STC7297-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7297-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2022-00977-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del ocho de junio dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el 23 de mayo de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por el Patrimonio Aut\u00f3nomo Torre 33 contra el Juzgado Trece Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el juicio verbal con radicado n\u00b0 2018-00526. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. A trav\u00e9s de apoderado especial, el gestor del amparo cuya vocera es la Fiduciaria Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria, acudi\u00f3 a la presente herramienta para reclamar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, debido proceso, defensa, seguridad jur\u00eddica, igualdad procesal, \u00aby dem\u00e1s derechos conexos y\/o derivados de los anteriores\u00bb, presuntamente conculcados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
2. De la demanda y los medios de convicci\u00f3n obrantes se pueden extractar, como hechos jur\u00eddicamente relevantes, que por auto del 17 de enero de 2019, el Juzgado Trece Civil del Circuito de Bogot\u00e1 admiti\u00f3 la demanda presentada por Automotores Llano Grande S.A. contra Santa Luc\u00eda Inversiones y Proyectos S.A.S., y, la Fiduciaria Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria, en nombre propio y como vocera y administradora de los Patrimonios Aut\u00f3nomos Torre 33 e Inmueble Torre 33, por el incumplimiento del contrato de promesa de compraventa suscrito entre las partes, orden\u00e1ndose inscribir el libelo en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00b0 230-157 mediante prove\u00eddo del 7 de marzo siguiente. <\/p>\n
La parte demandante present\u00f3 acci\u00f3n de tutela contra el despacho cognoscente para que se diera impulso al proceso, protecci\u00f3n que fue desestimada el 30 de marzo del a\u00f1o en curso por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, por carencia actual de objeto por hecho superado, decisi\u00f3n que fue confirmada en sede de impugnaci\u00f3n por esta Corporaci\u00f3n mediante sentencia STC4706-2022 del 20 de abril anterior. <\/p>\n
Mediante prove\u00eddos del 25 de marzo de la presente anualidad, el juez criticado resolvi\u00f3 admitir la reforma de la demanda presentada, no revocar la inscripci\u00f3n del libelo ordenada, y, dar tr\u00e1mite de incidente a la solicitud presentada por la demandada Santa Luc\u00eda Inversiones y Proyectos S.A.S. Aunque \u00e9stos \u00abPOR ERROR INVOLUNTARIO DE LA PERSONA QUE DESANOTA LOS PROCESOS (SALIDAS DEL DESPACHO), fueron subidos al sistema SIGLO XXI al d\u00eda siguiente, esto es el 26 de marzo 2022, inmediatamente se eliminaron del micrositio, dejando la respectiva constancia. <\/p>\n
Posteriormente, con registro de actuaci\u00f3n el 31 de marzo siguiente, las preanotadas decisiones fueron nuevamente subidas al sistema de consulta de la rama judicial, y notificadas en debida forma en estados del 1\u00b0 de abril de la presente anualidad. <\/p>\n
La demandada Fiduciaria Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria en su condici\u00f3n de vocera y administradora del Patrimonio Aut\u00f3nomo Torre 33, aqu\u00ed accionante, el pasado 6 de abril solicit\u00f3 en escritos separados aclaraci\u00f3n y adici\u00f3n de los citados prove\u00eddos, pero por autos del 18 de mayo anterior, lo pedido fue negado por el juez del proceso. <\/p>\n
3. En consecuencia, la parte actora pretende \u00abordenar al Despacho demandado dejar sin efecto las tres (3) providencias clonadas fechadas del 25 de marzo de 2022\u00bb, pues seg\u00fan su criterio, al \u00abdesaparec[er] las tres anotaciones que inicialmente hab\u00eda publicitado\u00bb para lograr la \u00abexpedici\u00f3n de tres nuevas providencias que se notifican por estados el 01 de abril de 2022 (\u2026) se produjo una decisi\u00f3n totalmente opuesta a la anterior (t\u00edpico cambiazo) (\u2026) lo que hace pensar en la existencia de lo que se conoce aut\u00f3nomamente en el derecho procesal constitucional como \u201cERROR INDUCIDO o POR CONSECUENCIA\u201d, como una causal de PROCEDIBILIDAD de la ACCI\u00d3N DE TUTELA\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Automotores Llano Grande S.A. por intermedio de apoderado, solicit\u00f3 denegar el amparo por improcedente, habida cuenta que las providencias criticadas, y que fueron debidamente notificadas el 1\u00b0 de abril del a\u00f1o en curso, no fueron cuestionadas a trav\u00e9s de los recursos ordinarios por la sociedad gestora. Adem\u00e1s, resalt\u00f3 que \u00abNo existen providencias \u201cclonadas\u201d, pues para ello se requerir\u00edan providencias duplicadas, y aqu\u00ed no las hay. Solo existen tres autos, notificados todos el 1 de abril de 2022, en los t\u00e9rminos establecidos en la normatividad procesal. (\u2026) Lo que pretende el quejoso es que las providencias se ajusten a su voluntad y a los intereses de su patrocinador, que se niega a pagar el precio de la compraventa del inmueble\u00bb. <\/p>\n
