STC7467-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7467-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-01793-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por la Procuradur\u00eda 14 Judicial II en Restituci\u00f3n de Tierras de Cali, en favor de Ad\u00edela Ipia Baca, contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n de los derechos al debido proceso, vida digna, igualdad y trabajo de Ad\u00edela Ipia Baca, que dice vulnerados por la sede judicial accionada, por lo que pidi\u00f3 se \u00abdeje sin efecto la determinaci\u00f3n consignada en el numeral noveno de la sentencia de 2 de noviembre de 2021\u00bb y, en su lugar, \u00abse disponga que [Ad\u00edela Ipia Baca] permanezca en el predio objeto de restituci\u00f3n, sin necesidad de transferir el predio al Fondo de la Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, reclam\u00f3 que se \u00abdeje sin efecto el numeral primero del auto de 18 de abril de 2022, que neg\u00f3 la modulaci\u00f3n de los numerales 7 y 9 de la sentencia de 2 de noviembre de 2021\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas interpuso acci\u00f3n de restituci\u00f3n y formalizaci\u00f3n de tierras en favor de Blanca Stella Bonilla, respecto del predio urbano denominado \u201cCasa Lote\u201d, ubicado en el corregimiento de El Palo del municipio de Caloto, departamento del Cauca, identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 124-5304, tr\u00e1mite en el que Ad\u00edela Ipia Baca fungi\u00f3 como opositora. <\/p>\n
2.2. En el decurso procesal la Procuradur\u00eda 14 Judicial II en Restituci\u00f3n de Tierras de Cali, en su condici\u00f3n de Ministerio P\u00fablico, rindi\u00f3 concepto, en el que precis\u00f3, respecto a la opositora, que \u00abno pueden pasar por alto las particulares circunstancias que han rodeado los negocios jur\u00eddicos hasta llegar a la actual opositora, puesto que es una mujer que viv\u00eda en el resguardo ind\u00edgena de la vereda de San Diego del municipio de Tacuey\u00f3 (Cauca), que se vio obligada a desplazarse por la violencia\u00bb, por lo que solicit\u00f3 que \u00absi bien la opositora no puede reputarse como opositora de buena fe exenta de culpa, se dispense tratamiento como segunda ocupante, a quien por efecto de la no voluntariedad del retorno de la peticionaria, se [le] permita\u2026 continuar en el fundo\u00bb. <\/p>\n
2.3. Mediante sentencia del 2 de noviembre de 2021, la sede judicial acusada desestim\u00f3 la oposici\u00f3n que se formul\u00f3, accedi\u00f3 a la restituci\u00f3n que deprec\u00f3 Blanca Stella Bonilla Guio, que deber\u00eda efectivizarse \u00aba trav\u00e9s de la modalidad de restituci\u00f3n por equivalencia econ\u00f3mica o compensaci\u00f3n en dinero\u00bb, por lo que declar\u00f3 \u00abla ausencia de consentimiento o de causa l\u00edcita del contrato de compraventa de\u2026 17 de enero de 2007, a trav\u00e9s del cual\u2026 Blanca Stella Bonilla Guio enajen\u00f3 el predio denominado \u201cCasa Lote\u201d a\u2026 Ferm\u00edn Alfredo Ibarra Grijalba\u2026, registrad[o] en la anotaci\u00f3n No. 13 del folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 124-5304\u00bb y, en consecuencia, orden\u00f3 \u00abla cancelaci\u00f3n de la anotaci\u00f3n No. 13 del folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 124-5304, as\u00ed como de aquellas subsiguientes a trav\u00e9s de las cuales se transfiri\u00f3 el dominio del inmueble restituido por equivalencia econ\u00f3mica\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, el Tribunal enjuiciado reconoci\u00f3, \u00abcomo segunda ocupante\u00bb, a Ad\u00edela Ipia Baca y, por tanto, dispuso \u00abla entrega por parte de la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras de un inmueble equivalente al restituido, con una extensi\u00f3n que no supere una Unidad Agr\u00edcola Familiar\u2026 calculada a nivel predial para el municipio de Caloto\u2026, acompa\u00f1ado de la implementaci\u00f3n de un proyecto productivo\u00bb. <\/p>\n
