STC7358-2022 <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7358-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-01457-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Derrotado el proyecto de decisi\u00f3n elaborado en este caso por la ponente inicial (Magistrada Guzm\u00e1n \u00c1lvarez), se resuelve la acci\u00f3n de tutela instaurada por Red de Servicios de Occidente S.A. contra la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibd\u00f3 y el Juzgado Civil del Circuito de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00ab[d]ejar sin efecto la sentencia\u2026 del 6 de abril de 2021, proferida por el Juzgado [convocado]\u00bb, as\u00ed como \u00abtodas aquellas decisiones posteriores a [ella]\u00bb. <\/p>\n
2. Los siguientes son los hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente caso: <\/p>\n
2.1. Narr\u00f3 la accionante que en el juicio ejecutivo que inco\u00f3 contra Elkin Torres Serna, el 4 de marzo de 2019 el a-quo dict\u00f3 sentencia en la que orden\u00f3 seguir adelante el cobro, sin embargo, remitida la actuaci\u00f3n al Tribunal convocado, para surtir la apelaci\u00f3n propuesta por el deudor, esa Colegiatura devolvi\u00f3 el diligenciamiento al a-quo al advertir la ausencia del audio de la audiencia en que se emiti\u00f3 aquella decisi\u00f3n. <\/p>\n
2.2. Retornado el expediente, el Juzgado estableci\u00f3 la p\u00e9rdida de la grabaci\u00f3n respectiva y procedi\u00f3 a renovar lo actuado, en tanto que, aunque se expidi\u00f3 \u00abacta de la audiencia[,] no existe constancia documental u otro tipo que permita reconstruir las consideraciones que dieron fundamento a la sentencia all\u00ed dictada\u00bb, por lo cual , el 27 de septiembre de 2019, dej\u00f3 \u00absin valor y efecto la vista p\u00fablica del 4 de marzo de 2019\u00bb y, en su lugar, tras reprogramarla, dict\u00f3 nuevamente el fallo de primer grado, en diligencia de 6 de abril de 2021, pero en esta ocasi\u00f3n hall\u00f3 probada, de oficio, la \u00abexcepci\u00f3n perentoria de inexigibilidad de la obligaci\u00f3n por defecto formal del t\u00edtulo ejecutivo\u00bb, dando por terminado el asunto. <\/p>\n
2.3. A continuaci\u00f3n, la ejecutante, de un lado, deprec\u00f3 la nulidad de lo actuado, con apoyo en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, comoquiera que, en su sentir, con la sentencia dictada el 4 de marzo de 2019 se puso fin al proceso, siendo inviable revivirlo con la emisi\u00f3n de una nueva y, adem\u00e1s, contraria a aqu\u00e9lla; de otra parte, formul\u00f3 apelaci\u00f3n contra el rese\u00f1ado fallo del a-quo, cuyos reparos concretos y sustentaci\u00f3n present\u00f3 por escrito ante esa autoridad, criticando tambi\u00e9n, de forma espec\u00edfica y exclusiva, que el sentido de la \u00faltima providencia fuera opuesto al de la dictada inicialmente, lo que consider\u00f3 irregular, pues, en su sentir, no pod\u00eda variarse por v\u00eda de reconstrucci\u00f3n. <\/p>\n
2.4. El mismo 6 de abril de 2021 el Juzgado no accedi\u00f3 a la solicitud de invalidez y concedi\u00f3, ante el Superior, las alzadas propuestas contra esa decisi\u00f3n y la sentencia. <\/p>\n
2.5. El pasado 3 de agosto el Tribunal enjuiciado admiti\u00f3 las apelaciones, el 14 de febrero \u00faltimo confirm\u00f3 la negativa frente a la petici\u00f3n de nulidad y declar\u00f3 desierta la alzada contra la sentencia del a-quo al considerar que fueron insuficientes sus reparos y su sustentaci\u00f3n porque no se dirigieron contra la resoluci\u00f3n de hallar probada, de oficio, la \u00abexcepci\u00f3n perentoria de inexigibilidad de la obligaci\u00f3n por defecto formal del t\u00edtulo ejecutivo, nada dijo sobre ese aspecto\u00bb. Decisi\u00f3n \u00faltima que mantuvo el 9 de marzo del a\u00f1o en curso. <\/p>\n
2.6. El extremo accionante, en concreto, adujo que el Juzgado incurri\u00f3 en defecto procedimental absoluto al permitir que, por v\u00eda de reconstrucci\u00f3n de la actuaci\u00f3n, se cambiara el sentido de la sentencia emitida inicialmente, lo que dijo irregularmente validado por el ad-quem al declarar desierta su apelaci\u00f3n. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el canon 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibd\u00f3 histori\u00f3 las actuaciones all\u00ed surtidas y pidi\u00f3 el despacho adverso de la salvaguarda porque \u00abno se ha vulnerado derecho fundamental alguno al accionante\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Civil del Circuito de Quibd\u00f3 limit\u00f3 su intervenci\u00f3n a informar los datos de ubicaci\u00f3n de las partes del juicio recriminado y remitir copia digital del expediente contentivo del mismo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Por ese sendero, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que: <\/p>\n
\u2026el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado…\u2019 (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183; reiterada en STC4269-2015, 16 abr.). <\/p>\n
As\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el Juez se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos, o cuando se presenta un defecto sustantivo en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
3. Descendiendo al sub examine, de entrada, anticipa la Sala la procedencia del resguardo deprecado, con alcance parcial, pues, en verdad, con la criticada determinaci\u00f3n de dar por desierta la apelaci\u00f3n formulada por la accionante, la Colegiatura atacada incurri\u00f3 en claro defecto procedimental, por exceso ritual manifiesto, al concluir, sin justificaci\u00f3n v\u00e1lida, que los reparos y la sustentaci\u00f3n del recurso se mostraban insuficiente porque, en \u00faltimas, se dirigieron frente a los aspectos formales que rodearon la emisi\u00f3n de la sentencia que no a los sustanciales contenidos en ella. <\/p>\n
