STC7504-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7504-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2022-00208-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Jos\u00e9 Walter Boh\u00f3rquez S\u00e1nchez frente al fallo proferido el 11 de febrero de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00e9l contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Sexto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados todos los intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su garant\u00eda esencial al debido proceso, presuntamente vulnerada por las sedes encausadas al denegarle la concesi\u00f3n de la libertad condicional que les rog\u00f3. <\/p>\n
Pidi\u00f3, entonces, \u00abse impartan todas las \u00f3rdenes que [se] considere[n] pertinentes para que cese la amenaza y\/o la vulneraci\u00f3n de [su] Derecho Constitucional\u00bb. <\/p>\n
2. La situaci\u00f3n f\u00e1ctica relevante para resolver el presente asunto es la que as\u00ed se sintetiza: <\/p>\n
2.1. Con sentencia emitida el 20 de noviembre de 2006 por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Ibagu\u00e9, el quejoso fue condenado a 25 a\u00f1os de prisi\u00f3n, al hallarlo responsable del punible de homicidio agravado, materializ\u00e1ndose su captura el 4 de marzo de 2009. <\/p>\n
2.2. El 26 de marzo de 2021 el condenado deprec\u00f3 su libertad condicional, la que el 26 de julio siguiente le deneg\u00f3 el Juzgado, determinaci\u00f3n que el pasado 2 de noviembre confirm\u00f3 el Tribunal encausado. <\/p>\n
2.3. En sede de tutela, en concreto, el accionante critic\u00f3 que con la anterior decisi\u00f3n las autoridades judiciales enjuiciadas incurrieron en defectos procedimental absoluto, f\u00e1ctico, sustantivo, de falta de motivaci\u00f3n, desconocimiento del precedente y violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n, porque al resolver su petici\u00f3n, injustificadamente, realizaron un indebido juicio de valor del comportamiento que \u00e9l ofreci\u00f3 durante el tiempo que permaneci\u00f3 en prisi\u00f3n domiciliaria, siendo evidente que, acorde al precepto 64 del C\u00f3digo Penal, lo que debi\u00f3 valorarse fue su conducta intramural durante los \u00faltimos 18 meses en prisi\u00f3n, la que ha sido calificada como ejemplar y da cuenta de su \u00abtransformaci\u00f3n psicol\u00f3gica-individual\u2026 durante el lapso correspondiente a las 3\/5 partes de la pena impuesta\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que aunque \u00abdurante la concesi\u00f3n del beneficio de la prisi\u00f3n domiciliaria no acat[\u00f3] los deberes y obligaciones que la misma conlleva, dicho incumplimiento trajo sus propias consecuencias y por ello [s]e encuentr[a] nuevamente recluido en un establecimiento carcelario\u00bb, por lo que \u00abmal hizo el Juez ejecutor\u2026 en valerse de dicha circunstancia para negar la libertad condicional solicitada, toda vez que ya fu[e] castigado por cometer dicha falta con la revocatoria del beneficio mencionado, aunado a que no puede catalogarse imprescriptibles las penas o las faltas disciplinarias, desconoci\u00e9ndose el tiempo transcurrido desde que volv[i\u00f3] a ser llevado a un establecimiento carcelario y la solicitud presentada (aproximadamente 14 meses), adem\u00e1s del concepto favorable sustentado en las actas de evaluaci\u00f3n emitidas por el Consejo de Disciplina del establecimiento carcelario en el que me mantienen recluido\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que el a-quo enjuiciado \u00ab[h]a actuado de manera descuidada y desinteresada respecto a todo lo que concierne al proceso de la ejecuci\u00f3n de la pena\u00bb; \u00ab[s]e ha negado a realizar las respectivas verificaciones de las condiciones del lugar donde [lo] han mantenido recluido, y a \u00abhacer seguimiento a las actividades dirigidas a la integraci\u00f3n social\u00bb que h[a] desarrollado mientras [lo] han mantenido recluido en establecimientos carcelarios\u00bb; y pas\u00f3 por alto \u00ablo dispuesto en el inciso segundo del art\u00edculo 7A del C\u00f3digo Penitenciario y Carcelario respecto a la concesi\u00f3n de \u00ablos mecanismos alternativos o sustitutivos de la pena de prisi\u00f3n que resulten