STC7318-2022<\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-00386-01 <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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STC7318-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-00386-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
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Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
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Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 Mar\u00eda Mercedes Torres Mar\u00edn frente al fallo de 10 de marzo de 20221, dictado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la acci\u00f3n de tutela promovida por la recurrente contra la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, con vinculaci\u00f3n de las autoridades, partes e intervinientes en el juicio n\u00b0 05001-3105-001-2016-0136-00. <\/p>\n
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ANTECEDENTES <\/p>\n
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1.- La convocante solicit\u00f3, en s\u00edntesis, dejar sin efecto la sentencia del 19 de octubre de 2021, y en su lugar, se dicte una nueva que acoja la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa para la \u00abpensi\u00f3n de sobrevivientes\u00bb o el amparo por invalidez (ley 860 de 2003). <\/p>\n
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Tal pedimento fue sustentado, en lo medular, que el 2 de octubre de 2015, falleci\u00f3 su hijo Yulder Arley Torres Mar\u00edn, quien no dej\u00f3 descendientes y se encontraba afiliado al r\u00e9gimen de ahorro individual con solidaridad en el Fondo de Pensiones Porvenir S.A., con 28 semanas cotizadas. Se\u00f1al\u00f3 que instaur\u00f3 demanda ordinaria laboral para que se le reconociera la pensi\u00f3n de sobrevivientes en virtud del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa o extensi\u00f3n a la figura jur\u00eddica de la pensi\u00f3n por invalidez, lo que no fue atendido en ambas instancias. <\/p>\n
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Interpuso recurso de casaci\u00f3n, pero la Corte decidi\u00f3 no casar la sentencia, en raz\u00f3n a que no se satisfacen los requisitos del art\u00edculo 12 de la Ley 797 de 2003, como tampoco era procedente aplicar el marco jur\u00eddico que rige la pensi\u00f3n de invalidez, pues se trata de prestaciones econ\u00f3micas diferente. <\/p>\n
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2.- La Sala de Casaci\u00f3n accionada solicit\u00f3 se negara la acci\u00f3n constitucional al haber resuelto bajo el amparo de la ley. La Sala Laboral del Tribunal de Bogot\u00e1 D.C. defendi\u00f3 la legalidad de lo actuado. La directora de Acciones Constitucionales de Porvenir S.A. deprec\u00f3 la improcedencia del ruego. <\/p>\n
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3.- El a quo neg\u00f3 el amparo por encontrar razonable lo resuelto por la hom\u00f3loga laboral. <\/p>\n
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4.- La libelista se alz\u00f3 fincada en alegaciones semejantes a las planteadas en el escrito inaugural. <\/p>\n
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CONSIDERACIONES <\/p>\n
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El desenlace debe ser convalidado, porque no se advierte la configuraci\u00f3n de alguna v\u00eda de hecho y menos el agravio a prerrogativas fundamentales, que habilite la intervenci\u00f3n de esta justicia especial. <\/p>\n
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Revisada la providencia SL4788-2021 de 19 de octubre de 2021, con la que culmin\u00f3 el proceso ordinario laboral adelantado por Mar\u00eda Mercedes Torres Mar\u00edn, se avizora, que la colegiatura al estudiar los cargos formulados por la aqu\u00ed accionante, tuvo en cuenta el marco normativo que regula el tema, las pruebas aportadas y la jurisprudencia emitida por ese \u00f3rgano judicial, respecto del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, y por ello concluy\u00f3 la improcedencia de acceder a la concesi\u00f3n de la pensi\u00f3n de sobrevivientes regulada en la ley 797 de 2003, en tanto no se cumpli\u00f3 con el m\u00ednimo de semanas cotizadas por el afiliado, como tampoco, procede aplicar el par\u00e1grafo 1 del art\u00edculo 1 de la Ley 860 de 2003, al ser una disposici\u00f3n normativa propia de la pensi\u00f3n de invalidez. <\/p>\n
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En efecto, esa colegiatura al desatar los cargos propugnados por la precursora, en torno al reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes a la luz del principio implorado y lo dispuesto en el art\u00edculo 1 Ley 860 de 2003, expres\u00f3: <\/p>\n
