STC7508-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7508-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-00483-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo del 22 de febrero de 2022, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social -UGPP contra la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia Sala de Descongesti\u00f3n No.1, tr\u00e1mite al que fueron vinculados los intervinientes del proceso 1001-31-05-036-201- 00573-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La convocante solicit\u00f3 que se dejen sin efectos la sentencia proferida por la Sala acusada (SL4077-2021, 7 sep.) y, en consecuencia, se le ordene confirmar la de segunda instancia emitida en el juicio referido. <\/p>\n
En sustento, adujo que Jos\u00e9 Antonio Mart\u00ednez Acosta present\u00f3 demanda en su contra con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n pactada en la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo 1998-1999 suscrita entre la Caja de Cr\u00e9dito Agrario, Industrial y Minero y Sintracreditario, junto con el pago de las mesadas dejadas de percibir y debidamente indexadas desde la fecha en la que cumpli\u00f3 55 a\u00f1os, pretensiones que no fueron de recibo en primera ni en segunda instancia. Agreg\u00f3 que el convocante formul\u00f3 el recurso extraordinario de Casaci\u00f3n, la Corte decidi\u00f3 casar la sentencia del juez colegiado tras considerar que la edad no es un requisito de causaci\u00f3n sino de exigibilidad de la pensi\u00f3n. <\/p>\n
En consecuencia, la convocante se quej\u00f3 de la existencia de una v\u00eda de hecho y un abuso del derecho porque a su juicio se concedi\u00f3 el derecho pensional sin el lleno de los requisitos exigidos en el art\u00edculo 41 de la Convenci\u00f3n Colectiva de 1998-1999, disposici\u00f3n que fue err\u00f3neamente interpretada; adem\u00e1s se quej\u00f3 porque considera que no se debe reconocer la mesada catorce al no cumplirse con los presupuestos para su causaci\u00f3n; de lo que concluye que la decisi\u00f3n objeto de controversia genera grave perjuicio al erario, pues se debe cancelar mes a mes una pensi\u00f3n reconocida sin el cumplimiento de los exigencias legales. <\/p>\n
2. La Sala accionada hizo un recuento del proceso y aleg\u00f3 que en esta no se configur\u00f3 defecto alguno que hiciera procedente la acci\u00f3n de tutela. Jos\u00e9 Antonio Mart\u00ednez Acosta solicit\u00f3 que se declarara improcedente el amparo. <\/p>\n
3. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia no accedi\u00f3 a la s\u00faplica al concluir que no se cumpli\u00f3 con el principio de residualidad. <\/p>\n
4. La gestora impugn\u00f3 apoyada en sus argumentos iniciales y aleg\u00f3 que en primera instancia no se explic\u00f3 por qu\u00e9 no se configura un perjuicio irremediable, por lo que se desconoci\u00f3 la sentencia SU427-2016, pues a su juicio se est\u00e1 en presencia de un perjuicio grave que requiere medidas urgentes que son impostergables. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
De entrada, advierte la Sala la inviabilidad del resguardo por no satisfacerse el presupuesto de subsidiariedad, habida cuenta que, para combatir los alcances del fallo dictado por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral convocada de 26 de julio de 2021, la accionante tiene a su alcance el recurso de revisi\u00f3n establecido en el art\u00edculo 20 de la Ley 797 de 2003, que puede interponer para discutir circunstancias como las que pretende zanjar por este sendero residual. <\/p>\n
En efecto, el mencionado precepto contempla la posibilidad de acudir a esa v\u00eda para refutar eficazmente, entre otras, aquellas providencias en las que se comprometan \u00absumas peri\u00f3dicas a cargo del tesoro p\u00fablico o de fondos de naturaleza p\u00fablica\u00bb. Sobre el punto, dicho canon establece que <\/p>\n
(\u2026) [l]as providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro p\u00fablico o a fondos de naturaleza p\u00fablica la obligaci\u00f3n de cubrir sumas peri\u00f3dicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podr\u00e1n ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, del Contralor General de la Rep\u00fablica o del Procurador General de la Naci\u00f3n. <\/p>\n
En ese mismo sentido, agrega que \u00ab[l]a revisi\u00f3n se tramitar\u00e1 por el procedimiento se\u00f1alado para el recurso extraordinario de revisi\u00f3n por el respectivo c\u00f3digo y podr\u00e1 solicitarse por las causales consagradas para este en el mismo c\u00f3digo\u00bb y ser\u00e1 viable en cualquiera de los siguientes supuestos: \u00aba) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violaci\u00f3n al debido proceso\u00bb, y \u00abb) Cuando la cuant\u00eda del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convenci\u00f3n colectiva que le eran legalmente aplicables\u00bb. <\/p>\n