procedentes\u00bb, como en [su] caso\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Fiscal\u00eda Doce Seccional de la Unidad de Descongesti\u00f3n Ley 600 de 2000 se\u00f1al\u00f3 que aunque se le vincul\u00f3 a esta actuaci\u00f3n \u00aben virtud del conocimiento que se tuvo de la investigaci\u00f3n, lo cierto es que los derechos que alega [el gestor] presuntamente le fueron vulnerados, se presentaron a instancia de la etapa de juicio, y concretamente en las decisiones del Juzgado [accionado]\u00bb; y que le era imposible \u00abefectuar pronunciamiento alguno relacionado con el devenir procesal, ya que no se cuenta con el expediente f\u00edsico[,] como quiera que [se] remiti\u00f3 en su integridad a los juzgados del circuito para el correspondiente tr\u00e1mite\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Sexto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1 histori\u00f3 las actuaciones surtidas en el asunto recriminado y deprec\u00f3 el despacho adverso de la salvaguarda \u00abante la inexistencia de vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales\u00bb, en tanto que sus decisiones \u00abhan estado acorde al respeto al debido proceso al ser motivadas bajo la normatividad procesal vigente y se han garantizado los derechos constitucionales que le asisten a la condenada (sic)\u00bb. <\/p>\n
3. El Juzgado S\u00e9ptimo Penal del Circuito Mixto con Funciones de Conocimiento rog\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de este asunto porque \u00abno ha tenido ninguna incidencia\u00bb en las decisiones fustigadas, \u00abcomoquiera que la actuaci\u00f3n escrita que obra en [ese] Juzgado, se ci\u00f1e al tr\u00e1mite previo, es decir[,] a la sentencia de primera instancia que gener\u00f3 el control de ejecuci\u00f3n de la pena y env\u00edo al Juez respectivo, donde el actor ha elevado las solicitudes concernientes\u2026 a la concesi\u00f3n de la libertad condicional\u00bb. <\/p>\n
4. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 tambi\u00e9n pidi\u00f3 \u00abdenegar la acci\u00f3n de tutela impetrada\u2026, toda vez que\u2026 no existe afectaci\u00f3n de la prerrogativa superior invocada por el tutelante\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional deneg\u00f3 el amparo al no hallar \u00abacreditado alg\u00fan defecto\u00bb, ni advertir \u00abque la decisi\u00f3n que adopt\u00f3 el Tribunal sea contraria a los lineamientos normativos o jurisprudenciales, por el contrario, se extracta que, de manera razonable, valor\u00f3 su comportamiento integral bajo el r\u00e9gimen penitenciario, con lo cual evidenci\u00f3 la necesidad de que el implicado continuara con la ejecuci\u00f3n de la pena privativa de la libertad\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el actor insistiendo en sus planteamientos iniciales respecto a que existi\u00f3 \u00abun yerro interpretativo de la norma jur\u00eddica aplicada\u00bb, por lo que su ruego debi\u00f3 salir avante, comoquiera que el precepto 64 de la Ley 599 de 2000, \u00abde manera clara y taxativa, ordena al operador judicial conceder el subrogado penal de la libertad condicional teniendo en cuenta, adem\u00e1s del cumplimiento de las 3\/5 partes de la pena impuesta, la calificaci\u00f3n del desempe\u00f1o conductual desarrollado \u00abEN EL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO\u00bb y NO observado en otros lugares de reclusi\u00f3n o en otros contextos (\u00abantecedentes de todo orden\u00bb, aseverado por el Juez en el Auto demandado), como lo valor\u00f3 el Juez\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico en respaldo de los derechos fundamentales, susceptible de invocarse cuandoquiera que estos resulten vulnerados o en peligro inminente por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en ciertos supuestos, de los particulares, que por su connotaci\u00f3n subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar al juez natural de los asuntos ordinarios, ni tampoco los conductos comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en lo que concierne a las actuaciones y prove\u00eddos judiciales, el resguardo cabe de manera excepcional y ce\u00f1ido a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por antonomasia, cada vez que sobrevenga el presupuesto de la inmediatez. <\/p>\n
