STC7469-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7469-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-01854-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se deciden las acciones de tutela instauradas por Carisol Epiayu Castro, quien act\u00faa en nombre propio y como \u00abautoridad ancestral y tradicional de la comunidad ind\u00edgena El Wayuukazo\u00bb, Alicia Castro Epiayu; Belsi, Alejandrina, Arturo, Sorayi, Erika, Duban, Joaqu\u00edn y Yaquelin Pe\u00f1alver; Yusmeris Paola y Yerri Jos\u00e9 Pe\u00f1alver Epiayu contra la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa localidad, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los accionantes reclamaron protecci\u00f3n de sus garant\u00edas al territorio, vida digna, salud, vivienda digna, educaci\u00f3n, debido proceso, propiedad colectiva, \u00abderecho propio\u00bb, autogobierno de comunidades ind\u00edgenas, \u00abdesarrollo de la identidad cultural, a su determinaci\u00f3n, diversidad \u00e9tnica, diversidad e identidad cultural de comunidades y grupos \u00e9tnicos\u00bb, que dicen conculcados por las autoridades judiciales convocadas, por lo que pidieron que se ordene al juzgado accionado que \u00abantes de adelantar el desalojo de la comunidad ind\u00edgena El Wayuukazo, se ordene a la Alcald\u00eda\u2026 de Riohacha y a las dem\u00e1s entidades accionadas que adopten medidas y soluciones definitivas en cuanto a la reubicaci\u00f3n en un territorio adecuado a [su] condici\u00f3n ind\u00edgena\u00bb; y, adem\u00e1s, que se disponga \u00abla suspensi\u00f3n\u2026 inmediata de la orden de desalojo\u00bb e \u00abinsistir ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n para que\u2026 establezca el destino que corri\u00f3 la escritura p\u00fablica\u2026 317 de 2012\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Franklin Juscelino, Carlos Luis, Miryan Elizabeth, Doyller Kassin y Zoraya Margarita Rojas Ram\u00edrez, en condici\u00f3n de herederos de la extinta Margarita Victoria Ram\u00edrez de Rojas, promovieron demanda reivindicatoria contra Rub\u00e9n Pe\u00f1alver Romero, con miras a que se le ordenara al demandado restituir el bien denominado \u00abSan Ram\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.2. Notificado el enjuiciado, contest\u00f3 la demanda, propuso excepciones y formul\u00f3 reconvenci\u00f3n, con la finalidad de que se declarara que adquiri\u00f3, por prescripci\u00f3n, el inmueble objeto en litigio. <\/p>\n
2.3. Mediante sentencia del 18 de noviembre de 2015, se accedi\u00f3 a la pretensiones principales, se desecharon las excepciones meritorias y se desestim\u00f3 el libelo de reconvenci\u00f3n, decisi\u00f3n que apel\u00f3 el demandado, siendo confirmada con providencia del del 4 de agosto de 2016. <\/p>\n
2.4. Cumplido lo anterior, el juzgado accionado inici\u00f3 diligencia para llevar a cabo la entrega del inmueble objeto del proceso, a la que se opusieron Carisol Epiayu Castro, Telemina Helena Barros Cuadrado y Mar\u00eda Candelaria Fr\u00edas Rodr\u00edguez, oposiciones rechazadas con prove\u00eddo del 14 de mayo de 2019. <\/p>\n
2.5. Contra esa \u00faltima determinaci\u00f3n, las opositoras Barros Cuadrado y Fr\u00edas Rodr\u00edguez interpusieron apelaci\u00f3n, que fue desechada con providencia del primero de julio de 2020. <\/p>\n
2.6. En lo que ata\u00f1e a las sedes judiciales convocadas, en s\u00edntesis, expresaron los gestores del resguardo que \u00abel juzgado nunca notific\u00f3 a los miembros de la comunidad El Wayuukazo, ni [les] dio el tratamiento especial de comunidad ind\u00edgena, ni\u2026 se [le] dio el tratamiento especial al territorio que habita[n]\u00bb, lo que deja \u00absin fundamento y con\u2026 nulidad el fallo\u2026 [dictado] por el Juzgado [criticado], que tiene por objeto el desalojo de los miembros de [su] comunidad\u2026\u00bb; y que a pesar de que esa sede judicial concluy\u00f3 que la escritura p\u00fablica 317 del 10 de abril de 2012, \u00abla cual fue soporte de la oposici\u00f3n presentada por\u2026 Telemina Barros\u00bb, \u00abdesapareci\u00f3 de los anales de la Notar\u00eda Segunda de\u2026 Riohacha\u2026, orden\u00f3 el desalojo\u2026, sin importarle que una prueba tan contundente, suficiente para variar el sentido del fallo hubiera desaparecido\u00bb. <\/p>\n