3.1. En efecto, como insistentemente lo ha recordado esta Sala, los incisos 2\u00b0 y 3\u00ba del numeral 3\u00ba del canon 322 del C\u00f3digo General del Proceso no fijan ning\u00fan tipo de condicionamiento excepcional para la formulaci\u00f3n de los reparos y \u00abla sustentaci\u00f3n del recurso\u00bb, en tanto que, en cuanto a esto \u00faltimo, de forma clara ense\u00f1a la norma que para ello \u00abser\u00e1 suficiente que el recurrente exprese las razones de su inconformidad con la providencia apelada\u00bb (ver, entre otras, CSJ STC779-2021, 4 feb., rad. 2021-00096-00). <\/p>\n
3.2. En lo relativo al defecto procedimental por exceso ritual manifiesto la jurisprudencia constitucional ha indicado que: <\/p>\n
\u2026puede estructurarse\u2026 cuando \u201c\u2026un funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obst\u00e1culo para la eficacia del derecho sustancial y por esta v\u00eda, sus actuaciones devienen en una denegaci\u00f3n de justicia\u201d; es decir: <\/p>\n
\u201cel funcionario judicial incurre en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto cuando (i) no tiene presente que el derecho procesal es un medio para la realizaci\u00f3n efectiva de los derechos de los ciudadanos, (ii) renuncia conscientemente a la verdad jur\u00eddica objetiva pese a los hechos probados en el caso concreto, (iii) por la aplicaci\u00f3n en exceso rigurosa del derecho procesal, (iv) pese a que dicha actuaci\u00f3n devenga en el desconocimiento de derechos fundamentales\u201d (CC T-352\/12). <\/p>\n
3.3. Ahora, en este particular asunto, como qued\u00f3 visto, en las decisiones de 14 de febrero y 9 de marzo de 2022 el Tribunal convocado rese\u00f1\u00f3 que la censora, tras efectuar sus reparos concretos, como sustento de su apelaci\u00f3n frente a la sentencia emitida por el a-quo el 6 de abril de 2021, en lo medular, cuestion\u00f3, entre otros aspectos, que su contenido resultara distinto al de la inicialmente dictada el 4 de marzo de 2019, con lo que, asever\u00f3, se contrariaron las reglas expresamente fijadas en el canon 126 del C\u00f3digo General del Proceso para la reconstrucci\u00f3n de expedientes, en tanto que, aunque fue imposible recuperar el audio de la audiencia en que aquella se profiri\u00f3 en el a\u00f1o 2019, lo cierto era que exist\u00eda el acta de la misma, que no pod\u00eda ser desconocido. <\/p>\n
Sin embargo, en el prove\u00eddo dictado el pasado mes de febrero, de forma concluyente, la Colegiatura accionada consign\u00f3 que \u00abde la intervenci\u00f3n realizada por el apelante al interponer el recurso de apelaci\u00f3n emerge evidente que no realiz\u00f3 reparo alguno contra la sentencia de primera instancia que declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n perentoria de inexigibilidad de la obligaci\u00f3n por defecto formal del t\u00edtulo ejecutivo, nada dijo sobre este aspecto\u00bb, lo que implicaba que \u00ablos reparos no se hicieron en debida forma, ya que no configuran cuestionamientos concretos contra la excepci\u00f3n declarada en la sentencia, por lo que se impone declarar desierto el recurso de alzada\u00bb. Afirmaciones que soport\u00f3 en los siguientes considerandos: <\/p>\n
2.- Consta\u2026 que el togado efectivamente present\u00f3 escrito que rotul\u00f3 \u201cRECURSO DE APELACI\u00d3N\u201d y como fundamentos del recurso plantea una situaci\u00f3n o tem\u00e1tica en la que no ataca en su contenido la sentencia de primera instancia, mediante la cual se declar\u00f3 probada de oficio la excepci\u00f3n perentoria de inexigibilidad de la obligaci\u00f3n por defecto formal del t\u00edtulo ejecutivo, sino que por el contario, se refiere al poder y discrecionalidad del Juez y finalmente cuestiona el tr\u00e1mite dado a la solicitud de reconstrucci\u00f3n y la decisi\u00f3n de dejar sin efecto la actuaci\u00f3n; tr\u00e1mite ya concluido desde septiembre de 2019 y que en oportunidad legal no cuestion\u00f3. <\/p>\n
3.- Surge evidente que los argumentos expuestos por el abogado, no permiten a esta instancia pronunciamiento de fondo, pues no se cuestiona la sentencia en su esencia, no ataca los fundamentos de la sentencia recurrida, teniendo la carga argumentativa de hacerlo, pues precisamente ello es lo que habilita la intervenci\u00f3n del juez en segunda instancia. <\/p>\n
En lo que ata\u00f1e al deber de sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n contra autos y sentencias, el art\u00edculo 322 en su numeral 3, inciso 4 del CGP establece que \u00absi el apelante de un auto no sustenta el recurso en debida forma y de manera oportuna, el juez de primera instancia lo declarar\u00e1 desierto. La misma decisi\u00f3n adoptar\u00e1 cuando no se precisen los reparos a la sentencia apelada, en la forma prevista en este numeral. El juez de segunda instancia declarar\u00e1 desierto el recurso de apelaci\u00f3n contra una sentencia que no hubiere sido sustentado\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed pues, en aras de evitar la declaratoria de desierto del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto, bien sea de auto o sentencia, el recurrente debe expresar los reparos concretos contra la decisi\u00f3n emitida, constituy\u00e9ndose esta en una limitante tanto para el apelante como para el juez de segunda instancia, habida cuenta que el apelante deber\u00e1 sujetar su alegaci\u00f3n a los argumentos expuestos ante el juez de primera instancia, y por su parte el superior deber\u00e1 pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante. <\/p>\n
Providencia que el pasado 9 de marzo el mismo Tribunal encontr\u00f3 \u00abinmodificable, por acertada, pues ning\u00fan argumento de peso suministra el recursista\u2026 para controvertir los fundamentos merced a los cuales\u2026 se lleg\u00f3 a la determinaci\u00f3n de declarar desierto el recurso de apelaci\u00f3n propuesto\u2026 contra la sentencia de primer grado\u00bb, comoquiera que: <\/p>\n