2.4. Cumplido lo anterior, la Procuradur\u00eda 14 Judicial II en Restituci\u00f3n de Tierras de Cali y la opositora solicitaron la modulaci\u00f3n del prenotado fallo, espec\u00edficamente, de la medida de protecci\u00f3n otorgada a la segunda ocupante, reclamando que se le permitiera permanecer en el predio objeto de restituci\u00f3n, petici\u00f3n que fue desestimada con prove\u00eddo del 18 de abril de los corrientes. <\/p>\n
2.5. En s\u00edntesis, expres\u00f3 la gestora del resguardo que la medida protecci\u00f3n otorgada a la opositora (entrega de un predio equivalente a una Unidad Agr\u00edcola Familiar), \u00abse alej\u00f3 de los principios que orientan la justicia transicional..\u00bb, pues \u00absalir del fundo en donde una mujer cabeza de hogar, en condici\u00f3n de vulnerabilidad, ha asentado su proyecto de vida y en donde ha establecido un peque\u00f1o negocio del cual deriva su sustento, para irse a otra heredad para entrar a crear un nuevo proyecto de vida y arraigo, le acarrear\u00edan graves problemas y dificultades [a la opositora]\u00bb. <\/p>\n
2.6. Adicionalmente, destac\u00f3 que la cuestionada medida de protecci\u00f3n \u00abno tuvo en cuenta los criterios de justicia y equidad que deben ondear en los procesos de restituci\u00f3n, al soslayar el impacto de las medidas dispuestas para una mujer que por su condici\u00f3n de vulnerabilidad exige la implementaci\u00f3n de medidas diferenciales desde la perspectiva de la acci\u00f3n sin da\u00f1o\u00bb; y que el despacho judicial acusado \u00abno\u2026 realiz\u00f3 una aplicaci\u00f3n adecuada del numeral 17 de los Principios Pinheiro\u00bb. <\/p>\n
2.6. Finalmente, destac\u00f3 que \u00aben [un] asunto de similares contornos\u2026, con ponencia del mismo\u2026 Magistrado Ponente del proceso [criticado]\u2026, [se] dispuso que el opositor en quien se reconoci\u00f3 la calidad de segundo ocupante se quedare en el fundo, conservando la titularidad del inmueble\u00bb, por lo que considera que se trasgrede el derecho a la igualdad de la opositora. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali destac\u00f3 que \u00aba pesar de haberse negado la oposici\u00f3n por no acreditarse la buena fe exenta de culpa afirmada por la opositora, se tuvo en cuenta su condici\u00f3n de vulnerabilidad\u00bb, sin que est\u00e9 probado el defecto f\u00e1ctico que denunci\u00f3 la promotora del resguardo. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00abtampoco se vulnera el derecho a la igualdad de la all\u00e1 opositora, toda vez que en la sentencia de\u2026 12 de agosto de 2021\u2026, a la que se hace referencia en el escrito de tutela\u2026, puntualmente respecto de ese aspecto, la mayor\u00eda de la Sala declar\u00f3 pr\u00f3spera la oposici\u00f3n por v\u00eda de la inaplicaci\u00f3n o flexibilizaci\u00f3n del est\u00e1ndar de buena fe exenta de culpa\u00bb, mientras que \u00aben la sentencia que ahora es objeto de tutela, la oposici\u00f3n fue declarada impr\u00f3spera\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, precis\u00f3 que al negarse la modulaci\u00f3n del fallo atacado: <\/p>\n
\u2026 no exist\u00eda ning\u00fan informe o medio de prueba que diera cuenta de la imposibilidad o inviabilidad de las medidas de atenci\u00f3n adoptadas en favor de\u2026 Ad\u00edela Ipia Baca, que permitiera adoptar\u2026, no necesariamente bajo la figura de la modulaci\u00f3n pero s\u00ed con base en el art\u00edculo 102 de la Ley 1448 de 2011, alguna medida o medidas que garantizasen el uso, goce y disposici\u00f3n de los bienes por parte de los despojados a quienes les hubieren sido restituidos o formalizados predios y\u2026 que, por extensi\u00f3n, tambi\u00e9n garantizar la efectividad de las medidas de atenci\u00f3n ordenadas a favor de segundos ocupantes vulnerables\u2026 <\/p>\n
