STC7298-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7298-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-30-000-2022-00761-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de ocho de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 Vesner Ram\u00edrez Henao contra el Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de las garant\u00edas esenciales de acceso a la justicia, igualdad, entre otras, supuestamente vulneradas por las autoridades convocadas, toda vez que no habr\u00edan dispuesto el retorno a la presencialidad en la prestaci\u00f3n de este servicio p\u00fablico, aspecto que, en su criterio, \u00abno ha sido favorable especialmente para quienes estamos en indefensi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. En tal virtud, se infiere que busca que, a trav\u00e9s de este mecanismo, se disponga la apertura de la totalidad de sedes judiciales para la atenci\u00f3n presencial. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Una magistrada auxiliar de la Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura adujo que \u00abaunque el actor en su escrito se limita a reprochar la no apertura de las sedes judiciales del pa\u00eds, cabe destacar que esta Colegiatura expidi\u00f3 el Acuerdo PCSJA21-11840 del 26 de agosto de 2021, la Circular PCSJC21-18 del 10 de septiembre de 2021 y el Acuerdo PCSJA22-11930 del 2022, que tienen como objetivo principal la apertura f\u00edsica de manera gradual de los despachos judiciales para que, de esta forma, se garantice el derecho fundamental al acceso de los ciudadanos a la administraci\u00f3n de justicia que por diversas circunstancias no pueden consultar sus procesos mediante los aplicativos dispuestos por la Rama Judicial para el efecto, y adicionalmente, garantizar la recepci\u00f3n de los expedientes f\u00edsicos en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 20 ibidem\u00bb. <\/p>\n
Con todo, destac\u00f3 que \u00absi la inconformidad recae exclusivamente sobre la determinaci\u00f3n adoptada en los mentados actos administrativos, la postulaci\u00f3n es improcedente, atendiendo su car\u00e1cter eminentemente subsidiario, como quiera que el legislador previ\u00f3 otros mecanismos expeditos para controvertir esta clase de manifestaciones de voluntad de la administraci\u00f3n. Espec\u00edficamente, por v\u00eda de la acci\u00f3n de nulidad, contenida en el art\u00edculo 137 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo, donde se tiene la garant\u00eda de poder emplear todas las herramientas que la jurisdicci\u00f3n contenciosa avala para postular las controversias que se puedan generar con actos como el cuestionado; entre ellas, la de la suspensi\u00f3n provisional del mismo, a voces del apartado 229 ejusdem\u00bb. <\/p>\n
2. El Presidente del Consejo de Estado explic\u00f3 que \u00abel accionante no manifiesta un hecho concreto que evidencie la vulneraci\u00f3n o amenaza de sus derechos o la ocurrencia de un perjuicio irremediable. No obstante, referente a los hechos de la demanda de tutela, se precisa que con el prop\u00f3sito de prevenir y controlar la propagaci\u00f3n de la enfermedad por Covid-19, el Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social declar\u00f3 la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional en el a\u00f1o 2020, situaci\u00f3n que conllev\u00f3 el cierre temporal de las sedes y que garantiz\u00f3 el acceso a la administraci\u00f3n de justicia a trav\u00e9s de medios virtuales\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, agreg\u00f3 que \u00abel Consejo Superior de la Judicatura, como autoridad que tiene a cargo la gesti\u00f3n administrativa de la Rama Judicial, en atenci\u00f3n a la reglamentaci\u00f3n expedida por el Gobierno Nacional y con el fin de regular los tr\u00e1mites judiciales y administrativos que se adelanten en los despachos judiciales expidi\u00f3, recientemente, el Acuerdo PCSJA22-11930 del 25 de enero de 2022, por medio del cual se adoptaron unas medidas para la prestaci\u00f3n del servicio de administraci\u00f3n de justicia en los despachos judiciales y dependencias administrativas en el territorio nacional. Espec\u00edficamente, se dispuso el retorno a la presencialidad de los servidores judiciales, como m\u00ednimo en un 60 % en cada despacho judicial y\/o dependencia administrativa, que garantice la apertura de todas las sedes judiciales para atender a quienes encuentren barreras de acceso virtual y manifiesten que no cuentan con los medios digitales para acceder a los servicios de la administraci\u00f3n de justicia\u00bb. <\/p>\n
