STC7299-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7299-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-30-000-2022-00457-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de ocho de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 17 de marzo de 20221, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 el Partido Verde Ox\u00edgeno contra el Consejo Nacional Electoral, la Corte Constitucional, la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil, el Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El partido pol\u00edtico accionante, actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales de acceso a la justicia, igualdad \u00abformal\u00bb, participaci\u00f3n en la conformaci\u00f3n, ejercicio y control del poder pol\u00edtico \u2013en la modalidad de ser elegido y \u00abfundar o constituir partidos pol\u00edticos sin limitaci\u00f3n alguna, formar parte de ellos, y difundir sus ideas, y programas en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 1, 3, 40 numeral 3, 107, y 108 de la constituci\u00f3n\u00bb\u2013, entre otras, supuestamente vulneradas por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. Como hechos jur\u00eddicamente relevantes para la definici\u00f3n del sub-lite, refiri\u00f3 los siguientes: <\/p>\n
2.1. El Partido Verde Ox\u00edgeno, fundado en 1998 por Ingrid Betancourt Pulecio \u2013quien funge actualmente como su representante legal transitoria, en virtud de la resoluci\u00f3n n.\u00ba 8805 del 1 de diciembre de 2021 del CNE\u2013, requiere que, en aplicaci\u00f3n del \u00abprincipio de igualdad\u00bb, se le reconozcan las mismas condiciones de participaci\u00f3n pol\u00edtica en relaci\u00f3n con el Partido Comunes, espec\u00edficamente, en lo que respecta a la asignaci\u00f3n de recursos tanto para (i) su funcionamiento, como para (i) la consolidaci\u00f3n de un centro de pensamiento y formaci\u00f3n pol\u00edtica. <\/p>\n
2.2. En ese sentido, trajo a colaci\u00f3n el caso de Salvaci\u00f3n Nacional, movimiento que present\u00f3 solicitud ante el Fondo Nacional de Financiaci\u00f3n Pol\u00edtica del CNE, inquiriendo sobre la asignaci\u00f3n de rubros estatales, frente a lo cual se le indic\u00f3 que \u00abla apropiaci\u00f3n presupuestal destinada para los gastos de funcionamiento de la vigencia 2021 a los Partidos y Movimientos con personer\u00eda Jur\u00eddica fue de $58.285.633.154 m\/cte., y que para la vigencia del a\u00f1o 2022, se debe esperar el incremento del I.P.C., as\u00ed como la apropiaci\u00f3n presupuestal que destine el Gobierno Nacional\u00bb. <\/p>\n
2.3. De lo anterior, el partido inconforme deriv\u00f3 que se \u00abdeja entrever que VERDE OX\u00cdGENO, solo podr\u00e1 acceder a lo estipulado en el numeral 1 de art\u00edculo 17 de la Ley 1475 de 2011, el cual dispone que \u201cEl diez por ciento (10%) se distribuir\u00e1 por partes iguales entre todos los partidos o movimientos pol\u00edticos con personer\u00eda jur\u00eddica\u201d valor que se estima ascender\u00e1 para 2022 a algo m\u00e1s de ($287.542.457), suma que resulta a todas luces precaria para sostener su funcionamiento y divulgaci\u00f3n durante el a\u00f1o 2022\u00bb. <\/p>\n
2.4. Por \u00faltimo, se\u00f1al\u00f3 que, en atenci\u00f3n a la sentencia SU-257 de 2021 de la Corte Constitucional y al Acuerdo Final de Paz, \u00ablas circunstancias de tiempo modo y lugar, para obtener las personer\u00eda jur\u00eddica del PARTIDO POL\u00cdTICO VERDE OX\u00cdGENO, son similares y a trav\u00e9s de v\u00edas de excepciones al igual a las de las FARC (sic) y con la finalidad de no desconocer los preceptos de igualdad que adelante se relacionan se debe \u201camparar el derecho fundamental a fundar o constituir partidos pol\u00edticos, sin limitaci\u00f3n alguna, formar parte de ellos, y difundir sus ideas, y programas en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 1, 3, 40 numeral 3, 107, y 108 de la constituci\u00f3n\u2026\u201d\u00bb. <\/p>\n
