STC7512-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC7512-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-01845-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Desata la Corte la tutela que Tecnipower del Caribe S.A.S. le instaur\u00f3 a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, extensiva a la Superintendencia de Sociedades y dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo censurado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La sociedad querellante, a trav\u00e9s de apoderado, exigi\u00f3 la protecci\u00f3n de las prerrogativas al \u00abdebido proceso, doble instancia, dignidad humana, igualdad y propiedad privada\u00bb, para que, \u00abse revoque la providencia de segunda instancia en todas sus partes y se deje en firme la decisi\u00f3n de la primera instancia o en su defecto se declare nulidad de lo actuado desde la primera instancia y como consecuencia se tutele la violaci\u00f3n al derecho al debido proceso o se otorgue la competencia a la justicia ordinaria quien es el que tiene las facultades amplias para resolver de fondo tal situaci\u00f3n que se sale del \u00e1mbito de la jurisdicci\u00f3n de la superintendencia de sociedades\u00bb. <\/p>\n
En resumen, adujo que la Magistratura convocada en el juicio que Michael, Rafael y Alex Emir Uribe Rodr\u00edguez formularon en su contra, revoc\u00f3 el fallo proferido el 26 de noviembre de 2021, por la Delegatura para asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Sociedades que \u00abdesestim\u00f3 la pretensiones de la demanda al apreciar que la demandada demostr\u00f3 que Pablo Jos\u00e9 Uribe Osorio cedi\u00f3 su participaci\u00f3n social a Lilia Esther Cardona Navarro, por lo cual, la demandada en la \u00fanica accionista de Tecnipower del Caribe S.A.S.\u00bb y, en su lugar, declar\u00f3 que el extremo activo \u00abentra a sustituir al causante Pablo Jos\u00e9 Uribe Osorio como accionistas en Tecnipower del Caribe S.A.S. y le orden\u00f3 inscribir la adjudicaci\u00f3n protocolizada en la escritura p\u00fablica 1024 del 9 de septiembre de 2020 en el libro de accionistas y en la C\u00e1mara de Comercio del domicilio principal\u00bb (25 mar. 2022). <\/p>\n
En su opini\u00f3n, tal pronunciamiento transgredi\u00f3 sus garant\u00edas, puesto que \u00abse incurri\u00f3 en defecto procedimental absoluto, f\u00e1ctico y material o sustantivo al no dar la valoraci\u00f3n a los elementos arrimados como son las declaraciones de renta de los \u00faltimos a\u00f1os del causante Uribe Osorio en que se establece que el causante estaba en la convicci\u00f3n de que le hab\u00eda trasladado dichas acciones y por obvio no las mencionaba desde el 2014 dado que no le pertenec\u00edan; no se tuvo en cuenta la prosperidad de la excepci\u00f3n de falta de legitimaci\u00f3n en la causa y dej\u00f3 sin piso la prescripci\u00f3n manifestando que el acto es ineficaz, violando con ello el art\u00edculo 133 de la Ley 446 de 1998 posterior al art\u00edculo 897 del C\u00f3digo de Comercio\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo igualmente que \u00abestamos frente a otra v\u00eda de hecho, pues cuando se present\u00f3 la recusaci\u00f3n en contra de la Directora de Jurisdicci\u00f3n Societaria III, la resolvi\u00f3 el superintendente delegado de procedimientos mercantiles quien la rechaz\u00f3 de plano el 27 de julio de 2021, usurpando funciones del Tribunal Superior que en marras era quien le correspond\u00eda resolverla, lo que conllevar\u00eda a una nulidad de lo actuado hasta ese momento procesal, porque estar\u00edamos frente a dos instancias con la misma jerarqu\u00eda\u00bb. <\/p>\n
2.- La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 remiti\u00f3 copia de la resoluci\u00f3n confutada y expres\u00f3 que \u00abla actuaci\u00f3n surtida en esta instancia se ajust\u00f3 a la legalidad\u00bb, sumado a que \u00abla vicisitud ligada a un aspecto del tr\u00e1mite de la primera instancia \u2013 recusaci\u00f3n \u2013 no fue materia de discusi\u00f3n ante el segundo grado\u00bb. <\/p>\n