2. La Agencia Nacional de Tierras manifest\u00f3 que \u00abexiste una ausencia de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, dado que los hechos demandados no versan sobre acciones u omisiones administrativas adelantadas por esa entidad\u00bb. <\/p>\n
3. La Agencia Nacional de Hidrocarburos tambi\u00e9n dijo carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, porque \u00abdel escrito de tutela no se desprende alg\u00fan reproche del cual se pueda inferir alg\u00fan tipo de responsabilidad, ni por acci\u00f3n u omisi\u00f3n a [ese organismo] por los hechos descritos\u00bb. <\/p>\n
4. La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas expres\u00f3 que \u00abno tiene legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, habida cuenta que no le asiste injerencia en alguno de los presuntos hechos transgresores de los derechos de la parte actora\u00bb. <\/p>\n
5. El Banco Agrario de Colombia SA resalt\u00f3 que \u00abno ha vulnerado derecho alguno de la accionante ya que la petici\u00f3n objeto de la acci\u00f3n es de \u00edndole procesal y solo le compete al despacho de conocimiento y a la accionante pronunciarse sobre el particular\u00bb. <\/p>\n
6. El Instituto Nacional de V\u00edas (INVIAS) pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite, comoquiera que \u00abno ha vulnerado ni existe amenaza alguna frente a los derechos invocados por la accionante\u00bb. <\/p>\n
7. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio expres\u00f3 que carece de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, pues \u00abno ha vulnerado el debido proceso del accionante toda vez que las actuaciones [a] que alude\u2026 no son responsabilidades ni funciones propias de ese Ministerio\u00bb. <\/p>\n
8. La Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Caloto rindi\u00f3 informe. <\/p>\n
9. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Respecto a la legitimaci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico para promover acciones de tutela, de entrada, ha de resaltarse que, en un caso de similares contornos a los aqu\u00ed analizados, precis\u00f3 esta Corporaci\u00f3n lo siguiente: <\/p>\n
\u2026 el art\u00edculo 10\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, que regula la acci\u00f3n de tutela, determina que aquella se podr\u00e1 ejercer por la \u00abpersona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante\u00bb. <\/p>\n
Para facilitar la defensa de derechos ajenos, tambi\u00e9n estableci\u00f3 la presunci\u00f3n de autenticidad de los poderes otorgados, la agencia oficiosa cuando el titular de las garant\u00edas constitucionales no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa y se facult\u00f3 al Defensor del Pueblo para que invoque la solicitud de protecci\u00f3n del titular de los derechos, cuando \u00e9ste se lo solicite o se encuentre en situaci\u00f3n de desamparo e indefensi\u00f3n (Art. 46, Decreto 2591 de 1991). <\/p>\n
As\u00ed mismo, la Corte Constitucional, en sentencia T-293 de 2013, concluy\u00f3, que tambi\u00e9n el Ministerio P\u00fablico, en virtud de la facultad constitucional conferida en el art\u00edculo 277 superior, est\u00e1 habilitado para acudir a este mecanismo en defensa de los derechos de los asociados: <\/p>\n
\u00ab\u2026La Constituci\u00f3n no s\u00f3lo otorg\u00f3 a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n un ampl\u00edsimo conjunto de competencias, sino tambi\u00e9n la posibilidad de ejercerlas a trav\u00e9s de la interposici\u00f3n de las acciones que considere necesarias. Por lo tanto, si desde el punto de vista del debido proceso constitucional, el Procurador o sus agentes pueden interponer las acciones judiciales que consideren necesarias para proteger los derechos ajenos o el inter\u00e9s p\u00fablico, no existe raz\u00f3n constitucional para que no pueda hacerlo a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela. M\u00e1s a\u00fan cuando, como en este caso, la