3. Con esos fundamentos, pidi\u00f3 \u00abordenar al MINISTERIO DE HACIENDA, al CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, a la REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVL, ordenar el aval y la distribuci\u00f3n de presupuesto a favor del PARTIDO POL\u00cdTICO VERDE OXIGENO por el mismo monto dispuesto en 2018 al MOVIMIENTO POL\u00cdTICO FARC \u2013 PARTIDO COMUNES, para el FUNCIONAMIENTO DEL PARTIDO, y el CENTRO DE PESAMIENTO Y FORMACI\u00d3N POL\u00cdTICA, debidamente actualizados a 2022, puesto que se evidencia una grave y significativa desigualdad formal ante la ley y en las circunstancias de facto en trat\u00e1ndose Comunes y VERDE OXIGENO partidos de creaci\u00f3n reciente y at\u00edpica. Adicionalmente, solicito comedidamente conceder los anticipos y financiaci\u00f3n correspondientes a campa\u00f1a Presidencial\u00bb. <\/p>\n
1. El Consejo Nacional Electoral manifest\u00f3 que \u00abla resoluci\u00f3n citada por la accionante, solo reconoce la personer\u00eda jur\u00eddica, mientras que, lo concerniente a la financiaci\u00f3n estatal, se encuentra en estudio, debido a que las Resoluciones que reconoce tal tipo de financiaci\u00f3n deben surtir un tr\u00e1mite y verificaci\u00f3n de requisitos, establecidos por la Ley y NO HA SIDO EXPEDIDA ni para el Partido Verde Ox\u00edgeno, ni para ninguno de los partidos o movimientos pol\u00edticos, toda vez que se encuentra en proyecci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, agreg\u00f3 que \u00abel acuerdo de paz estableci\u00f3 que el partido que surgiera del mismo deb\u00eda recibir unos recursos particulares para su funcionamiento, que valga rese\u00f1ar, ning\u00fan otro partido o movimiento con personer\u00eda jur\u00eddica en la actualidad los recibe, por tanto, lo que pretende la parte demandante al querer aplicar condiciones de igualdad con las FARC, no tiene sustento\u00bb. <\/p>\n
Por ello, adujo que \u00abse denota una clara confusi\u00f3n de la parte demandante y un desconocimiento sobre lo que pretende y lo que argumenta, pues se fundamenta en jurisprudencia y regulaci\u00f3n de funcionamiento de los partidos y movimiento pol\u00edticos para solicitar la financiaci\u00f3n de anticipos de las campa\u00f1as electorales. En otras palabras, la parte accionante indica que por las condiciones del Partido Verde Ox\u00edgeno se le deben aplicar en igualdad de condiciones los presupuestos para la financiaci\u00f3n estatal de funcionamiento de los partidos y movimiento pol\u00edticos indicados en el art\u00edculo 17 de la Ley 1475 de 2011. (\u2026) Pero su pretensi\u00f3n se refiere a los anticipos de las campa\u00f1as electorales, pues se reitera, una cosa es la financiaci\u00f3n del funcionamiento de las organizaciones pol\u00edticas reconocidas y sobre el cual el accionante se refiere, y otra muy diferente, los anticipos de las campa\u00f1as electorales solicitado en las pretensiones\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, concluy\u00f3 que \u00abfrente al Consejo Nacional Electoral hay inexistencia de una conducta respecto de la cual se pueda efectuar el juicio de vulnerabilidad de los derechos fundamentales, pues la aplicaci\u00f3n de los requisitos del art\u00edculo 17 de la Ley 1475 de 2011 que pretende el demandante, no es una situaci\u00f3n que advierta un da\u00f1o o amenaza de derechos fundamentales, porque no puede pretender que se proteja de una eventual decisi\u00f3n, un hecho futuro e incierto, que no representa un perjuicio irremediable en el presente y que no se conoce a ciencia cierta como se va a resolver sobre la petici\u00f3n que se eleva a esta corporaci\u00f3n para su debida interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. La Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil enfatiz\u00f3 en que \u00abla dependencia del CNE encargada de administrar los recursos para la financiaci\u00f3n pol\u00edtica es el Fondo Nacional de Financiaci\u00f3n Pol\u00edtica, mientras que, previa autorizaci\u00f3n del anticipo por dicha Corporaci\u00f3n, la RNEC es una mera ordenadora del gasto, conforme lo establece el art\u00edculo 38 de la Ley Estatutaria 130 de 1994, que delimita con precisi\u00f3n las competencias sobre este asunto\u00bb, por lo que carece de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
3. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n tambi\u00e9n requiri\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de este asunto, en tanto que \u00abdadas las pretensiones esbozadas en la acci\u00f3n de tutela y el marco de competencia de esta entidad, debe declararse la falta de legitimaci\u00f3n en la causa de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, entidad que, valga aclarar, no ha adelantado actuaci\u00f3n alguna en detrimento de los intereses de la accionante\u00bb. <\/p>\n