2. Acorde con esas premisas, descendiendo al caso concreto, de entrada advierte la Sala la confirmaci\u00f3n del fallo del a-quo constitucional, comoquiera que el amparo deprecado estaba llamado al fracaso, en la medida en que no lucen arbitrarios ni caprichosos los razonamientos expuestos por el Tribunal acusado, en el prove\u00eddo del pasado 2 de noviembre, para resolver la apelaci\u00f3n propuesta por el censor frente a la decisi\u00f3n de 27 de julio de 2021, mediante la cual el a-quo convocado no accedi\u00f3 a la libertad condicional deprecada por aqu\u00e9l. <\/p>\n
En efecto, al auscultar tal determinaci\u00f3n -por ser aqu\u00e9lla mediante la cual se zanj\u00f3 de manera definitiva el asunto sometido a consideraci\u00f3n de la autoridad ordinaria-, se observa que dicha Colegiatura, tras precisar que al accionante le era m\u00e1s favorable la aplicaci\u00f3n del precepto 64 del C\u00f3digo Penal en su redacci\u00f3n original y trascribir el mismo, recapitul\u00f3 que lo pretendido por el condenado era obtener \u00abla libertad condicional cuyos requisitos est\u00e1n consagrados en [ese] art\u00edculo\u2026, los cuales son: acreditar el cumplimiento de las 3\/5 partes de la pena y la buena conducta en el establecimiento carcelario de la que pueda deducirse que no existe necesidad de continuar la ejecuci\u00f3n de la pena de prisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Luego, advertida la satisfacci\u00f3n del presupuesto objetivo, a saber, el temporal del cumplimiento de las 3\/5 partes de la pena, detect\u00f3 que el debate se contra\u00eda \u00aba la superaci\u00f3n del requisito subjetivo\u00bb, respecto de cuya conceptualizaci\u00f3n cit\u00f3 algunos apartes de pronunciamientos de la Corte Constitucional (CC C-371\/02 y T-895\/02). <\/p>\n
Despu\u00e9s, en cuanto al asunto espec\u00edfico, para dar por sentada la falta de acreditaci\u00f3n de dicha exigencia, consign\u00f3: <\/p>\n
\u2026en este caso el Director de la c\u00e1rcel La Modelo, en Resoluci\u00f3n 1591 del 17 de junio de 2021 conceptu\u00f3 favorablemente sobre la concesi\u00f3n de la libertad condicional, simult\u00e1neamente certific\u00f3 que la conducta del penado fue ejemplar entre el 17 de febrero de 2020 y el 16 de mayo de 2021. En contraste, se advierte la siguiente situaci\u00f3n: <\/p>\n
La prisi\u00f3n domiciliaria de la que gozaba el penado le fue revocada en auto del 9 de enero de 2020, debido a que se evadi\u00f3 de su lugar de residencia el 6 de agosto de 2019, decisi\u00f3n confirmada el 12 de agosto de 2020 por este Tribunal, sin que sean de recibo en este momento sus explicaciones acerca de por qu\u00e9 no atendi\u00f3 el llamado a la puerta del notificador en aquella calenda, en tanto ya fueron abordadas por esta Corporaci\u00f3n en el mencionado auto de la siguiente manera: <\/p>\n
5.6. No cabe duda que, con base en el informe presentado por el servidor del Centro de Servicios Administrativos, se arriba a una conclusi\u00f3n inequ\u00edvoca y es que no se dio apertura a la puerta de ingreso a la vivienda a pesar que en su interior deb\u00eda permanecer el aqu\u00ed sentenciado, lo que hace inferir que no es cierto que se encontraba cumpliendo la medida. <\/p>\n
En este punto oportuno precisar que el art\u00edculo 486 de la Ley 600 de 2000 indica que la revocatoria tendr\u00e1 como base \u201cprueba indicativa de la causa que origina la decisi\u00f3n, en este caso, el informe del servidor cuenta con la condici\u00f3n se\u00f1alada, al exponer la fecha y hora de la ausencia del acusado en su lugar de residencia, que permite inferir el desacato de la obligaci\u00f3n impuesta. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Ciertamente las justificaciones en su momento oportuno ofrecidas carecen de cualquier respaldo probatorio y el intento en el recurso de mostrar un panorama con diferentes posibilidades del por qu\u00e9 el penado no abri\u00f3 la puerta, igualmente se muestran lac\u00f3nicas y cuestionables y por lo mismo de no recibo. <\/p>\n
