STC7487-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-01873-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Gerardo Alonso Herrera Hoyos contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal y citadas las partes e intervinientes en la acci\u00f3n popular No. 2021-00231-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la Corporaci\u00f3n accionada. <\/p>\n
En sustento manifest\u00f3, que, como actor popular en el asunto de la referencia, present\u00f3 una solicitud de nulidad que no fue resuelta por el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal y lo m\u00e1s lamentable el Tribunal cuestionado \u00abno ha declarado nulidad tal como suele hacerlo de oficio en las acciones populares para garantizar el art\u00edculo 29 CN\u00bb. <\/p>\n
2. Con fundamento en ese argumento pidi\u00f3 se ordene al \u00abtribunal tutelado, devolver la acci\u00f3n popular ante la juez a fin de que esta RESUELVA MI NULIDAD\u00bb. <\/p>\n
\u202f <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, y orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en la acci\u00f3n popular que motiv\u00f3 esta tutela. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Magistrado ponente contest\u00f3 que, le correspondi\u00f3 por reparto desatar el recurso de apelaci\u00f3n propuesto contra la sentencia de primera instancia proferida en el citado asunto, la que se encuentra al despacho, y refiri\u00f3 que no obra petici\u00f3n del accionante relacionada con que se devuelva el expediente al juzgado de conocimiento, como lo pidi\u00f3 en el escrito de tutela. <\/p>\n
2. La Juez Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
3. El defensor del Pueblo Regional Risaralda dijo que, no era procedente su vinculaci\u00f3n porque las pretensiones solicitadas por el solicitante se dirigen contra el Tribunal Superior de Pereira. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el evento que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, examinado el link que contiene la acci\u00f3n popular No. 001-2021-00231 promovida por Gerardo Alonso Herrera Hoyos contra Salud Droguer\u00eda, se observa que el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal el 8 de junio de 2021 admiti\u00f3 la acci\u00f3n popular, auto que fue notificado a los demandados e intervinientes. <\/p>\n
1.1 El 22 de octubre de 2021 el se\u00f1or Herrera Hoyos mediante correo electr\u00f3nico indic\u00f3 que, obrando como actor popular en las acciones \u00ab2021\/221, 223, 231, 233, 234, 236, 238, 232, 240, 241, PIDO NULIDAD AL NO VINCULAR AL PROPIETARIO DEL INMUEBLE, PUES DE NO SER VINCULADOLOS (sic) ACCIONADOS NUNCA PODR\u00cdAN MODIFICAR EL INMUEBLE SIN PERMISO DEL PROPIETARIO COMPARTA EL LINK DE LAS ACCIONES POPULARES REFERIDAS\u00bb. <\/p>\n
1.2 El Juzgado de conocimiento el 28 de octubre de 2021 respecto de esa solicitud, consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u00absobre la nulidad deprecada, porque no se vincul\u00f3 al propietario del inmueble, se rechaza de plano la misma teniendo en cuenta que la causal invocada no est\u00e1 contemplada en el art\u00edculo 133 del CGP; aunado a lo anterior tampoco es procedente vincular al propietario del inmueble pues \u00e9ste no es un litisconsorte necesario ya que es el propietario del establecimiento de comercio quien tiene el inmueble abierto al p\u00fablico y es por ese hecho que se le endilga la vulneraci\u00f3n de los derechos colectivos, siendo la directa responsable si es del caso, de acatar las normas legales y constitucionales para no vulnerar los derechos colectivos de las personas con discapacidad f\u00edsica, sin que interese si es propietario o tenedor del predio\u00bb. <\/p>\n
1.3 Inconforme con lo resuelto, formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n porque \u00abel \u00fanico que puede autorizar reformas en su inmueble, al ser propiedad PRIVADA, tal como lo consagra nuestro estado social de derecho es el due\u00f1o. Solicit\u00f3 se vincule al propietario del inmueble, se cite a pacto nuevamente y se garantice art. 29 CN\u00bb. <\/p>\n
1.4 El 16 de noviembre de 2021 se dispuso mantener la decisi\u00f3n atacada porque, \u00absi bien es cierto que el art\u00edculo 14 de la Ley 472 de 1998 dispone que \u201cLa Acci\u00f3n Popular se dirigir\u00e1 contra el particular, persona natural o jur\u00eddica, o la autoridad p\u00fablica cuya actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n se considere que amenaza, viola o ha violado el derecho o inter\u00e9s colectivo\u201d, y en caso de no conocerse los responsables es facultad del juez entrar a determinarlos, tambi\u00e9n lo es como se le indic\u00f3 en la providencia que hoy es objeto de recurso, no procede dicha vinculaci\u00f3n porque es la demandada quien tiene el establecimiento abierto al p\u00fablico quien debe garantizar los derechos colectivos de las personas con discapacidad\u00bb. <\/p>\n