4. El Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico arguy\u00f3 que esa entidad \u00abprograma los recursos para el funcionamiento de los partidos y movimiento pol\u00edticos en el presupuesto de la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil, y es la Organizaci\u00f3n Electoral la que tiene la competencia de distribuir esos recursos de acuerdo con su autonom\u00eda enmarcada en el art\u00edculo 110 del Estatuto Org\u00e1nico de Presupuesto. Como se evidencia, en cumplimiento de las normas org\u00e1nicas, en ese proceso, y con base en los anteproyectos de presupuesto que presentan las entidades, le corresponde al Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico – MHCP, asignar los recursos consultando las disponibilidades fiscales existentes, en aplicaci\u00f3n de las normas vigentes y los instrumentos establecidos para el efecto. Y cada una de las entidades, en desarrollo de sus objetivos misionales y la autonom\u00eda presupuestal otorgada por el Estatuto Org\u00e1nico del Presupuesto para ejecutar las apropiaciones presupuestales que se constituyen en autorizaciones m\u00e1ximas de gasto aprobadas por el Legislativo, mediante la Ley Anual de Presupuesto\u00bb. <\/p>\n
5. La Presidencia de la Corte Constitucional precis\u00f3 que \u00abno est\u00e1 legitimada por pasiva, toda vez que ni por acci\u00f3n ni por omisi\u00f3n ha vulnerado los derechos fundamentales alegados por la accionante\u00bb. <\/p>\n
6. La Comisi\u00f3n Nacional de Control Electoral de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n reliev\u00f3 que \u00abel Consejo Nacional Electoral, ser\u00e1 esta Corporaci\u00f3n la encargada de distribuir entre los partidos y movimientos pol\u00edticos con personer\u00eda jur\u00eddica vigente, los recursos estatales destinados para el sostenimiento de los mismos dentro del respectivo periodo anual; ello, de conformidad con el presupuesto que otorgue al Fondo Nacional de Financiaci\u00f3n Pol\u00edtica por parte del Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico. Por tanto, es la Corporaci\u00f3n Electoral la competente, de acuerdo a las funciones constitucionales y legales para manejar y distribuir el fondo cuenta con los recursos de que disponga el Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico de acuerdo con las partidas presupuestales\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n desestim\u00f3 el resguardo, porque \u00aben estricto sentido, el Partido Verde Ox\u00edgeno no ha elevado ning\u00fan tipo de solicitud ante el Consejo Nacional Electoral, como s\u00ed lo han hecho otros, tendiente a formular sus inquietudes sobre la manera en que, ser\u00e1n distribuidos los recursos, el porcentaje que les corresponde y la posibilidad de que, como lo formula en esta acci\u00f3n de tutela, al haber sido su dirigente v\u00edctima del secuestro efectuado por las FARC EP, dicho rubro sea igual al reconocido al movimiento hoy Comunes en el Acuerdo de Paz\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, explic\u00f3 que \u00absimilares argumentos proceden en relaci\u00f3n con la pretensi\u00f3n de, por esta v\u00eda, ordenar el pago de anticipos para el funcionamiento de la campa\u00f1a electoral del Partido Verde Ox\u00edgeno, en la medida [en] que, adem\u00e1s de que frente a esta postulaci\u00f3n no existe un desarrollo en la demanda de tutela, a partir del cual, pueda desprenderse la necesidad de intervenci\u00f3n de juez constitucional, dicho movimiento, no acredit\u00f3 haber presentado alguna petici\u00f3n en tal sentido, ante el Consejo Nacional Electoral\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El apoderado del Partido Verde Ox\u00edgeno recurri\u00f3 la precitada providencia, reiterando los argumentos expuestos en el escrito inicial y agregando que \u00abel juez constitucional no quiso garantizar un derecho que a sabiendas se iba ver vulnerado, como hoy se encuentra el del MOVIMIENTO SALVACI\u00d3N NACIONAL, ya que como se puede evidenciar en los anexos No. 1, y No 2 del presente documento, s\u00ed se hicieron tales solicitudes al CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, se agot\u00f3 la supuesta v\u00eda que se deb\u00eda agotar para la garant\u00eda de los derechos aqu\u00ed vulnerados, sin embargo, la respuesta