STC7301-2022<\/p>\n
F <\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7301-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-10-000-2022-00303-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
De conformidad con el Acuerdo n\u00b0 034 de esta Corporaci\u00f3n y en aras de cumplir los mandatos que propenden por la protecci\u00f3n de la intimidad y bienestar de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, en esta providencia paralela los nombres de las partes involucradas en el presente asunto ser\u00e1n reemplazados por otros ficticios a fin de evitar la divulgaci\u00f3n real de sus datos. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.El libelista suplica se revoque la providencia que impuso medida de protecci\u00f3n en su contra (17 ago. 2021 – confirmada el 21 feb. 2022) y, en su lugar, se profiera una nueva que valore las pruebas en debida forma. <\/p>\n
En sustento adujo que la progenitora de sus hijos promovi\u00f3 solicitud de medida de protecci\u00f3n por violencia intrafamiliar en su contra, que en primer lugar fue negada al no haberse acreditado los hechos denunciados. <\/p>\n
No obstante, la denunciante interpuso tutela contra dicha decisi\u00f3n y luego de decretarse la nulidad en todo lo actuado en dicho tr\u00e1mite constitucional, la decisi\u00f3n cuestionada fue revocada; al desatar la impugnaci\u00f3n, el Juzgado 46 civil del Circuito de Bogot\u00e1 (11 ago. 2021), exhort\u00f3 a la Comisaria de Familia para que atendiera con mayor diligencia las medidas de protecci\u00f3n a su cargo y brindara un adecuado acompa\u00f1amiento a la accionante, por lo que adem\u00e1s de conceder la medida de protecci\u00f3n, la entidad orden\u00f3 el desalojo por parte del actor de la vivienda donde conviv\u00eda con su c\u00f3nyuge y sus hijos (17 ago. 2021). Esta providencia fue objeto de recurso ante el Juzgado 17 de Familia de Bogot\u00e1, el cual confirm\u00f3 la alzada. <\/p>\n
Al respecto, el actor present\u00f3 varias quejas: i. El despacho constitucional no apreci\u00f3 las pruebas adosadas al plenario y no se pronunci\u00f3 sobre las irregularidades procesales presentadas; ii. Las autoridades convocadas no estudiaron de fondo el caso, sino que simplemente se enfocaron en explicar el enfoque de g\u00e9nero aplicado iii. Se obvi\u00f3 que la denunciante present\u00f3 denuncia por los mismos hechos en dos ocasiones, pero en una de ellas indic\u00f3 que era v\u00edctima de violencia f\u00edsica y en la otra no. iv. La v\u00edctima manifest\u00f3 no necesitar de un refugio por contar con una red de apoyo; adem\u00e1s es abogada, por lo que deduce que esta no est\u00e1 en estado de vulnerabilidad y concluye que la orden de desalojo no fue producto de un estudio diligente de los hechos. v. La denuncia por violencia intrafamiliar fue archivada por la Fiscal\u00eda por falta de pruebas. vi. El informe Pericial de Cl\u00ednica Forense practicado al hijo del gestor y la entrevista rendida por este ante la Comisaria de Familia no fueron analizadas de manera juiciosa, pues dan cuenta de que este no era v\u00edctima de violencia f\u00edsica y de que su padre realizaba labores del hogar. vii. No se tuvo en cuenta que se impuso medida de protecci\u00f3n contra la denunciante (30 may. 2019) por actos de violencia ejercidos contra el gestor y su hijo. viii. Contra la decisi\u00f3n emitida por la Comisar\u00eda el 4 de julio de 2019 no se presentaron recursos. ix. No existen pruebas para cubrir con la medida a su hija, pues frente a ella simplemente se asegur\u00f3 que estaba en terapia de lenguaje. x. El juzgado que resolvi\u00f3 la apelaci\u00f3n de la medida de protecci\u00f3n debi\u00f3 declararse impedido, porque a su juicio se deb\u00eda hacer un nuevo reparto al tratarse de decisiones muy diferentes. <\/p>\n
2.- El juzgado accionado y la Comisar\u00eda Primera de Familia de Usaqu\u00e9n II defendieron la legalidad de sus actos. <\/p>\n
3.- El a quo desestim\u00f3 el resguardo tras considerar razonable la decisi\u00f3n cuestionada. <\/p>\n
