STC7472-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7472-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2022-00378-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n que se formul\u00f3 frente al fallo proferido el 10 de mayo de 2022 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Jackson Alonso Chamorro Salda\u00f1a contra la Comisar\u00eda Octava de Familia \u2013 Kennedy 1, los Juzgados Primero y Once de Familia, autoridades de esta ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes en los procesos objeto de la presente queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclam\u00f3 protecci\u00f3n de su garant\u00eda al debido proceso, que dice vulnerada por las autoridades acusadas, por lo que pidi\u00f3 se ordene: (i) a la comisar\u00eda querellada que \u00abrevoque el acta de fijaci\u00f3n de alimentos provisionales\u00bb; (ii) al Juzgado 11 de Familia de Bogot\u00e1 que \u00abdeclare la nulidad del acta de fijaci\u00f3n de alimentos provisionales\u00bb; y (iii) al Juzgado Primero de Familia de esta ciudad \u00abrevoque la sentencia proferida el 2 de marzo de 2022\u00bb, as\u00ed como tambi\u00e9n que \u00abdeclare la nulidad [del] proceso ejecutivo\u00bb que se adelanta en su contra y que \u00ablevante las medidas cautelares que fueron decretadas\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto: <\/p>\n
2.1. Sulma Jimena Bernal G\u00f3mez, en representaci\u00f3n de sus dos menores hijos, solicit\u00f3 la fijaci\u00f3n de alimentos a cargo del progenitor de los ni\u00f1os Jackson Alonso Chamorro Salda\u00f1a, petici\u00f3n que tramit\u00f3 la comisar\u00eda convocada. <\/p>\n
2.2. El 26 de noviembre de 2018, se adelant\u00f3 por la prenombrada autoridad audiencia de conciliaci\u00f3n, a la que no asisti\u00f3 el padre de los menores, por lo que se fij\u00f3 una cuota provisional de alimentos en favor de los ni\u00f1os de $800.000, decisi\u00f3n que se notific\u00f3 al alimentante el 6 de diciembre de 2018, quien solicit\u00f3 la \u00abrevisi\u00f3n y\/o recurso de apelaci\u00f3n ante el Juez de Familia\u00bb, medio de impugnaci\u00f3n que se rechaz\u00f3 por extempor\u00e1neo. <\/p>\n
2.3. Al considerar que dicha decisi\u00f3n vulneraba sus derechos fundamentales, Jackson Alonso Chamorro Salda\u00f1a promovi\u00f3 una primera acci\u00f3n de tutela contra la referida comisaria, siendo concedido el resguardo con providencia del 15 de marzo de 2019, por lo que se orden\u00f3 a dicha autoridad \u00abdarle tr\u00e1mite a la solicitud de revisi\u00f3n y\/o \u2026 apelaci\u00f3n presentado contra la fijaci\u00f3n de alimentos provisionales\u00bb. <\/p>\n
2.4. En cumplimiento de dicho mandato, la comisar\u00eda querellada remiti\u00f3 al Juez de Familia (Reparto) de Bogot\u00e1 \u00abinforme alimentario\u00bb, con fundamento en lo previsto en el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 1111 de la ley 1098 de 2006, asunto que correspondi\u00f3 al Juzgado 11 de Familia de la localidad, que admiti\u00f3 la demanda con prove\u00eddo de 20 de junio de 2019. <\/p>\n
2.5. A trav\u00e9s de auto del 10 de septiembre de 2019, se requiri\u00f3 a Sulma Jimena Bernal G\u00f3mez \u00aba fin de que gestione la notificaci\u00f3n del demandado\u2026 so pena de dar aplicaci\u00f3n a lo previsto en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb, para lo cual le otorg\u00f3 el t\u00e9rmino de 30 d\u00edas. Vencido el plazo concedido a la actora, mediante decisi\u00f3n del 9 de noviembre de esas calendas, se declar\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso \u00abpor desistimiento t\u00e1cito\u00bb. <\/p>\n
2.6. De otro lado, Sulma Jimena Bernal G\u00f3mez, en representaci\u00f3n de sus dos hijos menores de edad, promovi\u00f3 demanda ejecutiva contra Jackson Alonso Chamorro Salda\u00f1a, con miras a recaudar el pago de los alimentos provisionales que se fijaron por la comisar\u00eda enjuiciada, en audiencia de 2 de noviembre de 2018. <\/p>\n
2.7. Mediante providencia del 14 de junio de 2019, se libr\u00f3 orden de pago, que se notific\u00f3 al demandado, quien present\u00f3 escrito de excepciones el 5 de septiembre de 2019, que fueron desestimadas con sentencia del 2 de marzo de 2022, por lo que se orden\u00f3 continuar con la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
