STC7521-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7521-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-01687-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del quince de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Julio Cesar Pi\u00f1a Soberanis, Daniel Ibarg\u00fcen Caicedo, Jhon Edwin Valencia Valencia, Segundo Luis Arturo Balverde Rodr\u00edguez, Ramiro Arroyo Valencia y Robinson Rodr\u00edguez Trujillo contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, Sala Penal, los Juzgados Cuarto y Quinto Penales del Circuito Especializado de esa ciudad, la Fiscal\u00eda 27 de la Unidad Nacional Antinarc\u00f3ticos y de Interdicci\u00f3n Mar\u00edtima, las Procuradur\u00edas Judicial 129 Penal II de Medell\u00edn y la Segunda Delegada para la Casaci\u00f3n Penal, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 2009-00051. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los solicitantes, a trav\u00e9s de apoderado (quien manifiesta agenciar los derechos de Robinson Rodr\u00edguez Trujillo) reclaman la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Del extenso escrito inaugural se extrae en s\u00edntesis que, los accionantes fueron procesados y condenados en ambas instancias por los delitos de \u00abconcierto para delinquir agravado y tr\u00e1fico, fabricaci\u00f3n o porte de estupefacientes agravado\u00bb. Que contra la sentencia de segundo grado (proferida el 28 de agosto de 2018 por el Tribunal Superior de Medell\u00edn, Sala Penal) interpusieron recurso de casaci\u00f3n, el mismo que fue inadmitido por la Sala Hom\u00f3loga Penal mediante auto del 4 de agosto de 2021; Posteriormente, la defensa de los sentenciados solicit\u00f3 a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n activar el mecanismo de insistencia, pero dicha entidad, el 4 de octubre de 2021, comunic\u00f3 a los interesados su inviabilidad. <\/p>\n
Dirigen su reclamaci\u00f3n contra las citadas determinaciones, esencialmente porque en ellas se aval\u00f3, seg\u00fan alegan, la incongruencia dada entre la formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n y la acusaci\u00f3n presentada por la fiscal\u00eda, pues, se advirtieron \u00abconfusiones, ambig\u00fcedades y equ\u00edvocos\u00bb y, \u00ab(\u2026) nunca [\u2026] se estudi\u00f3 la coherencia factual entre los [referidos] actos procesales [\u2026] para construir [las] premisas probatorias incriminatorias que cimentaban las sentencias y con posterioridad los juicios de valor material\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, cuestionaron la labor de los profesionales del derecho que defendieron sus intereses en el juicio, a quienes se\u00f1alan de no estar cualificados para llevar a cabo una adecuada defensa t\u00e9cnica; situaci\u00f3n que, pese a ser supuestamente notoria, pasaron por alto las autoridades judiciales accionadas sin corregirla. Al respecto, resaltaron las presuntas falencias de la gesti\u00f3n de cada uno de los abogados de la bancada, criticando con \u00e9nfasis su actuaci\u00f3n en la audiencia preparatoria, desaprobando el contenido de los argumentos plasmados en los recursos de apelaci\u00f3n, casaci\u00f3n y el mecanismo de insistencia, e incluso, destacando defectos t\u00e9cnicos en la elaboraci\u00f3n de un poder. <\/p>\n
Tambi\u00e9n criticaron la valoraci\u00f3n probatoria efectuada por los juzgadores de instancia, especialmente porque omitieron considerar \u00abtodos y cada uno de los elementos individualmente y en conjunto, sino que, eligi[eron] la prueba de cargo proporcion\u00e1ndole mayor peso y efecto persuasivo, abandonando la prueba presentada por la defensa, que aunque pudiese ser percibida como de poca importancia, o si se quiere impertinente por in\u00fatil para los fallos, ha debido ser tenido en cuenta, as\u00ed fuera para descartar su importancia probatoria, pero lo que se visualiza en las sentencias de instancia es que se desecha el an\u00e1lisis y valoraci\u00f3n de los elementos de convicci\u00f3n de la defensa, haci\u00e9ndose menci\u00f3n de ellos, pero no realiz\u00e1ndose su adecuada e integral valoraci\u00f3n, as\u00ed fuere esta negativa\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, narraron las