\u2026el extremo demandante pretende que se tenga por sustentada la opugnaci\u00f3n vertical por \u00e9l promovida contra el fallo de primer orden, bajo el argumento de que al interponerla en primera instancia aleg\u00f3 que la juez debi\u00f3 tener en cuenta la decisi\u00f3n del 4 de marzo de 2019 pero decidi\u00f3 dejarla sin efectos y proferir una totalmente distinta, atentando contra la seguridad jur\u00eddica del proceso judicial, \u00fanico argumento de la impugnaci\u00f3n que de ninguna manera puede ser tenido en cuenta como una verdadera sustentaci\u00f3n del recurso, porque con ello no se atacan los cimientos argumentativos de la decisi\u00f3n del 6 de abril de 2021, como tampoco encierra cuestionamientos concretos contra la excepci\u00f3n que de oficio fue declarada en la misma; en otras palabras, el actor en la respectiva audiencia present\u00f3 sus reparos a la decisi\u00f3n, y fueron sustentados a\u00fan de forma anticipada a la etapa prevista por el legislador, porque ello ocurri\u00f3 en primera instancia; sin embargo, como no lo sustent\u00f3 en debida forma, no existen elementos suficientes para desatar la alzada y obviamente se impon\u00eda la deserci\u00f3n\u2026 <\/p>\n
3.4. As\u00ed las cosas, basta confrontar los anteriores planteamientos con lo expresamente reglado en el numeral 3\u00ba del canon 322 del C\u00f3digo General del Proceso para establecer la incursi\u00f3n en el defecto anunciado, porque al margen de que el demandante dejara de atacar los aspectos sustanciales de la sentencia emitida el 6 de abril de 2021, lo cierto es que ello no impon\u00eda la declaraci\u00f3n de deserci\u00f3n de su apelaci\u00f3n porque, en todo caso, sus censuras de cara a las deficiencias formales en la actuaci\u00f3n, exteriorizadas tanto en los reparos concretos como en la sustentaci\u00f3n, constitu\u00edan motivos v\u00e1lidos de su pretensi\u00f3n impugnaticia, de no olvidar que al sentenciador, antes de ocuparse del fondo del asunto, le corresponde efectuar la validaci\u00f3n formal de la actuaci\u00f3n en cuanto a la satisfacci\u00f3n de los presupuestos procesales y la inexistencia de causales de nulidad procedimental. <\/p>\n
De all\u00ed que el proceder reprochado al Tribunal enjuiciado injustificadamente, en disfavor del principio de la doble instancia, impidi\u00f3 a la actora obtener el respectivo pronunciamiento de fondo por parte del ad-quem, cercen\u00e1ndole el acceso a la administraci\u00f3n de justicia, porque dicha sede judicial, bajo una apreciaci\u00f3n literal y extremadamente formal de la norma adjetiva, en \u00faltimas, concluy\u00f3 que los ataques frente a la sentencia del a-quo deb\u00edan dirigirse frente a sus aspectos sustanciales, sin que exista disposici\u00f3n legal alguna que expresamente exija ello o excluya la posibilidad de fundarlos en las deficiencias formales que le dieron lugar. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, declarar desierta la apelaci\u00f3n en comento, como lo resolvi\u00f3 la Colegiatura encartada, bajo una apreciaci\u00f3n extremadamente literal de la norma procedimental, como qued\u00f3 visto, es un proceder que, para el caso concreto, comporta un exceso ritual manifiesto, toda vez que tal determinaci\u00f3n implica una clara y desproporcionada afectaci\u00f3n de las garant\u00edas de la gestora, impidi\u00e9ndole el acceso a la administraci\u00f3n de justicia para obtener la condigna sentencia de segunda instancia en el juicio sometido a la definici\u00f3n de la jurisdicci\u00f3n, por lo que esa situaci\u00f3n excepcional se torna inadmisible y exige la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
4. Lo consignado impone conceder, con alcance parcial, el amparo frente al derecho fundamental al debido proceso de la accionante, para que el Tribunal acusado, tras dejar sin valor ni efecto alguno la declaraci\u00f3n de deserci\u00f3n del mentado recurso de apelaci\u00f3n, y todas las decisiones que de ella dependan, proceda a resolver de fondo el mismo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, concede, con alcance parcial, el resguardo frente al derecho al debido proceso de Red de Servicios de Occidente S.A., exclusivamente frente al Tribunal acusado. En consecuencia, dispone: <\/p>\n
Primero. Ordenar a la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibd\u00f3 que, dentro del t\u00e9rmino de quince (15) d\u00edas, contado a partir de la fecha en la cual le sea devuelto el expediente objeto de esta queja (rad. 27001-31-03-001-2018-00070), tras dejar sin efecto la declaraci\u00f3n de deserci\u00f3n de la apelaci\u00f3n propuesta por la ejecutante frente al fallo del a-quo, as\u00ed como todas las determinaciones que dependan de aquella, proceda a emitir la respectiva sentencia de segunda instancia, teniendo en cuenta las consideraciones contenidas en la parte motiva de esta providencia, atendiendo a cabalidad las normas aplicables al asunto y los precedentes vinculantes sobre la materia. Por Secretar\u00eda rem\u00edtasele copia de esta determinaci\u00f3n. <\/p>\n
La autoridad accionada informar\u00e1 a esta Corporaci\u00f3n sobre el cumplimiento de la orden impartida, dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes al vencimiento de aquel t\u00e9rmino. <\/p>\n
Segundo. Ordenar al Juzgado Civil del Circuito de Quibd\u00f3 remitir al Tribunal encausado, de manera inmediata y, en todo caso, en un t\u00e9rmino no superior a un (1) d\u00eda, el expediente materia de la queja constitucional, para que dicha Colegiatura d\u00e9 cumplimiento a lo dispuesto en el ordinal anterior. <\/p>\n
Tercero. En lo dem\u00e1s, como qued\u00f3 expuesto, por sustracci\u00f3n de materia, se deniega la salvaguarda rogada. <\/p>\n
Cuarto. Comunicar lo aqu\u00ed resuelto a las partes e intervinientes, por el medio m\u00e1s expedito y eficaz, y en oportunidad, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse este fallo. <\/p>\n
Salvamento de voto <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
Salvamento de voto <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
MAGISTRADA HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-01457-00 <\/p>\n