2. El titular del despacho judicial convocado puso de presente, que si bien inicialmente \u00abpor error involuntario del empleado encargado de desanotar las salidas del proceso del despacho, descarg\u00f3 los autos sin [su] autorizaci\u00f3n, [pues] a\u00fan los estaba revisando, (\u2026) estas providencias no pueden formar parte del proceso, porque no fueron debidamente notificadas a las partes\u00bb. De este modo, agreg\u00f3, \u00ab(\u2026) \u00abno existe la mal llamada clonaci\u00f3n\u00bb, as\u00ed como \u00abtampoco es cierto que coexistan seis (6) providencias, solamente existen tres que fueron debidamente notificadas conforme al art\u00edculo 289 del C\u00f3digo General del Proceso (\u2026) garantizando con ello el derecho a la defensa, al debido proceso, a la contradicci\u00f3n, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, ya que contaban todas las partes del proceso, con un t\u00e9rmino para interponer los recursos consagrados en el ordenamiento procesal civil para tales efectos\u00bb. <\/p>\n
3. El representante legal de Santa Luc\u00eda Inversiones y Proyectos S.A.S. refiri\u00f3 que, \u00abes claro que existen situaciones muy particulares que se encuentran a lo largo del presente proceso, y que ameritan su intervenci\u00f3n como juez constitucional (\u2026) con el aporte de los autos que posteriormente son simplemente eliminados o trasformados sin que dicha actuaci\u00f3n tenga sustento legal para hacerlo\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Deneg\u00f3 el amparo al encontrar que el promotor \u00abno agot\u00f3 la totalidad de los mecanismos ordinarios a su alcance para atacar la decisi\u00f3n que por esta v\u00eda hoy pretende se revise. (\u2026) si de conformidad con el canon 318 del C\u00f3digo General de Proceso, las providencias del 30 de marzo de 2022 (sic), que resolvieron sobre la reforma a la demanda, las medidas cautelares y el incidente de nulidad propuesto eran susceptibles, por lo menos de reposici\u00f3n, y el representante de la Fiduciaria guard\u00f3 silencio dentro del plazo de ejecutoria de los autos del <\/p>\n
31 de marzo de 2022 (sic), no puede concluir esta Sala, cosa distinta a la improcedencia de la queja tuitiva por no haber agotado las v\u00edas ordinarias disponibles, habiendo podido hacerlo para recurrir las decisiones que ahora debate al interior de esta jurisdicci\u00f3n (\u2026) m\u00e1s all\u00e1 de la anomal\u00eda de la inclusi\u00f3n del proceso en el estado del 26 de marzo de 2022 y su posterior retiro sin fijar las providencias en el micrositio web\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el accionante, se\u00f1alando en que \u00abLo irregular inicia cuando el JUZGADO TRECE CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA clona dichas providencias, les cambia el sentido de la decisi\u00f3n, y por v\u00eda de constancia secretarial, dice anularlas, cuando ya \u00e9stas, a pesar de no haber sido notificadas por anotaci\u00f3n en estados, ya hab\u00edan surtido efectos ante la justicia constitucional\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte dilucidar si el operador judicial convocado, lesion\u00f3 las garant\u00edas superiores invocadas por la compa\u00f1\u00eda gestora, dentro de la actuaci\u00f3n 2018-00526, al registrar en el micrositio web de la rama judicial SIGLO XXI tres (3) autos calendados 25 de marzo de 2022, el d\u00eda 31 de ese mismo mes y a\u00f1o y notificarlos por estados del 1\u00b0 de abril siguiente, pese a que por un error involuntario, \u00e9stos hab\u00edan sido subidos e inmediatamente eliminados de dicha plataforma el d\u00eda 26 de marzo anterior. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Por regla general, este mecanismo no procede contra determinaciones jurisdiccionales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable su prosperidad para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los privilegios esenciales, eso s\u00ed, siempre y cuando se hayan agotado todos los medios ordinarios de defensa y se ejerza el resguardo en un plazo prudencial. <\/p>\n