Por ende, concluy\u00f3 que \u00abel Consejo de Estado, en el \u00e1mbito de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, y en cumplimiento de los acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, ha garantizado la atenci\u00f3n presencial y virtual a los usuarios de la administraci\u00f3n de justicia en los servicios judiciales y administrativos que presta a la ciudadan\u00eda. Todo lo expuesto permite concluir que no se ha incurrido en la vulneraci\u00f3n de los derechos que invoca el accionante, toda vez que, se reitera, el acceso a la administraci\u00f3n de justicia est\u00e1 garantizado en la modalidad presencial y virtual\u00bb. <\/p>\n
3. El Presidente de la Corte Suprema de Justicia tambi\u00e9n se opuso a la prosperidad del petitum, porque esta Corporaci\u00f3n \u00abobra como m\u00e1ximo tribunal de la Jurisdicci\u00f3n Ordinaria y sus atribuciones est\u00e1n taxativamente reguladas en el art\u00edculo 235 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, concordante con los art\u00edculos 16 y siguientes de la Ley 270 de 1996\u00bb, por lo que \u00abno es la llamada a regular la administraci\u00f3n general de la Rama Judicial\u00bb. <\/p>\n
De igual forma, recalc\u00f3 que, en todo caso, \u00aben aras de garantizar el derecho de acceso a la administraci\u00f3n de justicia, los ciudadanos que no cuentan con el acceso a las tecnolog\u00edas de informaci\u00f3n y comunicaci\u00f3n en alg\u00fan asunto y tr\u00e1mite requerido, se establecen diferentes mecanismos para acceder excepcionalmente a la prestaci\u00f3n de servicio de manera presencial, lo cual se encuentran regulados por el Consejo Superior de la Judicatura\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Consejo Superior de la Judicatura vulner\u00f3 las prerrogativas reclamadas por el libelista, por no haber dispuesto, a la fecha, el retorno a la presencialidad total en las instalaciones de la Rama Judicial. <\/p>\n
2. De la subsidiariedad de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Jurisprudencialmente se tiene decantado que dicho instrumento, dada su naturaleza excepcional, no fue incorporado al ordenamiento para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas. De ah\u00ed que, mientras subsistan medios regulares de defensa, o los mismos est\u00e9n siguiendo el cauce previsto por el legislador, no sea viable acudir al remedio constitucional previsto en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica (a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable). <\/p>\n
Al efecto, la Sala ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) esta acci\u00f3n p\u00fablica no se erige en mecanismo sustituto o paralelo de los instrumentos o procedimientos ordinarios creados por el legislador, para debatir t\u00f3picos no controvertibles en sede constitucional, pues debido a su finalidad ius fundamental no est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos \u201csino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta afectada o amenazada en una garant\u00eda de rango superior con ocasi\u00f3n de una arbitrariedad jurisdiccional, hubiese carecido o carezca de recursos judiciales para atacarla\u00bb (CSJ STC, 16 jul. 2012, rad. 2012-00997-01, reiterada en STC4972-2019, 24 abr.). <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Revisadas las diligencias, esta Sala precisa que habr\u00e1 de declararse la inviabilidad del resguardo, comoquiera que, verificados los medios de convicci\u00f3n obrantes en el expediente, se colige la pretermisi\u00f3n del criterio de subsidiariedad que viene de comentarse, en tanto que el inconforme decidi\u00f3 acudir directamente al amparo constitucional para plantear sus puntuales requerimientos, sin antes haberlo hecho ante el Consejo Superior de la Judicatura2, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, n\u00f3tese que lo pretendido con este auxilio es que se conmine a todas las autoridades judiciales del pa\u00eds a retornar a la presencialidad \u00abtotal\u00bb en la prestaci\u00f3n del servicio p\u00fablico de la referencia, porque, en criterio del censor, con la implementaci\u00f3n de canales digitales se ha afectado el acceso al sistema judicial de las personas en situaci\u00f3n de vulnerabilidad, de forma considerable. <\/p>\n
