STC7489-2022<\/p>\n
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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7489-2022 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el 15 de marzo de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida Maricela Sandoval Manrique, en calidad de Gobernadora del Resguardo Ind\u00edgena de \u00abCHAPA\u00bb, en representaci\u00f3n de Harold Duberney Toro, contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n y el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo, en calidad de Gobernadora del Resguardo Ind\u00edgena de \u00abCHAPA\u00bb, en representaci\u00f3n de Harold Duberney Toro, reclam\u00f3 protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, \u00abdiversidad \u00e9tnica, identidad cultural, ley natural usos y costumbres\u00bb, que dice vulnerados por las autoridades judiciales accionadas, por lo que solicit\u00f3 \u00abse deje sin efectos las decisiones tomadas por el juez de Ejecuci\u00f3n de penas y el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n, y en su lugar, se acceda a la petici\u00f3n de cambio de lugar de reclusi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Contra Harold Duberney Toro se promovi\u00f3 proceso penal por el delito de fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico o porte de estupefacientes agravado, del que fue condenado a 128 meses de prisi\u00f3n el 1\u00b0 de diciembre de 2020 por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Popay\u00e1n, neg\u00e1ndole la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena y la prisi\u00f3n domiciliaria. <\/p>\n
2.2. La vigilancia de la ejecuci\u00f3n de la pena, le correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Popay\u00e1n, donde el promotor y la gobernadora del resguardo ind\u00edgena \u00abCHAPA\u00bb del Tambo, solicitaron el traslado del centro de reclusi\u00f3n del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Popay\u00e1n al Centro de Armonizaci\u00f3n y Resocializaci\u00f3n de la Parcialidad Pueblo Ind\u00edgena de Chapa \u2013 El Tambo Cauca. <\/p>\n
2.3. El 22 de junio de 2021 el estrado encausado neg\u00f3 dicho traslado; determinaci\u00f3n que, el 4 de noviembre siguiente confirm\u00f3 el Tribunal, pues no se inspeccion\u00f3 el centro de armonizaci\u00f3n, adem\u00e1s, porque, puede poner en peligro a la comunidad ind\u00edgena \u00abdado que, sin escr\u00fapulos transportaba en 5 costales 343.85 kilogramos de coca\u00edna, situaci\u00f3n de la que es factible deducir se vincula con individuos u organizaciones altamente nocivas\u00bb. <\/p>\n
2.4. Por v\u00eda de tutela se duele el quejoso, en s\u00edntesis, de las decisiones referidas a espacio, pues, en su sentir, existi\u00f3 una indebida valoraci\u00f3n probatoria, toda vez que, el 24 de noviembre de 2020, en calidad de gobernante del resguardo ind\u00edgena, solicit\u00f3 el traslado del condenado al centro de Armonizaci\u00f3n, adjuntando la resoluci\u00f3n n\u00b0 0007 de 15 de noviembre de 2020 con la que la Asamblea General del Cabildo aprob\u00f3 el traslado del comunero Harold Duberney Toro a dicho centro, as\u00ed como, la ubicaci\u00f3n del centro de Armonizaci\u00f3n con material fotogr\u00e1fico, resaltando la ley origen, jurisprudencia aplicable al caso concreto, al tiempo que precis\u00f3 que \u00abello [no] signifi[ca] que vaya a olvidar el compromiso que tiene con la justicia ordinaria\u00bb. <\/p>\n
2.5. Indic\u00f3 que tambi\u00e9n aport\u00f3 los compromisos adquiridos como autoridad con el juez de ejecuci\u00f3n de penas, actas de juramento ante la autoridad tradicional y espiritual de acuerdo a sus usos y costumbres suscrita por el comunero, al igual que la respuesta del INPEC \u00abel cual [les] dej\u00f3 claro que ellos no actuar\u00edan sino por intermedio de una orden judicial\u00bb y la acreditaci\u00f3n como miembro de la comunidad de Harold Duberney, con la cual se demostr\u00f3 su pertenencia al pueblo ind\u00edgena de Chapa \u2013 El Tambo Cauca; de la misma manera, aport\u00f3 acta de compromiso donde se garantiza el cumplimiento de la sanci\u00f3n impuesta, en la que se garantiza las visitas peri\u00f3dicas del Inpec, relievando que, no es el primer comunero que trasladar\u00edan all\u00ed. <\/p>\n
2.6. Anot\u00f3 que el Juzgado accionado neg\u00f3 la petici\u00f3n tras indicar que Harold Duberney no es comunero, porque no aparece en la base de datos del censo del Ministerio, sin embargo, no atendi\u00f3 la manifestaci\u00f3n de cara a que \u00abel censo no ha sido actualizado hace mucho tiempo, adem\u00e1s se aport\u00f3 prueba sumaria de que el antes citado si es miembro de nuestra comunidad y no solo por causa de este proceso tal y como lo critican los jueces\u00bb, adem\u00e1s, tambi\u00e9n prob\u00f3 que los miembros del cabildo ind\u00edgena estudiaron la viabilidad de reintegrarlo como comunero al seno de la comunidad; sin embargo, tales probanzas fueron desconocidas por los juzgadores. <\/p>\n
