STC7491-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7491-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 23001-22-14-000-2022-00098-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 24 de mayo de 2022 por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda, en la acci\u00f3n de tutela instaurada por Aldair Ayala Hern\u00e1ndez contra el Juzgado Promiscuo de Familia y la Secretar\u00eda de Hacienda Municipal, ambos de Montel\u00edbano, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso que origin\u00f3 la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, m\u00ednimo vital y vida en condiciones dignas, presuntamente conculcados por las autoridades acusadas. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, ordenar \u00aba la Secretar\u00eda de Hacienda Municipal de Montel\u00edbano C\u00f3rdoba, que en el t\u00e9rmino improrrogable de 48 horas\u2026 proceda a realizar las operaciones pertinentes con respecto al salario del suscrito, esto es, aplicar el embargo por cuota alimentaria y dejar de aplicar los cr\u00e9ditos por libranza\u2026 As\u00ed mismo oficiar al Juzgado Promiscuo de Familia de Montel\u00edbano\u2026 para que en base al salario que devenga\u2026 proceda a regular el porcentaje de la orden judicial emitida, en aras de proteger [sus] derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes: <\/p>\n
2.1. Lizbeth Tatiana Petro Polo, en representaci\u00f3n de su menor hijo, present\u00f3 demanda ejecutiva de alimentos en contra de Aldair Ayala Hern\u00e1ndez, ante el Juzgado Promiscuo de Familia de Montel\u00edbano, con fundamento en un acuerdo extraprocesal; autoridad que el 24 de marzo de 2022 libr\u00f3 mandamiento de pago, al tiempo que dispuso \u00abel embargo y retenci\u00f3n del 30% del salario y sus prestaciones sociales que devenga el ejecutado\u2026, como empleado de la Alcald\u00eda de Montel\u00edbano \u2013 C\u00f3rdoba\u00bb. <\/p>\n
2.2. Anot\u00f3 el accionante que es empleado del municipio de Montel\u00edbano, que devenga un salario b\u00e1sico de $1.420.772, teniendo deducciones por $774.086, por lo que percibe finalmente $831.682; que en el mes de abril de los corrientes se le inform\u00f3 a su pagador el embargo del 30% de su salario; que \u00abpara el mes de abril a su n\u00f3mina deb\u00eda alleg\u00e1rsele el retroactivo por valor de $309.444, con ocasi\u00f3n a los meses de enero, febrero y marzo del a\u00f1o dos mil veintid\u00f3s, meses estos donde a\u00fan no se hab\u00eda comunicado el embargo y por lo cual no deb\u00eda ser objeto de descuentos del mismo, dado como lo su nombre lo indica retroactivo. De igual manera al salario b\u00e1sico de $1.420.772, deb\u00eda aument\u00e1rsele el 7.26%, quedando en $1.523.920\u00bb. <\/p>\n
2.4. Manifest\u00f3 que las deducciones realizadas a su salario quebrantan su m\u00ednimo vital, pues \u00abadem\u00e1s de los descuentos que por ley son obligatorios, existen deducciones de car\u00e1cter de libranzas y ahora el embargo de alimentos ordenado por el Juzgado\u00bb, que si bien de las referidas deducciones ha autorizado las libranzas, \u00abno es menos cierto que el Art. 53 de la Constituci\u00f3n es norma y habla de irrenunciabilidad a los beneficios m\u00ednimos en las normas laborales, pues si bien no es [su] voluntad la orden de embargo del 30% de [su] salario, no es menos cierto que los dem\u00e1s descuentos tanto pro ley que los autorizados por libranza, est\u00e1n con autorizaci\u00f3n expresa\u2026 se deben respetar las normas laborales y las a\u00fan las constitucionales\u00bb. <\/p>\n
2.5. Agreg\u00f3 que es \u00abel mayor de 5 hermanos, de los cuales los dos menores y [sus] padres, uno de ellos de la tercera edad, conviven a\u00fan bajo el mismo techo donde [\u00e9l] reside, y los cuales se encuentran bajo [su] cuidado y responsabilidad alimentaria, objeto por el cual el actuar de la Secretar\u00eda de Hacienda Municipal de Montel\u00edbano C\u00f3rdoba, vulnera [sus] derechos fundamentales al m\u00ednimo vital y a la vida en condiciones dignas\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Promiscuo del Familia de Montel\u00edbano remiti\u00f3 link de consulta del expediente objeto de queja constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Unidad Administrativa Especial Migraci\u00f3n Colombia -UAEMC pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, comoquiera que, no es la competente para atender los reparos del promotor. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Procuradur\u00eda 18 Judicial para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres de Monter\u00eda indic\u00f3 que la solicitud de amparo incumple el presupuesto de subsidiariedad, pues el gestor tiene los recursos y medios ordinarios existentes en el ordenamiento jur\u00eddico al interior del juicio criticado; que desconoce si ya se elev\u00f3 solicitud ante la Secretar\u00eda de Hacienda Municipal de Montel\u00edbano y si la entidad en menci\u00f3n deneg\u00f3 lo pedido y bajo qu\u00e9 argumentos. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Data Cr\u00e9dito Experian, fuera de t\u00e9rmino, inform\u00f3 que registr\u00f3 alerta en la historia de cr\u00e9dito del promotor, con ocasi\u00f3n al incumplimiento de la obligaci\u00f3n alimentaria. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Los dem\u00e1s guardaron silencio. