STC7292-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7292-2022 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que Ruth Castillo Castillo le instaur\u00f3 a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta y el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ci\u00e9naga – Magdalena, extensiva a las autoridades, partes e intervinientes en el proceso divisorio con radicado n\u00b0 471893153001-2021-00057-01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La accionante pidi\u00f3 que se ordene resolver nuevamente su pretensi\u00f3n divisoria. <\/p>\n
En sustento, adujo ser demandante en el proceso objeto de revisi\u00f3n. Censur\u00f3 que el juzgado accionado decretara como prueba el \u00abconcepto del Secretario de Planeaci\u00f3n del Municipio de Zona Bananera\u00bb relativo a la \u00abfactibilidad de la divisi\u00f3n material\u00bb (30 jul. 2021). Tambi\u00e9n critic\u00f3 que el Juzgado de primer grado y el Tribunal accionados denegaran su pretensi\u00f3n sin tener en cuenta que a su caso no le resultaba aplicable la Resoluci\u00f3n 041 de 1996. Finalmente, reproch\u00f3 que la Magistratura no convocara \u00aba audiencia de juzgamiento y fallo\u00bb de que trata el \u00abart\u00edculo 327 [d]el C\u00f3digo [G]eneral del [P]roceso\u00bb. <\/p>\n
2. El Tribunal remiti\u00f3 el link del expediente acusado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En lo que respecta a la censura contra el auto que ofici\u00f3 a la \u00abSecretar\u00eda de Planeaci\u00f3n del Municipio de Zona Bananera\u00bb para que se manifestara sobre la \u00abfactibilidad de la divisi\u00f3n material\u00bb perseguida por la actora (30 jul. 2021), pronto se advierte la denegaci\u00f3n del resguardo como quiera que entre la \u00e9poca de ese prove\u00eddo y la radicaci\u00f3n de ese auxilio (26 may. 2022)1 se super\u00f3 el t\u00e9rmino de seis meses que la jurisprudencia constitucional ha establecido como razonable para la interposici\u00f3n de este mecanismo excepcional, situaci\u00f3n que evidencia la ausencia de inmediatez y la improcedencia de la acci\u00f3n frente a ese particular. <\/p>\n
Con todo, revisado el expediente cuestionado y la p\u00e1gina web de consulta de procesos de la Rama Judicial se observa que esa determinaci\u00f3n no fue recurrida en el momento procesal oportuno por la censora, esto es, cuando se notific\u00f3 del auto que tom\u00f3 la decisi\u00f3n que hoy critica. Tal evento torna patente la ausencia de subsidiariedad exigida para la procedencia de la salvaguarda. <\/p>\n
2. De otro lado, tambi\u00e9n tropieza el auxilio en lo atinente al reproche por la forma en la que las agencias accionadas apreciaron las circunstancias y normativas relativas al caso concreto, en especial, la aplicaci\u00f3n de la Resoluci\u00f3n 041 de 1996. En efecto, al escrutar las decisiones que en ambas instancias denegaron la pretensi\u00f3n de la actora (22 abr. y 10 may. 2022) se extra\u00f1a la existencia de arbitrariedad o capricho que amerite la injerencia supra legal. <\/p>\n
Ciertamente, para tomar la decisi\u00f3n que se cuestiona, la magistratura inici\u00f3 por hacer referencia a las normas y jurisprudencia que rige en materia de contiendas divisorias. En seguida precis\u00f3 que la divisi\u00f3n material pretendida reca\u00eda sobre \u00abun predio rural\u00bb conformado por \u00abunidades agr\u00edcolas familiares\u00bb por lo que deb\u00eda atenderse el ordenamiento jur\u00eddico relativo a la \u00absubdivisi\u00f3n\u00bb de ese tipo de fundos, en concreto, se refiri\u00f3 a la prohibici\u00f3n de fraccionamiento consagrada en la Ley 160 de 1994 concordante con el Decreto 097 de 2006 y la Resoluci\u00f3n n\u00b0 041 de 1996 expedida por la Junta Directiva del instituto Colombiano de Reforma Agraria seg\u00fan la cual \u00abse determinan las extensiones de las unidades agr\u00edcolas familiares\u00bb. <\/p>\n
De all\u00ed, coligi\u00f3 que no era dable decretar la divisi\u00f3n pretendida como quiera que la tal situaci\u00f3n implicaba parcelar la extensi\u00f3n m\u00ednima de las unidades familiares agr\u00edcolas que conformaban el inmueble objeto de la litis. En otras palabras, la adjudicaci\u00f3n de \u00ab[u]na hect\u00e1rea m\u00e1s 4.170 metros cuadrados\u00bb2 perseguida por la accionante, no superaba el n\u00famero de hect\u00e1reas m\u00ednimas que conformaban la unidad agr\u00edcola familiar en el sector donde se ubicaba el inmueble. <\/p>\n
Sobre esa l\u00ednea argumentativa, precis\u00f3 que no era de recibo el argumento de la censora consistente en que el art\u00edculo 27 de la resoluci\u00f3n en comento dispon\u00eda excepciones para proceder al seccionamiento de porciones de terreno inferiores a las extensiones m\u00ednimas y, por tanto, resultaba viable la separaci\u00f3n material. Al respecto se\u00f1al\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no es posible aplicar la excepci\u00f3n contemplada en el Art. 27 de la Resoluci\u00f3n 041 de 1996 como quiera que ello es viable en los procedimientos de negociaci\u00f3n voluntaria de tierras entre campesinos y propietarios y en los de adquisici\u00f3n directa de predios rurales que adelante el INCORA, pues como ya se anot\u00f3 anteriormente se est\u00e1 en un proceso divisorio y no en una negociaci\u00f3n directa\u00bb <\/p>\n
Lo expuesto, pone en evidencia que lo que en realidad existe en el presente asunto es una disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el caso concreto y la hermen\u00e9utica judicial desplegada, lo que torna inviable el ruego en tanto no se puede \u00abimponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (STC10939-2021). <\/p>\n
3. Finalmente, en lo referente a la censura porque el Tribunal no convocara \u00aba audiencia de juzgamiento y fallo\u00bb conforme al \u00abart\u00edculo 327 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb tampoco prospera el amparo como quiera que del expediente objeto de an\u00e1lisis se extra\u00f1a que la censora acudiera de forma primigenia ante el juez natural del asunto a exponer esa inconformidad, situaci\u00f3n que devela el desconocimiento del car\u00e1cter excepcional y subsidiario que caracteriza a este tipo de tr\u00e1mites. <\/p>\n
Con todo, tambi\u00e9n fracasar\u00eda el resguardo si se pasara por alto lo anterior como quiera que la norma invocada por la accionante hace relaci\u00f3n al \u00abtr\u00e1mite de apelaci\u00f3n de sentencias\u00bb, mientras que la providencia que dio lugar a la alzada fue el auto de que trata el inciso final del canon 409 del estatuto procesal civil, seg\u00fan el cual \u00ab[e]l auto que decrete o deniegue la divisi\u00f3n o la venta es apelable\u00bb. En ese orden, ninguna anomal\u00eda susceptible de correcci\u00f3n se avizora sobre el particular. <\/p>\n
4. En suma, por las consideraciones expuestas no queda alternativa distinta a denegar el resguardo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n, resuelve: NEGAR la tutela instada por Ruth Castillo Castillo. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Seg\u00fan acta de reparto. <\/p>\n
2\u0002 Folio 4 del escrito de demanda. <\/p>\n
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