del no modifica en ning\u00fan modo la vulneraci\u00f3n y transgresi\u00f3n que hoy se contempla, frente a los partidos que se les entrego nuevamente personer\u00eda jur\u00eddica pero no las herramientas para subsistir en medio de una democracia participativa, donde es necesario de las campa\u00f1as, y la destinaci\u00f3n especial de recursos para poder trasmitir sus ideales al electorado\u00bb. <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Consejo Nacional Electoral vulner\u00f3 las prerrogativas reclamadas por el Partido Pol\u00edtico Verde Ox\u00edgeno, por, supuestamente, no realizar la asignaci\u00f3n de recursos de financiaci\u00f3n de forma apropiada y en condiciones de igualdad frente al Partido Pol\u00edtico Comunes, pese a que su situaci\u00f3n ser\u00eda equiparable. <\/p>\n
2. De la subsidiariedad de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Jurisprudencialmente se tiene decantado que dicho instrumento, dada su naturaleza excepcional, no fue incorporado al ordenamiento para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas. De ah\u00ed que, mientras subsistan medios regulares de defensa, o los mismos est\u00e9n siguiendo el cauce previsto por el legislador, no sea viable acudir al remedio constitucional previsto en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica (a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable). <\/p>\n
Al efecto, la Sala ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) esta acci\u00f3n p\u00fablica no se erige en mecanismo sustituto o paralelo de los instrumentos o procedimientos ordinarios creados por el legislador, para debatir t\u00f3picos no controvertibles en sede constitucional, pues debido a su finalidad ius fundamental no est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos \u201csino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta afectada o amenazada en una garant\u00eda de rango superior con ocasi\u00f3n de una arbitrariedad jurisdiccional, hubiese carecido o carezca de recursos judiciales para atacarla\u00bb (CSJ STC, 16 jul. 2012, rad. 2012-00997-01, reiterada en STC4972-2019, 24 abr.). <\/p>\n
Bajo esta perspectiva, la acci\u00f3n de tutela no es, por v\u00eda general, el escenario id\u00f3neo para controvertir actuaciones administrativas, puesto que para ello el legislador previ\u00f3 diversas acciones ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, salvo aquellos eventos en los que el auxilio constitucional tenga cabida como mecanismo transitorio, lo cual impone verificar, con suficiencia, que los medios ordinarios de defensa no resultan eficaces. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
Revisadas las diligencias, esta Sala precisa que habr\u00e1 de ratificarse la inviabilidad del resguardo, comoquiera que, verificados los informes y los medios de convicci\u00f3n obrantes en el expediente, deviene di\u00e1fana la pretermisi\u00f3n del criterio de subsidiariedad que viene de comentarse, en tanto que el Partido Verde Ox\u00edgeno, aqu\u00ed inconforme, decidi\u00f3 acudir directamente al amparo constitucional para plantear sus puntuales requerimientos, sin antes haberlo hecho ante la autoridad denunciada, como pasa a explicarse. <\/p>\n
3.1. En efecto, n\u00f3tese que la pretensi\u00f3n principal de este auxilio consiste en que se conmine al Consejo Nacional Electoral a \u00abordenar el aval y la distribuci\u00f3n de presupuesto\u00bb en favor del partido agenciado, en las mismas condiciones \u00abdispuestas para el Movimiento Pol\u00edtico FARC- Partido Comunes\u00bb, para garantizar el funcionamiento institucional y la promoci\u00f3n del Centro de Pensamiento y Formaci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