Con el mayor respeto hacia los Magistrados que profirieron la sentencia de la cual tomo distancia, me permito expresar los motivos de discrepancia con la soluci\u00f3n adoptada. <\/p>\n
1.- La Sala mayoritaria concedi\u00f3 parcialmente el amparo constitucional invocado por Red de Servicios de Occidente S.A. contra la Sala \u00danica del Tribunal Superior y el Juzgado Civil del Circuito, ambos del Distrito Judicial de Quibd\u00f3. En consecuencia, orden\u00f3 a la Corporaci\u00f3n accionada que tras dejar sin efecto la declaraci\u00f3n de deserci\u00f3n de la apelaci\u00f3n propuesta por la ejecutante frente al fallo del a-quo, as\u00ed como todas las determinaciones que dependan de aquella, emita el respectivo fallo de segunda instancia, teniendo en cuenta las consideraciones contenidas en la parte motiva de la providencia de la que tomo distancia, atendiendo a cabalidad las normas aplicables al asunto y los precedentes vinculantes sobre la materia. Ello, en el juicio ejecutivo que la actora inco\u00f3 contra Elkin Torres Serna (rad. 27001-31-03-001-2018-00070). <\/p>\n
Resoluci\u00f3n que sustent\u00f3, aduciendo, en lo principal, que \u00ab(\u2026) anticipa la Sala la procedencia del resguardo deprecado, con alcance parcial, pues, en verdad, con la criticada determinaci\u00f3n de dar por desierta la apelaci\u00f3n formulada por la accionante, la Colegiatura atacada incurri\u00f3 en claro defecto procedimental, por exceso ritual manifiesto, al concluir, sin justificaci\u00f3n v\u00e1lida, que los reparos y la sustentaci\u00f3n del recurso se mostraban insuficiente porque, en \u00faltimas, se dirigieron frente a los aspectos formales que rodearon la emisi\u00f3n de la sentencia que no a los sustanciales contenidos en ella. <\/p>\n
Seg\u00fan explic\u00f3, porque <\/p>\n
\u00ab(\u2026) 3.1. En efecto, como insistentemente lo ha recordado esta Sala, los incisos 2\u00b0 y 3\u00ba del numeral 3\u00ba del canon 322 del C\u00f3digo General del Proceso no fijan ning\u00fan tipo de condicionamiento excepcional para la formulaci\u00f3n de los reparos y \u00abla sustentaci\u00f3n del recurso\u00bb, en tanto que, en cuanto a esto \u00faltimo, de forma clara ense\u00f1a la norma que para ello \u00abser\u00e1 suficiente que el recurrente exprese las razones de su inconformidad con la providencia apelada\u00bb (ver, entre otras, CSJ STC779-2021, 4 feb., rad. 2021-00096-00). <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
3.3. Ahora, en este particular asunto, como qued\u00f3 visto, en las decisiones de 14 de febrero y 9 de marzo de 2022 el Tribunal convocado rese\u00f1\u00f3 que la censora, tras efectuar sus reparos concretos, como sustento de su apelaci\u00f3n frente a la sentencia emitida por el a-quo el 6 de abril de 2021, en lo medular, cuestion\u00f3, entre otros aspectos, que su contenido resultara distinto al de la inicialmente dictada el 4 de marzo de 2019, con lo que, asever\u00f3, se contrariaron las reglas expresamente fijadas en el canon 126 del C\u00f3digo General del Proceso para la reconstrucci\u00f3n de expedientes, en tanto que, aunque fue imposible recuperar el audio de la audiencia en que aquella se profiri\u00f3 en el a\u00f1o 2019, lo cierto era que exist\u00eda el acta de la misma, que no pod\u00eda ser desconocido. <\/p>\n
Sin embargo, en el prove\u00eddo dictado el pasado mes de febrero, de forma concluyente, la Colegiatura accionada consign\u00f3 que \u00abde la intervenci\u00f3n realizada por el apelante al interponer el recurso de apelaci\u00f3n emerge evidente que no realiz\u00f3 reparo alguno contra la sentencia de primera instancia que declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n perentoria de inexigibilidad de la obligaci\u00f3n por defecto formal del t\u00edtulo ejecutivo, nada dijo sobre este aspecto\u00bb, lo que implicaba que \u00ablos reparos no se hicieron en debida forma, ya que no configuran cuestionamientos concretos contra la excepci\u00f3n declarada en la sentencia, por lo que se impone declarar desierto el recurso de alzada\u00bb (\u2026). <\/p>\n
3.4. As\u00ed las cosas, basta confrontar los anteriores planteamientos con lo expresamente reglado en el numeral 3\u00ba del canon 322 del C\u00f3digo General del Proceso para establecer la incursi\u00f3n en el defecto anunciado, porque al margen de que el demandante dejara de atacar los aspectos sustanciales de la sentencia emitida el 6 de abril de 2021, lo cierto es que ello no impon\u00eda la declaraci\u00f3n de deserci\u00f3n de su apelaci\u00f3n porque, en todo caso, sus censuras de cara a las deficiencias formales en la actuaci\u00f3n, exteriorizadas tanto en los reparos concretos como en la sustentaci\u00f3n, constitu\u00edan motivos v\u00e1lidos de su pretensi\u00f3n impugnaticia, de no olvidar que al sentenciador, antes de ocuparse del fondo del asunto, le corresponde efectuar la validaci\u00f3n formal de la actuaci\u00f3n en cuanto a la satisfacci\u00f3n de los presupuestos procesales y la inexistencia de causales de nulidad procedimental (\u2026). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, declarar desierta la apelaci\u00f3n en comento, como lo resolvi\u00f3 la Colegiatura encartada, bajo una apreciaci\u00f3n extremadamente literal de la norma procedimental, como qued\u00f3 visto, es un proceder que, para el caso concreto, comporta un exceso ritual manifiesto, toda vez que tal determinaci\u00f3n implica una clara y desproporcionada afectaci\u00f3n de las garant\u00edas de la gestora, impidi\u00e9ndole el acceso a la administraci\u00f3n de justicia para obtener la condigna sentencia de segunda instancia en el juicio sometido a la definici\u00f3n de la jurisdicci\u00f3n, por lo que esa situaci\u00f3n excepcional se torna inadmisible y exige la intervenci\u00f3n del juez constitucional\u2026\u00bb. <\/p>\n
2.- No comparto la determinaci\u00f3n, principalmente, porque la Sala \u00danica del Tribunal Superior de Quibd\u00f3 no incurri\u00f3 en excesivo ritual manifiesto que vulnerara los derechos fundamentales invocados por la precursora. Son mis razones las siguientes: <\/p>\n