La Superintendencia de Sociedades destac\u00f3 que \u00abno se cumple con el requisito de inmediatez en cuanto a los reparos al auto de 27 de julio de 2021 que resolvi\u00f3 la recusaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En el sub lite se observa que en la decisi\u00f3n emitida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 (25 mar. 2022) se expusieron los motivos para \u00abrevocar\u00bb el veredicto de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Sociedades para, en su lugar, entre otras determinaciones, \u00abdeclarar que los demandantes entran a sustituir al causante Pablo Jos\u00e9 Uribe Osorio como accionistas en Tecnipower del Caribe S.A.S.\u00bb y orden\u00f3 a esta \u00faltima \u00abinscribir la adjudicaci\u00f3n protocolizada en la escritura p\u00fablica 1024 del 9 de septiembre del 2020 en el libro de accionistas (art\u00edculo 195 y par. Art. 406 C. de Co.) y en la C\u00e1mara de Comercio del domicilio principal (art. 5\u00b0 Dto. 902\/1998)\u00bb, lo que no evidencia subjetividad, arbitrariedad o capricho, al tratarse de una labor que no puede ser censurada en el terreno de esta especial justicia. <\/p>\n
En efecto, n\u00f3tese que, para ello, preliminarmente indic\u00f3 que , \u00abel problema jur\u00eddico a dilucidar se contrae a: (i) determinar si hab\u00eda lugar a ordenar la inscripci\u00f3n de los demandantes en el libro de accionistas, o si, por el contrario, la cesi\u00f3n de acciones efectuada entre Pablo Jos\u00e9 Uribe Osorio y Lilia Esther Cardona Navarro el 5 de marzo del 2014 impidi\u00f3 tal acto; y ii) esclarecer si, en este asunto, prescribi\u00f3 la acci\u00f3n invocada\u00bb y bajo ese derrotero descendi\u00f3 al sub examine y extrajo lo ocurrido en la Litis controvertida en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
\u00abEn el expediente aparece demostrado que mediante escritura p\u00fablica No. 5248 del 21 de septiembre del 2005 se constituy\u00f3 la sociedad limitada Tecnipower del Caribe Ltda., cuyos estatutos estipularon, entre otros, que: \u201cla sociedad tendr\u00e1 un capital de DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000) representado en 10.000 cuotas de un valor igual de $1.000 cada una\u201d. Capital que ha sido aportado y pagado en su integridad por los socios LILIA ESTHER CARDONA NAVARRO y PABLO JOS\u00c9 URIBE OSORIO, cada uno con un aporte de $5.000.000. Dicho acto igualmente fue inscrito en el registro mercantil (Fls. 84 a 92. Archivo 03 Demanda. Exp. Digital). <\/p>\n
As\u00ed mismo, la citada persona jur\u00eddica tuvo varias reformas estatutarias, ninguna de las cuales modific\u00f3 la calidad de socio del se\u00f1or Uribe Osorio, seg\u00fan dan cuenta las escrituras p\u00fablicas No. 7046 del 30 de octubre de 2008, No. 998 del 19 de octubre de 2009, No. 669 del 5 de marzo del 2012, instrumentos p\u00fablicos que fueron suscritos por Pablo Jos\u00e9 Uribe Osorio en su calidad de representante legal de Tecnipower del Caribe Ltda. (archivos 74 a 79, ib.). <\/p>\n
De otra parte, por reuni\u00f3n ordinaria de la asamblea general de socios celebrada el 15 de marzo del 2014 y recogida en acta No. 23, la sociedad determin\u00f3 transformar su naturaleza de limitada a S.A.S. En la aludida junta participaron los citados Uribe Osorio y Cardona Navarro, aprobando la correspondiente reforma a los estatutos. Tal acto fue inscrito el 24 de abril 2014, en el certificado de C\u00e1mara de Comercio de la Matr\u00edcula No. 401672 (fls. 97 a 104. Archivo 03 Demanda. Ib). <\/p>\n
4.1.- El se\u00f1or Pablo Jos\u00e9 Uribe Osorio falleci\u00f3 el 8 de mayo del 2019, y mediante escritura p\u00fablica 1024 del 9 de septiembre del 2020, sus hijos Michael Uribe, Rafael Enrique y Alex Emir Uribe Rodr\u00edguez adelantaron la sucesi\u00f3n intestada del citado causante, adjudic\u00e1ndose cada uno un porcentaje de las acciones pertenecientes al de cujus en la sociedad Tecnipower del Caribe S.A.S. <\/p>\n