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional neg\u00f3 el resguardo al encontrar insatisfecho el presupuesto de subsidiariedad, toda vez que, no se evidencia que exista previa solicitud del accionante ante el Juzgado encausado ni ante la Secretar\u00eda de Hacienda Municipal de Montel\u00edbano, con el fin de que se regule el porcentaje de la orden judicial emitida, as\u00ed como de los descuentos efectuados. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la parte actora reiterando los argumentos expuestos en el libelo inicial, a los que adicion\u00f3 que \u00absi bien es cierto lo manifestado en el fallo de primera instancia, el juez fallador toma como \u00fanica medida y fundamentaci\u00f3n con el objeto de declarar improcedente el amparo constitucional que invoco, la del requisito de subsidiariedad. No dej\u00f3 sentado que en el tema de actuaciones procesales, las entidades aqu\u00ed accionadas no le dieron contestaci\u00f3n y\/o no hicieron uso de su derecho a la defensa en la presente acci\u00f3n de tutela\u00bb, adem\u00e1s que, hay \u00abcomunicaci\u00f3n por parte de la Oficina Jur\u00eddica del Municipio de Montel\u00edbano, donde se le indica a la Secretar\u00eda de Hacienda Municipal de Montel\u00edbano C\u00f3rdoba, el procedimiento a seguir con ocasi\u00f3n a la orden de embargo emitida por el Juzgado\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Del examen de la demanda de amparo se establece, sin duda, que a trav\u00e9s de ella se pretende, de un lado, la regulaci\u00f3n de la cautela ordenada por el Juzgado Promiscuo de Familia de Montel\u00edbano; y, por otra parte, la disminuci\u00f3n y regulaci\u00f3n de los descuentos efectuados por su pagador en la Secretar\u00eda de Hacienda Municipal de Montel\u00edbano; pues, en su sentir, dichas medidas quebrantan su m\u00ednimo vital y vida digna. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Luego, al margen de las alegaciones del opugnante, surge patente la falta de vocaci\u00f3n de prosperidad del amparo rogado, debido a que el actor al interponer la salvaguarda no atendi\u00f3 el principio de subsidiariedad que enmarca su procedibilidad, en la medida en que, de un lado, no ha hecho solicitud formal ante el juez natural al interior del proceso que censura, con el fin de pretender la regulaci\u00f3n de la cautela decretada; y, por otra parte, no ha realizado petici\u00f3n y el tr\u00e1mite pertinente ante la pagadur\u00eda de su empleador, con el fin de regular los descuentos de los cr\u00e9ditos por libranza all\u00ed reflejados. <\/p>\n
Frente al requisito de la subsidiariedad la Sala ha concluido que: <\/p>\n
En ese sentido ha se\u00f1alado esta Corporaci\u00f3n que: <\/p>\n
En efecto, de conformidad con la situaci\u00f3n f\u00e1ctica descrita en la demanda constitucional, como de la actuaci\u00f3n procesal que reposa en el expediente de tutela, se desprende que la accionante cuenta con m\u00faltiples medios de defensa judicial para el restablecimiento de las garant\u00edas que ahora controvierte en sede de tutela, siendo que el proceso que se sigue ante el Juez natural de la controversia es el escenario judicial adecuado para tal prop\u00f3sito. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese que as\u00ed el promotor del amparo no comparta los argumentos del juez constitucional de primer grado, lo cierto es que para que pueda abrirse paso la protecci\u00f3n planteada, es necesario el agotamiento de \u201ctodos\u201d los mecanismos que permitan la controversia de las determinaciones que se adopten al interior del proceso\u2026 <\/p>\n
Y es que de la acci\u00f3n de tutela no puede hacerse uso para soslayar o sustituir los procedimientos ordinarios que deben adelantarse ante los funcionarios competentes; adem\u00e1s, la Sala retomando apartes de la sentencia C-543 del 1\u00ba de octubre de 1992, proferida por la Corte Constitucional, acept\u00f3 que: \u201cLa acci\u00f3n de tutela a) no reemplaza los procesos ordinarios o especiales, ni es sustituto de los diversos \u00e1mbitos de competencia de los jueces, ni es instancia adicional a las existentes; b) ha sido concebida \u00fanicamente para dar soluci\u00f3n eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresi\u00f3n o la amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jur\u00eddico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces; c) nunca prevalece sobre la acci\u00f3n ordinaria, salvo que se ejercite como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable; d) no es viable si se la pretende usar como medio enderezado a la reapertura de procesos que ya fueron objeto de fallo, tanto si respecto de las decisiones judiciales correspondientes se ha producido la ejecutoria y, en consecuencia, la cosa juzgada formal, como si han hecho tr\u00e1nsito a cosa juzgada material; y e) no es el \u00fanico mecanismo orientado a la protecci\u00f3n de la persona humana y sus derechos esenciales. Todos los procesos y la integridad del aparato judicial tienen ese mismo fin\u201d (CSJ STC, 15 dic. 2011, rad. 2011-01889-01; reiterada, entre otras, en CSJ STC, 27 sep. 2013, rad. 2013-01609-01; y CSJ STC, 12 mar. 2015, rad. 2015-00084-01). <\/p>\n
En ese orden de ideas, esta herramienta extraordinaria impone, se itera, el agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa a disposici\u00f3n de la interesada, dado su car\u00e1cter eminentemente residual, pues de otra manera terminar\u00eda cercenando los principios nodales que edifican este mecanismo, por lo que el amparo no pod\u00eda prosperar. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Lo consignado impone respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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