2.7. Refiri\u00f3 que los falladores consideraron que no se present\u00f3 inspecci\u00f3n al centro de armonizaci\u00f3n \u00ablo cual no es de recibo ya que en la petici\u00f3n se anexo la ubicaci\u00f3n del lugar con sus respectivas coordenadas, la planta f\u00edsica del CAR, instalaciones, los guardias ind\u00edgenas encargados de la seguridad de los que se encuentran en calidad de guardados, se evidenci\u00f3 la parte interna del CAR, ubicaci\u00f3n geogr\u00e1fica y los espacios que cuenta y donde se ejerce el derecho propio, los usos y costumbres\u00bb, asimismo, porque de alguna manera cuestionaron el actuar del condenado, se\u00f1al\u00e1ndolo que solo viene a ejercer sus derechos como ind\u00edgena ahora que ha sido procesado, pues desde el inicio del juicio no dej\u00f3 sentando que pertenec\u00eda a la comunidad ind\u00edgena chapa, empero, ellos solo tuvieron conocimiento del juicio luego de las audiencias iniciales \u00aby no porque el comunero [se] lo haya manifestado ya que se puede apreciar de las audiencias iniciales que no obra constancia que se le haya interrogado sobre este aspecto, entonces no se puede propender que esto sea cierto, carga que no se le puede atribuir al comunero sino a los que realizaron las investigaciones de origen\u00bb. <\/p>\n
2.8. Destac\u00f3 que las decisiones criticadas realizaron una nueva valoraci\u00f3n respecto de la conducta desplegada por el comunero, \u00abcuando la petici\u00f3n no ahondaba o no entraba en discusi\u00f3n este aspecto, m\u00e1s por cuanto lo que se pretend\u00eda era el cambio de establecimiento carcelario a lugar de armonizaci\u00f3n, para que siguiera cumpliendo con su pena, pero dentro de la aplicaci\u00f3n de sus usos y costumbres, m\u00e1s no como un privilegio, ya que como se aport\u00f3 en la documentaci\u00f3n de parte de las autoridades y el comunero la suscripci\u00f3n de unos compromisos que en nuestra jurisdicci\u00f3n goza de entera legalidad por causa de las envestiduras que [les] dio la Constituci\u00f3n pol\u00edtica y los tratados internacionales\u00bb, situaci\u00f3n que ha sido reconocida por la jurisprudencia. <\/p>\n
2.9. Concluy\u00f3 que las garant\u00edas de primer grado de Harold Duberney est\u00e1n comprometidas con las determinaciones criticadas \u00aben raz\u00f3n a su contrariedad con el precedente constitucional y la indebida valoraci\u00f3n de los elementos de prueba aportados, los cuales, satisface las condiciones requeridas para cumplir en su comunidad la condena que le impuso la jurisdicci\u00f3n ordinaria, por cuanto, se reitera, la m\u00e1xima autoridad de su resguardo present\u00f3 solicitud formal al respecto con el compromiso de honrar las obligaciones que de ello se deriven, y se demuestra que la comunidad ind\u00edgena cuenta con instalaciones id\u00f3neas para garantizar la privaci\u00f3n de la libertad en condiciones dignas y con vigilancia de su seguridad. Aunado a esto, se comprueba el arraigo del se\u00f1or HAROLD TORO, toda vez que, de las pruebas allegadas al expediente, se evidencia que las autoridades ind\u00edgenas de la Comunidad Chapa y el Ministerio del Interior, certificaron que el accionante hace parte del resguardo ind\u00edgena; por su parte, la primera de estas autoridades, certific\u00f3 las condiciones de seguridad del centro de armonizaci\u00f3n\u00bb, resaltando que la visita al CAR no es una carga que deba imponerse al comunero o al cabildo ind\u00edgena de Chapa. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. Ernesto Paja Vidal, en calidad de autoridad ind\u00edgena del pueblo Kisg\u00f3, coadyuv\u00f3 la petici\u00f3n de amparo, al considerar que las comunidades ind\u00edgenas han sido sometidas por las diferentes normas nacionales, entre ellas, la justicia ordinaria, desconociendo la forma de administraci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de justicia de las comunidades ind\u00edgenas, as\u00ed como la justicia de los centros de armonizaci\u00f3n y resocializaci\u00f3n (CAR), adem\u00e1s de los sistemas propios de armonizaci\u00f3n y equilibrio del territorio y sus comuneros. <\/p>\n
2. Clavelio Isarama Mecha, en calidad de gobernador del cabildo ind\u00edgena Boca de V\u00edbora y dem\u00e1s integrantes de la autoridad, coadyuvaron las peticiones supralegales, considerar que Harold Duberney es sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional; que la justicia ordinaria ha vulnerado las garant\u00edas de los comuneros condenados. <\/p>\n
3. El Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Popay\u00e1n manifest\u00f3 que ejecuta la pena impuesta a Harold Duberney Toro el 1\u00b0 de diciembre de 2020 por el despacho Tercero Penal del Circuito Especializado de esa ciudad, por el delito de tr\u00e1fico, fabricaci\u00f3n o porte de estupefacientes agravado a 128 meses de prisi\u00f3n; que el estrado de conocimiento se abstuvo de resolverle sobre el traslado toda vez que no se aport\u00f3 la documentaci\u00f3n requerida para tal fin; que si bien con resoluci\u00f3n n\u00b0 007 de 15 de noviembre de 2020 la autoridad ind\u00edgena aprob\u00f3 el traslado del comunero, lo cierto es que all\u00ed se precis\u00f3 que la asamblea estuvo acompa\u00f1ada de 95 personas, de las cuales fueron 78 a favor y 17 en contra, empero, \u00abse aporta un control de asistencia y se aportan 5 planillas, de las cuales 4 contienen 22 firmas y una con 12 firmas, y al realzar la operaci\u00f3n matem\u00e1tica 22×4=88+13=101 firmas, cuando en un principio se hab\u00eda afirmado que hab\u00eda participado 95 personas; situaci\u00f3n esta que determina inconsistencias sustanciales a lo afirmado por la accionante\u00bb; que \u00abnunca se aport\u00f3 la supuesta respuesta del INPEC, en la que esta instituci\u00f3n afirmaba que \u201cno actuaria sino por intermedio de una orden judicial\u201d\u00bb; que atendi\u00f3 los presupuesto de la