circunstancias que incidieron en la interposici\u00f3n tard\u00eda de la acci\u00f3n de tutela, es decir, superando el t\u00e9rmino de los 6 meses desde la \u00faltima de las actuaciones procesales recriminadas. En tal sentido, explican que se debi\u00f3 a que inicialmente consultaron con varios abogados que les ofrecieron diversas alternativas jur\u00eddicas, resolviendo en definitiva otorgarle mandato a quien hoy los representa en esta acci\u00f3n, profesional al que acudieron sobre el \u00abquinto mes, contado desde el 15 de octubre de 2021\u00bb; el tiempo subsiguiente se agot\u00f3 en la verificaci\u00f3n y estudio del voluminoso y complejo expediente del proceso penal, el que incluye por ejemplo, \u00ab40 sesiones de audiencia preparatoria y 51 sesiones de juicio oral\u00bb. Adicionalmente, agregan que el profesional que hoy los asiste, adem\u00e1s del an\u00e1lisis y la elaboraci\u00f3n de la demanda de tutela, ten\u00eda otras obligaciones laborales y acad\u00e9micas \u00abpreadquiridas\u00bb que influyeron en la superaci\u00f3n del t\u00e9rmino de la inmediatez indicado por jurisprudencia constitucional, todo lo cual \u00abredunda y hace aparecer la justificaci\u00f3n del tiempo asumido e invertido en la construcci\u00f3n del contenido de la presente acci\u00f3n constitucional teniendo en cuenta que (i) la oficina del abogado Londo\u00f1o Ayala estaba atiborrada de trabajo y se le sacaba tiempo de todos modos a este trabajo de la acci\u00f3n constitucional; y (ii) que la confecci\u00f3n de este escrito [\u2026] tom\u00f3 tambi\u00e9n tiempo por el estudio complicado de la elaboraci\u00f3n y precisi\u00f3n de las premisas f\u00e1cticas, jur\u00eddicas y probatorias\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia piden que se declare la nulidad de \u00ablas decisiones constitutivas de v\u00edas de hecho identificadas [\u2026] para que la actuaci\u00f3n penal seguida [\u2026] se tramite nuevamente desde la audiencia de imputaci\u00f3n (\u2026)\u00bb; es decir, que sean invalidadas \u00abla emisi\u00f3n del sentido del fallo, la orden de captura decretada [\u2026] las sentencias de primera y segunda instancia, el auto que no admitiera las demandas de casaci\u00f3n [\u2026] y la decisi\u00f3n negativa de la postulaci\u00f3n del recurso de insistencia por la Procuradur\u00eda (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Juez Diecisiete Penal Municipal de Control de Garant\u00edas de Medell\u00edn inform\u00f3 que, entre el 28 de agosto y el 2 de septiembre de 2010 en dicho despacho se llevaron a cabo las audiencias preliminares de legalizaci\u00f3n de captura y de allanamiento y registro, as\u00ed como la formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n e imposici\u00f3n de medida de aseguramiento en el radicado 2009-00051 respecto de los hoy accionantes y por los delitos de concierto para delinquir agravado y tr\u00e1fico, fabricaci\u00f3n o porte de estupefacientes agravado. A\u00f1adi\u00f3 que algunas de las decisiones adoptadas en esa oportunidad fueron apeladas, correspondi\u00e9ndole conocer de esa segunda instancia al Juzgado Veinticuatro Penal del Circuito. <\/p>\n
2. El Juez Cuarto Penal del Circuito Especializado de la capital del departamento de Antioquia solicit\u00f3 se deniegue el amparo por cuanto \u00abno se avizora la configuraci\u00f3n de alguna de las causales espec\u00edficas de procedencia de la acci\u00f3n en tanto que ninguna de las actuaciones se ha surtido con descuido o en desmedro de los derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
3. El Procurador 129 Judicial II Penal, en el mismo sentido, pidi\u00f3 que se declare la improcedencia de la acci\u00f3n tutelar dado que en la actuaci\u00f3n recriminada por los actores se observ\u00f3 un respeto estricto de \u00ablos protocolos constitucionales y legales en especial el debido proceso y dem\u00e1s derechos fundamentales y en el que se acudi\u00f3 a los mecanismos de impugnaci\u00f3n, siendo respondidos oportuna, adecuada y en debida forma (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
