STC7321-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7321-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-00477-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo de 29 de marzo de 2022, dictado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n en la acci\u00f3n de tutela promovida por Germ\u00e1n Rodrigo Ricaurte Tapia contra la Sala Penal del Tribunal Superior de C\u00facuta, extensiva al Juzgado Quinto Penal del Circuito de la misma ciudad y los dem\u00e1s intervinientes en el proceso n\u00b0 540016001133420170186501. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante pidi\u00f3 se ordene al juez plural de la apelaci\u00f3n \u00abd\u00e9 respuesta de fondo a [sus] ruegos de absoluci\u00f3n y prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal y se ordene la libertad inmediata\u00bb. <\/p>\n
En sustento, adujo que el Juzgado Quinto Penal del Circuito de C\u00facuta lo conden\u00f3 a 36 meses de prisi\u00f3n por el delito de acoso sexual (20 ag. 2021), determinaci\u00f3n que apel\u00f3 y que se halla pendiente de resoluci\u00f3n en el Tribunal. Narr\u00f3 que el 11 y el 31 de enero del a\u00f1o que avanza inst\u00f3 al juez colegiado para que declarara la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal \u00abconforme al art\u00edculo 292 de la Ley 906 de 2004, en consideraci\u00f3n a que la formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n se realiz\u00f3 el 23 de octubre de 2018\u00bb, por lo que dicho lapso se cumpli\u00f3 el 23 de octubre de 2021, es decir antes de ser privado de la libertad (25 oct. 2021). <\/p>\n
2. La abogada asesora de la magistratura convocada hizo un relato de las actuaciones surtidas e inform\u00f3 que: <\/p>\n
– El delito contemplado en el art\u00edculo 210A del C\u00f3digo Penal por el que fue condenado en primera instancia el accionante establece una pena m\u00e1xima de 3 a\u00f1os de prisi\u00f3n. <\/p>\n
– Conforme el art\u00edculo 85 ib\u00eddem, el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal se interrumpe con la formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n que, para el caso, ocurri\u00f3 el 23 de octubre de 2018. <\/p>\n
– El inciso 6 del art\u00edculo 83 \u00eddem fija un aumento del t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n en la mitad, cuando como en este caso, quien cometa la conducta punible ostente la calidad de servidor p\u00fablico. <\/p>\n
– Es decir, que el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal no ser\u00eda de 3 a\u00f1os como lo comprende el accionante, sino de 4 a\u00f1os y medio, que, a la fecha, no se ha configurado. <\/p>\n
El juez de conocimiento hizo el recuento de lo acaecido en el juicio. El ente acusador se\u00f1al\u00f3 la ausencia de vulneraci\u00f3n. Los apoderados anterior y actual del promotor coadyuvaron en los anhelos. <\/p>\n
3. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n desestim\u00f3 el ruego tras inferir que \u00abla respuesta emitida por la autoridad judicial accionada, se ajusta a los preceptos constitucionales y legales establecidos para salvaguardar el derecho fundamental de petici\u00f3n y debido proceso de la accionante, en el sentido que se cumpli\u00f3 con los requisitos de claridad, precisi\u00f3n y congruencia que caracterizan a este derecho (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
4. El accionante impugn\u00f3 con reiteraci\u00f3n de sus argumentos iniciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El veredicto impugnado ser\u00e1 revocado por las razones que pasan a explicarse. <\/p>\n
1.- Como de vieja data lo tiene asentado la homologa de casaci\u00f3n penal, en los eventos en los cuales los sujetos procesales elevan solicitudes, \u00e9stas no deben ser entendidas como el ejercicio del derecho de petici\u00f3n sino del derecho de postulaci\u00f3n, ello en garant\u00eda de la prerrogativa superior al debido proceso, por lo tanto, deben ser atendidas oportunamente mediante una decisi\u00f3n motivada (T47098 de 2010, STP4917-2022, entre muchas). <\/p>\n