sentencia T 921 de 2013, sin embargo, no se prob\u00f3 la calidad de comunero, o por lo menos, as\u00ed lo corrobor\u00f3 con la certificaci\u00f3n que se baja de la p\u00e1gina del ministerio del interior y de justicia; que al momento de ser capturado no se plante\u00f3 ante el juez de control de garant\u00edas o de conocimiento su calidad de comunero; no se demostr\u00f3 que el INPEC se comprometiera a pasar visitas peri\u00f3dicas al centro de armonizaci\u00f3n, como tampoco si su traslado pod\u00eda representar peligro para su integridad f\u00edsica; que la decisi\u00f3n estuvo soportada con elementos probatorios, por lo que la petici\u00f3n de amparo es improcedente; remiti\u00f3 copia del prove\u00eddo criticado y de la certificaci\u00f3n de pertenencia a las comunidades y\/o resguardos ind\u00edgenas del ministerio del interior. <\/p>\n
4. El Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado con Funciones de Conocimiento de Popay\u00e1n relat\u00f3 las actuaciones surtidas en esa instancia; que el 23 de febrero de 2021 remiti\u00f3 las diligencias a los despachos de ejecuci\u00f3n de penas y medidas de seguridad para lo de su competencia; que no quebrant\u00f3 las prerrogativas del gestor. <\/p>\n
5. La Procuradur\u00eda 224 Judicial Penal I de Popay\u00e1n inst\u00f3 la improcedencia del resguardo, al considerar que Maricela Sandoval Manrique, en calidad de Gobernadora del Cabildo Ind\u00edgena de Chapa, carece de legitimaci\u00f3n para incoar el amparo de garant\u00edas a favor de Harold Duberney, pues si act\u00faa en como agente oficiosa debe cumplir una serie de requisitos que no alleg\u00f3, sumado a que, no hay indicios de que el condenado no se encuentra en condiciones de promover la acci\u00f3n constitucional, m\u00e1xime cuando aqu\u00e9l cont\u00f3 con apoderado de confianza en el juicio penal; que la decisi\u00f3n que neg\u00f3 el traslado est\u00e1 debidamente soportada, pues en la base de datos del ministerio del interior no aparece Harold con registro de comunero, as\u00ed como tampoco visita por parte del Inpec al centro de armonizaci\u00f3n que permitiera establecer si cumpl\u00eda con los requisitos para que el condenado continuara cumpliendo con la pena; que revisado el expediente, da cuenta que se inform\u00f3 su registro como comunero en el censo de 2021 mediante correo electr\u00f3nico de 23 de noviembre del mismo a\u00f1o, esto es, mucho tiempo despu\u00e9s de la sentencia condenatoria y de la negativa del traslado al centro de armonizaci\u00f3n. <\/p>\n
6. La Sala Penal del Tribunal Superior de Popay\u00e1n manifest\u00f3 que la decisi\u00f3n criticada est\u00e1 ajustada al caudal probatorio y a las normas aplicables al caso concreto; que el centro carcelario no comunic\u00f3 con contundencia si cuenta con los medios de transporte y el personal suficiente para acudir hasta el resguardo ind\u00edgena y revisar el verdadero confinamiento en que estar\u00e1 en condenado, adem\u00e1s que, consider\u00f3 que el comportamiento desplegado por Harold \u00abde ser recluido en el espacio de armonizaci\u00f3n, puede poner en peligro a la comunidad ind\u00edgena, dado que, sin escr\u00fapulos transportaba en 5 costales 343.85 kilogramos de coca\u00edna, situaci\u00f3n de la que es factible deducir se vincula con individuos u organizaciones altamente nocivas\u00bb; que la acci\u00f3n de tutela no procede contra decisiones judiciales, ni es una instancia adicional; remiti\u00f3 copia de la providencia censurada. <\/p>\n
El a quo concedi\u00f3 la salvaguarda al considerar, de un lado, que la promotora estaba legitimada para incoar la petici\u00f3n de amparo a favor de Harold Duberney Toro, pues atendiendo las disposiciones jurisprudenciales (T-081\/2015) se permite flexibilizar los prepuestos de procedencia, cuando se trata de incoar amparos a favor de ind\u00edgenas privados de la libertad, toda vez que se trata de personas de especial protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Por otra parte, al incurrir en un defecto f\u00e1ctico, comoquiera que, el Juez de Ejecuci\u00f3n de Penas pudo oficiosamente decretar pruebas que le permitieran establecer i). la condici\u00f3n de ind\u00edgena del accionante; ii). la existencia de instalaciones id\u00f3neas para garantizar la privaci\u00f3n de la libertad en condiciones dignas; y, iii). la posibilidad del centro de reclusi\u00f3n competente de realizar las visitas peri\u00f3dicas en aras de vigilar el efectivo cumplimiento de la pena; destac\u00f3 que, \u00abconfundieron los jueces accionados la condici\u00f3n de ind\u00edgena con el fuero de ind\u00edgena, donde s\u00ed se impone la valoraci\u00f3n de la naturaleza del delito a efectos de determinar la jurisdicci\u00f3n competente para conocer el proceso penal\u00bb, pues lo pertinente era allegar al proceso medios de prueba que permitieran establecer la condici\u00f3n de ind\u00edgena de Harold Duberney, labor probatoria en la que el juez deb\u00eda acudir a la facultad de decretar pruebas de oficio. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, el fallador de primera instancia afirm\u00f3 que no se aport\u00f3 constancia o certificaci\u00f3n que efectivamente la comunidad a la cual afirma pertenecer lo reciba en el seno de la comunidad, empero, \u00abesa afirmaci\u00f3n desconoce que al proceso se alleg\u00f3 la resoluci\u00f3n n\u00b0 007 del 15 de noviembre de 2020 expedida por la autoridad ind\u00edgena, en la que se aprob\u00f3 el traslado de Harold Duberney Toro para el cumplimiento de la sanci\u00f3n dentro del resguardo\u00bb, omisi\u00f3n que tambi\u00e9n estructura el defecto alegado; en consecuencia, dispuso: \u00abdejar sin efectos las decisiones de 22 de junio y 4 de noviembre de 2021, proferidas por el Juzgado 2\u00b0 de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Popay\u00e1n y la Sala Penal del Tribunal Superior de dicha ciudad, respectivamente\u00bb, por lo que orden\u00f3: <\/p>\n