1.5 Una vez surtidas las etapas propias de este juicio el 13 de enero de 2022, se profiri\u00f3 sentencia en la que resolvi\u00f3: <\/p>\n
SEGUNDO: AMPARAR el derecho colectivo a \u201cLa realizaci\u00f3n de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jur\u00eddicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes\u201d invocado en la presente acci\u00f3n popular. <\/p>\n
TERCERO: ORDENAR a M\u00d3NICA OSORIO RAM\u00cdREZ que en el t\u00e9rmino de dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, garantice el acceso de las personas que se movilicen en silla de ruedas hac\u00eda el interior de las instalaciones donde funciona el establecimiento de comercio SALUD DROGUER\u00cdA en el municipio de Santa Rosa de Cabal, para lo cual deber\u00e1 realizar una rampa que cumpla las normas t\u00e9cnicas que regulan la materia\u00bb. <\/p>\n
1.6 El demandante interpuso recurso de apelaci\u00f3n, en su escrito dijo que: i) existe una nulidad porque no se comunic\u00f3 la existencia de la acci\u00f3n popular al propietario del inmueble, quien debe autorizar o no la construcci\u00f3n de la rampa en su predio, y fund\u00f3 su reparo en el hecho que ii) se debe decretar la condena en costas en su favor, a cargo del alcalde del ente territorial donde ocurri\u00f3 la amenaza, porque desconoci\u00f3 sus funciones; alzada que fue concedida el 24 de enero de los corrientes. <\/p>\n
1.7 En expediente del proceso se envi\u00f3 a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, e ingres\u00f3 al despacho del magistrado ponente el 23 de febrero de 2022. <\/p>\n
2. Efectuado ese recuento, no advierte la Sala amenaza o vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas constitucionales invocadas, como quiera que frente al motivo de reproche del accionante \u00abporque no se ha decretado la nulidad\u00bb, se observa que en el correo electr\u00f3nico que contiene el recurso de alzada formulado por el actor popular Herrera Hoyos contra la sentencia proferida el 12 de enero de 2022 por el juzgado de conocimiento, contiene dos (2) puntos, el primero puso de presente que \u00abexiste una nulidad\u00bb porque no se orden\u00f3 la citaci\u00f3n del propietario del inmueble, y el otro, es el motivo de inconformidad con la decisi\u00f3n porque no se orden\u00f3 la condena en costas en su favor. <\/p>\n
En relaci\u00f3n a la primera solicitud, que fue la que dio origen a la acci\u00f3n de tutela, basta decir que resulta improcedente pues no puede pretender el accionante acudir a este mecanismo excepcional, cuando est\u00e1n en curso los medios ordinarios de defensa, como quiera que, el expediente se encuentra en la actualidad al despacho del Magistrado sustanciador, para dar tr\u00e1mite a la petici\u00f3n de invalidez y resolver sobre la alzada interpuesta, por tanto, resulta prematuro reclamar cualquier tipo de pronunciamiento al respecto, si en cuenta se tiene que, puede ocurrir que el funcionario cuestionado invalide la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
En consecuencia, no puede el fallador constitucional anticiparse a la adopci\u00f3n de la determinaci\u00f3n que deber\u00e1 tomar el juez natural, como quiera que le est\u00e1 vedado atribuirse facultades ajenas, m\u00e1xime cuando, se insiste, no se tiene certeza en este momento acerca de pronunciamiento alguno en este particular sentido, ni mucho menos puede operar paralelamente con otras actuaciones, para interferir o adelantar ning\u00fan pronunciamiento al respecto. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo anterior, la jurisprudencia de esta Sala ha indicado, <\/p>\n
\u00abresulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial y debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (CSJ STC14280-2018 reiterada en STC12017-2020, STC1304-2021, STC12891-2021, STC492-2022, STC3061-2022, STC3840-2022, STC6006-2022 y STC6199-2022, entre muchas). <\/p>\n
3. En consecuencia, se declarar\u00e1 improcedente el amparo implorado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve Declarar improcedente la acci\u00f3n de tutela promovida por Gerardo Alonso Herrera Hoyos contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 al Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal Risaralda. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
<\/p>\n
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