STC7525-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC7525-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-01885-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de quince de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., quince (15) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Desata la Corte la tutela que Ruperto Hern\u00e1ndez L\u00f3pez instaur\u00f3 contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Catorce Civil del Circuito de la misma ciudad, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2016-00362. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El promotor, a trav\u00e9s de apoderado, exigi\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso\u00bb y \u00abcontradicci\u00f3n\u00bb para que se ordenara: (i) A la Magistratura dejar sin efectos la sentencia proferida el 30 de octubre de 2019 \u00abpor desconocer todo el acervo probatorio\u00bb y, (ii) Al juzgado suspender la diligencia de entrega del inmueble \u00abpor existir una denuncia penal en contra de Teodulfo Lara Granados\u00bb. <\/p>\n
En compendio, adujo que el 11 de marzo de 2019, el Juzgado Catorce Civil del Circuito de esta capital desestim\u00f3 las pretensiones del juicio reivindicatorio que Teodulfo Lara Granados inco\u00f3 en su contra respecto de un segmento del predio ubicado en la \u201ccalle 59 Sur 77#03\u201d identificado con M.I. 50S-40126649 (n\u00ba 2016-00362); determinaci\u00f3n que revoc\u00f3 el superior (30 oct. 2019) quien, en su lugar, declar\u00f3 pr\u00f3spera la acci\u00f3n invocada, por lo que luego el a quo, dispuso la entrega de dicho fundo (13 sep. 2021). <\/p>\n
Refiri\u00f3 que el 3 de marzo de 2004 Lara Granados lo demand\u00f3 con el prop\u00f3sito de lograr la \u201creivindicaci\u00f3n\u201d de ese bien (rad. 2013-3072), contienda que finaliz\u00f3 con decisiones, en ambas instancias, desfavorables para \u00e9l. <\/p>\n
Por lo narrado con antelaci\u00f3n, tild\u00f3 de irregular el pronunciamiento del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 -30 oct. 2019-, puesto que \u201cdesconoce el principio de la integralidad de la prueba\u201d, al no valorar los siguientes elementos de convicci\u00f3n allegados al paginario: a) El dictamen pericial realizado por un top\u00f3grafo, b) La declaraci\u00f3n rendida por un t\u00e9cnico, c) El concepto de la Fiscal\u00eda 40 de la Unidad Tercera de Delitos Querellables y, d) El proceso n\u00ba 2013-3072 que se adelant\u00f3 en otrora por el demandante y que no tuvo \u00e9xito. <\/p>\n
Coment\u00f3 que, dadas esas circunstancias, formul\u00f3 denuncia penal contra Teodulfo Lara y, por tanto, solicit\u00f3 al iudex acusado suspender \u201cla entrega del inmueble\u201d, petitoria negada \u201cpor no encontrarse enmarcada dentro de los presupuestado en los art\u00edculos 162 y 163 del C\u00f3digo General del Proceso\u201d (18 nov. 2021). <\/p>\n
2.- Al momento de discutir y aprobar este proyecto, no hubo respuestas de los convocados. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Esta Corporaci\u00f3n ha instituido una cl\u00e1usula de oportunidad, que consiste, por regla general, en que la \u00abtutela\u00bb se ejerza en un periodo no mayor a los seis (6) meses despu\u00e9s de que se produjo la \u00abaparente trasgresi\u00f3n\u00bb, lo que tiene su fuente en el car\u00e1cter \u00abinmediato\u00bb del auxilio previsto en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica y en la necesidad de que el mismo no se convierta en un componente de inseguridad jur\u00eddica. <\/p>\n
1.1.- Con fundamento en el material suasorio incorporado al infolio, pronto se anuncia el decaimiento del resguardo, toda vez que se inobserv\u00f3, sin justificaci\u00f3n v\u00e1lida, la exigencia temporal referida. <\/p>\n