Es decir que indudablemente Boh\u00f3rquez S\u00e1nchez para el 6 de agosto de 2019 estaba evadido de su lugar de reclusi\u00f3n, lo que a m\u00e1s de originar la revocatoria de la prisi\u00f3n domiciliaria tambi\u00e9n ocasion\u00f3 que despu\u00e9s se le cancelara el beneficio de permisos de hasta por 72 horas otrora concedido. <\/p>\n
Pero, adem\u00e1s, cuando se materializ\u00f3 su captura tras la revocatoria del subrogado de prisi\u00f3n domiciliaria a ra\u00edz de la anotada trasgresi\u00f3n tampoco estaba en el lugar de residencia sino en v\u00eda p\u00fablica, conforme el acta de captura del 8 de febrero de 20209, es decir, que no fue un \u201cerror\u201d el episodio del 6 de agosto de 2019, sino que en realidad se desapegaba de forma pertinaz de las exigencias y obligaciones que comportaba la prisi\u00f3n domiciliaria. <\/p>\n
Por ese sendero, luego de anotar que \u00abla buena conducta no es un imperativo intermitente o circunstancial, sino permanente, lo [que] implica que una falta puede bastar para pregonar la inobservancia del condenado a ese deber ser, dependiendo de su relevancia\u00bb; consider\u00f3 que \u00abel comportamiento que propici\u00f3 la revocatoria de la prisi\u00f3n domiciliaria constituye aqu\u00ed, sin duda, mala conducta en su lugar de reclusi\u00f3n sustituto, al implicar que actu\u00f3 en rebeld\u00eda de los compromisos adquiridos al momento de ser beneficiado con esa forma de internamiento\u00bb; evidenciando que en el caso concreto ello no constitu\u00eda \u00abun asunto menor que pueda ser soslayado por posteriores calificaciones de buena conducta, dado que si en oportunidad anterior no ajust\u00f3 su comportamiento a las directrices que garantizaban la adecuada ejecuci\u00f3n de la pena en las condiciones de mayor autonom\u00eda en la que se hallaba por estar privado de la libertad en su domicilio, tal forma de proceder desdice que pueda ser beneficiado nuevamente con una figura que al igual que aquella implica acogerse a la estricta observancia de obligaciones sin la constante supervisi\u00f3n del Estado\u00bb. <\/p>\n
Y aun cuando ello se mostraba suficiente para respaldar la decisi\u00f3n del Juzgado a-quo de no otorgar la libertad condicional rogada por el condenado, al resultar insatisfecho el comentado \u00abrequisito subjetivo del art\u00edculo 64 original del CP\u00bb, comoquiera que \u00abde su conducta se infiere que debe seguir bajo la sujeci\u00f3n de un establecimiento penitenciario\u00bb; atinadamente a\u00f1adi\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026Aunque el penado se apoya en el concepto favorable del centro de reclusi\u00f3n para reclamar satisfecho el requisito subjetivo de la libertad condicional, se advierte que tal manifestaci\u00f3n de ese establecimiento no es vinculante, pues solo al juez de ejecuci\u00f3n de penas compete hacer las valoraciones de rigor para definir sobre el particular, como lo dispone el art\u00edculo 79 de la Ley 600 de 2000, especialmente porque lo asuntos que ata\u00f1en a la libertad tienen reserva judicial, lo que implica que solo a esas autoridades, y no a las administrativas, corresponde resolverlos: <\/p>\n
De la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica (Art. 28), de los tratados internacionales sobre derechos humanos, as\u00ed como de la jurisprudencia de esta Corte, se deriva de manera inequ\u00edvoca la estricta reserva judicial que ampara la libertad personal, en virtud de la cual toda restricci\u00f3n de este derecho debe estar precedida de una orden emitida por autoridad judicial competente, expedida con las formalidades legales y por motivos previamente definidos en la ley. Este monopolio en cabeza de los jueces de la Rep\u00fablica para la administraci\u00f3n de el bien jur\u00eddico de la libertad personal, se funda en el inter\u00e9s de rodear de los atributos de imparcialidad e independencia las decisiones que afectan de manera tan severa un bien de enorme relevancia tanto para los individuos como para la vigencia de un orden democr\u00e1tico. Como consecuencia de ello, las autoridades administrativas carecen de competencia para imponer sanciones privativas de la libertad. <\/p>\n