2.8. Por lo dem\u00e1s, manifestaron que, de llevarse a cabo la entrega ordenada por el despacho judicial enjuiciado, se estar\u00edan vulnerando los derechos fundamentales de los ni\u00f1os y las personas de la tercera edad que habitan en el fundo objeto de reivindicaci\u00f3n. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Riohacha precis\u00f3 que las decisiones que ordenaron la entrega que criticaron los actores \u00abse ajustan a derecho, as\u00ed como cada una de las actuaciones surtidas, debi\u00e9ndose indicar que se ha sido garantista, cit\u00e1ndose a las autoridades administrativas y policiales, para efectos de llevar a cabo la diligencia objeto de reparo, pes\u00e9 [a ser] un predio privado, se han tenido en cuenta los lineamientos previstos por la Corte Constitucional en [la sentencia] SU-016 de 2021\u00bb. <\/p>\n
2. El Ministerio del Interior dijo carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, \u00abpor cuanto no existe nexo de causalidad entre la presunta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados por la parte actora y la acci\u00f3n u omisi\u00f3n por parte de ese Ministerio\u00bb. <\/p>\n
3. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la Rep\u00fablica solicit\u00f3 que \u00abse declare la falta de legitimaci\u00f3n material en la causa por pasiva y\/o la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela por inexistencia de vulneraci\u00f3n de los derechos invocados por parte del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Rep\u00fablica y\/o del\u2026 Presidente de la Rep\u00fablica\u00bb, toda vez que \u00abno existe nexo de causalidad entre la presunta violaci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales invocados por la parte actora y [esas] entidades\u2026, comoquiera que no son la autoridad p\u00fablica que presuntamente viol\u00f3 o amenaz\u00f3 los derechos fundamentales invocados\u00bb. <\/p>\n
4. La Alcald\u00eda de Riohacha destac\u00f3 que \u00abs\u00ed existe una posesi\u00f3n por parte del distrito de Riohacha a la autoridad tradicional de la comunidad El Wayuukaso\u00bb, pero que \u00abno es cierto que\u2026 se le haya reconocido como entidad p\u00fablica de car\u00e1cter especial, ya que este predio no se encuentra [reconocido] como resguardo ind\u00edgena\u00bb; y que \u00abla Direcci\u00f3n de Asuntos Ind\u00edgenas no ha procedido a una nueva posesi\u00f3n, toda vez que se encuentra demostrado dentro [del proceso reivindicatorio]\u2026 que el predio donde en encuentra asentada [dicha] comunidad\u2026 es un predio privado y no ancestral\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, precis\u00f3 que \u00abno le consta que desde\u2026 el\u2026 2018 la comunidad\u2026 haya solicitado el acompa\u00f1amiento para el cambio de autoridad tradicional\u00bb, pero \u00abes cierto que el\u2026 1 de marzo de 2022, le solicitaron un acompa\u00f1amiento para la asamblea de reconocimiento de la nueva autoridad tradicional\u00bb, petici\u00f3n a la que \u00abdio contestaci\u00f3n de fondo\u00bb. <\/p>\n
5. La Agencia Nacional de Tierras resalt\u00f3 que \u00abno es competente para pronunciarse en el presente asunto, pues las acciones que dan a la presente acci\u00f3n de tutela vienen siendo ejecutadas por autoridades ajenas a esa entidad dentro de los procesos administrativos y judiciales a su cargo\u00bb y, adem\u00e1s, que \u00abno se evidencia acto administrativo ni solicitud de constituci\u00f3n de territorio colectivo a nombre de la Comunidad Ind\u00edgena Wayuukazo. As\u00ed mismo, el equipo de Gesti\u00f3n Documental inform\u00f3 que no se encontr\u00f3 documento al respecto en sus bases documentales\u00bb. <\/p>\n
6. El abogado Doyller Andr\u00e9s Rojas Rada, quien dijo fungir como \u00abapoderado de\u2026 Zoraya Margarita Rojas Ram\u00edrez\u00bb, sin que aportara mandato para representarla en el presente tr\u00e1mite, pidi\u00f3 negar el resguardo. <\/p>\n
7. La Procuradur\u00eda 12 Judicial II Ambiental y Agrario de la Guajira se\u00f1al\u00f3 que \u00abno tuvo conocimiento de los hechos que motivaron la demanda de tutela, como tampoco intervino en calidad de agente del ministerio p\u00fablico dentro de los tramites del proceso reivindicatorio adelantado por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Riohacha\u00bb, por lo que \u00abno [puede] realizar un pronunciamiento respecto de los hechos que el accionante considera son violatorios de sus derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
8. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades, en determinadas hip\u00f3tesis, por los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Examinada la demanda de tutela, se advierte que los quejosos cuestionaron: (i) que no se hubiese convocado al juicio criticado a la comunidad que denominan \u00abEl Wayuukazo\u00bb; (ii) la legalidad de las sentencias que decidieron el juicio reivindicatorio; y (iii) el prove\u00eddo de primero de julio de 2020, que confirm\u00f3 el dictado el 14 de mayo de 2019, a trav\u00e9s del que se rechazaron las oposiciones a la entrega que se formularon en el proceso objeto de censura constitucional. <\/p>\n
3. Respecto al primero de los referidos reclamos, relacionado con la supuesta falta de vinculaci\u00f3n al juicio criticado de la prenotada comunidad, concluye la Corte que la solicitud de resguardo resulta inviable, porque los querellantes omitieron solicitar, con fundamento en lo previsto en el numeral 8\u00b0 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, la invalidez de lo actuado en dicho asunto, situaci\u00f3n que debieron esgrimir en la diligencia de entrega del predio objeto de reivindicaci\u00f3n, conforme lo permite el art\u00edculo 134 de la citada codificaci\u00f3n, norma que dispone, en sus apartes pertinentes, que: <\/p>\n
Las nulidades podr\u00e1n alegarse en cualquiera de las instancias antes de que se dicte sentencia o con posteridad a esta, si ocurrieren en ella. <\/p>\n
La nulidad por indebida representaci\u00f3n o falta de notificaci\u00f3n o emplazamiento en legal forma, o la originada en la sentencia contra la cual no proceda recurso, podr\u00e1 tambi\u00e9n alegarse en la diligencia de entrega o como excepci\u00f3n en la ejecuci\u00f3n de la sentencia, o mediante el recurso de revisi\u00f3n, si no se pudo alegar por la parte en las anteriores oportunidades. (Negrillas ajenas al texto). <\/p>\n
Y es que, revisados los elementos de juicio allegados a esta sumaria tramitaci\u00f3n, se evidencia que, por lo menos, Carisol Epiayu Castro particip\u00f3 en la referida entrega, oportunidad en la que formul\u00f3 oposici\u00f3n a \u00e9sta, pero no aleg\u00f3 la nulidad por la supuesta falta de vinculaci\u00f3n de la comunidad que dice representar. <\/p>\n
De ese modo el reclamo actual resulta improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si los gestores del amparo desperdiciaron \u00ablas diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
(\u2026) es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01, criterio reiterado, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n
4. Ahora, respecto a los dem\u00e1s reclamos que elevaron Alicia Castro Epiayu; Belsi, Alejandrina, Arturo, Sorayi, Erika, Duban, Joaqu\u00edn y Yaquelin Pe\u00f1alver; Yusmeris Paola y Yerri Jos\u00e9 Pe\u00f1alver Epiayu, de entrada, advierte la Sala que dichos tutelantes carecen de legitimaci\u00f3n para cuestionar por esta v\u00eda las actuaciones surtidas en el proceso fuente del reclamo, por no ser parte de dicha contienda. <\/p>\n
Al respecto, en un asunto de contornos similares al de ahora, la Sala precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026 \u2018al ser evidente que la promotora de la queja carece de atribuci\u00f3n para adelantar por este medio la defensa de los derechos fundamentales reclamados dentro de un juicio donde no ostent\u00f3 la calidad de parte ni de tercero, emerge ostensible la improcedencia de la protecci\u00f3n impetrada, no siendo menester adentrarse en el contenido de la queja por cuanto lo primero excluye lo segundo\u2019 (sentencia de 26 de noviembre de 2010, exp. 11001-22-03-000-2010-01168-01, reiterada en fallo de 26 de julio de 2012, exp. No. 13001-22-13-000-2012-00198-01) (CSJ STC 24 oct. 2012, rad. 00171-01, reiterado en STC2689-2015, 11 mar. 2015, rad. 00421-00). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se advierte que lo prenombrados quejosos no ostentan la calidad de partes ni de intervinientes en el tr\u00e1mite atacado, conforme se extracta de la informaci\u00f3n remitida por parte de los estrados accionados, por lo que carecen de legitimaci\u00f3n para censurar las decisiones objeto de reproche, espec\u00edficamente, las sentencias que decidieron sobre la reivindicaci\u00f3n y los prove\u00eddos que desecharon las oposiciones a la entrega que se formularon <\/p>\n
5. En cuanto a Carisol Epiayu Castro, quien s\u00ed particip\u00f3 en el juicio acusado, pues se opuso a la entrega que se orden\u00f3 en \u00e9ste, se verifica que la \u00faltima de las decisiones que critic\u00f3 data del primero de julio de 2020, mediante la cual se resolvi\u00f3 la alzada que se interpuso contra el auto que rechaz\u00f3 las oposiciones a la entrega que se formularon en ese asunto. <\/p>\n