intervenci\u00f3n de los agentes del Ministerio P\u00fablico tanto en el proceso penal como en la tutela misma, ha estado orientada a solicitar la protecci\u00f3n de los derechos del inter\u00e9s p\u00fablico afectado por el carrusel de la contrataci\u00f3n. Por lo tanto, considera la Sala que la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n o sus agentes est\u00e1n legitimados para interponer acciones de tutela, cuando ello sea necesario para el cumplimiento de sus funciones constitucionales en protecci\u00f3n del inter\u00e9s general, del patrimonio p\u00fablico y de los intereses de la sociedad.\u00bb <\/p>\n
3. En el supuesto que analiza la Corte, la solicitud de protecci\u00f3n aparece elevada por Jos\u00e9 Luis Colmenares C\u00e1rdenas, en su condici\u00f3n de Procurador 19 Judicial II de Restituci\u00f3n de Tierras y a la solicitud de protecci\u00f3n constitucional se adhiri\u00f3 el Defensor del Pueblo designado para la defensa judicial del opositor. <\/p>\n
Luego, es evidente que los funcionarios judiciales accionantes se encontraban legitimados para invocar la defensa de las garant\u00edas superiores del ciudadano en favor de quien act\u00faan. (CSJ STC13683-2015). <\/p>\n
3. Decantado lo anterior y prosiguiendo con el estudio que corresponde, mem\u00f3rese que, por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
No obstante, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que, <\/p>\n
(\u2026) el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado(…), (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183, reiterada STC4269-2015 16 abr. 2015). <\/p>\n
As\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el Juez se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos o cuando se presenta un defecto sustantivo en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, advierte la Corte que el estrado enjuiciado cometi\u00f3 un desafuero que amerita la injerencia de esta jurisdicci\u00f3n, habida cuenta que omiti\u00f3 motivar, debidamente, la sentencia criticada, conforme pasa a exponerse. <\/p>\n
En efecto, revisado el asunto objeto de censura, se verifica que el Ministerio P\u00fablico, al emitir concepto, seg\u00fan se relat\u00f3 en el atacado fallo de 2 de noviembre de 2021, manifest\u00f3 que: <\/p>\n
En cuanto a la oposici\u00f3n formulada por\u2026 Ad\u00edela Ipia Baca, se\u00f1al\u00f3, luego de examinar las alegaciones y defensa presentadas por la opositora, se evidencia que, si la venta realizada por la solicitante decae por efecto del vicio del consentimiento, las posteriores tradiciones tambi\u00e9n se encuentran afectadas, lo que significa que el negocio jur\u00eddico realizado con\u2026 Silvio Salazar, tambi\u00e9n quedar\u00eda sin efecto, porque el bien se adquiri\u00f3 en el contexto de violencia. <\/p>\n
Sin embargo, considera que las decisiones adoptadas por la Sala no pueden pasar por alto las particulares circunstancias que han rodeado los negocios jur\u00eddicos hasta llegar a la actual opositora, puesto que es una mujer que viv\u00eda en el resguardo ind\u00edgena de la vereda de San Diego del municipio de Tacuey\u00f3 (Cauca), que se vio obligada a desplazarse por la violencia, la cual no conoc\u00eda a la solicitante, por lo que la procuradora solicita que si bien la opositora no puede reputarse como opositora de buena fe exenta de culpa, se dispense tratamiento como segunda ocupante, a quien por efecto de la no voluntariedad del retorno de la peticionaria, se permita a la se\u00f1ora Ipia Baca, continuar en el fundo, disponiendo la caracterizaci\u00f3n por parte de la URT para que pueda ser incluida en las medidas de pol\u00edtica p\u00fablica atendiendo su condici\u00f3n de mujer campesina, en raz\u00f3n a que es imperativo ocuparse de la problem\u00e1tica en que se halla, en aplicaci\u00f3n del principio de la acci\u00f3n sin da\u00f1o que debe primar en estos asuntos para no generar mayor violencia\u2026 <\/p>\n