2.8. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del resguardo que la comisar\u00eda accionada desconoci\u00f3 el procedimiento establecido en el art\u00edculo 99 de la ley 1098 de 2006, lo que le impidi\u00f3 controvertir la petici\u00f3n alimentaria que se elev\u00f3 en su contra; que el Juzgado 11 de Familia de Bogot\u00e1, al disponer la terminaci\u00f3n del proceso de alimentos, desconoci\u00f3 \u00ablo contemplado en el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 119 de la ley 1098 de 2006\u2026 [que le otorga] facultad para revisi\u00f3n de las decisiones administrativas proferidas por el defensor de familia o el comisario de familia\u00bb; que no se le inform\u00f3 sobre la admisi\u00f3n del prenotado tr\u00e1mite de alimentos; y que ni la referida sede judicial ni la comisar\u00eda de familia criticada \u00abresolvieron el recurso de alzada presentad[o] contra el acta atacada en su momento\u00bb. <\/p>\n
2.9. De otro lado, destac\u00f3 que el Juzgado Primero de Familia de Bogot\u00e1 libr\u00f3 mandamiento ejecutivo, sin que el t\u00edtulo base de la ejecuci\u00f3n se encontrara en firme; y que desconoci\u00f3 que \u00abal no ser sometida el acta provisional de alimentos\u2026, al tr\u00e1mite efectivo de revisi\u00f3n de homologaci\u00f3n\u2026, no puede tenerse ese documento como exigible\u00bb. <\/p>\n
2.10. Finalmente, destac\u00f3 que s\u00f3lo tuvo conocimiento de lo acontecido en el tr\u00e1mite que adelant\u00f3 el Juzgado 11 de Familia de Bogot\u00e1, \u00abhasta el 24 de diciembre de 2021, fecha en la cual\u2026 la comisar\u00eda [accionada]\u2026 [respondi\u00f3] a\u2026 derecho de petici\u00f3n donde se solicit\u00f3 informaci\u00f3n sobre el tr\u00e1mite\u2026\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado 11 de Familia de este distrito capital destac\u00f3 que \u00abla demandante no hizo gesti\u00f3n alguna para notificar al accionante y \u00e9ste como demandado [e] insatisfecho de la cuota de alimentos se\u00f1alada por v\u00eda administrativa, como principal interesado en el proceso, tampoco compareci\u00f3 al juzgado para verificar el estado del [asunto] o para notificarse del mismo\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Primero de Familia de Bogot\u00e1 pidi\u00f3 que \u00abse niegue la tutela por improcedente, es palpable, que el actor utiliza la acci\u00f3n constitucional como una instancia adicional\u00bb. <\/p>\n
3. La Secretar\u00eda de Integraci\u00f3n Social, los Juzgados Juzgado 23 y 20 de Familia, autoridades de esta ciudad, rindieron informe. <\/p>\n
4. La Comisar\u00eda Octava de Familia \u2013 Kennedy 1, tras referirse a cada uno de los hechos que soportan la petici\u00f3n de amparo, destac\u00f3 que \u00abla actuaci\u00f3n\u2026 respecto del impulso al recurso de homologaci\u00f3n se cumpli\u00f3 a cabalidad\u2026\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 la protecci\u00f3n reclamada por cuanto, \u00abel actuar de la Comisaria demandada ha sido ajustado al ordenamiento procesal\u00bb y \u00abrespecto del tr\u00e1mite ante el Juzgado 11 de Familia\u2026 la solicitud de amparo carece del requisito de inmediatez\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, resalt\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026 es incuestionable que la fijaci\u00f3n de alimentos provisionales se encontraba y se encuentra en firme, pues la decisi\u00f3n de la Comisaria, en ese sentido, no fue objeto de reparo, entre otras cosas, porque, como ya se dijo, don Jackson no asisti\u00f3 a la audiencia correspondiente y lo que vino a hacer, posteriormente, fue acudir al mecanismo previsto en la \u00faltima parte del numeral 2 del art\u00edculo 111 del C.I.A., que es distinto a la interposici\u00f3n de un recurso, esto es, solicitar la remisi\u00f3n del informe de que trata dicho precepto, para que el Juez diera inicio al proceso de alimentos, todo lo cual pone de presente que el t\u00edtulo con que se dio comienzo al proceso ejecutivo no adolec\u00eda, ni adolece, de defecto alguno. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El promotor insisti\u00f3 en sus alegaciones iniciales e insiste en que desconoc\u00eda lo acontecido en el tr\u00e1mite del que conoci\u00f3 el Juzgado 11 de Familia de Bogot\u00e1. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es una herramienta jur\u00eddica subsidiaria y residual, establecida para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Examinada la demanda de tutela, se advierte que el actor, en esencia, cuestion\u00f3: (i) el tr\u00e1mite que se dio a la solicitud de fijaci\u00f3n de alimentos que conoci\u00f3 la comisar\u00eda convocada; (ii) la terminaci\u00f3n, por desistimiento t\u00e1cito, del proceso de alimentos del que conoci\u00f3 el Juzgado 11 de Familia de Bogot\u00e1; y (iii) la sentencia del 2 de marzo de 2022, a trav\u00e9s de la cual el Juzgado Primero de Familia de esta ciudad orden\u00f3 continuar con el tr\u00e1mite de la ejecuci\u00f3n que se promovi\u00f3 en su contra. <\/p>\n
3. En este orden de ideas, en lo que ata\u00f1e a las dos primeras de esas inconformidades, advierte la Sala que la solicitud de resguardo carece del requisito de inmediatez, por las razones que pasan a explicarse. <\/p>\n
En primer lugar, se advierte que el tr\u00e1mite que conoci\u00f3 la comisar\u00eda accionada concluy\u00f3 con la remisi\u00f3n del denominado \u00abinforme alimentario\u00bb, en virtud del desacuerdo que manifest\u00f3 Jackson Alonso Chamorro Salda\u00f1a, respecto de los alimentos provisionales fijados por dicho ente, lo que aconteci\u00f3 el 15 de mayo de 2019. <\/p>\n
De otro lado, se advierte que el proceso del que conoci\u00f3 el Juzgado 11 de Familia de Bogot\u00e1, culmin\u00f3 con auto de 9 de noviembre de 2019, que declar\u00f3 la terminaci\u00f3n del asunto por desistimiento t\u00e1cito. <\/p>\n
Entonces, desde la data de la \u00faltima de las actuaciones relacionadas (9 de noviembre de 2019) y la data de interposici\u00f3n de la demanda de tutela que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, 26 de abril de 2022, transcurrieron m\u00e1s de 6 meses, super\u00e1ndose por mucho el lapso que ha fijado la acentuada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n como razonable y proporcional para activar esta acci\u00f3n excepcional, sin que la foliatura reporte la existencia de alg\u00fan motivo que justifique la anotada tardanza en acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
En este punto, cabe agregar, que no resultan de recibo los argumentos que esgrimi\u00f3 el actor para excusar tal demora, circunscritos a que desconoc\u00eda el tr\u00e1mite que se le hab\u00eda dado a su \u00abrecurso\u00bb, habida cuenta que, en primer lugar, la comisar\u00eda accionada expl\u00edcitamente adecu\u00f3 su medio de impugnaci\u00f3n al procedimiento que consagra el art\u00edculo 111 (numeral 2\u00b0) del C\u00f3digo de la Infancia de la Adolescencia, sin que el actor manifestara reparo alguno; y, en segundo lugar, dicho ente le inform\u00f3 a las partes que tal reclamo se remitir\u00eda a los Jueces de Familia de la ciudad, por lo que compet\u00eda a los intervinientes hacer el respectivo seguimiento del asunto. <\/p>\n
Sobre el particular, mem\u00f3rese que, como lo ha reconocido la Corte, \u00abes deber de las partes e intervinientes en el proceso, interesadas en las resultas de una actuaci\u00f3n, seguir el estado del proceso y ejercer su debida vigilancia\u00bb (CSJ STC15768-2016). <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, mem\u00f3rese que, sobre el requisito de inmediatez, se ha sostenido que: <\/p>\n
(…) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido (…), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante. (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 2007-00188-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 10 may. 2012, rad. 2012-00413-01) <\/p>\n