\u2026al Juzgado 2\u00b0 de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Popay\u00e1n que, dentro de los 5 d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia, decrete las pruebas de oficio que estime pertinentes para que, en un t\u00e9rmino no superior a un mes, emita una nueva decisi\u00f3n en la que tenga en cuenta las precisiones realizadas a lo largo de esta providencia. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la titular del Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Popay\u00e1n, al considerar que la solicitud de amparo no era procedente, por cuanto incumple los presupuestos de legitimaci\u00f3n en la causa por activa y por pasiva, la inmediatez y la subsidiariedad. <\/p>\n
De un lado, refiri\u00f3 que de la lectura de los hechos citados en la providencia, no se hace referencia a que el Gobernador Ind\u00edgena, enti\u00e9ndase una autoridad administrativa y representante legal de la comunidad, actuase en calidad de agente oficioso o sin mandato especial para el efecto, por lo que, a su parecer, \u00abm\u00e1s all\u00e1 de la interpretaci\u00f3n del principio de solidaridad, implica en la pr\u00e1ctica la posibilidad que se adelanten acciones constitucionales sin el conocimiento o anuencia de los demandantes\u00bb, destacando que, para el caso concreto, \u00abse descart\u00f3 el fuero personal del condenado Harold Duberney Toro en cuanto a su condici\u00f3n de ind\u00edgena. Por ello estando el PPL en plena capacidad f\u00edsica y mental para actuar a nombre propio y en condiciones materiales posibles, pues en el establecimiento penitenciario EPCAMS de Popay\u00e1n, Cauca, se le otorga apoyo efectivo a la poblaci\u00f3n reclusa a trav\u00e9s de la Oficina de Asistencia Jur\u00eddica; lo que descarta la viabilidad jur\u00eddica de la agencia oficiosa\u00bb. <\/p>\n
Por otra parte, porque en su sentir, se desconoci\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo de protecci\u00f3n excepcional\u00edsimo, resaltando que, para el caso, su decisi\u00f3n de negar el traslado estuvo fundada en las probanzas allegadas al plenario, de donde se extrae que Harold Duberney Toro no es comunero, destacando que, para el 21 de junio de 2021 aqu\u00e9l no estaba censado en la p\u00e1gina de Ministerio del Interior y de Justicia, pese a que a la fecha (9 de mayo de 2022) ya est\u00e9 registrado, sumado a que, \u00absi bien es cierto la accionante aport\u00f3 a la tutela resoluci\u00f3n n\u00b0 007 del 15 de noviembre de 2020, esta no milita en la petici\u00f3n glosada al proceso n\u00b0 16760-2, fue por eso que no se tuvo en cuenta\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 que si bien la sentencia T-921 de 2013 autoriza a para que los sentenciados por la justicia ordinaria puedan ser trasladados a los Centros de Armonizaci\u00f3n a descontar su pena, esta disposici\u00f3n no es absoluta; asimismo, porque al Juez de penas no le compete verificar la idoneidad del resguardo ind\u00edgena para ello, pues \u00abesta disposici\u00f3n a todas luces se torna improcedente pues el Art\u00edculo 38 del C.P.P. no le fue asignada este competencia, igualmente el Art\u00edculo 31 de la Ley 65 de 1993, establece que la vigilancia de los internos est\u00e1 a cargo del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciario nacional y externa estar\u00e1 a cargo de la Fuerza P\u00fablica\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. No obstante, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que, <\/p>\n
(\u2026) el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado(…), (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183, reiterada STC4269-2015 16 abr. 2015). <\/p>\n
As\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el Juez se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos o cuando se presenta un defecto sustantivo o f\u00e1ctico en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
3. Descendiendo al caso sub examine, circunscrita la Sala a la impugnaci\u00f3n presentada, se advierte que tal y como lo sostuvo el a quo constitucional, los estrados querellados cometieron desafueros que ameritan la injerencia de esta jurisdicci\u00f3n, conforme pasa a exponerse. <\/p>\n
Al respecto, la Corte Constitucional ha sostenido que: <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n, en diversos pronunciamientos ha se\u00f1alado que los derechos de las comunidades ind\u00edgenas pueden ser defendidos por sus dirigentes o sus miembros, pues estos \u201cgozan de legitimidad para reclamar en sede de tutela la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de los cuales goza su comunidad1. As\u00ed mismo ha admitido que pueden hacerlo las organizaciones creadas para la defensa de los derechos de los pueblos ind\u00edgenas2 y la Defensor\u00eda del Pueblo3\u201d4, e incluso terceros, cuando los hechos as\u00ed lo demanden. <\/p>\n