En ese contexto, queda en evidencia que excepcionalmente los denominados \u00abactos de ejecuci\u00f3n o cumplimiento de sentencias judiciales\u00bb, incluidas las de la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Laboral, podr\u00e1n ser objeto de discusi\u00f3n a trav\u00e9s del recurso extraordinario de revisi\u00f3n, que, en todo caso, deber\u00e1 ser impulsado dentro de los plazos que para tal efecto previ\u00f3 el legislador en la Ley 712 de 2001, por virtud de las causales establecidas en el art\u00edculo 20 de la Ley 797 de 2003. Cuyo criterio fue reiterado recientemente por esta Colegiatura en un caso de contornos muy similares a trav\u00e9s de STC4595-2022. <\/p>\n
Bajo ese entendido, no procede la intromisi\u00f3n exhortada, pues, lo cierto es que los efectos de la decisi\u00f3n cuestionada pueden ser debatidos por la senda establecida en el art\u00edculo 20 de la Ley 797 de 2003 si lo que con ello se busca es defender el tesoro p\u00fablico, conforme lo refiri\u00f3 la Corte Constitucional en la sentencia C-835 de 2003, en la que se destac\u00f3 que: <\/p>\n
(\u2026) [e]l art\u00edculo 20 de la Ley 797 de 2003 consagra una acci\u00f3n especial o sui g\u00e9nesis de revisi\u00f3n y ordena que se tramite por el procedimiento se\u00f1alado para el recurso extraordinario de revisi\u00f3n por el respectivo c\u00f3digo, esto es el procedimiento contencioso administrativo o laboral, o normas que los modifiquen y como quiera que se declar\u00f3 inexequible la expresi\u00f3n en cualquier tiempo, mientras el legislador establece un nuevo plazo, se tendr\u00e1 como tal el que el legislador contempla actualmente para el recurso extraordinario de revisi\u00f3n ante el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, seg\u00fan sea el \u00f3rgano competente en cada caso. <\/p>\n
Ahora, no sobra decir que dicho medio de control es id\u00f3neo y eficaz para confrontar los puntos que fueron aducidos por la quejosa a trav\u00e9s de este sendero residual, sin perder de vista que, conforme lo reliev\u00f3 la guardiana de la Constituci\u00f3n, dicho dispositivo debe ser ejercitado dentro del t\u00e9rmino previsto en el art\u00edculo 32 de la Ley 712 de 2001. <\/p>\n
Precisamente, en un caso que guarda cierta similitud con el de ahora, esta Sala sent\u00f3 que <\/p>\n
[n]o obstante, y en caso de aceptarse el reparo frente a la decisi\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, la regla 20 de la Ley 797 de 2003, consigna la posibilidad de intentarse la acci\u00f3n de revisi\u00f3n para controvertir providencias judiciales en las cuales se comprometan \u201csumas peri\u00f3dicas a cargo del tesoro p\u00fablico o de fondos de naturaleza p\u00fablica. (CSJ. STC16105-2015). <\/p>\n
Con todo, no sobra decir que la UGPP est\u00e1 habilitada para instaurar la acci\u00f3n revisor\u00eda especial, porque dicha atribuci\u00f3n se la asign\u00f3 el art\u00edculo 6 del Decreto 575 del 22 de marzo de 2013, seg\u00fan el cual, corresponde a esa entidad \u00abadelantar o asumir cuando haya lugar, las acciones previstas en el art\u00edculo 20 de la Ley 797 de 2003 o normas que la adicionen o modifiquen\u00bb. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, debe precisarse que aunque la gestora promovi\u00f3 el amparo como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, no se evidencia necesaria la intervenci\u00f3n temprana del Juez constitucional, toda vez que no \u00abse demostr\u00f3 la necesidad de evitar un perjuicio irremediable que torne factible el amparo en forma transitoria, pues no hay evidencia sobre la presencia del da\u00f1o, esto es, grave e inminente, no meramente eventual, que s\u00f3lo pueda conjurarse con las medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC, 14 dic. 2011, rad. 2011-00162-01; STC, 3 jul. 2012, rad. 2012-00135-01; y STC, 18 oct. 2012, rad. 2012-00213-01, reiteradas en Sentencias STC804-2022, STC3406-2022 y STC4595-2022), comoquiera que no se alleg\u00f3 elemento de juicio alguno para demostrarlo, sin que sea suficiente para ello la mera manifestaci\u00f3n de su existencia. <\/p>\n
Basten estos breves razonamientos para convalidar la decisi\u00f3n confutada por ser evidente que la libelista no satisfizo la subsidiariedad como requisito general de procedibilidad. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve: CONFIRMAR el pronunciamiento de naturaleza, procedencia y fecha conocidas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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