STC7485-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC7485-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-01861-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Rub\u00e9n Jairo Estrada Botero y Agroyamaha SAS, contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda y el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ceret\u00e9, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en el juicio ejecutivo con radicado N\u00b0 2017-00327-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los solicitantes a trav\u00e9s de apoderado judicial, invocaron la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia y a \u00abprotecci\u00f3n del patrimonio econ\u00f3mico\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas en el proceso mencionado. <\/p>\n
Para sustentar el reclamo, y luego de hacer alusi\u00f3n \u2013in extenso- a las cl\u00e1usulas pactadas en el contrato de arrendamiento de \u00abun local y lote de terreno\u00bb ubicados en la calle 9 # 15-13 del municipio de Ceret\u00e9, en el que fueron coarrendatarios y que se present\u00f3 como t\u00edtulo del juicio coercitivo objeto de an\u00e1lisis, manifiestan en s\u00edntesis, que el proceso fue radicado por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ceret\u00e9, bajo el consecutivo \u00ab2017-00080-00, seg\u00fan la anotaci\u00f3n efectuada en la parte inferior del auto admisorio de la demanda (sic) de fecha 12 de octubre de 2017 y as\u00ed se identific\u00f3 a lo largo de su desarrollo normal\u00bb. <\/p>\n
Explican que no obstante lo anterior, \u00abde la noche a la ma\u00f1ana\u00bb, el Juzgado de conocimiento le dio al asunto un nuevo radicado 2017-00327-00, hecho totalmente desconocido por ellos, y que repercuti\u00f3 de manera \u00abdevastadora\u00bb frente a sus intereses, pues una vez pronunciada la sentencia que orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, y propuesta la respectiva apelaci\u00f3n en su contra, no tuvieron c\u00f3mo conocer de \u00abla trayectoria y [el] estado del proceso\u00bb en segunda instancia, lo que en \u00faltimas desencaden\u00f3 la declaratoria de deserci\u00f3n del recurso, como consecuencia de la inasistencia a la audiencia de sustentaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicitan ordenar a la Corporaci\u00f3n accionada \u00ab[q]ue declare contrario a derecho, y (\u2026) sin valor alguno el [numeral] cuarto de la [parte resolutiva de la] sentencia pronunciada por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ceret\u00e9, en audiencia de fecha marzo 28 de 2019\u00bb. <\/p>\n
2. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los accionados para que ejercieran su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo objeto de an\u00e1lisis. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Secretaria de la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Monter\u00eda, inform\u00f3 que \u00abluego de la b\u00fasqueda realizada conforme a los datos suministrados, se obtuvo como resultado que con las partes enunciadas, en es[a] instancia [hubo] tres entradas con el radicado 231623103001201700327, siendo la \u00fanica diferencia los n\u00fameros de interpuestos que hace referencia a las veces en que ha ingresado [al despacho del] M.P. MARCO TULIO BORJA PARADAS, as\u00ed: N 23162310300120170032701; N\u00b0231623103001201 70032702 y N\u00b023162310300120170032703\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, remiti\u00f3 copia digital de la \u00faltima de las apelaciones, e indic\u00f3 haber solicitado al Juzgado de origen, remitir a la Corte el expediente completo. <\/p>\n
2. Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado pronunciamientos por parte de los dem\u00e1s involucrados en la presente queja constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. No puede olvidarse, que aun cuando el ordenamiento establece que la acci\u00f3n de tutela se trata de un procedimiento breve y sumario y por lo mismo, distante de las formalidades que se exigen para otra clase de juicios, no es posible eludir el respeto a requisitos tales como, el de la subsidiariedad, la inmediatez y la legitimaci\u00f3n. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, preliminarmente y con vista en las puntuales pretensiones de los inconformes1, se advierte el fracaso del amparo planteado en lo referente a la sentencia proferida el 28 de marzo de 2019 por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ceret\u00e9, al desconocer el presupuesto de la inmediatez, en tanto que se constata que la queja constitucional fue presentada el 6 de junio de 2022, esto es, luego de transcurrir m\u00e1s de tres (3) a\u00f1os desde el presunto hecho vulnerador, t\u00e9rmino que supera con holgura el plazo de seis (6) meses se\u00f1alados de manera reiterada por la jurisprudencia para reclamar la protecci\u00f3n constitucional, sin que los accionantes hayan dado a conocer causa alguna para justificar tal extemporaneidad, exigencia sobre la que la Corte reiteradamente ha puntualizado: <\/p>\n
\u00ab[S]i bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no pueda ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n, (\u2026) [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (CSJ. STC. 14 Sep. 2007, exp. 2012-01316-00, reiterada en STC4117-2011, y recientemente en STC1526-2022, entre otras muchas). <\/p>\n