Sobre esto \u00faltimo, ha sido invariable la posici\u00f3n de la jurisprudencia de esta Corte, al se\u00f1alar que los principios esenciales que orientan la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica son la inmediatez y el que a continuaci\u00f3n pasa a desarrollarse. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
El Patrimonio Aut\u00f3nomo Torre 33, cuya vocera es la Fiduciaria Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria, acude al presente mecanismo especial, buscando la protecci\u00f3n de su garant\u00eda fundamental al debido proceso, desde su componente de acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que considera quebrantada con los (3) autos calendados 25 de marzo de 2022, a trav\u00e9s de los cuales el Juzgado Trece Civil del Circuito de Bogot\u00e1 decidi\u00f3: i) \u00abADMITESE la REFORMA DE LA DEMANDA\u00bb presentada por Automotores de Llano Grande S.A., y en consecuencia, \u00abc\u00f3rrase traslado a la parte demandada, de conformidad con [lo] dispuesto en el numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 93 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb; ii) \u00abNO REVOCAR el auto del 7 de marzo de 2019\u00bb, que orden\u00f3 la inscripci\u00f3n del libelo \u00abrespecto del bien distinguido con el folio de matr\u00edcula 230-157 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Villavicencio\u00bb; y, iii) tramitar como incidente la solicitud presentada por la demandada Santa Luc\u00eda Inversiones y Proyectos S.A.S. con base en el \u00abart\u00edculo 86 del C\u00f3digo General del proceso, por presuntas conductas omisivas por parte de la demandante\u00bb, y por ende, \u00abc\u00f3rrase traslado al incidentado AUTOMOTORES LLANO GRANDE S.A. y a las partes por el t\u00e9rmino legal de tres (3) d\u00edas para los fines que estimen pertinentes\u00bb. <\/p>\n
4. El requisito de la subsidiariedad. <\/p>\n
4.1. La procedencia del resguardo se encuentra supeditada al agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa puestos a disposici\u00f3n del interesado, dado el car\u00e1cter eminentemente residual de esta acci\u00f3n, pues de otra manera se convertir\u00eda en un mecanismo para revivir oportunidades clausuradas, lo cual terminar\u00eda cercenando los principios que gobiernan esta herramienta iusfundamental. <\/p>\n
En lo relativo a ese tema, esta Corte ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [S]i [se] incurri\u00f3 en pigricia y [se] desperdici[aron] las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 6 de julio de 2010, Rad. 00241-01; ratificada el 2 de marzo de 2011, Rad. 2010-000380-01.) <\/p>\n
Igualmente ha referido que, <\/p>\n
\u00ab[N]o basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (ver entre otras STC5331-2014; STC5341-2014; STC6001-2014) Resalta la Sala. <\/p>\n
Como se advirti\u00f3, el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del presupuesto de la subsidiariedad, y su inobservancia ocurre no solo cuando a\u00fan existen otras v\u00edas tendientes a solucionar la afectaci\u00f3n a los derechos o las mismas est\u00e1n siguiendo su curso, sino tambi\u00e9n porque se dejan de emplear los medios de defensa ordinarios, lo cual constituye incuria. <\/p>\n
En el caso que se revisa, se configura la segunda modalidad respecto del prove\u00eddo que admiti\u00f3 la reforma de la demanda presentada por la demandante dentro del litigio cuestionado, y, el que dispuso dar tr\u00e1mite de incidente a la solicitud presentada por la demandada Santa Luc\u00eda Inversiones y Proyectos S.A.S., corriendo el respectivo traslado a las partes, puesto que, si bien el inconforme tuvo a su alcance el medio de defensa judicial id\u00f3neo para plantear el debate que expone por esta v\u00eda excepcional, injustificadamente lo desaprovech\u00f3, habida consideraci\u00f3n que al ser enterado en debida forma de esas decisiones en estados del 1\u00b0 de abril de 2022, bien pudo haber hecho uso del recurso de reposici\u00f3n, por virtud de la regla general contenida en el primer inciso del art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso; no obstante, ninguna manifestaci\u00f3n realiz\u00f3, con lo que mostr\u00f3 su aquiescencia con lo resuelto, qued\u00e1ndole as\u00ed cerrada toda posibilidad de acudir con \u00e9xito a la tutela. <\/p>\n
Sobre la idoneidad y eficacia del recurso de reposici\u00f3n, esta Corporaci\u00f3n tiene sentado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Y, no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia (\u2026) (CSJ STC 28 de marzo de 2012, exp. 2012-00050-01, reiterada en STC 8909-2017, 21 jun.). <\/p>\n