4.2.- No obstante, al intentar el registro de la partici\u00f3n en el correspondiente libro de accionistas, la sociedad le inform\u00f3 que tal inscripci\u00f3n no era viable pues el se\u00f1or Uribe Osorio, el 5 de marzo de 2014, hab\u00eda cedido a t\u00edtulo de venta su participaci\u00f3n a la aqu\u00ed demandada Lilia Esther Cardona Navarro, para ello se aport\u00f3 el t\u00edtulo No. 001 firmado por el socio fallecido\u00bb. <\/p>\n
Acto seguido, se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) 5.- Tal y como se asegur\u00f3 con la demanda, y as\u00ed se ratific\u00f3 por la primera instancia, el acto de cesi\u00f3n que se invoca por la sociedad para abstenerse de la inscripci\u00f3n de la adjudicaci\u00f3n atr\u00e1s citada, de fecha 5 de marzo del 2014, se dio cuando la junta de socios a\u00fan no hab\u00eda aprobado la transformaci\u00f3n de la naturaleza de la sociedad de una limitada a una por acciones simplificada, luego el negocio jur\u00eddico deb\u00eda cumplir los requisitos previstos para ese fin en los art\u00edculos 362 y 366 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
En efecto, si bien para las sociedades por acciones simplificadas bastar\u00eda con acatar lo ordenado por el art\u00edculo 406 de la citada codificaci\u00f3n, por la remisi\u00f3n hecha por el art\u00edculo 45 de la Ley 1258 del 2008, no puede perderse de vista que Tecnipower del Caribe \u00fanicamente cambi\u00f3 su naturaleza jur\u00eddica con posterioridad a la prenotada cesi\u00f3n, mediante acta de junta de socios del 15 de marzo del 2014, registrada en la C\u00e1mara de Comercio de Barranquilla, bajo el n\u00famero 267.829 del Libro IX, el d\u00eda 24 de abril de 2.014, fecha esta \u00faltima a partir de la cual se constituy\u00f3 legalmente y era oponible a terceros, conforme se desprende de la lectura de los art\u00edculos 112 y 118 de la legislaci\u00f3n comercial, en concordancia con los art\u00edculos 2 y 5 de la citada ley 1258. <\/p>\n
Sin embargo, la cesi\u00f3n de cuotas en la sociedad de responsabilidad limitada debi\u00f3 ce\u00f1irse a los art\u00edculos 362 y 366 del C\u00f3digo de Comercio, a cuyo tenor: \u201cLos socios tendr\u00e1n derecho a ceder sus cuotas. Cualquier estipulaci\u00f3n que impida este derecho, se tendr\u00e1 por no escrita. La cesi\u00f3n de cuotas implicar\u00e1 una reforma estatutaria. La correspondiente escritura p\u00fablica ser\u00e1 otorgada por el representante legal de la compa\u00f1\u00eda, el cedente y el cesionario\u201d y \u201cla cesi\u00f3n de las cuotas deber\u00e1 hacerse por escritura p\u00fablica, so pena de ineficacia, pero no producir\u00e1 efectos respecto de terceros ni de la sociedad sino a partir de la fecha en que sea inscrita en el registro mercantil\u201d. <\/p>\n
Como as\u00ed no se hizo, el acto surtido, sin menor atisbo de duda, era ineficaz y no produjo efecto alguno, conforme lo establece con claridad el art\u00edculo 897 ib\u00eddem. <\/p>\n
Por tal raz\u00f3n, es claro que el fallo de primer grado se equivoc\u00f3 cuando afirm\u00f3 que \u201clas demandadas demostraron que el se\u00f1or Uribe Osorio cedi\u00f3 su participaci\u00f3n social a la se\u00f1ora Cardona Navarro, por lo cual, la citada demandada es la \u00fanica accionista de Tecnipower del Caribe S.A.S.\u201d, dado que, lo \u00fanico realmente acreditado, es que la prenotada cesi\u00f3n no cumpli\u00f3 con los requisitos legales para su formaci\u00f3n, y es del todo inexistente, de modo que las cuotas o partes de inter\u00e9s social de propiedad del causante Osorio Uribe nunca salieron de su patrimonio. <\/p>\n
Y finiquit\u00f3: <\/p>\n