Sin embargo, los alcances del principio de reserva judicial de la libertad, derivado del art\u00edculo 28, no se reducen al momento de la imposici\u00f3n de la sanci\u00f3n, sino que se extienden a la fase de ejecuci\u00f3n de la pena. En esa medida, la ejecuci\u00f3n de la pena es una funci\u00f3n jurisdiccional, tr\u00e1tese de asuntos relacionados con la reducci\u00f3n del tiempo de privaci\u00f3n efectiva de la libertad, o de aquellos relativos a la modificaci\u00f3n de las condiciones de cumplimiento de la condena. (C.C. Sentencia T-972 de 2005) <\/p>\n
En ese orden de ideas, resulta desacertado el reclamo del apelante. <\/p>\n
5.4.6 Por eso mismo que acaba de exponerse no es relevante que est\u00e9 clasificado en fase de confianza al interior del tratamiento penitenciario para efectos de conceder la libertad condicional, puesto que las decisiones de las autoridades carcelarias no condicionan las de los jueces, a la par que una ubicaci\u00f3n en aquella fase significa que pese a tener el tiempo para acceder a la libertad condicional, la misma se neg\u00f3 por la autoridad judicial, como lo se\u00f1ala la Resoluci\u00f3n 7302 de 2005, cap\u00edtulo III, art\u00edculo 10\u00ba , numeral 5\u00ba citada por el recurrente: <\/p>\n
Es la \u00faltima fase del Tratamiento Penitenciario y se accede a ella al ser promovido de la fase de m\u00ednima previo cumplimiento del Factor Subjetivo y con el tiempo requerido para la Libertad Condicional como factor objetivo y termina al cumplimiento de la pena. Procede cuando la libertad condicional ha sido negada por la autoridad judicial. <\/p>\n
De manera que no se aprecia la forma en que estar clasificado en la mentada etapa de tratamiento penitenciario legitime el acceso a la libertad condicional, si m\u00e1s bien es la consecuencia de no tener derecho a acceder a ella. <\/p>\n
5.4.7 Finalmente, se aclara al apelante que, aunque la libertad condicional sea un instrumento de la resocializaci\u00f3n como dice la sentencia de la Corte Constitucional que cit\u00f3 en el recurso, su procedencia fue atada por la ley al cumplimiento de unos determinados requisitos, uno de los cuales no se cumpli\u00f3 ac\u00e1, por lo que no puede confer\u00edrsele. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, la Sala observa que esa decisi\u00f3n no se muestra antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 el censor, muy a pesar de sus alegaciones, es una diferencia de criterio en cuanto a la forma en la cual el Tribunal acusado interpret\u00f3 las normas (especialmente el canon 64 del C\u00f3digo Penal) y la jurisprudencia aplicables al caso concreto, concluyendo, contrario a lo aducido por \u00e9l, que su comportamiento al evadirse de la retenci\u00f3n domiciliaria, aunque pasado, analizado detenidamente en el caso espec\u00edfico impon\u00eda que debiese \u00abseguir bajo la sujeci\u00f3n de un establecimiento penitenciario\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, tales inferencias no pueden desaprobarse de plano o calificarse de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la[s] que ha hecho no resulta[n] contraria[s] a la raz\u00f3n, es decir[,] si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello [se] desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y [el juez constitucional] entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al [fallador ordinario] para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio…, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ag. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
4. Lo consignado impone respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC7504-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC7504-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2022-00208-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de junio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Jos\u00e9 Walter Boh\u00f3rquez S\u00e1nchez frente […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-64480","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64480","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64480"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64480\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64480"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64480"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64480"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}