De igual manera, como lo tiene suficientemente decantado el \u00f3rgano l\u00edmite constitucional, la ausencia de respuesta frente a las solicitudes que eleven los sujetos procesales no s\u00f3lo trasgrede el debido proceso sino tambi\u00e9n el acceso a la administraci\u00f3n de justicia. Adem\u00e1s, resalt\u00f3 la obligaci\u00f3n del funcionario judicial de ofrecer la correspondiente contestaci\u00f3n y en ese escenario puntualiz\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) Cuando se formulan solicitudes en el curso de un proceso, relacionadas con \u00e9ste, y el funcionario judicial competente se abstiene de responderlas, tal omisi\u00f3n no vulnera el derecho de petici\u00f3n, sino que se constituye en una violaci\u00f3n de los derechos al debido proceso y al acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia. En relaci\u00f3n con el derecho de acceso a la administraci\u00f3n de justicia, la Corte ha se\u00f1alado que el mismo se encuentra integrado al n\u00facleo esencial del derecho al debido proceso, y que, adem\u00e1s, es un derecho de contenido m\u00faltiple o complejo, en el sentido en que compromete, am\u00e9n del derecho de acci\u00f3n o de promoci\u00f3n de la actividad jurisdiccional, el derecho a que existan procedimientos adecuados, id\u00f3neos y efectivos para la definici\u00f3n de las pretensiones, solicitudes y excepciones debatidas (\u2026).(CC T-713 de 2015, rese\u00f1ada en CSJ STP7690-2021). <\/p>\n
2.- Ahora, no pierde de vista la Sala que el juez constitucional de primera instancia concluy\u00f3 que la presunta vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n se encontraba superada, habida cuenta que la solicitud formulada por el actor fue atendida mediante misivas de 11 de febrero (TSC-SP-004-003-2022) y 14 de marzo (TSC-SP-003-012-2022), ambas firmadas por el auxiliar del despacho de la Magistrada ponente, mediante las cuales le indicaron a aqu\u00e9l el turno que su caso ten\u00eda para desatar la alzada, as\u00ed como que los dem\u00e1s aspectos se resolver\u00edan en esta. <\/p>\n
3.- Sin embargo, examinada minuciosamente la actuaci\u00f3n que se surte en el Tribunal y frente al derecho de postulaci\u00f3n, encuentra esta Sala que la solicitud formulada no fue resuelta por el servidor competente, dado que la presunta contestaci\u00f3n se realiz\u00f3 como si se tratara de un tr\u00e1mite administrativo y por quien es el colaborador del despacho de la Magistrada ponente, situaci\u00f3n que vulnera el debido proceso del accionante, en tanto su petici\u00f3n estaba dirigida a que se emitiera un pronunciamiento judicial (prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal) y este \u00fanicamente puede ser materializado por la funcionaria aludida, inclusive, eventualmente, por la Sala de decisi\u00f3n. <\/p>\n
Se afirma lo anterior, por cuanto como se explic\u00f3 en l\u00edneas precedentes las peticiones que eleven los sujetos procesales en los procesos, as\u00ed vayan rotulados como derecho de petici\u00f3n, no deben atenderse bajo la \u00e9gida del art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica sino, por el contrario, deben resolverse de conformidad con las oportunidades procesales previstas, bajo el marco normativo adjetivo de cada especialidad y por quien ejerza funciones jurisdiccionales, esto es, por los jueces o magistrados, quienes expedir\u00e1n una decisi\u00f3n motivada que habilite al peticionario, si es del caso, recurrirla. <\/p>\n
En este orden de ideas, en atenci\u00f3n a que no se advierte la existencia de una resoluci\u00f3n judicial a las reclamaciones que envi\u00f3 el convocante, en ejercicio de la garant\u00eda superior de postulaci\u00f3n predicable en la actuaci\u00f3n penal en donde funge en la calidad de sentenciado, la Sala conceder\u00e1 el amparo del derecho fundamental al debido proceso del que es titular Germ\u00e1n Rodrigo Ricaurte Tapia y, en consecuencia, ordenar\u00e1 a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta que, en el t\u00e9rmino de quince (15) d\u00edas, contados a partir de la notificaci\u00f3n del presente fallo, conteste las solicitudes presentadas por el accionante conforme al \u00e1mbito de sus competencias. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley REVOCA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida y en su lugar CONCEDE el amparo al derecho fundamental al debido proceso de Germ\u00e1n Rodrigo Ricaurte Tapia. <\/p>\n
En su lugar se dispone que, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, M.P. Soraida Garc\u00eda Forero o quien haga sus veces, en el lapso improrrogable de los 15 d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de este fallo, proceda a atender las solicitudes elevadas por el accionante el 11 y el 31 de enero del a\u00f1o que avanza, relacionadas con la declaratoria de la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal, independiente de que sea procedente o no. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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