\u00abEn ese orden de ideas, y puesto que el negocio jur\u00eddico de cesi\u00f3n celebrado el 5 de marzo del 2014 infringi\u00f3 la normatividad relativa a ese acto, es claro que el mismo carece de eficacia; en consecuencia, a primera vista, nada imped\u00eda que se efectuara el registro de la sucesi\u00f3n a favor de los aqu\u00ed demandantes en los libros de accionistas de Tecnipower del Caribe S.A.S., pues como lo indica el art\u00edculo 416 del C\u00f3digo de Comercio, la sociedad no podr\u00e1 negarse a hacer las inscripciones en el libro de registro de acciones sino por orden de autoridad competente o cuando se trate de acciones para cuya negociaci\u00f3n se requieran determinados requisitos o formalidades que no se hayan cumplido. <\/p>\n
V\u00e9ase, de otra parte, que para Tecnipower del Caribe no era novedoso o desconocido que el acto de cesi\u00f3n deb\u00eda realizarse por escritura p\u00fablica y darse el registro posterior, dado que, como qued\u00f3 probado en la foliatura, la sociedad ya hab\u00eda realizado ese tipo de reformas estatutarias, como da cuenta de ello las escrituras p\u00fablicas Nos. 998 del 19 de octubre de 2009 y 669 del 5 de marzo del 2012\u00bb. <\/p>\n
Precisado lo anterior, procedi\u00f3 a evaluar el segundo aspecto de inconformidad de los recurrentes en el sentido que la primera instancia concluy\u00f3 err\u00f3neamente que no era viable reconocer la sanci\u00f3n por ineficacia, pues \u00abse configur\u00f3 la prescripci\u00f3n que contempla el art\u00edculo 235 de la Ley 222 de 1995, previamente alegada por el extremo demandado\u00bb y al respecto apreci\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) teniendo en cuenta la situaci\u00f3n particular presentada en este asunto, en el que se reitera, est\u00e1 acreditada la inexistencia del acto de cesi\u00f3n de acciones, corresponde a la Sala determinar si la prescripci\u00f3n podr\u00eda configurarse, o si, por el contrario, como lo asegura la censura, ante la ineficacia de pleno derecho que no requiere declaraci\u00f3n judicial, la figura en menci\u00f3n resulta en esta ocasi\u00f3n carente de trascendencia jur\u00eddica. <\/p>\n
Lo primero que se observa, es que la demanda que dio origen al litigio, escrito que marca la pauta para definir el juicio, conforme se desprende del art\u00edculo 281 del C\u00f3digo General del Proceso, est\u00e1 dirigida exclusivamente a que se reconozca la calidad de socios de los demandantes en virtud de la adjudicaci\u00f3n por sucesi\u00f3n de las acciones de las que era titular su progenitor fallecido Pablo Jos\u00e9 Uribe Osorio. En ning\u00fan aparte del libelo los actores solicitaron \u201cel reconocimiento de los presupuestos que dan lugar a la sanci\u00f3n de ineficacia\u201d aserci\u00f3n que de todos modos no le correspond\u00eda efectuarla al juzgador, porque la inexistencia se materializ\u00f3 sin necesidad de pronunciamiento \u201cse configura por la sola presencia del hecho que la determina, no es corregible ni saneable, no es prescriptible y cualquiera que tenga inter\u00e9s en ella puede actuar como si el acto no existiera pero puede atestarla mediante comunicaci\u00f3n dirigida a qui\u00e9n se la opone o pedirle a juez que la constante\u201d. <\/p>\n
Luego, en principio, y puesto que \u201cla sentencia deber\u00e1 estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda\u201d, no hab\u00eda lugar a estudiar la ocurrencia del plazo previsto en la citada Ley 222 de 1995 para esa espec\u00edfica acci\u00f3n, como lo hizo el a-quo, sin perjuicio de que en el an\u00e1lisis del debate surgiera la irregularidad encontrada en la frustrada cesi\u00f3n de acciones del a\u00f1o 2014. <\/p>\n