Conforme con ello, no puede abrirse paso al resguardo invocado, habida cuenta que la tutela no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar posibilidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que, cuando le es atribuible al interesado la omisi\u00f3n queda inevitablemente vinculado a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propio descuido. <\/p>\n
Valga anotar, que la Sala ha sido enf\u00e1tica en precisar que, \u00absi las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas (\u2026)\u00bb (CSJ, SC, 26 en. 2011, rad. 00027-01, reiterada entre muchas otras en, STC7002-2015, 4 jun. rad 00076-01, STC11348-2015, 27 ag. rad. 00156-01 y STC11856-2015, 4 sep. rad. 00162-01). <\/p>\n
As\u00ed pues, para la Sala la no utilizaci\u00f3n del mecanismo horizontal contra los citados autos, torna inviable la presente acci\u00f3n dado el car\u00e1cter residual y subsidiario que le es inherente en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 6\u00ba, numeral 1\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, sin que sea necesario realizar consideraci\u00f3n adicional sobre el acierto de la decisi\u00f3n cuestionada, pues precisamente para ello se debi\u00f3 hacer uso del referido instrumento defensivo. <\/p>\n
4.2. As\u00ed mismo, al encontrarse dirigida la tutela tambi\u00e9n contra la decisi\u00f3n del 25 de marzo de 2022, de \u00abNO REVOCAR el auto del 7 de marzo de 2019\u00bb que orden\u00f3 la inscripci\u00f3n del libelo \u00abrespecto del bien distinguido con el folio de matr\u00edcula 230-157 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Villavicencio\u00bb, y \u00abCONCEDER el recurso subsidiario de APELACI\u00d3N para ante el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Civil, en el efecto devolutivo\u00bb, el cual est\u00e1 pendiente de ser desatado, no se cumple el presupuesto gen\u00e9rico de la subsidiariedad en la modalidad de prematura. <\/p>\n
En ese sentido, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que: <\/p>\n
\u00aben trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa. Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente ni a\u00fan bajo el pretexto de que la acci\u00f3n de tutela se promueve \u201ccomo fundamento de la inmediatez para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u201d, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley\u00bb (CSJ STC, 22 feb. 2010, rad. 2009-00312-01, citada en STC12818-2021, 29 sep. 2021, rad. 01824-01, entre otras). Se subraya. <\/p>\n
Conforme a lo descrito, mientras est\u00e9 pendiente de definir el asunto por parte del juez ordinario a quien el ordenamiento legal le asign\u00f3 la funci\u00f3n de dirimir la controversia, y no se encuentre incurso en dilaci\u00f3n injustificada que amerite la intervenci\u00f3n del fallador excepcional para obtener pronunciamiento, no es dable que los aspectos cardinales del pedimento sean expuestos para su resoluci\u00f3n en sede constitucional, en tanto: <\/p>\n
\u00abno es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (CSJ STC, 18 mar. 2011, rad. 00171-00, citada entre otras en STC16038-2021, 25 nov. 2021, rad. 00577-01). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La tutela no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar posibilidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos dentro de los procesos judiciales, lo que significa que cuando le es atribuible al interesado la omisi\u00f3n, queda inevitablemente vinculado a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria, as\u00ed como tampoco un mecanismo que permita de manera prematura exigir al juez de tutela un pronunciamiento que le corresponde de manera exclusiva al funcionario competente. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo mediante telegrama o por otro medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC7297-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC7297-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2022-00977-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del ocho de junio dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-64419","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64419","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64419"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64419\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64419"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64419"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64419"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}