4. Un Magistrado integrante de la Sala de Casaci\u00f3n Penal destac\u00f3 que, en efecto, mediante auto AP3312-2021 del 4 de agosto de 2021 fueron inadmitidas las demandas de casaci\u00f3n interpuestas por la bancada de la defensa en el proceso en cuesti\u00f3n. Indic\u00f3 que la presente demanda incumple el requisito de procedibilidad de la inmediatez puesto que, desde la referida providencia \u00abhan transcurrido 10 meses [\u2026] y las justificaciones otorgadas en el escrito de tutela resultan insuficientes puesto que se basan en actuaciones exclusivas de los accionantes y no de esta Sala\u00bb. <\/p>\n
5. La Fiscal 27 de la Direcci\u00f3n Especializada Contra el Narcotr\u00e1fico hizo un recuento de la investigaci\u00f3n que adelant\u00f3 contra la organizaci\u00f3n ilegal de narcotr\u00e1fico conformada por los procesados asentada en el puerto de Buenaventura. Afirma que, ni durante la indagaci\u00f3n o el proceso mismo se vulner\u00f3 derecho alguno a los enjuiciados pues \u00absiempre contaron con defensa t\u00e9cnica contractual y las decisiones fueron tomadas en derecho, las cuales fueron debatidas en audiencias y llevadas hasta la segunda instancia\u00bb. <\/p>\n
6. Un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medell\u00edn indic\u00f3 que conoci\u00f3 de los recursos de apelaci\u00f3n formulados por la defensa de los hoy accionantes contra la sentencia condenatoria de primera instancia, los que resolvi\u00f3 en fallo del 23 de febrero de 2018 confirm\u00e1ndola a partir de la apreciaci\u00f3n \u00abdel acervo demostrativo, fragmentos procesales y audios de las diligencias efectuadas\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, inicialmente, si el amparo se ejerci\u00f3 oportunamente y, de superarse lo anterior, si las autoridades judiciales accionadas vulneraron la prerrogativa fundamental denunciada al condenar a los aqu\u00ed actores por los delitos de \u00abconcierto para delinquir agravado y tr\u00e1fico, fabricaci\u00f3n o porte de estupefacientes agravado\u00bb (sentencias de 23 de febrero y 28 de agosto de 2018, de primera y segunda instancia respectivamente, y auto del 4 de agosto de 2021 que inadmiti\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n) incurriendo en v\u00edas de hecho por, supuestamente, avalar la incongruencia presentada entre la imputaci\u00f3n y la acusaci\u00f3n; no garantizar una defensa t\u00e9cnica id\u00f3nea y por indebida valoraci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
Este presupuesto impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 00188-01, reiterada entre muchas en STC5882-2015, STC1516-2016 y STC11499-2016, 18 ag. rad. 01142-01). <\/p>\n
M\u00e1s adelante, la Corte se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01) Resalta la Sala. <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. En este asunto, por intermedio de su apoderado, los accionantes discuten por diversas razones las decisiones proferidas por las autoridades judiciales al interior del proceso penal en el cual resultaron condenados, siendo la \u00faltima de ellas la adoptada por la Hom\u00f3loga Penal el 4 de agosto de 2021, esto es, el auto que inadmiti\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
De manera que, resulta cierta la desatenci\u00f3n del referido presupuesto de procedibilidad de la acci\u00f3n, comoquiera que si consideraban desconocidas sus prerrogativas por los juzgadores de instancia y hab\u00edan ya agotado los medios ordinarios y extraordinarios de refutaci\u00f3n que la normativa procedimental prev\u00e9, debieron acudir al resguardo de manera tempestiva pero no lo hicieron dentro del t\u00e9rmino se\u00f1alado como prudente por la jurisprudencia constitucional, pues la radicaci\u00f3n de la presente salvaguarda data del 24 de mayo de 2022. <\/p>\n
Es decir, desde la fecha de la providencia proferida en sede extraordinaria hasta el momento en que se interpuso este auxilio, transcurri\u00f3 m\u00e1s del semestre establecido como plazo razonable para proponerlo. Y a id\u00e9ntica conclusi\u00f3n se arriba si se toma como punto de referencia el concepto desfavorable de la Procuradur\u00eda frente el mecanismo de insistencia (aunque no corresponde en estricto sentido a un recurso) comunicado a los interesados entre el 4 y el 15 de octubre de 2021. <\/p>\n