2.1.- El recurso de apelaci\u00f3n contra prove\u00eddos judiciales, de conformidad con los arts. 322 y 327 del CGP, comprende dos momentos que deben ser desarrollados en etapas bien definidas: Uno ante el juez de primera instancia – interposici\u00f3n y reparos – y, otro ante el de segunda – admisi\u00f3n, sustentaci\u00f3n y decisi\u00f3n -. <\/p>\n
Sobre el primero, el Decreto 806 de 2020 en su art\u00edculo 14 no estableci\u00f3 modificaci\u00f3n alguna mientras que para el siguiente s\u00ed, respecto de la sustentaci\u00f3n, la que en sentido estricto solo comporta la forma de hacer conocer al juez de segunda instancia los argumentos que soportan los \u201creparos\u201d expresados ante el a quo, ya no oralmente en audiencia sino por escrito, pero en todo caso, una vez \u201cejecutoriado el auto que admite la apelaci\u00f3n\u201d, competencia adscrita al ad quem y no al a quo. <\/p>\n
En otras palabras, tales modificaciones privilegiaron lo escrito sobre lo oral en la segunda instancia, cuya finalidad no es otra que \u00abevitar el desplazamiento de los usuarios y funcionarios de la administraci\u00f3n de justicia a los despachos judiciales y notar\u00edas y, de esta forma, proteger su salud\u00bb, tambi\u00e9n permiten afirmar que la estructura de las cargas que impone el legislador como presupuestos para que el superior funcional examine la providencia apelada y, las consecuencias de su desatenci\u00f3n adem\u00e1s que no han variado, no se extendieron a la obligaci\u00f3n misma de \u00absustentar la apelaci\u00f3n\u00bb ante el juez competente, que lo es el ad quem, sino que, como excepci\u00f3n al principio de oralidad en la administraci\u00f3n de justicia, admiti\u00f3 que, para dicho prop\u00f3sito, el apelante pueda hacerlo por escrito, sin necesidad de acudir personalmente a la sede del funcionario. <\/p>\n
Tampoco exoner\u00f3 del deber de \u00absustentar\u00bb dentro del t\u00e9rmino all\u00ed previsto, esto es, a m\u00e1s tardar dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la ejecutoria del auto que admite la alzada, que de no atenderlo acarrea la declaratoria de deserci\u00f3n y, por ende, por su propia omisi\u00f3n, la imposibilidad de acceder a la segunda instancia lo que aleja irreflexividad en la interpretaci\u00f3n, o exceso manifiesto en el rito o, desproporcionalidad en la decisi\u00f3n. <\/p>\n
Por el contrario, pone de presente el acatamiento de la forma prevista, tambi\u00e9n integradora del derecho fundamental al debido proceso, el cual debe ser aplicado por todos los sujetos procesales, a \u201ctodas las actuaciones\u201d del proceso en coherencia con el precepto conforme al cual este \u201cdebe adelantarse en la forma establecida en la ley\u201d\u2013arts. 29 CN; 7, 13 y 14 Ley 1564 de 2012-; y, hace visible el principio de preclusi\u00f3n, \u201cfundamental del derecho procesal en cuyo desarrollo se establecen las diferentes etapas que han de cumplirse en los diferentes procesos, as\u00ed, como la oportunidad en que en cada una de ellas deben llevarse a cabo los actos procesales que le son propios, transcurrida la cual no pueden adelantarse\u201d (Corte Constitucional A 232-2001). Subrayado fuera de texto. <\/p>\n
2.2.- Con independencia de la extensi\u00f3n de los reparos \u2013 breves o extensos \u2013 no puede equipararse la expresi\u00f3n de las inconformidades \u2013 discrepancia o con qu\u00e9 no est\u00e1 de acuerdo – con los argumentos que las soportan \u2013 por qu\u00e9 discrepa o no est\u00e1 de acuerdo -. Aquellas se expresan ante el a quo y \u00e9stos ante el ad quem. As\u00ed lo dispone el legislador ahora de manera clara \u2013 art. 14 D. 806 de 2020-, se consider\u00f3 constitucional antes \u2013 SU 418 de 2019 \u2013, previ\u00f3 el legislador antes de la ley 1564 de 2012 \u2013 art. 360 C.P.C \u2013 y, esta Corporaci\u00f3n con fundamento en esta norma, estim\u00f3 como el momento para fundamentar la alzada \u2013 V.gr. SC 4855 de 2014; STL 2791 de 2021 y STL 9267-2021-. <\/p>\n
2.3.- Tampoco se trata del cumplimiento anticipado de la carga de sustentaci\u00f3n si atendemos que el legislador previ\u00f3 la oportunidad y el juez competente para verificar su cumplimiento y efecto de su desatenci\u00f3n. Por lo tanto, podr\u00eda aceptarse que se anticipa cuando el acto se realiza ante el juez competente antes del momento previsto legalmente para su realizaci\u00f3n, esto es, durante el tr\u00e1mite de segunda instancia, pero no, cuando se realiza en primera instancia. <\/p>\n
2.4.- Todo lo antes afirmado permite igualmente colegir, en los t\u00e9rminos del art. 14 de la Ley 153 de 1887, que no se trata de revivir la sustentaci\u00f3n de la alzada por escrito que consagraba el art\u00edculo 352 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, la que igualmente deb\u00eda hacerse \u201cante el juez o tribunal que\u2026\u201d deb\u00eda \u201cresolverlo\u201d sino, se itera, de una excepci\u00f3n provisional al principio de oralidad. <\/p>\n
Conclusi\u00f3n: Estoy convencida que el resguardo rogado no debi\u00f3 ser concedido en tanto que la declaratoria de desierto respecto del recurso de apelaci\u00f3n en este asunto, corresponde a la desatenci\u00f3n de la recurrente de la carga de sustentaci\u00f3n ante el juez competente y, en la oportunidad se\u00f1alada por el legislador, lo que evidencia la razonabilidad de la providencia del juez plural natural. <\/p>\n
Con el debido respeto, dejo as\u00ed consignada mi discrepancia. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2022-01457-00 <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
Con respeto por los Magistrados que conforman la Sala de Decisi\u00f3n en la que se profiri\u00f3 la sentencia de la cual me aparto, me permito expresar los motivos de mi disenso con la soluci\u00f3n adoptada en la acci\u00f3n de tutela que Red de Servicios de Occidente SA, instaur\u00f3 contra la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibd\u00f3 y el Juzgado Civil del Circuito de esa ciudad. <\/p>\n
