STC7308-2022<\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 73001-22-13-000-2022-00115-01 <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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STC7308-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 73001-22-13-000-2022-00115-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
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Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
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Se dirime la impugnaci\u00f3n del veredicto de 22 de abril de 2022 dictado por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, en la salvaguarda de Rommel Alexander Ortiz contra Leticia Pedraza Murcia, los Juzgados Primero Civil Municipal y Civil del Circuito de Chaparral, Tolima, y dem\u00e1s part\u00edcipes en la radicaci\u00f3n No. 2012-00018-00. <\/p>\n
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ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. El actor exigi\u00f3 se revoque la decisi\u00f3n del 11 de octubre de 2012 proferida por el Juzgado Primero Civil Municipal de Chaparral, con la que resolvi\u00f3 en favor de Leticia Pedraza Murcia el saneamiento de la titulaci\u00f3n sobre el bien inmueble con matr\u00edcula inmobiliaria No. 355-49008, ubicado en la carrera 10 No. 11-37 del mismo municipio, sin estimar que el predio contaba desde 1985 con un folio de registro en favor de su abuela Isabel Murcia. Consecuentemente, requiri\u00f3 se investigue lo sucedido en la acci\u00f3n de tutela promovida por su padre Jos\u00e9 Romel Ortiz Murcia el 27 de mayo de 2013 y conocida por el Juzgado Civil del Circuito del Chaparral al no encontrar el fallo. <\/p>\n
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En respaldo sostuvo ser el nieto de la se\u00f1ora Isabel Murcia, quien en vida tramit\u00f3 demanda de pertenencia ante el Juez Segundo Civil Municipal de Chaparral, Tolima, donde le reconocieron el derecho de posesi\u00f3n que ostent\u00f3 en el inmueble ubicado en la carrera 10 No. 11-31 de la misma localidad, constituy\u00e9ndose con ello el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 355-13410 el 27 de julio de 1985. Indic\u00f3, que el Juzgado Primero Civil Municipal en el proceso No. 2012- 00018 accedi\u00f3 a las pretensiones de Leticia Pedraza Murcia sobre el saneamiento de titulaci\u00f3n del inmueble ubicado en la misma direcci\u00f3n al de su familiar, por lo que se cre\u00f3 una doble foliatura, lo que considera il\u00edcito. <\/p>\n
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2. El Juzgado Primero Civil Municipal de Chaparral defendi\u00f3 su actuaci\u00f3n. El juzgado Civil del Circuito sostuvo que conoci\u00f3 la acci\u00f3n de tutela de Jos\u00e9 Romel Ortiz Murcia, pero la rechaz\u00f3 en tanto no fue subsanada; circunstancia que ya le fue informada al actor. <\/p>\n
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3. El a quo desestim\u00f3 el amparo por improcedente el amparo al no superarse el presupuesto de la inmediatez. <\/p>\n
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4. El gestor impugn\u00f3 con base en los mismos asertos iniciales e indic\u00f3 que no cuentan con recursos econ\u00f3micos para ser asesorado por un abogado y as\u00ed iniciar las acciones pertinentes a fin de reclamar sus derechos, por lo que solicita al despacho lo instruya sobre las actuaciones a realizar. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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Efectuado el an\u00e1lisis pertinente a los argumentos de la queja constitucional y a las piezas procesales allegadas, la Sala encuentra que la sentencia desestimatoria de primera instancia ser\u00e1 respaldada, comoquiera que la salvaguarda implorada no alcanza a superar el presupuesto gen\u00e9rico de la inmediatez para la protecci\u00f3n invocada. <\/p>\n
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Ciertamente, el reclamo tra\u00eddo a discusi\u00f3n en esta oportunidad no atiende el postulado de procedencia, en la medida en que la inconformidad del accionante surge contra la sentencia (12 oct. 2012) en el proceso declarativo adelantado por el Juzgado Primero Civil de Chaparral y el tr\u00e1mite en la acci\u00f3n de tutela radicada en el a\u00f1o 2013 por su progenitor, los cuales se advierte que entre la \u00e9poca de los veredictos y la radicaci\u00f3n de este auxilio (6 abril 2022) se super\u00f3 el t\u00e9rmino de seis meses que la jurisprudencia constitucional ha establecido como razonable para la interposici\u00f3n de este mecanismo excepcional, situaci\u00f3n que evidencia la ausencia de inmediatez y la improcedencia de la acci\u00f3n. <\/p>\n
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Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que: <\/p>\n
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En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
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Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr. 2009, rad. 00624-00, citada entre otras muchas en STC13830-2019, 10 oct. 2019, rad. 03168-00). <\/p>\n
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Ahora, los motivos expuestos en la impugnaci\u00f3n no mutan ese panorama, ya que para los ciudadanos que no cuentan con los recursos econ\u00f3micos necesarios el Estado e instituciones privadas brindan asesor\u00edas gratuitas, as\u00ed como acompa\u00f1amientos en tr\u00e1mites y procesos judiciales. De modo que deber\u00e1 acudir a la Defensor\u00eda del Pueblo para que le sea asignado un abogado de oficio, o a los consultorios jur\u00eddicos gratuitos para ser asesorado. Lo anterior, porque la acci\u00f3n de tutela no tiene como prop\u00f3sito suplir ninguna de esas dos eventualidades. <\/p>\n
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Conforme a lo discurrido, toda vez que la tutela implorada no satisface el presupuesto de la inmediatez, y para tal omisi\u00f3n no se avizora que el actor haya acreditado un v\u00e1lido motivo de exculpaci\u00f3n, ni que est\u00e9n dadas las condiciones para su procedencia como mecanismo transitorio, se impone respaldar el fallo desestimatorio. <\/p>\n
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DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve: CONFIRMAR el pronunciamiento de naturaleza, procedencia y fecha conocidas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
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NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
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HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
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MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
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LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
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OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
3 <\/p>\n
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