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\u00abPara la Sala, el Tribunal no incurre en yerro jur\u00eddico alguno, pues analiza lo pretendido con la ley pertinente; adem\u00e1s, estamos ante un caso de pensi\u00f3n de sobrevivientes, en el que se solicita la aplicaci\u00f3n de una norma propia de la de invalidez, por lo que indefectiblemente se concluye que no es la llamada a resolver la controversia. Como consecuencia de lo advertido, no puede imput\u00e1rsele al colegiado de instancia la infracci\u00f3n directa de una disposici\u00f3n que no est\u00e1 llamada a resolver el objeto del litigio, porque simplemente en este asunto no produce efectos. <\/p>\n
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Tal como lo ha precisado de manera reiterada esta Corporaci\u00f3n, la norma aplicable para establecer el cumplimiento de los requisitos para el reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes es la que regula la respectiva prestaci\u00f3n que se encuentre vigente en la fecha de la muerte, en este caso, el art\u00edculo 12 de la Ley 797 de 2003, y, excepcionalmente, cuando el afiliado fallecido no complet\u00f3 las exigencias all\u00ed previstos, en virtud del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, se aplica la inmediatamente anterior, siempre que se cumplan las exigencias y reglas que para ello han sido desarrolladas por la jurisprudencia (CSJ SL4650-2017), lo que se acompasa con el raciocinio jur\u00eddico del ad quem.\u00bb <\/p>\n
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Seguidamente, la Corte record\u00f3 pronunciamientos anteriores y precis\u00f3 que fue desacertada la interpretaci\u00f3n de la impugnante respecto de la postura de esa corporaci\u00f3n donde aplic\u00f3 la regla jur\u00eddica de la pensi\u00f3n de invalidez, en la exegesis del par\u00e1grafo 1 del art\u00edculo 12 de la ley 797 de 2003: <\/p>\n
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\u00abAhora, lo que hizo esta Sala en la sentencia CSJ SL942-2018, que rememor\u00f3 la CSJ SL, 2 ag. 2011, rad. 39766, referidas por la censura en la demostraci\u00f3n, fue extraer una regla jur\u00eddica aplicable a la pensi\u00f3n de invalidez, en la interpretaci\u00f3n del par\u00e1grafo 1 del art\u00edculo 12 de la Ley 797 de 2003, consistente en que \u00ab[\u2026] el afiliado al R\u00e9gimen de Prima Media con Prestaci\u00f3n Definida que ha cotizado el n\u00famero de semanas suficiente para acceder a la pensi\u00f3n por vejez, que es aquella para cuya causaci\u00f3n se requiere una mayor densidad de cotizaciones, consolida el derecho a prestaciones previstas para otros riesgos y contingencias, para cuya causaci\u00f3n se exija una densidad de cotizaciones inferior, como lo es la pensi\u00f3n de invalidez\u00bb. Advirtiendo, acto seguido, que tal criterio \u00ab[\u2026] no afecta la sostenibilidad financiera del sistema, como que los aportes efectuados, como se dijo, son suficientes para financiar el reconocimiento de la prestaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
Entonces, no resulta acertada la aseveraci\u00f3n efectuada por el recurrente, en cuanto a que esta Corporaci\u00f3n ha dado aplicaci\u00f3n a lo dispuesto en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 12 de la Ley 797 de 2003, trat\u00e1ndose de las pensiones de invalidez, para pretender que en igual medida se d\u00e9 aplicaci\u00f3n a lo dispuesto para estas, en el par\u00e1grafo 1 del art\u00edculo 1 de la Ley 860 de 2003, a una pensi\u00f3n de sobrevivientes. <\/p>\n
<\/p>\n
Lo anterior toda vez que, como ya se advirti\u00f3, lo reiterado por esta Sala desde la sentencia CSJ SL, 2 ag. 2011, rad. 39766, es la existencia de una regla jur\u00eddica que se extrae de la norma que regula la pensi\u00f3n de sobrevivientes; que dicha pauta es aplicable a la de invalidez, por la raz\u00f3n fundamental en que se soporta, y es que, encontr\u00e1ndose satisfecha la mayor densidad de cotizaciones exigidas en el sistema pensional, que lo son para la prestaci\u00f3n de vejez, se consolida el derecho a las prestaciones previstas para otras contingencias.\u00bb <\/p>\n
