STC7475-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7475-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 50001-22-14-000-2022-00059-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n que se formul\u00f3 frente al fallo proferido el 17 de mayo de 2022 por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Jhon Henry Restrepo, quien dice actuar \u00aben nombre propio y como rector de la\u2026 Academia Militar Jos\u00e9 Antonio P\u00e1ez\u00bb, as\u00ed como tambi\u00e9n \u00abcomo agente oficioso de los 200 estudiantes de [ese] plantel educativo\u00bb, contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito y la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda No. 8, autoridades de esa localidad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes en el proceso objeto de la presente queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas a la \u00abposesi\u00f3n\u00bb, igualdad y debido proceso, as\u00ed como tambi\u00e9n a la educaci\u00f3n, recreaci\u00f3n y \u00abderechos de los ni\u00f1os\u00bb de los estudiantes representados, que dice vulneradas por las autoridades acusadas, por lo que pidi\u00f3 que se les ordene \u00abfijar nueva fecha fuera de las fechas acad\u00e9micas\u2026\u00bb o, en subsidio, \u00abse ordene suspender transitoriamente la orden de lanzamiento\u2026, con el fin de que se realice fuera de las fechas acad\u00e9micas\u2026, en aras de realizar la correspondiente oposici\u00f3n\u2026 sin que se afecte emocional\u2026 y psicol\u00f3gicamente los estudiantes\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto: <\/p>\n
2.1. Luis Antonio \u00c1lvarez B\u00e1ez promovi\u00f3 demanda de restituci\u00f3n de inmueble arrendado contra Mar\u00eda del Carmen \u00c1lvarez B\u00e1ez, Fabian Enrique B\u00e1ez \u00c1lvarez y Erika del Pilar B\u00e1ez \u00c1lvarez, que se declar\u00f3 pr\u00f3spera con sentencia del 18 de abril de 2017, por lo que se orden\u00f3 a los enjuiciados entregar el predio objeto de arrendamiento, diligencia para la que se comision\u00f3 al alcalde de Villavicencio. <\/p>\n
2.2. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del resguardo que \u00abla Academia Militar Jos\u00e9 Antonio P\u00e1ez [es] poseedor[a] del\u2026 [bien materia de restituci\u00f3n]\u00bb y que \u00aben la actualidad cuenta con m\u00e1s de 200 estudiantes activos\u00bb; que en \u00abdiciembre de 2021 [les] fue notificada diligencia de entrega del inmueble\u00bb, que no fue realizada en dicha \u00e9poca y en la que se esperaba \u00abrealizar la debida oposici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Villavicencio, tras rese\u00f1ar las actuaciones que adelant\u00f3 en el juicio criticado, precis\u00f3 que \u00abcada decisi\u00f3n ha respondido a la aplicaci\u00f3n de las normas que rigen el tr\u00e1mite de la referencia, sin que en ning\u00fan momento haya vulnerado o amenazado los derechos fundamentales del extremo actor en tutela\u00bb. <\/p>\n
2. La Personer\u00eda Municipal de esa municipalidad destac\u00f3 que \u00abel accionante no [la] vincul\u00f3 de ning\u00fan modo\u2026; por lo anterior [esa] Personer\u00eda\u2026, no ha vulnerado derecho fundamental del accionante\u00bb. <\/p>\n
3. Luis Antonio \u00c1lvarez B\u00e1ez, a trav\u00e9s de apoderado judicial, defendi\u00f3 la legalidad de la actuaci\u00f3n censurada. <\/p>\n
4. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar manifest\u00f3 que \u00abno se ha realizado a\u00fan la diligencia de entrega del predio, en donde el ocupante tiene la posibilidad de formular oposici\u00f3n\u2026, por lo que considera\u2026 no se ha agotado el requisito de subsidiariedad\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, \u00abcoadyuv[\u00f3] que la diligencia sea fijada en un periodo de receso escolar pr\u00f3ximo, que de un tiempo prudencial para que la entidad educativa sea trasladada a otra sede y se eviten traumatismos y afectaciones a los ni\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
5. La alcald\u00eda de Villavicencio y el curador ad litem designado rindieron informe. <\/p>\n
6. La Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n de esa ciudad inform\u00f3 que \u00abel Colegio Acad\u00e9mico Militar Jos\u00e9 Antonio P\u00e1ez de la ciudad de Villavicencio, es una Instituci\u00f3n Educativa de car\u00e1cter privado, el cual tiene licencia de funcionamiento, para que como particular cumpla con las funciones necesarias para la prestaci\u00f3n del servicio educativo\u00bb; y, adem\u00e1s, dijo carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, comoquiera que no est\u00e1 llamada \u00aba responder sobre los hechos reclamados por el accionante\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo, tras tener por demostrada la legitimaci\u00f3n del actor para impulsar el presente tr\u00e1mite en