En efecto, la jurisprudencia constitucional ha reconocido especialmente la posibilidad de que los derechos fundamentales de las personas ind\u00edgenas o las comunidades ind\u00edgenas sean defendidos por terceros, por ejemplo, en sentencia T-342 de 1994 consider\u00f3 que dos ciudadanos estaban legitimados para interponer una acci\u00f3n de tutela en representaci\u00f3n de los ind\u00edgenas Nukak-Maku, contra la Asociaci\u00f3n Nuevas Tribus de Colombia, por considerar que los estaba \u201caculturizando\u201d. En sentencia T-113 de 2009, se\u00f1al\u00f3 que la madre de un ind\u00edgena que fue convocado a prestar servicio militar, estaba legitimada para interponer una acci\u00f3n de tutela en su nombre. Posteriormente, en sentencia T-669 de 2011 la Corte estableci\u00f3 que la hija de un ind\u00edgena kankuamo de 62 a\u00f1os de edad, estaba facultada para interponer una acci\u00f3n de tutela en su nombre, debido al estado de debilidad manifiesta en el cual se encontraba su padre, teniendo en cuenta sus quebrantos de salud y que se encontraba privado de la libertad. <\/p>\n
En ese sentido, con mayor raz\u00f3n cuando la acci\u00f3n de tutela es interpuesta por las propias autoridades de la comunidad ind\u00edgena se tiene legitimaci\u00f3n por activa para interponer la acci\u00f3n de tutela a favor de sus propios miembros, toda vez que un presunto desconocimiento del fuero y de la jurisdicci\u00f3n especial ind\u00edgena, atenta no solo contra los derechos y garant\u00edas establecidas en cabeza de los miembros de los pueblos ind\u00edgenas, sino tambi\u00e9n contra las garant\u00edas consagradas a favor de las comunidades ind\u00edgenas como colectividades reconocidas por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. (CC T-866\/2013). <\/p>\n
Entonces, al margen de que en el libelo inicial se pueda extraer o no una agencia oficiosa y los requisitos que de ella se establecen, lo cierto es que, como qued\u00f3 dicho, los dirigentes ind\u00edgenas cuentan con la legitimaci\u00f3n constitucional para incoar el amparo de prerrogativas a favor de sus miembros, m\u00e1xime cuando, de cara al caso concreto, Harold Duberney en su condici\u00f3n de comunero del resguardo ind\u00edgena es una persona de especial protecci\u00f3n supralegal y est\u00e1 privado de la libertad en un lugar de reclusi\u00f3n ordinaria sin que se garantice su cosmovisi\u00f3n. <\/p>\n
En asuntos de similar contorno al ac\u00e1 auscultado, esta Sala dej\u00f3 dio que: <\/p>\n
\u2026se advierte que el tutelante tiene legitimaci\u00f3n para actuar en el presente ruego como agente oficioso de \u00c1lvaro Leonel Ord\u00f3\u00f1ez Garc\u00eda, por cuanto, en primer lugar, aqu\u00e9l otorg\u00f3 su consentimiento en tal sentido mediante memorial dirigido al Gobernador del Cabildo Ind\u00edgena del Resguardo de Ipiales; y en segundo, la jurisprudencia constitucional sobre el particular ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]os derechos de las comunidades ind\u00edgenas pueden ser defendidos por sus dirigentes o sus miembros, pues estos \u201cgozan de legitimidad para reclamar en sede de tutela la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de los cuales goza su comunidad. As\u00ed mismo ha admitido que pueden hacerlo las organizaciones creadas para la defensa de los derechos de los pueblos ind\u00edgenas y la Defensor\u00eda del Pueblo\u201d, e incluso terceros, cuando los hechos as\u00ed lo demanden\u201d. <\/p>\n
\u201cEn ese sentido, con mayor raz\u00f3n cuando la acci\u00f3n de tutela es interpuesta por las propias autoridades de la comunidad ind\u00edgena se tiene legitimaci\u00f3n por activa para interponer la acci\u00f3n de tutela a favor de sus propios miembros, toda vez que un presunto desconocimiento del fuero y de la jurisdicci\u00f3n especial ind\u00edgena, atenta no solo contra los derechos y garant\u00edas establecidas en cabeza de los miembros de los pueblos ind\u00edgenas, sino tambi\u00e9n contra las garant\u00edas consagradas a favor de las comunidades ind\u00edgenas como colectividades reconocidas por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u201d5.(CSJ, STC294-2021, 27 en., rad. 2021-00027-01). <\/p>\n
Y, en un asunto m\u00e1s reciente, se dijo que: <\/p>\n
Ab initio, se advierte que Agust\u00edn Fince Epianyu, como Autoridad Tradicional de la Comunidad Wayuu \u201cPortete\u201d, tiene \u00ablegitimaci\u00f3n\u00bb para actuar en nombre de S\u00f3crates Gabriel Barros Fince, como quiera que as\u00ed lo ha reconocido la jurisprudencia de la Corte Constitucional, al otorgar a tales dirigentes <\/p>\n
\u00ablegitimaci\u00f3n por activa para interponer la acci\u00f3n de tutela a favor de sus propios miembros, toda vez que un presunto desconocimiento del fuero y de la jurisdicci\u00f3n especial ind\u00edgena, atenta no solo contra los derechos y garant\u00edas establecidas en cabeza de los miembros de los pueblos ind\u00edgenas, sino tambi\u00e9n contra las garant\u00edas consagradas a favor de las comunidades ind\u00edgenas como colectividades reconocidas por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u00bb (T-866 de 2013). <\/p>\n
Adem\u00e1s, Barros Fince es \u00abcomunero\u00bb perteneciente al Resguardo Ind\u00edgena la Alta y Media Guajira de dicha colectividad, seg\u00fan lo reconoci\u00f3 la hom\u00f3loga Penal en la providencia confutada (CP177-2021). (CSJ, STC4591-2022, 20 abr., rad. 2022-01028-00). <\/p>\n
