superado. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el convocante, pidiendo que \u00abSE ORDENE A LA TUTELADA CUMPLIR [los] T\u00c9RMINOS DE TIEMPO (\u2026) QUE LE IMPONE LA LEY 472 DE 1998\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira vulner\u00f3 las garant\u00edas esenciales del actor, por cuanto, supuestamente, no efectu\u00f3 la notificaci\u00f3n de la acci\u00f3n popular a la entidad requerida en dicho tr\u00e1mite. <\/p>\n
2. Naturaleza jur\u00eddica de la tutela. <\/p>\n
El presente mecanismo excepcional es una instituci\u00f3n que consagr\u00f3 la Constituci\u00f3n de 1991 para proteger los derechos fundamentales de las personas, de lesiones o amenazas de vulneraci\u00f3n por parte de una autoridad p\u00fablica y, bajo ciertos supuestos, por un particular; se trata de un procedimiento judicial espec\u00edfico, aut\u00f3nomo, directo y sumario, que en ning\u00fan caso puede sustituir los procesos judiciales ordinarios que establece la ley y en ese sentido no es posible convertirla en una instituci\u00f3n procesal alternativa o supletoria. <\/p>\n
3. El caso concreto. <\/p>\n
Analizados los fundamentos de la petici\u00f3n de amparo, y con observancia en las pruebas obrantes en el plenario, habr\u00e1 de confirmarse la providencia de primera instancia, por las razones que a continuaci\u00f3n se compendian: <\/p>\n
La carencia actual de objeto y el hecho superado. <\/p>\n
La Corte ha se\u00f1alado sobre el tema que la decisi\u00f3n del juez de tutela carece de objeto cuando, en el momento de proferirla, encuentra que la situaci\u00f3n expuesta en la demanda, que hab\u00eda dado lugar a que el supuesto afectado intentara la acci\u00f3n, se ha modificado sustancialmente, de tal manera que ha desaparecido toda posibilidad de amenaza o da\u00f1o a los derechos fundamentales; ello por cuanto, <\/p>\n
\u00ab(…) ning\u00fan sentido tiene que el fallador imparta \u00f3rdenes de inmediato cumplimiento en relaci\u00f3n con unas circunstancias que pudieran configurarse en el pasado pero que, al momento de cumplirse la sentencia, no existe o, cuando menos, presentan caracter\u00edsticas totalmente diferentes a las iniciales (\u2026) El \u2018hecho superado o la carencia de objeto\u2019 (\u2026), se presenta: \u2018si la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, pues la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido\u00bb (CSJ STC de 13 mar. 2009, exp. T-00147-01, reiterada entre otras en STC9365 de 11 jul. 2016). <\/p>\n
En el caso sub j\u00fadice, el quejoso asegura que, a la fecha de formulaci\u00f3n del presente auxilio, esto es el 22 de abril de 2022, el estrado denunciado no hab\u00eda llevado a cabo la notificaci\u00f3n de la acci\u00f3n popular a la entidad querellada, no obstante, como qued\u00f3 documentado en las diligencias, el 6 de mayo siguiente, el referido despacho realiz\u00f3 la comunicaci\u00f3n requerida, por lo cual la supuesta dilaci\u00f3n judicial enrostrada fue corregida durante el curso de este ruego tuitivo. <\/p>\n
Ante tal panorama, se torna improcedente la concesi\u00f3n de la salvaguarda, por carencia actual de objeto, por lo que inane ser\u00eda cualquier orden que actualmente se emita dentro del presente asunto. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo anteriormente discurrido, se confirmar\u00e1 el fallo de primera instancia, comoquiera que la presunta mora judicial endilgada al funcionario accionado, fue superada durante el diligenciamiento de esta acci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley CONFIRMA el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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