Entonces, evidente es que el Ministerio P\u00fablico solicit\u00f3 al Tribunal criticado que reconociera a la opositora Ad\u00edela Ipia Baca, como segunda ocupante del predio objeto de restituci\u00f3n, as\u00ed como tambi\u00e9n que, atendiendo las especiales circunstancias de vulnerabilidad de aquella y toda vez que la peticionaria de la restituci\u00f3n no deseaba retornar al bien en litigio, se le permitiera continuar en el inmueble. <\/p>\n
No obstante, revisada la anotada sentencia, encuentra la Sala que el estrado acusado reconoci\u00f3 a Ad\u00edela Ipia Baca como segunda ocupante, conforme lo hab\u00eda solicitado el Ministerio P\u00fablico, pero nada dijo respecto de la petici\u00f3n que dicho interviniente elev\u00f3, espec\u00edficamente, aquella enfilada a permitir que la opositora conservara el bien objeto de restituci\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, en la cuestionada providencia de 2 de noviembre de 2021, tras desecharse la oposici\u00f3n que se formul\u00f3, la Colegiatura acusada se limit\u00f3 a indicar lo siguiente: <\/p>\n
Los antedichos factores y circunstancias afectan toda la cadena tradici\u00f3n posterior a la celebraci\u00f3n del mencionado negocio jur\u00eddico a trav\u00e9s del cual la accionante se desprendi\u00f3 de la casa deprecada y, dado el conocimiento p\u00fablico de las mismas y particularmente el que ten\u00eda el extremo pasivo, quien tramit\u00f3 la autorizaci\u00f3n para poder celebrar compraventa sobre el inmueble, transmisibilidad que afecta a la se\u00f1ora Ad\u00edela Ipia Baca, quien no solo, como ya se dijo, debi\u00f3 solicitar autorizaci\u00f3n al pluricitado Comit\u00e9 Municipal para la Atenci\u00f3n Integral a la Poblaci\u00f3n Desplazada por la Violencia del Municipio de Caloto, sino que adquiri\u00f3 el predio que aqu\u00ed se depreca en restituci\u00f3n a un precio que ella misma reconoce como bajo, razones suficientes para concluir que no es dable concederle a la opositora la compensaci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 91 de la ley 1448 de 2011, ante su ausencia de buena fe exenta de culpa en la adquisici\u00f3n. <\/p>\n
No obstante, s\u00ed habr\u00e1 lugar a adoptar medidas en su favor, pues, como ya se dijo, esta Corporaci\u00f3n no desconoce que se trata de una persona vulnerable en punto al acceso a tierra, que no solo habita el inmueble solicitado en restituci\u00f3n sino que tambi\u00e9n deriva su sustento del mismo y que lejos de pertenecer y\/o tener v\u00ednculos con grupos al margen de la ley fue v\u00edctima directa del conflicto armado interno; adem\u00e1s, es madre cabeza de familia y obtiene los recursos para su sustento y el de su n\u00facleo familiar de una tienda ubicada en el inmueble deprecado, por lo que se deben armonizar los derechos de la restituyente y de la opositora, merecedora de un enfoque diferencial, de ah\u00ed que si bien no puede calificarse como opositora de buena fe exenta de culpa, se dispondr\u00e1 su reconocimiento como segunda ocupante con derecho a las medidas contempladas en el Acuerdo No. 033 de 2016, que para su caso concreto corresponde a la entrega de un inmueble equivalente al restituido, con una extensi\u00f3n que no supere una Unidad Agr\u00edcola Familiar (UAF) calculada a nivel predial para el municipio de Caloto (Cauca), acompa\u00f1ado de la implementaci\u00f3n de un proyecto productivo; adicionalmente, la UAEGRTD deber\u00e1 realizar las gestiones pertinentes para su priorizaci\u00f3n ante el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio para su inclusi\u00f3n en el programa de Vivienda de Inter\u00e9s Social Rural (VISR), al tenor del art\u00edculo 8 del Decreto en cita. <\/p>\n