4.- El quejoso impugn\u00f3 ese desenlace e insisti\u00f3 en los motivos expuestos en el escrito introductorio, aleg\u00f3 que no es cierto que las grabaciones de seguridad de la copropiedad hayan sido aportadas al expediente. Posteriormente aport\u00f3 pruebas documentales correspondientes a las solicitudes de protecci\u00f3n presentadas por la progenitora de sus hijos, donde resalta las contradicciones en las que incurre la citada. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El veredicto opugnado debe ratificarse porque el auxilio constitucional incoado por Cristian Gonz\u00e1lez Ni\u00f1o es improcedente, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En primer lugar, se advierte que el actor se queja del veredicto emitido en un tr\u00e1mite de igual naturaleza a \u00e9ste, por considerar que el juez constitucional apreci\u00f3 indebidamente la situaci\u00f3n f\u00e1ctica y las probanzas sometidas a su conocimiento; no obstante, se advierte que el contexto descrito por el impulsor no encuadra en las excepciones que habilitan el ejercicio de la tutela contra otra acci\u00f3n de su misma naturaleza, esto es, falta de notificaci\u00f3n, indebida integraci\u00f3n del contradictorio o \u00abcosa juzgada fraudulenta\u00bb,1 por lo que de tajo resulta inadmisible estudiar los reproches enarbolados contra la sentencia de tutela tra\u00edda a colaci\u00f3n, cuyo desenlace es inmune a cualquier consideraci\u00f3n en esta senda extraordinaria por consistir en divergencias particulares ajenas a la esencia de las causales referenciadas. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, si bien el resultado objetado no fue sometido a revisi\u00f3n por parte de la Corte Constitucional2, el libelista tiene la posibilidad de insistir ante esa Corporaci\u00f3n a efecto de procurar la \u00abrevisi\u00f3n del fallo\u00bb, escenario donde puede alegar los desafueros que asegura ocurrieron en esa determinaci\u00f3n adversa.3 Dicha circunstancia impide tambi\u00e9n a esta Colegiatura evaluar anticipadamente las secuelas del procedimiento seguido por los jueces de instancia. De modo que es inviable el an\u00e1lisis de fondo del reclamo supralegal por no concurrir alguno de los supuestos de procedencia que el precedente ha decantado, es decir, que \u00abno exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n\u00bb (Sentencia SU-627 de 2015). <\/p>\n
De manera que, como el reproche del accionante se dirige a cuestionar la forma como una providencia dictada dio cumplimiento a esa orden tutelar, lo cierto es que existen mecanismos procesales dise\u00f1ados para tal fin, como el tr\u00e1mite de cumplimiento o el incidente de desacato previstos en el art\u00edculo 27 del Decreto 2591 de 1991 (STC6200-2022, STC3543-2022), instrumentos que, de acuerdo con el expediente remitido, no se han utilizado para cuestionar lo respectivo. <\/p>\n
En efecto, esta corporaci\u00f3n tiene decantado que la acci\u00f3n de tutela no puede utilizarse para auscultar los procesos judiciales en m\u00faltiples ocasiones, ya que eso ir\u00eda en contra del car\u00e1cter excepcional que gobierna esta materia, as\u00ed como atentar\u00eda contra la presunci\u00f3n de acierto y legalidad que toda providencia encubre, como tambi\u00e9n \u00abde permitirlo la contienda no fenecer\u00eda y, de contera, se genera inseguridad jur\u00eddica al abrirle la puerta a un espiral infinito de \u00abacciones\u00bb de la misma naturaleza que tornar\u00eda eterno el esclarecimiento del conflicto\u00bb (STC9449-2018), lo que conculcar\u00eda la \u00abtutela judicial efectiva\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, frente a los reparos concernientes al impedimento del Juzgado 17 del Circuito para resolver la alzada de la medida provisional, si bien prima facie la Sala no advierte afrenta alguna al deber de imparcialidad del fallador, es claro que si el querellante est\u00e1 persuadido de lo contrario, tiene a su alcance, \u00aben cualquier momento del proceso, de la ejecuci\u00f3n de la sentencia, de la complementaci\u00f3n de la condena en concreto o de la actuaci\u00f3n para practicar pruebas o medidas cautelares extraprocesales\u00bb, la posibilidad de proponer recusaci\u00f3n \u00abante el juez del conocimiento\u2026, con expresi\u00f3n de la causal alegada, de los hechos en que se fundamente y de las pruebas que se pretenda hacer valer\u00bb (arts. 142 y 243 del C\u00f3digo General del Proceso), teniendo como sustento alguno de los motivos de impedimento contemplados en el canon 141 ejusdem, a lo cual no puede anteponerse este mecanismo extraordinario. <\/p>\n
Por lo expuesto, no queda alternativa distinta a confirmar la denegaci\u00f3n del resguardo por las razones aqu\u00ed expuestas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y en tiempo rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 CSJ STC4314-2018, CSJ STC9088-2019, CSJ STC868-2021, CSJ STC2841-2021 <\/p>\n
2\u0002 Circunstancia que pudo constatarse al revisar de la p\u00e1gina de la Corte Constitucional, bajo el radicado T8450877: Corte Constitucional de Colombia <\/p>\n
3\u0002 (Art\u00edculo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992), (STC 7 nov. 2012, exp. 20141-00, reiterado en CSJ STC868-2021). <\/p>\n
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