3.2. Zanjado lo anterior, de cara al defecto f\u00e1ctico alegado por la impugnante, pertinente es recordar, tal como lo hizo el a quo supralegal, que la Corte Constitucional ha establecido que la condena impuesta a los ind\u00edgenas no puede afectar la dignidad humana del interno \u00abni con ella su identidad cultural, por lo cual, los ind\u00edgenas merecen una especial protecci\u00f3n en los establecimientos penitenciario y\/o carcelarios, que impida que sean objeto de tratos que les hagan renunciar a sus propias costumbres\u00bb, raz\u00f3n por la que, record\u00f3 que \u00abindependientemente de que la falta cometida sea o no juzgada por la jurisdicci\u00f3n especial una vez la persona haya sido juzgada y condenada por la jurisdicci\u00f3n ordinaria, es esencial que el cumplimiento de la pena o medida preventiva se tenga en cuenta la cosmovisi\u00f3n ind\u00edgena, sus costumbres, sus pr\u00e1cticas, y la finalidad de la pena para el miembro de la comunidad. De este modo, se plantea la necesidad de que en la ejecuci\u00f3n de la condena, se opte por soluciones que favorezcan el cumplimiento de la orden del juez de un modo que respete y no atente contra las costumbres y la conciencia colectiva de los ind\u00edgenas, para lo cual resulta imperioso armonizar de manera efectiva los mandatos de la justicia y el respeto por la diversidad cultural\u00bb. (CC T-921\/13). <\/p>\n
Por tal situaci\u00f3n, en pro de no desconocer el derecho a la identidad de los ind\u00edgenas al ser recluidos en establecimientos ordinarios, el Alto Tribunal Constitucional dispuso tres reglas a seguir: <\/p>\n
\u2026el accionante hab\u00eda sido recluido en un establecimiento penitenciario y carcelario ordinario sin que se le hubiera permitido permanecer en pabell\u00f3n especial. En consecuencia, fij\u00f3 tres reglas que deb\u00edan cumplirse en casos en los que un ind\u00edgena fuera procesado y condenado por la jurisdicci\u00f3n ordinaria y recluido en un establecimiento penitenciario \u201csin ninguna consideraci\u00f3n relacionada con su cultura\u201d, a saber: <\/p>\n
\u201c(i) Siempre que el investigado en un proceso tramitado por la jurisdicci\u00f3n ordinaria sea ind\u00edgena se comunicar\u00e1 a la m\u00e1xima autoridad de su comunidad o su representante. (ii) De considerarse que puede proceder la medida de aseguramiento consistente en detenci\u00f3n preventiva el juez de control de garant\u00edas [\u2026] o el fiscal que tramite el caso [\u2026] deber\u00e1 consultar a la m\u00e1xima autoridad de su comunidad para determinar si el mismo se compromete a que se cumpla la detenci\u00f3n preventiva dentro de su territorio. En ese caso, el juez deber\u00e1 verificar si la comunidad cuenta con instalaciones id\u00f3neas para garantizar la privaci\u00f3n de la libertad en condiciones dignas y con vigilancia de su seguridad. Adicionalmente, dentro de sus competencias constitucionales y legales el INPEC deber\u00e1 realizar visitas a la comunidad para verificar que el ind\u00edgena se encuentre efectivamente privado de la libertad. En caso de que el ind\u00edgena no se encuentre en el lugar asignado deber\u00e1 revocarse inmediatamente este beneficio. A falta de infraestructura en el resguardo para cumplir la medida se deber\u00e1 dar cumplimiento estricto al art\u00edculo 29 de la Ley 65 de 1993. (iii) Una vez emitida la sentencia se consultar\u00e1 a la m\u00e1xima autoridad de la comunidad ind\u00edgena si el condenado puede cumplir la pena en su territorio. En ese caso, el juez deber\u00e1 verificar si la comunidad cuenta con instalaciones id\u00f3neas para garantizar la privaci\u00f3n de la libertad en condiciones dignas y con vigilancia de su seguridad. Adicionalmente, dentro de sus competencias constitucionales y legales el INPEC deber\u00e1 realizar visitas a la comunidad para verificar que el ind\u00edgena se encuentre efectivamente privado de la libertad. [\u2026]\u201d (Se destaca) <\/p>\n
Adem\u00e1s, esta Corporaci\u00f3n resalt\u00f3 que de conformidad con el principio de favorabilidad, las reglas descritas deb\u00edan aplicarse a todos los ind\u00edgenas que se encontraran privados de la libertad en establecimientos penitenciarios ordinarios, quienes con la respectiva autorizaci\u00f3n de la autoridad ind\u00edgena de su resguardo podr\u00edan cumplir la pena privativa de la libertad al interior del resguardo siempre que el mismo contara con las instalaciones necesarias para tal fin. (Subraya y negrilla fuera de texto) (CC T-515\/2016). <\/p>\n
Entonces, atendiendo los derroteros jurisprudenciales, el traslado de comuneros recluidos en centros ordinarios a resguardos ind\u00edgenas es procedente previa verificaci\u00f3n de la calidad de ind\u00edgena, la que se puede acreditar, incluso, como cada comunidad considere id\u00f3neo, igualmente la autorizaci\u00f3n de la comunidad ind\u00edgena, para privar de la libertad en sus instalaciones, as\u00ed como, la idoneidad del resguardo para mantenerlo privado de la libertad en condiciones de dignidad y seguridad, tanto para \u00e9l, como con los dem\u00e1s miembros del resguardo y, una vez autorizado el traslado, el Inpec debe realizar visitas a la comunidad para verificar que condenado este efectivamente privado de la libertad. <\/p>\n
3.2.1. De cara al caso concreto, se tiene que el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Popay\u00e1n, neg\u00f3 la petici\u00f3n de traslado de reclusi\u00f3n al Centro de Armonizaci\u00f3n, al considerar que: <\/p>\n