La anterior determinaci\u00f3n encuentra sustento no solo en la especial condici\u00f3n de la aqu\u00ed opositora, que la Sala no puede pasar por alto, sino adem\u00e1s en el hecho de hallarse acreditado en el plenario que la se\u00f1ora IPIA BACA \u00fanicamente aparece registrada como titular del dominio del predio objeto de reclamaci\u00f3n o, en otras palabras, no detenta la propiedad de inmueble distinto a aquel denominado \u201cCasa Lote\u201d, ubicado en la carrera 6 No. 3-66 del corregimiento de El Palo del municipio de Caloto, departamento del Cauca, y distinguido con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 124-5304 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Caloto (Cauca) y la c\u00e9dula catastral 1914202000006002100023, siendo justamente \u00e9ste el bien que le permite obtener el sustento propio y de su n\u00facleo familiar. <\/p>\n
Luego, evidente es que el Tribunal criticado resolvi\u00f3 sobre la condici\u00f3n de segunda ocupante de la opositora, pero nada dijo sobre la medida de protecci\u00f3n que reclam\u00f3 el Ministerio P\u00fablico, consistente, como antes se dijo, en permitirle conservar el bien en litigio, atendiendo que la solicitante de la restituci\u00f3n no reclam\u00f3 la devoluci\u00f3n material del predio, sino la compensaci\u00f3n en dinero, as\u00ed como tambi\u00e9n las especiales condiciones de Ad\u00edela Ipia Baca, mujer v\u00edctima de la violencia, madre cabeza de familia y de escasos recursos econ\u00f3micos. <\/p>\n
En suma, como se anunci\u00f3 al inicio de este ac\u00e1pite, la decisi\u00f3n objeto de la petici\u00f3n de amparo carece de la debida fundamentaci\u00f3n, omisi\u00f3n que, sin duda, trasgrede las garant\u00edas fundamentales de Ad\u00edela Ipia Baca, por cuanto \u00ab\u2026 la motivaci\u00f3n de las providencias judiciales es un imperativo dimanado del debido proceso en garant\u00eda del derecho de las partes e intervinientes a asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el operador jur\u00eddico frente al caso materia de juzgamiento\u2026\u00bb (CSJ STC, 4 dic. 2009, rad. 2009-02174-00; reiterada en CSJ STC, 10 oct. 2013, rad. 2013-01931-00). <\/p>\n
5. Por lo dem\u00e1s, cabe a\u00f1adir, que esta Corporaci\u00f3n ha reconocido la necesidad de proteger a aquellas personas que ostentan la calidad de \u00absegundos ocupantes\u00bb, sobre lo cual ha precisado que: <\/p>\n
2. Las complejidades de las din\u00e1micas agrarias, entremezcladas con la violencia b\u00e9lica colombiana, crearon situaciones en donde diversos actores, ya sean armados o no, con distintos intereses, confluyeron para ejercer el control territorial a trav\u00e9s del despojo u ocupaci\u00f3n de los predios de quienes tradicionalmente los detentaban. <\/p>\n
El anterior escenario, combinado con condiciones inveteradas de escasez o inequidad, provocaron que personas pobres, desplazadas o asalariados de bajos ingresos, ocuparan o compraran con los ahorros de su vida, bienes supuestamente disponibles y sin limitaciones, desconociendo hechos de saqueo o abandono ocultos frente a los mismos. Tales sujetos se consideran segundos ocupantes. <\/p>\n
a ocupaci\u00f3n secundaria de hogares desterrados o marginados ha constituido un inconveniente para la restituci\u00f3n de los fundos despojados o abandonados producto del conflicto armado, aspecto que no es propio de nuestro pa\u00eds, pues tambi\u00e9n tuvo lugar en otras naciones afectadas por guerras civiles, en cuyo caso, pese a haberse implementado en ellas programas de retorno y reparaci\u00f3n, tal realidad constituy\u00f3 un obst\u00e1culo para su \u00e9xito1. <\/p>\n
El reconocimiento de esa problem\u00e1tica fue abordado inicialmente por el Comit\u00e9 de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas2, mediante la Observaci\u00f3n General N\u00ba 7, as\u00ed: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los Estados han de adoptar las medidas necesarias para proteger a los ocupantes secundarios de la indigencia, la reubicaci\u00f3n irrazonable, u otras violaciones de sus derechos humanos\u201d. <\/p>\n