favor de los estudiantes de la Academia Militar Jos\u00e9 Antonio P\u00e1ez, precis\u00f3 que \u00abla situaci\u00f3n expuesta ante el Juez Constitucional no ha sido exteriorizada ante ninguna de las dos autoridades accionadas, de ah\u00ed que la solicitud de amparo constitucional, en principio, adolece del requisito general de procedencia de la subsidiariedad\u00bb, por lo que \u00abno procede ordenar la suspensi\u00f3n de la diligencia de entrega del bien inmueble objeto de restituci\u00f3n\u2026\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El gestor del resguardo dijo \u00abno estar de acuerdo parcialmente\u00bb con la decisi\u00f3n objeto de censura, pues considera que la orden de amparo resulta contradictoria al permitir que se realice la diligencia de entrega \u00absin tener en cuenta la afectaci\u00f3n emocional y moral que le causar\u00edan a los 180 estudiantes\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, destac\u00f3 que es \u00abimposible que se garantice [el derecho] a la educaci\u00f3n por parte del plantel ejecutivo\u2026, cuando se faculta a las\u2026 accionadas a realizar la\u2026 entrega en cualquier momento, d\u00e1ndonos un plazo para desocupar en los recesos acad\u00e9micos\u00bb; y que su pretensi\u00f3n se dirig\u00eda a que dicha diligencia \u00abse realice fuera de las fechas acad\u00e9micas o una vez culmine el periodo acad\u00e9mico\u00bb. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, reiter\u00f3 que el proceso criticado se adelant\u00f3 \u00absin haber notificado al plantel ejecutivo\u00bb, por lo que dicho ente pretende oponerse a la entrega. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es una herramienta jur\u00eddica subsidiaria y residual, establecida para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Bajo esa \u00f3ptica, circunscrita la Corte a los motivos de la impugnaci\u00f3n, considera la Sala que no hay lugar a modificar la orden de amparo que dict\u00f3 el a quo, toda vez que se considera que tal mandato resulta suficiente para salvaguardar los derechos de los menores de edad representados en el tr\u00e1mite, por las razones que pasan a exponerse. <\/p>\n
2.1. En primer lugar, se destaca que, en asuntos similares, esta Corporaci\u00f3n, en procura de salvaguardar los derechos de menores de edad, estudiantes de planteles educativos que funcionan en inmuebles objeto de \u00f3rdenes de entrega, ha concedido resguardos con miras a que dichas diligencias se efectivicen una vez culminados los periodos escolares (sobre el particular ver providencias STC13805-2019 y STC12282-2019). <\/p>\n
Sin embargo, en aquellos asuntos, la entrega de los inmuebles era inminente, comoquiera que se hab\u00edan agotado la totalidad de mecanismos defensivos que se pod\u00edan formular, supuesto al que no se ajusta el caso de autos, teniendo en cuenta que en el proceso criticado ni tan siquiera se ha iniciado la diligencia, en la que, valga anotar, la Academia Militar Jos\u00e9 Antonio P\u00e1ez pretende oponerse, seg\u00fan lo manifest\u00f3 el propio accionante en su demanda de tutela y lo reiter\u00f3 en su impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
En ese orden de ideas, se considera que la orden que imparti\u00f3 el fallador de primera instancia, enfilada a proteger los derechos fundamentales de los prenotados estudiantes, resulta acorde a los hechos que rodean el presente caso, pues no se puede pretender que, por esta v\u00eda, se paralice el juicio acusado, cuando es evidente que la diligencia de entrega se puede iniciar, con la finalidad que se agoten las diferentes etapas de la misma y, en caso de que no prosperen los medios ordinarios tendientes a impedirla, se conceda un plazo prudencial a la Instituci\u00f3n Educativa para que, previamente a efectivizar la entrega, encuentre un lugar apto para trasladar sus instalaciones, con la finalidad de no afectar las prerrogativas fundamentales de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes que all\u00ed cursan sus estudios. <\/p>\n
2.2. Por lo dem\u00e1s, cabe a\u00f1adir, que no verifica la Sala que la realizaci\u00f3n de la entrega ponga en riesgo la salud emocional de los estudiantes, como lo esgrime el impugnante, habida cuenta que, adem\u00e1s de no existir prueba de afectaci\u00f3n en tal sentido, lo cierto es que no son dichos sujetos los llamados a atender la diligencia, pues quien deben afrontar dicha situaci\u00f3n es el actual ocupante del predio, esto es, la Academia Militar Jos\u00e9 Antonio P\u00e1ez, seg\u00fan esgrimi\u00f3 el actor en su demanda de tutela. <\/p>\n
3. Las razones anteriormente consignadas, imponen la confirmaci\u00f3n del fallo de tutela de primera instancia, en lo que fue objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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