1. Este asunto, tiene como antecedentes los siguientes: <\/p>\n
En el proceso ejecutivo que instaur\u00f3 en contra de Elkin Torres Serna, el Juzgado Civil del Circuito de Quibd\u00f3 profiri\u00f3 sentencia el 4 de marzo de 2019 en la que orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, remitida la actuaci\u00f3n al superior para conocer de la apelaci\u00f3n propuesta por el deudor, la mencionada Corporaci\u00f3n devolvi\u00f3 el expediente al advertir la ausencia del audio de la audiencia de fallo. <\/p>\n
Recibido el expediente, el a quo estableci\u00f3 la p\u00e9rdida de la grabaci\u00f3n y al no encontrar constancia documental que permitiera su reconstrucci\u00f3n, procedi\u00f3 a renovar lo actuado, dej\u00f3 sin valor la audiencia de 4 de marzo y tras reprogramarla profiri\u00f3 de nuevo sentencia el 6 de abril de 2019 en la que dio por terminado el asunto al encontrar probada la excepci\u00f3n de \u00abinexigibilidad de la obligaci\u00f3n por defecto formal del t\u00edtulo\u00bb, decisi\u00f3n frente a la cual la sociedad ejecutante solicit\u00f3 la nulidad con apoyo en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso y de otra parte apel\u00f3 presentando por escrito los reparos concretos y la sustentaci\u00f3n ante el Juzgado Civil del Circuito de Quibd\u00f3, despacho que no accedi\u00f3 a la solicitud de invalidez y concedi\u00f3 la alzada el 6 de abril de 2021. <\/p>\n
La Sala \u00danica del Tribunal Superior de Quibd\u00f3 el 3 de agosto de 2021 admiti\u00f3 las apelaciones y el 14 de febrero de 2022 confirm\u00f3 la negativa en relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de nulidad y declar\u00f3 desierta la apelaci\u00f3n, al considerar insuficientes los reparos y sustentaci\u00f3n que hab\u00edan sido presentados, decisi\u00f3n que mantuvo el 9 de marzo de 2022. <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Civil mayoritaria, concedi\u00f3 el amparo constitucional reclamado tras considerar, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Descendiendo al sub examine, de entrada, anticipa la Sala la procedencia del resguardo deprecado, con alcance parcial, pues, en verdad, con la criticada determinaci\u00f3n de dar por desierta la apelaci\u00f3n formulada por la accionante, la Colegiatura atacada incurri\u00f3 en claro defecto procedimental, por exceso ritual manifiesto, al concluir, sin justificaci\u00f3n v\u00e1lida, que los reparos y la sustentaci\u00f3n del recurso se mostraban insuficiente porque, en \u00faltimas, se dirigieron frente a los aspectos formales que rodearon la emisi\u00f3n de la sentencia que no a los sustanciales contenidos en ella. <\/p>\n
3.1. En efecto, como insistentemente lo ha recordado esta Sala, los incisos 2\u00b0 y 3\u00ba del numeral 3\u00ba del canon 322 del C\u00f3digo General del Proceso no fijan ning\u00fan tipo de condicionamiento excepcional para la formulaci\u00f3n de los reparos y \u00abla sustentaci\u00f3n del recurso\u00bb, en tanto que, en cuanto a esto \u00faltimo, de forma clara ense\u00f1a la norma que para ello \u00abser\u00e1 suficiente que el recurrente exprese las razones de su inconformidad con la providencia apelada\u00bb (ver, entre otras, CSJ STC779-2021, 4 feb., rad. 2021-00096-00). <\/p>\n
3.2. En lo relativo al defecto procedimental por exceso ritual manifiesto la jurisprudencia constitucional ha indicado que: (\u2026) <\/p>\n
3.3. Ahora, en este particular asunto, como qued\u00f3 visto, en las decisiones de 14 de febrero y 9 de marzo de 2022 el Tribunal convocado rese\u00f1\u00f3 que la censora, tras efectuar sus reparos concretos, como sustento de su apelaci\u00f3n frente a la sentencia emitida por el a-quo el 6 de abril de 2021, en lo medular, cuestion\u00f3, entre otros aspectos, que su contenido resultara distinto al de la inicialmente dictada el 4 de marzo de 2019, con lo que, asever\u00f3, se contrariaron las reglas expresamente fijadas en el canon 126 del C\u00f3digo General del Proceso para la reconstrucci\u00f3n de expedientes, en tanto que, aunque fue imposible recuperar el audio de la audiencia en que aquella se profiri\u00f3 en el a\u00f1o 2019, lo cierto era que exist\u00eda el acta de la misma, que no pod\u00eda ser desconocido. <\/p>\n
Sin embargo, en el prove\u00eddo dictado el pasado mes de febrero, de forma concluyente, la Colegiatura accionada consign\u00f3 que \u00abde la intervenci\u00f3n realizada por el apelante al interponer el recurso de apelaci\u00f3n emerge evidente que no realiz\u00f3 reparo alguno contra la sentencia de primera instancia que declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n perentoria de inexigibilidad de la obligaci\u00f3n por defecto formal del t\u00edtulo ejecutivo, nada dijo sobre este aspecto\u00bb, lo que implicaba que \u00ablos reparos no se hicieron en debida forma, ya que no configuran cuestionamientos concretos contra la excepci\u00f3n declarada en la sentencia, por lo que se impone declarar desierto el recurso de alzada\u00bb. Afirmaciones que soport\u00f3 en los siguientes considerandos: <\/p>\n
2.- Consta\u2026 que el togado efectivamente present\u00f3 escrito que rotul\u00f3 \u201cRECURSO DE APELACI\u00d3N\u201d y como fundamentos del recurso plantea una situaci\u00f3n o tem\u00e1tica en la que no ataca en su contenido la sentencia de primera instancia, mediante la cual se declar\u00f3 probada de oficio la excepci\u00f3n perentoria de inexigibilidad de la obligaci\u00f3n por defecto formal del t\u00edtulo ejecutivo, sino que por el contario, se refiere al poder y discrecionalidad del Juez y finalmente cuestiona el tr\u00e1mite dado a la solicitud de reconstrucci\u00f3n y la decisi\u00f3n de dejar sin efecto la actuaci\u00f3n; tr\u00e1mite ya concluido desde septiembre de 2019 y que en oportunidad legal no cuestion\u00f3. <\/p>\n