No obstante, el apoderado del ente libelista no acredit\u00f3 haber formulado esa puntual solicitud ante la entidad querellada para que, en el marco de sus competencias constitucionales y legales, resolviera sobre el particular; pues, aunque en el memorial de impugnaci\u00f3n se reproch\u00f3 que en el primer grado se hubiese enfatizado en esa omisi\u00f3n \u2013para lo cual se aportaron algunos fragmentos de una petici\u00f3n y de la respuesta que se habr\u00eda dictado sobre el particular\u2013, lo cierto es que lo all\u00ed pedido no se acompasa con el petitum de esta tramitaci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior, toda vez que en ese documento se requiri\u00f3 expresamente \u00abexpedir el certificado del valor legalmente adscrito por gastos de funcionamiento al [P]artido Verde Ox\u00edgeno \u2013 PVO, se\u00f1alando cu\u00e1nto le corresponder\u00eda espec\u00edficamente para el a\u00f1o 2022 e indicando que estos recursos no se encuentran pignorados para dicha vigencia\u00bb, mientras que, en este auxilio, se pretendi\u00f3 la equiparaci\u00f3n presupuestal, espec\u00edficamente, frente al Partido Comunes, lo que, se itera, no acredit\u00f3 haber expuesto ante la autoridad respectiva, desatendiendo el car\u00e1cter residual de esta acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Incluso, esa circunstancia se afianza con la respuesta suministrada por la referida entidad en el curso del sub ex\u00e1mine, en la cual se enfatiz\u00f3 en que: \u00ablo concerniente a la financiaci\u00f3n estatal, se encuentra en estudio, debido a que las Resoluciones que reconoce tal tipo de financiaci\u00f3n deben surtir un tr\u00e1mite y verificaci\u00f3n de requisitos, establecidos por la Ley y NO HA SIDO EXPEDIDA ni para el Partido Verde Ox\u00edgeno, ni para ninguno de los partidos o movimientos pol\u00edticos, toda vez que se encuentra en proyecci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Esto, aunado a que \u00abfrente al Consejo Nacional Electoral hay inexistencia de una conducta respecto de la cual se pueda efectuar el juicio de vulnerabilidad de los derechos fundamentales, pues la aplicaci\u00f3n de los requisitos del art\u00edculo 17 de la Ley 1475 de 2011 que pretende el demandante, no es una situaci\u00f3n que advierta un da\u00f1o o amenaza de derechos fundamentales, porque no puede pretender que se proteja de una eventual decisi\u00f3n, un hecho futuro e incierto, que no representa un perjuicio irremediable en el presente y que no se conoce a ciencia cierta como se va a resolver\u00bb. <\/p>\n
3.2. Ahora bien, si existen eventuales inconformidades frente a lo dispuesto en las diversas resoluciones expedidas por el Consejo Nacional Electoral y\/o las dem\u00e1s entidades, advierte la Corte que tambi\u00e9n se soslaya el enunciado presupuesto, comoquiera que el control de dichos actos administrativos corresponde, al menos prima facie, a la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa. En ese orden, el partido pol\u00edtico inconforme cuenta con otros medios de defensa para debatir lo atinente a la legalidad de las citadas actuaciones, siempre y cuando cumpla con los requisitos de la v\u00eda pertinente \u2013v. gr., t\u00e9rmino de caducidad\u2013. <\/p>\n
Conforme con ello, la existencia de otros mecanismos para plantear las supuestas irregularidades expuestas en esta sede impide a esta excepcional jurisdicci\u00f3n adentrarse en el estudio de las dem\u00e1s cuestiones aducidas en el escrito inicial; situaci\u00f3n que refuerza la inviabilidad de la acci\u00f3n de tutela, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 6, numeral 1, del Decreto 2591 de 1991, ya que es deber del partido interesado agotar los remedios dispuestos en el ordenamiento jur\u00eddico antes de ejercerla. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se confirmar\u00e1 la desestimaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela promovida por el Partido Verde Ox\u00edgeno, en tanto que desatiende el car\u00e1cter subsidiario de este mecanismo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El expediente ingres\u00f3 a este despacho el pasado 19 de mayo de 2022, de conformidad con la informaci\u00f3n consignada en el acta de reparto. <\/p>\n
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STC7299-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC7299-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-30-000-2022-00457-01 (Aprobado en Sala de ocho de junio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 17 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-64421","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64421","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64421"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64421\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64421"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64421"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64421"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}