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Luego, cit\u00f3 las sentencias CSJ SL1889-2020 reiterada en la CSJ SL2538, destacando: \u00abPor \u00faltimo, la sentencia C-020 del 2015, que condicion\u00f3 la exequibilidad del par\u00e1grafo 1 del art\u00edculo 1 de la Ley 860 de 2003, en la que se reformaron algunas disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993, en el entendido de que la prestaci\u00f3n de invalidez all\u00ed contemplada se aplique, en cuanto sea m\u00e1s favorable, a toda la poblaci\u00f3n joven –la cual puede entonces acceder a la pensi\u00f3n si adem\u00e1s de cumplir los restantes requisitos tiene 26 semanas de cotizaci\u00f3n en el a\u00f1o inmediatamente anterior a la estructuraci\u00f3n de la invalidez o a su declaratoria–, aplica \u00fanicamente en trat\u00e1ndose de pensiones de invalidez como acertadamente lo estableci\u00f3 el Tribunal, por manera que no puede ser sost\u00e9n de la pretensi\u00f3n pensional de la actora con el simple pretexto de que la norma invocada hubiere previsto el reconocimiento del derecho con la exigencia, entre otras, de contar con 26 semanas de cotizaci\u00f3n, pues de verse as\u00ed f\u00e1cilmente se llegar\u00eda a la conclusi\u00f3n de que siempre procede, pues no hay norma alguna que de manera similar hubiere facilitado el derecho pensional con tan reducido n\u00famero de semanas de cotizaci\u00f3n en toda la vida del trabajador \u00bb <\/p>\n
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Ahora, respecto de la s\u00faplica de darle aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 272 de la Ley 100 de 1993, toda vez que no se estableci\u00f3 un r\u00e9gimen de transici\u00f3n para efectos del reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes como sucedi\u00f3 con la pensi\u00f3n de vejez, y as\u00ed se reconozca el amparo, la sala resolvi\u00f3: <\/p>\n
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\u00ab Para la Sala el Tribunal no incurre en yerro jur\u00eddico alguno, toda vez que, como lo advirti\u00f3 el colegiado y se mencion\u00f3 en las consideraciones frente al primer ataque, cuando el afiliado fallecido no cuenta con los requisitos previstos en la norma vigente en la fecha de la muerte, en virtud del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, es posible dar aplicaci\u00f3n a la normatividad inmediatamente anterior, siempre que el causante cumpliera los requisitos de la misma en el tiempo en que surti\u00f3 efectos y, adicionalmente, en tiempo anterior a la muerte, seg\u00fan las reglas de aplicaci\u00f3n que han sido desarrolladas por la jurisprudencia. <\/p>\n
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Desde la sentencia CSJ SL, 25 jul. 2012, rad. 38674, citada por el Tribunal, se dej\u00f3 sentado por esta Corporaci\u00f3n que la posibilidad de aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, en el tr\u00e1nsito legislativo entre la Ley 100 de 1993 y las Leyes 797 y 860 de 2003, era posible siempre que en la fecha de la muerte y en la de entrada en vigencia de la nueva norma se cumplieran los requisitos de la disposici\u00f3n anterior.\u00bb <\/p>\n
<\/p>\n
As\u00ed las cosas, el veredicto en cita no luce caprichoso o arbitrario, en tanto se expuso con suficiencia las razones por las cuales no era posible acceder al pedimento prestacional, habida cuenta que, seg\u00fan los precedentes del juzgador, para el momento del deceso del afiliado (2 oct. 2015) la disposici\u00f3n legal aplicable era la Ley 797 de 2003 que exig\u00eda 50 semanas de cotizaci\u00f3n, las cuales no alcanz\u00f3, pues \u00fanicamente se ve\u00edan reflejadas 28, y para el caso, no era posible aplicar el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa de conformidad con la l\u00ednea de la Corte. <\/p>\n
En suma, la protecci\u00f3n invocada debe confirmarse porque no encuentra esta Sala configurada la conculcaci\u00f3n aducida por la promotora, toda vez que las consideraciones expuestas en la sentencia que resolvi\u00f3 el recurso extraordinario no resultan irrazonables. <\/p>\n
<\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve: CONFIRMAR el pronunciamiento de naturaleza, procedencia y fecha conocidas. Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
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NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
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HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
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MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
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LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
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OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Se precisa que, para el tr\u00e1mite de esta impugnaci\u00f3n, la cual concedi\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte hasta el 08 de abril de 2022, no obstante, este diligenciamiento tan s\u00f3lo arrib\u00f3 a esta Sala de Casaci\u00f3n Civil el 11 de mayo del presente a\u00f1o. <\/p>\n
3 <\/p>\n
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