En este orden de ideas, concluye la Corte que la solicitud de resguardo carece del requisito de inmediatez, teniendo en cuenta que entre esa \u00faltima fecha (1\u00b0 de julio de 2020) y la de interposici\u00f3n de la demanda de amparo bajo an\u00e1lisis, abril de 2022, transcurri\u00f3 un lapso que supera por mucho el de seis (6) meses, fijado por la consistente jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, como razonable y proporcional para que la persona afectada en sus prerrogativas b\u00e1sicas ejerza esta acci\u00f3n constitucional, sin que la foliatura reporte la existencia de alg\u00fan motivo que justifique la anotada tardanza en acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Frente al requisito de inmediatez, la Sala ha dicho que: <\/p>\n
(\u2026) \u201cno puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u201d (prove\u00eddo de 2 de agosto de 2007, exp. 00188-01, reiterado el 30 de agosto de 2012, exp. 01254-01). <\/p>\n
Reiterando que \u201cel ejercicio de la acci\u00f3n de tutela debe ser oportuno y congruente con el prop\u00f3sito que persigue, que no es otro que brindar soluci\u00f3n \u2018a situaciones presentes que a\u00fan pueden ser susceptibles de tal remedio, y no denunciar hechos cuyos efectos se han materializado\u2026\u2019 (Sentencia de 17 de julio de 2006, exp. No. 11001-0204-000-2006-00826-01)\u201d (Sentencia de 8 de agosto de 2012, exp. 00189-01); o lo que es igual, \u201cla presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela debe realizarse dentro de un t\u00e9rmino razonable, que permita la protecci\u00f3n inmediata del derecho fundamental a que se refiere el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica\u201d, en aras de \u201cpreservar el car\u00e1cter expedito de la tutela para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica\u201d (Sentencia de 2 de agosto de 2007, exp. 00188-01, reiterada el 26 de abril de 2012, exp. 00221-01) (CSJ STC, 30 ene. 2013, rad. 2012-00274-01, CSJ STC 5977, 15 de mayo de 2015). <\/p>\n
6. Finalmente, en cuanto a los argumentos enfilados a obtener la suspensi\u00f3n de la entrega criticada, debe destacarse que, en asuntos similares, ha decantado esta Corporaci\u00f3n que: <\/p>\n
[E]n principio, la pr\u00e1ctica de una diligencia de entrega no constituye un perjuicio irremediable, en tanto que esa circunstancia, por s\u00ed misma, no es demostrativa de que se vulneren los derechos fundamentales (\u2026) De hecho, ese tipo de medidas responde a \u00f3rdenes leg\u00edtimas de autoridades jurisdiccionales que no pueden ser supeditadas al ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, porque en todo caso, el juez constitucional no podr\u00eda impedir que se cumplan los mandatos dictados por los juzgadores de instancia en ejercicio de sus atribuciones legales\u00bb (CSJ, SC, 29 de noviembre de 2006, citada el 20 de marzo de 2014, exp. STC3468 y en STC226-2015 Y STC7979-2016). (Precedente reiterado en STC638-2017). <\/p>\n
6.1. Por lo dem\u00e1s, cabe a\u00f1adir, que no desconoce la Corte las condiciones de vulnerabilidad que exponen los tutelantes; sin embargo, se advierte que el juzgado criticado convoc\u00f3 a la cuestionada entrega a las autoridades encargadas de garantizar los derechos esenciales de los actores y de los miembros de su comunidad, por lo que, en principio, el estrado acusado ha adoptado las medidas que tiene a su alcance para evitar comprometer los derechos que invocan los querellantes. <\/p>\n
7. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC7469-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC7469-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-01854-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de junio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se deciden las acciones de tutela instauradas por Carisol Epiayu Castro, quien […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-64452","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64452","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64452"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64452\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64452"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64452"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64452"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}