Enseguida, se advierte que aunque se tuviera por cierto que a este asunto deb\u00eda aplic\u00e1rsele el conteo del plazo quinquenal previsto en el precepto normativo en menci\u00f3n, al tenor del cual \u201clas acciones penales, civiles y administrativas derivadas del incumplimiento de las obligaciones o de la violaci\u00f3n a lo previsto en el Libro Segundo del C\u00f3digo de Comercio y en esta ley, prescribir\u00e1n en cinco a\u00f1os, salvo que en \u00e9sta se haya se\u00f1alado expresamente otra cosa\u201d, lo cierto es que la jurisprudencia patria ha se\u00f1alado que el computo de ese lapso solo puede tener lugar \u201cdesde cuando la obligaci\u00f3n se ha hecho exigible, seg\u00fan los t\u00e9rminos del inciso segundo del art\u00edculo 2535 del C\u00f3digo Civil, aplicable por remisi\u00f3n del canon 822 del Estatuto Mercantil\u201d (CSJ, Sentencia SC 2818-2018). <\/p>\n
Entonces, aplicado este razonamiento al asunto bajo an\u00e1lisis, es evidente la imposibilidad de establecer el momento a partir del cual iniciar\u00eda el conteo del plazo extintivo, habida cuenta que, seg\u00fan se estableci\u00f3 en consideraciones precedentes, ninguna obligaci\u00f3n naci\u00f3 a la vida jur\u00eddica, de modo que, naturalmente, no hay evento de exigibilidad que sirva como punto de partida l\u00f3gico para aplicar las reglas de la prescripci\u00f3n extintiva. Y todo ello es as\u00ed, se insiste, por cuenta de la ausencia del documento ad substantiam actus necesario para que el respectivo acto produjera efectos jur\u00eddicos vinculantes. <\/p>\n
De todos modos, como lo sostuvo el recurrente, la ineficacia que aqu\u00ed se configur\u00f3 surge de pleno derecho, no requiere declaraci\u00f3n judicial y su \u201catestaci\u00f3n (\u2026) puede solicitarse en cualquier tiempo\u201d; as\u00ed mismo, \u201cno se sanea por prescripci\u00f3n ni por ratificaci\u00f3n. El paso del tiempo, en consecuencia, no convalida el acto jur\u00eddico que apenas tiene una apariencia de legalidad, pero que clara e inequ\u00edvocamente no ha producido efecto jur\u00eddico alguno, sin necesidad de declaraci\u00f3n judicial (art,897, C. de Co.)\u00bb. <\/p>\n
Siendo as\u00ed, anunci\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no obstante que aqu\u00ed no se ejercit\u00f3 una acci\u00f3n de reconocimiento de los presupuestos de ineficacia de la cesi\u00f3n, ha de verse que le asiste la raz\u00f3n a los apelantes cuando aseguran que, en cualquier evento, fue solo al adquirir la posici\u00f3n de herederos que podr\u00eda empezar a computarse el t\u00e9rmino quinquenal de prescripci\u00f3n, pues con ocasi\u00f3n del fallecimiento de su causante surgi\u00f3 el inter\u00e9s para refutar el acto ineficaz celebrado en vida por su progenitor, Uribe Osorio. <\/p>\n
8.- Desde esa perspectiva, para el Tribunal surge indiscutible que no era viable acoger la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n propuesta, debi\u00e9ndose a\u00f1adir, que tampoco encuentra acogida la defensa de m\u00e9rito de \u201cfalta de legitimaci\u00f3n en la causa\u201d, pues de un lado, los demandantes acreditaron, con los registros civiles de nacimiento aportados y la copia de la escritura p\u00fablica que protocoliz\u00f3 el trabajo de partici\u00f3n del causante Pablo Jos\u00e9 Uribe Osorio que tienen un leg\u00edtimo inter\u00e9s; y de otro, se demostr\u00f3 que la cesi\u00f3n de acciones del 5 de marzo del 2014 fue ineficaz y por lo tanto, el citado de cujus jam\u00e1s perdi\u00f3 los derechos patrimoniales que detentaba en la sociedad Tecnipower del Caribe S.A.S. <\/p>\n
En tal sentido, como ya ha quedado ampliamente dilucidado desde los albores de este fallo, para la sociedad no surti\u00f3 ning\u00fan efecto el acto de cesi\u00f3n, de modo que, su distribuci\u00f3n accionaria, a la fecha, debe ser la misma que qued\u00f3 estipulada desde la creaci\u00f3n de la persona jur\u00eddica y se ratific\u00f3 al momento de la transformaci\u00f3n a una sociedad por acciones simplificada\u00bb. <\/p>\n