No obstante, el libelista no acredit\u00f3 haber formulado esa espec\u00edfica solicitud ante el organismo competente, por ejemplo, a trav\u00e9s del instrumento previsto en el art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n, y dem\u00e1s normas concordantes, esto es, el derecho de petici\u00f3n, en virtud del cual \u00ab[t]oda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de inter\u00e9s general o particular y a obtener pronta resoluci\u00f3n\u00bb, con independencia de su sentido, herramienta que no agot\u00f3. <\/p>\n
3.2. De otra parte, si el motivo de inconformidad se ci\u00f1e a los actos administrativos a trav\u00e9s de los cuales la citada entidad ha dispuesto la organizaci\u00f3n de la Rama Judicial para efectos de la prestaci\u00f3n del servicio \u2013v. gr., Acuerdo PCSJA22-11930 del 2022\u2013, tambi\u00e9n se colige la improcedencia de este ruego por la inobservancia del enunciado presupuesto, comoquiera que su control corresponde, al menos prima facie, a la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa, siempre y cuando se cumplan las exigencias para el efecto. <\/p>\n
Conforme con ello, la existencia de otros mecanismos para plantear lo expuesto en esta sede impide a esta excepcional jurisdicci\u00f3n adentrarse en el estudio de las cuestiones aducidas en el escrito inicial; situaci\u00f3n que refuerza la desestimaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela, en virtud de su car\u00e1cter residual y subsidiario, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 6, numeral 1, del Decreto 2591 de 1991, ya que es deber del interesado agotar los remedios dispuestos en el ordenamiento jur\u00eddico antes de ejercerla. <\/p>\n
3.3. Por \u00faltimo, en lo que respecta a las dem\u00e1s corporaciones denunciadas, no se evidencia que el memorialista haya formulado un reproche concreto frente a aquellas, por lo que, en ese orden, no se advierte la necesidad de hacer un pronunciamiento sobre el particular. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
En consecuencia, se declarar\u00e1 la inviabilidad de la acci\u00f3n constitucional propuesta por Jos\u00e9 Veisner Ram\u00edrez Henao, dada la desatenci\u00f3n de su naturaleza subsidiaria y residual. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por medio expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Lo anterior, en virtud de la remisi\u00f3n que hiciere la Sala Plena de la Corte Constitucional a esta Corporaci\u00f3n, mediante prove\u00eddo de 30 de septiembre de 2021. <\/p>\n
2\u0002 Al respecto, el art\u00edculo 257 de la Constituci\u00f3n \u2013 y dem\u00e1s normas concordantes \u2013 prev\u00e9n que el Consejo Superior de la Judicatura cumplir\u00e1, entre otras, las funciones de \u00abDictar los reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia, los relacionados con la organizaci\u00f3n y funciones internas asignadas a los distintos cargos y la regulaci\u00f3n de los tr\u00e1mites judiciales y administrativos que se adelanten en los despachos judiciales, en los aspectos no previstos por el legislador\u00bb y \u00abProponer proyectos de ley relativos a la administraci\u00f3n de justicia y a los c\u00f3digos sustantivos y procedimentales\u00bb se resalta. <\/p>\n
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STC7298-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC7298-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-30-000-2022-00761-00 (Aprobado en Sala de ocho de junio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 Vesner Ram\u00edrez […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-64420","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64420","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64420"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64420\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64420"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64420"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64420"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}