3.- Surge evidente que los argumentos expuestos por el abogado, no permiten a esta instancia pronunciamiento de fondo, pues no se cuestiona la sentencia en su esencia, no ataca los fundamentos de la sentencia recurrida, teniendo la carga argumentativa de hacerlo, pues precisamente ello es lo que habilita la intervenci\u00f3n del juez en segunda instancia. <\/p>\n
En lo que ata\u00f1e al deber de sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n contra autos y sentencias, el art\u00edculo 322 en su numeral 3, inciso 4 del CGP establece que \u00absi el apelante de un auto no sustenta el recurso en debida forma y de manera oportuna, el juez de primera instancia lo declarar\u00e1 desierto. La misma decisi\u00f3n adoptar\u00e1 cuando no se precisen los reparos a la sentencia apelada, en la forma prevista en este numeral. El juez de segunda instancia declarar\u00e1 desierto el recurso de apelaci\u00f3n contra una sentencia que no hubiere sido sustentado\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed pues, en aras de evitar la declaratoria de desierto del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto, bien sea de auto o sentencia, el recurrente debe expresar los reparos concretos contra la decisi\u00f3n emitida, constituy\u00e9ndose esta en una limitante tanto para el apelante como para el juez de segunda instancia, habida cuenta que el apelante deber\u00e1 sujetar su alegaci\u00f3n a los argumentos expuestos ante el juez de primera instancia, y por su parte el superior deber\u00e1 pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante. <\/p>\n
Providencia que el pasado 9 de marzo el mismo Tribunal encontr\u00f3 \u00abinmodificable, por acertada, pues ning\u00fan argumento de peso suministra el recursista\u2026 para controvertir los fundamentos merced a los cuales\u2026 se lleg\u00f3 a la determinaci\u00f3n de declarar desierto el recurso de apelaci\u00f3n propuesto\u2026 contra la sentencia de primer grado\u00bb, comoquiera que: <\/p>\n
\u2026el extremo demandante pretende que se tenga por sustentada la opugnaci\u00f3n vertical por \u00e9l promovida contra el fallo de primer orden, bajo el argumento de que al interponerla en primera instancia aleg\u00f3 que la juez debi\u00f3 tener en cuenta la decisi\u00f3n del 4 de marzo de 2019 pero decidi\u00f3 dejarla sin efectos y proferir una totalmente distinta, atentando contra la seguridad jur\u00eddica del proceso judicial, \u00fanico argumento de la impugnaci\u00f3n que de ninguna manera puede ser tenido en cuenta como una verdadera sustentaci\u00f3n del recurso, porque con ello no se atacan los cimientos argumentativos de la decisi\u00f3n del 6 de abril de 2021, como tampoco encierra cuestionamientos concretos contra la excepci\u00f3n que de oficio fue declarada en la misma; en otras palabras, el actor en la respectiva audiencia present\u00f3 sus reparos a la decisi\u00f3n, y fueron sustentados a\u00fan de forma anticipada a la etapa prevista por el legislador, porque ello ocurri\u00f3 en primera instancia; sin embargo, como no lo sustent\u00f3 en debida forma, no existen elementos suficientes para desatar la alzada y obviamente se impon\u00eda la deserci\u00f3n\u2026 <\/p>\n
3.4. As\u00ed las cosas, basta confrontar los anteriores planteamientos con lo expresamente reglado en el numeral 3\u00ba del canon 322 del C\u00f3digo General del Proceso para establecer la incursi\u00f3n en el defecto anunciado, porque al margen de que el demandante dejara de atacar los aspectos sustanciales de la sentencia emitida el 6 de abril de 2021, lo cierto es que ello no impon\u00eda la declaraci\u00f3n de deserci\u00f3n de su apelaci\u00f3n porque, en todo caso, sus censuras de cara a las deficiencias formales en la actuaci\u00f3n, exteriorizadas tanto en los reparos concretos como en la sustentaci\u00f3n, constitu\u00edan motivos v\u00e1lidos de su pretensi\u00f3n impugnaticia, de no olvidar que al sentenciador, antes de ocuparse del fondo del asunto, le corresponde efectuar la validaci\u00f3n formal de la actuaci\u00f3n en cuanto a la satisfacci\u00f3n de los presupuestos procesales y la inexistencia de causales de nulidad procedimental. <\/p>\n
De all\u00ed que el proceder reprochado al Tribunal enjuiciado injustificadamente, en disfavor del principio de la doble instancia, impidi\u00f3 a la actora obtener el respectivo pronunciamiento de fondo por parte del ad-quem, cercen\u00e1ndole el acceso a la administraci\u00f3n de justicia, porque dicha sede judicial, bajo una apreciaci\u00f3n literal y extremadamente formal de la norma adjetiva, en \u00faltimas, concluy\u00f3 que los ataques frente a la sentencia del a-quo deb\u00edan dirigirse frente a sus aspectos sustanciales, sin que exista disposici\u00f3n legal alguna que expresamente exija ello o excluya la posibilidad de fundarlos en las deficiencias formales que le dieron lugar. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, declarar desierta la apelaci\u00f3n en comento, como lo resolvi\u00f3 la Colegiatura encartada, bajo una apreciaci\u00f3n extremadamente literal de la norma procedimental, como qued\u00f3 visto, es un proceder que, para el caso concreto, comporta un exceso ritual manifiesto, toda vez que tal determinaci\u00f3n implica una clara y desproporcionada afectaci\u00f3n de las garant\u00edas de la gestora, impidi\u00e9ndole el acceso a la administraci\u00f3n de justicia para obtener la condigna sentencia de segunda instancia en el juicio sometido a la definici\u00f3n de la jurisdicci\u00f3n, por lo que esa situaci\u00f3n excepcional se torna inadmisible y exige la intervenci\u00f3n del juez constitucional (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2. Me aparto de la decisi\u00f3n mayoritaria, puesto que considero que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibd\u00f3, no incurri\u00f3 en excesivo ritual manifiesto que vulnerara los derechos fundamentales invocados por Red de Servicios de Occidente SA. <\/p>\n
En este asunto en el que se debate sobre la deserci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n por falta de sustentaci\u00f3n ante el ad quem conforme a las reglas dispuestas por el Decreto Legislativo 806 de 2020, mis razones son las siguientes: <\/p>\n