4. Respecto a la otra de las quejas del promotor, el amparo est\u00e1 llamado al fracaso, por cuanto la providencia de 2 de marzo de esta anualidad, que orden\u00f3 continuar con la ejecuci\u00f3n, no luce arbitraria, comoquiera que el juzgado criticado explic\u00f3 las razones por las que las excepciones de m\u00e9rito que formul\u00f3 el ejecutado no ten\u00edan la virtualidad de frustrar la ejecuci\u00f3n, cuesti\u00f3n sobre la cual precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026 nos encontramos frente a un proceso ejecutivo de alimentos, promovido por la progenitora de los menores en contra del progenitor de aquellos y [fundamentado] en un t\u00edtulo ejecutivo que es, concretamente, el acta\u2026 de 26 de noviembre de 2018\u2026 <\/p>\n
Ese es un t\u00edtulo ejecutivo el cual ha sufrido reparos a instancia de la parte demandada, al advertir que tal t\u00edtulo\u2026 no existe y esa es la raz\u00f3n por la cual se plantean los medios exceptivos frente a \u00e9l. <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
\u2026 con la circunstancia adicional que estamos frente a un acto administrativo\u2026 este acto administrativo que est\u00e1 revestido de la presunci\u00f3n de legalidad o, lo que es lo mismo, que mientras no se desconozca su validez jur\u00eddica como tal tiene plenos efectos. <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
De d\u00f3nde, entonces, a criterio del funcionario judicial, el acto administrativo proferido por la comisar\u00eda de familia contiene un verdadero t\u00edtulo ejecutivo, esto es, que de la literalidad de \u00e9l se desprende la incorporaci\u00f3n de una obligaci\u00f3n que es aut\u00f3nomo y que tiene que ver con pagar una suma l\u00edquida de dinero en contra del demandado y a favor de sus hijos menores, es una obligaci\u00f3n clara expresa y actualmente exigible, con la circunstancia adicional que se trata de un acto administrativo que est\u00e1 revestido de la presunci\u00f3n de legalidad. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja del gestor no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed se plante\u00f3 es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que el despacho judicial cuestionado examin\u00f3 el documento aportado como soporte de la ejecuci\u00f3n y concluy\u00f3 que constitu\u00eda t\u00edtulo ejecutivo, toda vez que se trataba de un acto administrativo, a trav\u00e9s del cual se fijaron alimentos provisionales, que surte efectos jur\u00eddicos, toda vez que no ha sido revocado o modificado, a trav\u00e9s de los medios que prev\u00e9 el ordenamiento. <\/p>\n
Con fundamento en tal \u00f3ptica, se estima que las deducciones del despacho judicial acusado no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
5. Las razones anteriormente consignadas, imponen la confirmaci\u00f3n del fallo de tutela de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Establece la citada disposici\u00f3n que: \u00ab2. Siempre que se conozca la direcci\u00f3n donde puede recibir notificaciones el obligado a suministrar alimentos, el defensor o comisario de familia lo citar\u00e1 a audiencia de conciliaci\u00f3n. En caso contrario, elaborar\u00e1 informe que suplir\u00e1 la demanda y lo remitir\u00e1 al Juez de Familia para que inicie el respectivo proceso. Cuando habiendo sido debidamente citado a la audiencia el obligado no haya concurrido, o habiendo concurrido no se haya logrado la conciliaci\u00f3n, fijar\u00e1 cuota provisional de alimentos, pero s\u00f3lo se remitir\u00e1 el informe al juez si alguna de las partes lo solicita dentro de los cinco d\u00edas h\u00e1biles siguientes\u00bb. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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STC7472-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC7472-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2022-00378-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de junio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la impugnaci\u00f3n que se formul\u00f3 frente al fallo proferido el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-64455","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64455","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64455"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64455\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64455"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64455"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64455"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}