Se hace tal aserci\u00f3n, habida cuenta que entre las fechas de los prove\u00eddos combatidos, mediante los cuales: a) El Tribunal Superior de Bogot\u00e1 infirm\u00f3 el fallo expedido en primera instancia en el \u00abreivindicatorio\u00bb de Teodulfo Lara Granados contra Ruperto Hern\u00e1ndez L\u00f3pez (30 oct. 2019); b) El Juzgado Catorce Civil del Circuito orden\u00f3 la \u00abentrega\u00bb de la vivienda situada en la \u201ccalle 59 Sur 77#03\u201d identificada con M.I. 50S-40126649 (13 sep. 2021) y, c) No accedi\u00f3 a la \u00absuspensi\u00f3n\u00bb de dicha diligencia (18 nov. 2021), se super\u00f3 el semestre que tanto esta Corte como la Constitucional han estimado como prudente para ejercer la \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior, porque para cuando el precursor radic\u00f3 la demanda superlativa (8 jun. 2022), transcurri\u00f3 respecto al primero de tales resoluciones un lapso de dos (2) a\u00f1os y sietes (7) meses, frente a la segundo ocho (8) meses y veintis\u00e9is (26) d\u00edas y de la \u00faltima seis (6) meses y veinti\u00fan (21) d\u00edas. <\/p>\n
Sobre el tema, esta Colegiatura ha esbozado que: <\/p>\n
\u00ab[e]n punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses. Se resalta (STC 29 abr. 2009, rad. 00624-00, reiterada en STC6690-2021). <\/p>\n
Lo anterior impide examinar el fondo del debate suplicado, porque si el tutelante se demor\u00f3 en interponer la queja supralegal, su descuido, per se, es suficiente para descartar la presencia de una conducta indebida atribuible a la dependencia convocada y con repercusi\u00f3n directa en los atributos esenciales invocados. <\/p>\n
1.2.- Ahora, si bien en algunos casos se ha superado la ausencia de tal exigencia, flexibiliz\u00e1ndola, ello solo sucede cuando la dilaci\u00f3n en activar este dispositivo est\u00e1 debidamente \u00abjustificada\u00bb. Al respecto en STC3949-2021 se precis\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: \u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, en el sub lite no acaece ninguna de las hip\u00f3tesis rese\u00f1adas, puesto que el gestor no adujo alguna circunstancia v\u00e1lida para conjurar su desidia en acudir oportunamente a esta excepcional v\u00eda. <\/p>\n
2.- Concomitante con lo enunciado, mem\u00f3rese que no es viable acudir a este mecanismo especial, como instrumento para \u00absuspender, retrotraer o invalidar\u00bb el desarrollo y acatamiento de \u00abdiligencias\u00bb que tienen origen en veredictos en firme, respaldados en el procedimiento surtido por el juez competente. <\/p>\n
Sobre el punto, esta Sala ha predicado que <\/p>\n
\u201c(\u2026) la entrega dispuesta en un proceso judicial no entra\u00f1a en s\u00ed misma, un perjuicio irremediable (\u2026) pues ese tipo de medidas responde a \u00f3rdenes leg\u00edtimas de autoridades jurisdiccionales que no pueden ser supeditadas al ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, porque en todo caso, el juez constitucional no podr\u00eda impedir que se cumplan los mandatos dictados por los juzgadores de instancia en ejercicio de sus atribuciones legales\u00bb (STC 6442-2019 reiterada en STC4760-2022). <\/p>\n
3.- Ergo, surge impr\u00f3spero el amparo suplicado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, DECLARA IMPROCEDENTE la tutela instaurada por Ruperto Hern\u00e1ndez L\u00f3pez contra la Sala Civil del Tribunal Superior y el Juzgado Catorce Civil del Circuito, ambos del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC7525-2022 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC7525-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-01885-00 (Aprobado en Sesi\u00f3n de quince de junio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., quince (15) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Desata la Corte la tutela que Ruperto Hern\u00e1ndez L\u00f3pez instaur\u00f3 contra la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-64492","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64492","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64492"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64492\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64492"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64492"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64492"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}