\u2026de la \u201cACTUACI\u00d3N PROCESAL\u201d se puede concluir que en ning\u00fan momento del desarrollo de las etapas del proceso se plante\u00f3 por parte de su defensa o la fiscal\u00eda que \u00e9l antes mencionado fuera ind\u00edgena, ni se solicit\u00f3 aplicaci\u00f3n de beneficios que se relacionaran con su condici\u00f3n de ind\u00edgena. <\/p>\n
Es de suma relevancia y dentro de la libertad probatoria este Juzgado verifica en la P\u00e1gina web del Ministerio del Interior si el antes mencionado se encuentra registrado como comunero y certifica \u201cEL DOCUMENTO CONSULTADO NO REGISTRA EN LAS BASES DE DATOS DE LOS AUTOCENSOS APORTADOS PRO LAS COMUNIDADES IND\u00cdGENAS AL MINISTERIO DEL INTERIOR\u201d, y el documento consultado no es otro que el 1.061.777.145 correspondiente al sentenciado en menci\u00f3n, situaci\u00f3n esta que sin lugar permite concluir que el se\u00f1or HAROLD DUBERNEY TORO, no es comunero, a menos que se demuestre lo contrario. <\/p>\n
Teniendo en cuenta que el antes mencionado pretende ser trasladado a la Jurisdicci\u00f3n de El Tambo Cauca, por tanto debi\u00f3 presentarse visita a dicho centro de Armonizaci\u00f3n por el Director del Establecimiento Carcelario de esta ciudad, para que certificara, si el sitio cumpl\u00eda o no con los requisitos para albergar al sentenciado, si para el personal a su cargo era viable transportarse al Centro de Armonizaci\u00f3n, si la seguridad para estos funcionarios estaba garantizada, tampoco se dijo cada cuanto se estar\u00eda visitando el Centro de Armonizaci\u00f3n. Aspecto objetivo que tampoco concurre en el presente caso. <\/p>\n
Por otra parte no se aporta constancia o certificaci\u00f3n que efectivamente la comunidad a la cual afirma pertenecer lo reciba en el seno de la comunidad, pues quien m\u00e1s que la comunidad para determinar si este sujeto representa o no un peligro para sus comunidades. <\/p>\n
Si bien es cierto, en la solicitud se afirma que el sentenciado HAROLD DUBERNEY TORO es comunero, afirmaci\u00f3n esta que no se ajusta a la realidad, pues dentro del plenario no ha quedado demostrado, adem\u00e1s verificadas las particularidades del caso bajo reglas de la experiencia es dable inferir que lejos se encuentran el referenciado sujeto de ser ind\u00edgena, pues la historia ha demostrado que el ser ind\u00edgena va m\u00e1s all\u00e1 de tener un apellido o tener rasgos f\u00edsicos o el de vivir en medio de una comunidad ind\u00edgena\u2026 <\/p>\n
Decisi\u00f3n que, el Tribunal confirm\u00f3, tras argumentar que: <\/p>\n
\u2026aunque se podr\u00eda aceptar que HAROLD DUBERNEY TORO, es ind\u00edgena, por cuanto as\u00ed lo aseguran las autoridades del Resguardo en la respectiva certificaci\u00f3n6, en la Resoluci\u00f3n 00077 del 15 de noviembre del 2020 y memorial signado en el 24 de noviembre, y que dicha comunidad, seg\u00fan afirman sus voceros, accede mayoritariamente (78 votos a favor y 17 en contra) a que \u00e9l ejecute la pena impuesta en un Centro de Armonizaci\u00f3n ubicado dentro de su territorio, m\u00edrese que, no hay informe rendido por el juez indicando si las instalaciones son id\u00f3neas o no, tampoco hay constancia del INPEC, donde especifiquen su posibilidad de realizar visitas peri\u00f3dicas. Si esto no fuera bastante raz\u00f3n, la gravedad del delito, el eventual peligro a la comunidad8 y la culturizaci\u00f3n sufrida por el peticionario, impiden se despache afirmativamente su pretensi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Hasta aqu\u00ed, el Centro Carcelario, no ha comunicado con contundencia si cuenta con los medios de trasporte y el personal suficiente para acudir hasta el resguardo ind\u00edgena y revisar el verdadero confinamiento en que estar\u00e1 DUBERNEY TORO. <\/p>\n
Por otro lado, aunque la Corte estableci\u00f3: \u201cel juez deber\u00e1 verificar si la comunidad cuenta con instalaciones id\u00f3neas para garantizar la privaci\u00f3n de la libertad en condiciones dignas y con vigilancia de su seguridad\u201d, aqu\u00ed no se ve que ello haya ocurrido, pues emerge ausente inspecci\u00f3n judicial al Centro de Armonizaci\u00f3n. <\/p>\n
El comportamiento desplegado por HAROLD DUBERNEY TORO, informa que, de ser recluido en el espacio de armonizaci\u00f3n, puede poner en peligro a la comunidad ind\u00edgena, dado que, sin escr\u00fapulos transportaba en 5 costales, 343.85 kilogramos de coca\u00edna, situaci\u00f3n de la que es factible deducir se vincula con individuos u organizaciones altamente nocivas. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, advierte la Corte que, tal y como lo sostuvo el a quo constitucional, los estrados encausados, cometieron un desafuero, por cuanto incurrieron en un defecto f\u00e1ctico, habida cuenta de que, se desech\u00f3 la condici\u00f3n de ind\u00edgena de Harold Duberney Toro, sin adelantar gesti\u00f3n alguna para determinar dicha situaci\u00f3n, refiri\u00e9ndose, en \u00faltimas a la gravedad de la conducta punible por el que fue condenado, desconociendo que la naturaleza del delito, no puede ser raz\u00f3n suficiente para denegar la condici\u00f3n cultural ind\u00edgena. <\/p>\n