Lo anterior cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que, la verificaci\u00f3n preliminar de la tempestividad del amparo es criterio que debe precisarse a\u00fan m\u00e1s en trat\u00e1ndose de ataques a sentencias judiciales, postura reiterada de esta Corte que en tal sentido ha dicho, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Ahora, si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u2026En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.(\u2026) As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00; reiterado en STC10554-2018, 16 ago. 2018, rad. 00189-01). Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
Efectivamente, cuando la censura se circunscribe a una providencia judicial el an\u00e1lisis del mentado requisito requiere mayor rigor, ya que lo que eventualmente se desvirtuar\u00eda ser\u00edan principios esenciales como el de la cosa juzgada, la seguridad jur\u00eddica y de contera la autonom\u00eda e independencia judicial; por ello, al fallador constitucional le concierne no solo realizar un balance de los derechos fundamentales en juego, sino adem\u00e1s, de las razones que expongan los actores como justificantes de su inercia frente al amparo y, finalmente, como \u00faltimo punto de examen, las calidades personales o profesionales de quien lo promueve, importantes a la hora de establecer el nivel de exigencia frente a ese criterio. <\/p>\n
3.2. Ahora, los actores expusieron que la demora para acudir a la salvaguarda tiene explicaci\u00f3n en, primero, el tiempo que les llev\u00f3 consultar con varios abogados sobre las alternativas jur\u00eddicas con que contaban para defender sus derechos; y segundo, que elegido el togado que hoy los representa, implic\u00f3 para \u00e9l y su grupo de trabajo el estudio del voluminoso expediente y la elaboraci\u00f3n de la demanda de tutela, sumado a los compromisos laborales y acad\u00e9micos que le impidieron a aqu\u00e9l una dedicaci\u00f3n exclusiva al caso. <\/p>\n
Ciertamente, se ha dicho que este criterio eventualmente puede flexibilizarse a partir de razones suficientes que lo justifiquen, esto es, situaciones acreditadas como la debilidad manifiesta por condiciones como incapacidad f\u00edsica o mental, minor\u00eda de edad, entre otras, o la permanencia en el tiempo de la amenaza de las garant\u00edas superiores (como ocurre respecto de los asuntos que involucran derechos de orden pensional); as\u00ed lo ha apuntado la Corte Constitucional en repetidas ocasiones, en sentencias como la SU-961\/99; T-743\/08 y T-033\/10, y en esta \u00faltima, estim\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: <\/p>\n
\u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n. (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, los referidos eximentes no se probaron ni se alegaron por los precursores del amparo; pero adem\u00e1s, las situaciones particulares a partir de las cuales pretextan su tardanza en la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n tutelar, no pueden ser de recibo como para prescindir de dicho an\u00e1lisis pues, es claro que aun con pleno conocimiento del presupuesto de la temporalidad no la activaron oportunamente y ahora pretenden que ese descuido se resuelva a su favor, lo que es impropio jur\u00eddicamente desde el principio de nemo auditur propriam turpitudinem allegans. <\/p>\n
4. De la agencia oficiosa de Robinson Rodr\u00edguez Trujillo. <\/p>\n
Las normas que desarrollan y reglamentan el mecanismo de protecci\u00f3n consagrado en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, prev\u00e9n que la acci\u00f3n se debe instaurar directamente o por conducto de apoderado judicial. Por excepci\u00f3n, \u00abse pued(e)n agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa\u00bb (art. 10 del Decreto 2591 de 1991). Asimismo, la Jurisprudencia de la Corte Constitucional tiene sentado que la legitimaci\u00f3n activa de la acci\u00f3n de tutela, en principio, se refiere al titular de los derechos constitucionales fundamentales presuntamente amenazados o vulnerados. <\/p>\n