\u201cLas operaciones de paz y las instituciones de restituci\u00f3n, al mismo tiempo que defienden el respeto del derecho a la restituci\u00f3n, han de cerciorarse de que los ocupantes secundarios no se queden sin vivienda\u201d. <\/p>\n
\u201cEs importante desarrollar mecanismos para garantizar el acceso a otra vivienda (\u2026) no se puede retrasar continuamente la recuperaci\u00f3n de las viviendas por sus titulares leg\u00edtimos a consecuencia de la incapacidad del Estado para encontrar alojamiento alternativo para los actuales ocupantes (\u2026)\u201d3 (se resalta). <\/p>\n
La aplicaci\u00f3n irrestricta de la Ley 1448 de 2011, a cargo de la judicatura transicional de tierras, trajo consigo el descubrimiento de una realidad no prevista por el legislador al momento de aprobar dicho texto normativo: muchos de los inmuebles usurpados no estaban ocupados por grupos armados al margen de la ley ni por usurpadores, sino por campesinos (segundos ocupantes) que sin tener relaci\u00f3n pr\u00f3xima con el despojo o abandono forzado, respecto de los cuales no fue probada su buena fe exenta de culpa, se encontraban en situaci\u00f3n de vulnerabilidad, ya fuera por su calidad de v\u00edctimas de la guerra o por razones de pobreza o subsistencia, depend\u00edan econ\u00f3micamente de los fundos a restituir. <\/p>\n
Ante la falta de reconocimiento legal, sumada a la imperiosa necesidad de proveer una compensaci\u00f3n a las referidas personas, la UAEGRT profiri\u00f3 el Acuerdo 15 de 2015, destacando: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [D]entro del desarrollo de algunos procesos, no se puede establecer en el opositor la buena fe exenta de culpa, trayendo consigo que \u00fanicamente se le considere como de buena fe simple, que puede dar lugar a ser reconocid[o] por el juez en virtud de su autonom\u00eda judicial y ordenar a su favor una medida de atenci\u00f3n, dadas sus condiciones socioecon\u00f3micas dependiendo del caso concreto (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Posteriormente, el Gobierno Nacional expidi\u00f3 el Decreto 440 de 2016, por el cual adopt\u00f3 \u201cMedidas de atenci\u00f3n a los segundos ocupantes\u201d, exponiendo: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [D]ando cumplimiento a estas prescripciones y atendiendo a las complejidades inherentes a la restituci\u00f3n de tierras, los Jueces y Magistrados Especializados, en sus decisiones han reconocido esta problem\u00e1tica y han ordenado atender a los segundos ocupantes, por lo que resulta imprescindible que la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas, como \u00f3rgano administrativo para la gesti\u00f3n de la restituci\u00f3n de tierras de los despojados, establezca mecanismos para dar cumplimiento efectivo a las decisiones judiciales que reconozcan y ordenen atender a los segundos ocupantes (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Art\u00edculo 2.15.1.1.15. Si existieren providencias judiciales ejecutoriadas que reconozcan medidas y mecanismos de atenci\u00f3n a segundos ocupantes en la acci\u00f3n de restituci\u00f3n de tierras, la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras, emprender\u00e1 las acciones correspondientes a dar cumplimiento efectivo a dichos fallos (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Luego, la memorada entidad emiti\u00f3 el Acuerdo 33 de 2016, \u201cPor el cual se deroga el Acuerdo 29 de 2016 y se establecen medidas de atenci\u00f3n a segundos ocupantes\u201d, considerando: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [se] hace necesario contar con un reglamento que armonice con los efectos erga omnes de la Sentencia C-330 de 2016 y las sub reglas jurisprudenciales contenidas en el auto 373 y las Sentencias T-315 y T-367 de 2016, dado que conforme a los c\u00e1nones de la t\u00e9cnica normativa que exigen una estructura sistematizada y uniforme en las normas de car\u00e1cter administrativo, es conveniente la creaci\u00f3n de un nuevo acuerdo donde se d\u00e9 alcance a la providencia y compendie la forma en la que se adelantar\u00e1 la atenci\u00f3n a los segundos ocupantes, de cara a su contenido (\u2026)\u201d. (CSJ STC16928-2019). <\/p>\n