Ciertamente, el fallador de instancia no acudi\u00f3 a la facultad oficiosa con el fin de determinar la condici\u00f3n de ind\u00edgena de Harold Duberney, relievando que, el registro en la base de datos de autocensos aportados por las comunidades ind\u00edgenas al ministerio del interior no pod\u00eda ser el \u00fanico medio suasorio para llegar a tal entendimiento, m\u00e1xime cuando se le puso de presente que dicho censo no estaba actualizado (que para la fecha ya aparece ya aparece en dicho registro), a m\u00e1s que, tal como lo indic\u00f3 el Tribunal en el expediente reposa el memorial de 24 de noviembre de 2020 en el que la comunidad ind\u00edgena accede mayoritariamente a que aqu\u00e9l ejecute la pena impuesta en el Centro de Armonizaci\u00f3n de su territorio (el cual no desconoce la impugnante), as\u00ed como la resoluci\u00f3n n\u00b0 007 de 2020, y las certificaciones del cabildo que infieren la identidad cultural de aqu\u00e9l. <\/p>\n
Ahora, tampoco se evidencia una debida valoraci\u00f3n de cara a la existencia de instalaciones id\u00f3neas para garantizar la privaci\u00f3n de la libertad en condiciones dignas, ni la posibilidad del centro de reclusi\u00f3n competente de realizar las vistitas peri\u00f3dicas en aras de vigilar el efectivo cumplimiento de la pena, pues, se insiste, no se atendi\u00f3 la resoluci\u00f3n n\u00b0 007 de 15 de noviembre de 2020 expedida por la autoridad ind\u00edgena, por medio de la cual el resguardo aprob\u00f3 el traslado del condenado a dicha comunidad para purgar la pena, menos la petici\u00f3n de solicitud de traslado que contiene los planos y las evidencias fotogr\u00e1ficas del centro de armonizaci\u00f3n y resocializaci\u00f3n, la que pod\u00eda verificar, instando al INPEC, con el fin de acreditar la idoneidad del mismo para mantener privado de la libertad al actor, m\u00e1xime cuando, previa petici\u00f3n de la accionante, el INPEC con oficio 235-CPAMSPY de 12 de junio de 2020 refiri\u00f3 que \u00abel establecimiento llevara a cabo visita de inspecci\u00f3n y posterior certificaci\u00f3n de las instalaciones del centro de armonizaci\u00f3n si a ello hay lugar por orden judicial; es decir el resguardo eleva la solicitud de traslado a centro de armonizaci\u00f3n y la autoridad judicial competente solicitara la revista de inspecci\u00f3n\u00bb; de ah\u00ed que, se evidencia el quebranto al debido proceso. <\/p>\n
Lo anterior, permite concluir que el despacho judicial accionado incurri\u00f3 en un defecto f\u00e1ctico, que impon\u00eda conceder el amparo. Sobre la procedencia del resguardo en trat\u00e1ndose de falencias en la valoraci\u00f3n probatoria, ha dicho la Corporaci\u00f3n que: <\/p>\n
\u2026 ha explicado la Sala que \u201c[u]no de los supuestos que estructura aquella [v\u00eda de hecho] es el defecto f\u00e1ctico, en el que incurre el juzgador cuando sin raz\u00f3n justificada niega el decreto o la pr\u00e1ctica de una prueba, omite su valoraci\u00f3n o la hace en forma incompleta o distorsionando su contenido objetivo; incluso, cuando olvida apreciar el material probativo en conjunto o le confiere m\u00e9rito probativo a un elemento de juicio que fue indebidamente recaudado. Esto, porque si bien los jueces tienen un amplio margen para valorar el acervo probatorio en el cual deben fundar su decisi\u00f3n y formar libremente su convicci\u00f3n, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica (art\u00edculo 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil), tambi\u00e9n es cierto que jam\u00e1s pueden ejercer dicho poder de manera arbitraria, irracional o caprichosa. Y es que la ponderaci\u00f3n de los medios de persuasi\u00f3n implica la adopci\u00f3n de criterios objetivos, no simplemente supuestos por el fallador; racionales, es decir, que sopesen la magnitud y el impacto de cada elemento de juicio; y riguroso, esto es, que materialicen la funci\u00f3n de administraci\u00f3n de justicia que se le encomienda a los funcionarios judiciales sobre la base de pruebas debidamente incorporadas al proceso\u201d (CSJ STC, 10 oct. 2012, rad. 2012-02231-00, reiterada en STC, 7 mar. 2013, rad. 2012-00522-01; y STC, 9 dic. 2014, rad. 2014-00210-01). <\/p>\n
4. Basta lo dicho para confirmar la sentencia de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Sentencias T-652 de 1998, T-955 de 2003, T-880 de 2006, T-154 de 2009 y T-760 de 2009, entre otras. <\/p>\n
2\u0002 Sentencias T-652 de 1998, SU-383 de 2003, T-382 de 2006, T-880 de 2006, entre otras. <\/p>\n
4\u0002 Sentencia T 116 de 2011. <\/p>\n
5\u0002 Corte Constitucional, sentencia T-866 de 27 de noviembre de 2013. <\/p>\n
6\u0002 Folio 132-133 del cuaderno principal <\/p>\n
7\u0002 Folio 147 \u00eddem. <\/p>\n
8\u0002 De este requisito se habl\u00f3 en la Sentencia T-685\/15, p\u00e1gina 46, como se puede ver en esta providencia a hoja 10 pie de p\u00e1gina 4. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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STC7489-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC7489-2022 (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de junio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el 15 de marzo de 2022 por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-64472","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64472","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64472"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64472\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64472"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64472"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64472"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}