Por tanto, si los peticionarios se demoraron en proponer este amparo, su descuido per se descarta la existencia de una conducta irregular atribuible a la autoridad judicial atacada y con repercusi\u00f3n directa en sus garant\u00edas fundamentales, m\u00e1xime si no adujo razones para justificar su tardanza. <\/p>\n
3. En adici\u00f3n, y en lo relativo a la decisi\u00f3n que adopt\u00f3 Tribunal Superior de Monter\u00eda el 16 de diciembre de 2021, al desatar el recurso de apelaci\u00f3n por ellos formulado frente al auto de 27 de febrero de 2020, a trav\u00e9s del cual el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ceret\u00e9 resolvi\u00f3 sobre el incidente de nulidad que interpusieron con el fin de que se invalidara la referida sentencia ejecutiva, a prop\u00f3sito de las presuntas irregularidades ocasionadas por el cambio del n\u00famero de radicaci\u00f3n con el que se identifica el juicio aludido -raz\u00f3n est\u00e1 en la que se funda, de hecho, la pretensi\u00f3n que en l\u00edneas precedentes se estim\u00f3 improcedente por el incumplimiento de presupuesto de la oportunidad-, observa la Sala que la misma no merece reproche alguno desde el \u00e1mbito ius fundamental. <\/p>\n
Lo anterior es as\u00ed, porque el Tribunal concluy\u00f3 que aun cuando se aceptara que el mandatario judicial de los ejecutados ignorara que el proceso ejecutivo se identifica con el n\u00famero 2017-00327, eso no era \u00f3bice para que no pudiera tenerse por notificado, a trav\u00e9s de estado, de las decisiones a trav\u00e9s de las cuales, i) se admiti\u00f3 la apelaci\u00f3n que propuso contra la sentencia que orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n y, ii) se dispuso la fecha en la cual se llevar\u00eda a cabo la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo, comoquiera que en las respectivas anotaciones se enlistaron los datos \u00absuficientes para que cualquiera de las partes pudiese singularizar el proceso, esto es, con los datos que exige el art\u00edculo 295 del CGP, tales como la clase de proceso, el nombre de uno de los demandantes y el nombre de uno de los demandados\u00bb, sin que el referido radicado se constituya en un requisito para que pueda tenerse por cumplido el acto de enteramiento, trayendo a colaci\u00f3n, adem\u00e1s, la sentencia STC268-2017 emanada de esta Sala de Casaci\u00f3n Civil, en la que se indic\u00f3 que <\/p>\n
\u00abla incuria de la interesada al omitir proponer oportunamente la mentada irregularidad procesal, sin que el error al consignar su nombre en el \u2018estado\u2019 donde se notific\u00f3 la admisi\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n, sea en realidad excusa de tal descuido, pues ello, por s\u00ed solo, no le dificultaban singularizar dicho plenario y por ende impedirle a Biodiesel de la Costa S.A.S. saber la suerte de esa tramitaci\u00f3n, pues seg\u00fan revelan las pruebas aportadas a estas diligencias, los dem\u00e1s datos anotados en aqu\u00e9l listado, conforme a la regla 295 ej\u00fasdem , esto es, los relativos a la denominaci\u00f3n del demandante, el n\u00famero del plenario y clase de juicio, si eran correctos\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, las consideraciones precedentes no lucen arbitrarias o lesivas de garant\u00edas sustanciales, pues, en realidad, de las mismas pruebas aportadas por los accionantes en este tr\u00e1mite excepcional, se estableci\u00f3 fehacientemente que con los datos descritos en la anotaci\u00f3n que en el estado se hizo de las referidas providencias, pod\u00eda, sin lugar a equ\u00edvocos, distinguirse que correspond\u00edan al proceso aludido, sin que los cuestionamientos de loa accionantes tengan la entidad suficiente para disponer la invalidaci\u00f3n del tr\u00e1mite cuestionado, pues, en estrictez, ante su expectativa de que en esta sede se efect\u00fae la apreciaci\u00f3n de los alegatos y medios de convicci\u00f3n que sobre la materia invoc\u00f3 al solicitar la nulidad, la Sala ha reiterado en m\u00faltiples oportunidades, que es en este punto donde m\u00e1s se demuestra la autonom\u00eda e independencia del Juez, pues es \u00e9l, quien puede apreciar y valorar el material probatorio de la forma m\u00e1s id\u00f3nea, fundament\u00e1ndose en el principio de la sana cr\u00edtica, a\u00fan m\u00e1s, cuando dicha valoraci\u00f3n est\u00e1 lejos de ser caprichosa o injusta. (Ver entre otras CSJ STC de 25 de enero de 2012, exp. 2011-02659-00; reiterada en STC de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01, STC7065-2019, STC8884-2020, STC 2462-2021, STC802-2022, STC859-2022 y STC2622-2022). <\/p>\n
4. bastan las anteriores consideraciones, para concluir que el amparo es improcedente. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve Declarar Improcedente la acci\u00f3n de tutela promovida por Rub\u00e9n Jairo Estrada Botero y Agroyamaha SAS, contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda y el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ceret\u00e9. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Expediente digital^0002Demanda.pdf^fol.10. <\/p>\n
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