No obstante, tambi\u00e9n ha precisado que: \u00ab(\u2026) tanto las normas como la jurisprudencia, consideran v\u00e1lidas tres v\u00edas procesales adicionales para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela: (i) a trav\u00e9s del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas); (ii) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso\u00bb (CC T-301\/07 y T- 947\/06). <\/p>\n
Sobre este tema, esta Corte ha indicado que \u00ab(\u2026) ning\u00fan tercero puede acudir al mecanismo de defensa constitucional en solicitud de amparo, por hechos que no afecten sus derechos fundamentales, a menos que se presente como apoderado o representante del agraviado, o bien como agente oficioso. Si de apoderado judicial se trata es indispensable presentar el poder; pero si la intervenci\u00f3n acaece como agente oficioso, deber\u00e1 manifestarse expresamente en la solicitud que el titular de los derechos constitucionales fundamentales no se encuentra en condiciones de ejercer su propia defensa\u00bb (CSJ STC 11 mar. 2009, Rad. 00001-01). <\/p>\n
En el sublite, no cabe duda de que la figura de la agencia oficiosa en favor de Robinson Rodr\u00edguez Trujillo no queda acreditada al no darse ninguna de las circunstancias se\u00f1aladas por la jurisprudencia, esto es, no se trata de un menor de edad o un incapaz, ni se alleg\u00f3 mandato especial facultando esa funci\u00f3n; en todo caso, las explicaciones expuestas (el que no se logr\u00f3 contactarlo personalmente para la suscripci\u00f3n del poder) no son admisibles para habilitarla. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Corte ha precisado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En lo atinente a la \u2018agencia oficiosa\u2019, bueno es recordar que el canon pertinente, art\u00edculo 10, Decreto 2591 de 1991, exige la demostraci\u00f3n de la imposibilidad de los agenciados de promover su propia defensa y la afirmaci\u00f3n de la raz\u00f3n de tal circunstancia en el escrito en que se pide la protecci\u00f3n, tal como con insistencia lo ha interpretado la Sala\u00bb (CSJ SC, 26 nov. 2010, exp. 00372-01, reiterada el 26 nov. 2015, exp. STC16407-2015)\u201d. <\/p>\n
Adicionalmente, se resalta que para acudir a esta justicia Robinson Rodr\u00edguez Trujillo bien pudo procurar su propia \u00abrepresentaci\u00f3n\u00bb o, conferir poder a un profesional \u00aba trav\u00e9s de mensaje de datos con la sola antefirma que [se] presumir\u00e1 aut\u00e9ntico\u00bb, de acuerdo con el art\u00edculo 5\u00ba del Decreto 806 de 2020 (vigente al momento de la radicaci\u00f3n de la acci\u00f3n); adem\u00e1s, que el Consejo Superior de la Judicatura ha dispuesto diversos canales virtuales por medio de los cuales se pueden formular \u00abacciones constitucionales\u00bb, sin necesidad de ser presentadas personalmente por los interesados. <\/p>\n
5. Conclusiones. <\/p>\n
Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone denegar la protecci\u00f3n reclamada porque: <\/p>\n
5.1. Los demandantes tardaron en acudir a este medio excepcional, es decir, la presente demanda incumple el requisito de la inmediatez, as\u00ed mismo no se advirti\u00f3 una raz\u00f3n que justificara dicha tardanza. <\/p>\n
5.2. No se acreditaron los presupuestos m\u00ednimos de configuraci\u00f3n del apoderamiento judicial o de la agencia oficiosa en favor de Robinson Rodr\u00edguez Trujillo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley DECLARA IMPROCEDENTE el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC7521-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC7521-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-01687-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del quince de junio de dos mil veintid\u00f3s) Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Julio Cesar Pi\u00f1a Soberanis, Daniel Ibarg\u00fcen Caicedo, Jhon Edwin Valencia Valencia, Segundo Luis Arturo Balverde […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-64491","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64491","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64491"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64491\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64491"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64491"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64491"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}