El recurso de apelaci\u00f3n contra providencias judiciales, conforme a lo previsto en los art\u00edculos 322 y 327 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo que concierne a las cargas procesales del recurrente comprende dos momentos espec\u00edficos, que debe tener en consideraci\u00f3n el juzgador: el primero de ellos, esto es, la interposici\u00f3n del recurso y la formulaci\u00f3n de los reparos que se desarrolla ante el juez de primera instancia y, el segundo, esto es, la admisi\u00f3n, la sustentaci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n y la decisi\u00f3n, que se adelanta ante el de segunda instancia. <\/p>\n
En cuanto a la oportunidad y los requisitos para instaurar el recurso de apelaci\u00f3n frente a un fallo, el numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 322 del C\u00f3digo General del Proceso, establece, <\/p>\n
\u00abCuando se apele una sentencia, el apelante, al momento de interponer el recurso en la audiencia, si hubiere sido proferida en ella, o dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a su finalizaci\u00f3n o a la notificaci\u00f3n de la que hubiere sido dictada por fuera de audiencia, deber\u00e1 precisar, de manera breve, los reparos concretos que le hace a la decisi\u00f3n, sobre los cuales versar\u00e1 la sustentaci\u00f3n que har\u00e1 ante el superior. <\/p>\n
Para la sustentaci\u00f3n del recurso ser\u00e1 suficiente que el recurrente exprese las razones de su inconformidad con la providencia apelada. <\/p>\n
Si el apelante de un auto no sustenta el recurso en debida forma y de manera oportuna, el juez de primera instancia lo declarar\u00e1 desierto. La misma decisi\u00f3n adoptar\u00e1 cuando no se precisen los reparos a la sentencia apelada, en la forma prevista en este numeral. El juez de segunda instancia declarara desierto el recurso de apelaci\u00f3n contra una sentencia que no hubiere sido sustentado\u00bb. (Se destaca). <\/p>\n
Por su parte el art\u00edculo 327 del C\u00f3digo General del Proceso, establece, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Ejecutoriado el auto que admite la apelaci\u00f3n, el juez convocar\u00e1 a la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo. Si decreta pruebas, estas se practicar\u00e1n en la misma audiencia, y a continuaci\u00f3n se oir\u00e1n las alegaciones de las partes y se dictar\u00e1 sentencia de conformidad con la regla general prevista en este c\u00f3digo. <\/p>\n
El apelante deber\u00e1 sujetar su alegaci\u00f3n a desarrollar los argumentos expuestos ante el juez de primera instancia\u00bb. <\/p>\n
Se destaca que el art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020 en nada alter\u00f3 las exigencias descritas el citado art\u00edculo 322, en cuanto a la interposici\u00f3n del recurso y la formulaci\u00f3n de los reparos: Se ocup\u00f3, exclusivamente de la forma en que se realizar\u00eda la sustentaci\u00f3n, que antes de su expedici\u00f3n era de manera oral en audiencia (art\u00edculo 327 CGP); ahora por escrito, una vez ejecutoriado el auto que admite la apelaci\u00f3n, en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas, ante el ad quem y no al a quo. <\/p>\n
La modificaci\u00f3n que el citado art\u00edculo 14 introdujo al recurso de apelaci\u00f3n de sentencias, en \u00faltimas lo \u00fanico que vari\u00f3 fue la forma de hacer conocer al juez de segunda instancia por el recurrente, el desarrollo de los reparos expresados ante el a quo, de oral a escrita. <\/p>\n
Tampoco reform\u00f3 la norma aludida, la estructura de las cargas que impone el legislador como presupuestos para que el superior funcional examine la providencia apelada y las consecuencias de su desatenci\u00f3n, \u00fanicamente, se itera, como excepci\u00f3n al principio de oralidad en la administraci\u00f3n de justicia, se admiti\u00f3 que, para dicho prop\u00f3sito, el apelante pueda hacerlo por escrito, sin necesidad de acudir personalmente a la sede del funcionario. <\/p>\n
Ahora bien, no pueden equipararse los reparos que se expresan ante el a quo, con los argumentos que soportan la sustentaci\u00f3n que se presenta ante el ad quem, de manera escrita (art\u00edculo 14 Dto. 806 de 2020), tampoco se trata del cumplimiento anticipado de la carga impuesta por el legislador quien previ\u00f3 la oportunidad y el juez competente para verificar su cumplimiento y efecto de su desatenci\u00f3n. <\/p>\n
Por lo anterior, el amparo propuesto no debi\u00f3 ser concedido en tanto que la declaratoria de desierto respecto del recurso de apelaci\u00f3n en este asunto, no es otro que el efecto previsto por el legislador ante el incumplimiento del recurrente de la carga de sustentaci\u00f3n ante el funcionario competente (la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibd\u00f3) y, en la oportunidad se\u00f1alada, lo que evidencia la razonabilidad de la providencia del juez natural. <\/p>\n
Con el debido respeto, dejo as\u00ed consignada mi divergencia. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
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STC7358-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC7358-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-01457-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de junio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Derrotado el proyecto de decisi\u00f3n elaborado en este caso por la ponente inicial (Magistrada Guzm\u00e1n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-64443","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64443","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64443"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64443\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64443"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64443"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64443"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}