6. Lo considerado impone conceder el resguardo rogado, por lo que se ordenar\u00e1 al Tribunal criticado dejar sin efecto la sentencia de 2 de noviembre de 2021, as\u00ed como tambi\u00e9n de toda la actuaci\u00f3n que depende de \u00e9sta, que resolvi\u00f3 el proceso de restituci\u00f3n de tierras criticado, para que proceda a dictar una nueva decisi\u00f3n en la que resuelva sobre la petici\u00f3n que elev\u00f3 el Ministerio P\u00fablico en favor de Ad\u00edela Ipia Baca, en el sentido de analizar la posibilidad de permitir que dicha opositora conserve el predio objeto del litigio, atendiendo las consideraciones precedentes. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, concede el resguardo al derecho al debido proceso de Ad\u00edela Ipia Baca. En consecuencia, DISPONE: <\/p>\n
Primero: Ordenar a la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali que, tras dejar sin efecto la sentencia que profiri\u00f3 el 2 de noviembre de 2021, as\u00ed como tambi\u00e9n toda la actuaci\u00f3n que dependa de \u00e9sta, en el proceso objeto de queja constitucional (radicaci\u00f3n 19001-31-21-001-2019-00052), dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes a la comunicaci\u00f3n de esta providencia, emita una nueva determinaci\u00f3n en la que resuelva la petici\u00f3n que elev\u00f3 el Ministerio P\u00fablico en favor de Ad\u00edela Ipia Baca, en el sentido de analizar la posibilidad de permitir que dicha opositora conserve el predio objeto del litigio, teniendo en cuenta las consideraciones contenidas en la parte motiva de este fallo. Por Secretar\u00eda rem\u00edtasele copia de esta determinaci\u00f3n. <\/p>\n
Segundo: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
La autoridad accionada informar\u00e1 a esta Corporaci\u00f3n sobre el cumplimiento de la orden impartida, dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes al vencimiento de aquel t\u00e9rmino. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Tal es el caso de Azerbaiy\u00e1n, Armenia, Ruanda, But\u00e1n, Bosnia- Herzegovina, Croacia, Georgia, K\u00f3sovo, entre otros. (Manual sobre la Restituci\u00f3n de las Viviendas y el Patrimonio de Refugiados y Personas Desplazadas. Aplicaci\u00f3n de los \u201cPrincipios Pinheiro\u201d. Marzo 2007. (ACNUR, OCHA, ONU-DERECHOS HUMANOS, FAO, NRC y ONU-HABITAT). <\/p>\n
2\u0002 El Comit\u00e9 de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales (CESCR, por sus siglas en ingl\u00e9s) se cre\u00f3 en virtud de la resoluci\u00f3n 1985-17 de 28 de mayo de 1985, expedida por el Consejo Econ\u00f3mico y Social de las Naciones Unidas para desempe\u00f1ar las funciones de supervisi\u00f3n del Pacto Internacional de Derechos Econ\u00f3micos Sociales y Culturales (PIDESC) asignadas a este Consejo en la parte IV del PIDESC. <\/p>\n
3\u0002 P\u00e1gina 79. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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STC7467-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC7467-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-01793-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de junio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por la Procuradur\u00eda 14 Judicial […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-64450","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64450","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64450"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64450\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64450"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64450"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64450"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}