2.- As\u00ed las cosas, independientemente que esta Sala comparta o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto alguno que estructure \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como lo anhela la empresa promotora, quien aspira a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 darse a la controversia, sin que tal prop\u00f3sito se acompase con la finalidad del sendero superlativo, cuyo objetivo no es servir de tercera instancia con el fin de discutir los fundamentos de la autoridad judicial en el \u00e1mbito de sus competencias (STC-9232-2018, reiterada en STC-5974-2021). <\/p>\n
Ahora, que Tecnipower del Caribe S.A.S. disienta de esa \u00abvaloraci\u00f3n\u00bb porque, en su sentir, tales pruebas no se examinaron de forma correcta, no es argumento que abra paso a la injerencia constitucional implorada, ya que como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia, <\/p>\n
[e]l campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n (STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, STC 7 oct. 2015, rad. 2336-00, STC4937-2016, STC6631-2018 y STC419-2021, entre otras). <\/p>\n
3.- En lo que concierne con el descontento con el prove\u00eddo que \u00abrechaz\u00f3 de plano la recusaci\u00f3n en contra de la Directora de Jurisdicci\u00f3n Societaria III, basado en los numerales 6\u00b0 y 14\u00b0 del art\u00edculo 141 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb (27 jul. 2021), se avizora que desde entonces hasta la radicaci\u00f3n de la demanda supralegal (25 may. 2022), transcurrieron aproximadamente diez (10) meses, es decir, se super\u00f3 el semestre que tanto esta Corte como la Constitucional han tenido como prudente para ejercer el auxilio. <\/p>\n
Sobre el tema, esta Sala ha esgrimido que: <\/p>\n
\u00ab[e]n punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (Se resalta- STC 29 abr. 2009, rad. 00624-00, reiterada en STC4535-2020, STC 3457-2021). <\/p>\n
Ahora, si bien en algunos casos se ha superado la ausencia de tal \u00abpresupuesto\u00bb flexibiliz\u00e1ndolo, ello solo acaece cuando la demora en activar este instituto se encuentra debidamente \u00abjustificada\u00bb. Al respecto en la STC3949-2021, se esboz\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: \u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En el sub examine, no acaece ninguna de las hip\u00f3tesis rese\u00f1adas, debido a que, m\u00e1s all\u00e1 de estar inconforme con esa disposici\u00f3n, la impulsora no expuso las razones para disculpar su tardanza en acudir a este especial\u00edsimo sendero. <\/p>\n
4.- Finalmente, se vislumbra que si a criterio de la quejosa \u00abse debe declarar la nulidad de lo actuado desde la primera instancia o se otorgue la competencia a la justicia ordinaria quien es el que tiene las facultades amplias para resolver de fondo la situaci\u00f3n que se sale del \u00e1mbito de la jurisdicci\u00f3n de la superintendencia de sociedades\u00bb, tal aspiraci\u00f3n no fue puesta en conocimiento del iudex natural para que se pronunciara, no siendo esta la oportunidad para hacerlo debido al car\u00e1cter residual del medio tuitivo (CSJ STC762-2021, 4 feb., rad. 2021-00172-00). <\/p>\n
5.- Ergo, surge infructuoso el amparo instado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, NIEGA la tutela suplicada por Tecnipower del Caribe S.A.S. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC7512-2022 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC7512-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-01845-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de junio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Desata la Corte la tutela que Tecnipower del Caribe S.A.S. le instaur\u00f3 a […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-64485","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64485","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64485"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64485\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64485"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64485"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64485"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}