STC7528-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7528-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba11001-02-04-000-2021-00289-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 13 de julio de 20211, por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Carlos Alberto Baldrich Ferrer en contra de la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la misma Corporaci\u00f3n, extensiva a la Sala Laboral del Tribunal Superior y el Juzgado Tercero Laboral del Circuito, ambos de Bucaramanga, partes, autoridades y dem\u00e1s intervinientes en el juicio n\u00b0 68001310500320120027201. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El convocante solicit\u00f3, aunque no de manera expresa, se deje sin efectos la sentencia CSJ SL1767-2020, de 30 abr., y se profiera una nueva que se ajuste a los postulados de la Organizaci\u00f3n Internacional del Trabajo. <\/p>\n
En sustento, sostuvo que promovi\u00f3 demanda ordinaria laboral contra Ecopetrol S.A. para que se declarara que el est\u00edmulo al ahorro era factor salarial, o en subsidio, que ten\u00eda derecho a que se le nivelara su mesada pensional con el salario m\u00e1s alto devengado por los trabajadores de la empresa que ocuparon cargos iguales o equivalentes a los que desempe\u00f1\u00f3 y, se condenara a la empleadora a reliquidar la mesada pensional, que percibi\u00f3 a partir de diciembre de 2008, junto con las prestaciones legales y convencionales, causadas entre enero y diciembre de esa anualidad, tales como: auxilio por enfermedad; cesant\u00edas y sus intereses; vacaciones y su auxilio; primas de vacaciones, servicios, convencionales, quinquenales y de antig\u00fcedad; bonificaciones por jubilaci\u00f3n y semestral; sobretiempo y tiempo regular; beneficios del 4 % en tiempo y en dinero como directivo y el subsidio de arriendo. <\/p>\n
Las aspiraciones del actor fueron desestimadas en primera (20 feb. 2014) y segunda instancia (10 abr. 2014), postul\u00f3 casaci\u00f3n y la Sala accionada no cas\u00f3 la sentencia al determinar que \u00abel est\u00edmulo al ahorro no remuneraba la labor del trabajador\u00bb y que, por otro lado, la \u00abpol\u00edtica de compensaci\u00f3n\u00bb no tuvo como objetivo nivelar salarios. <\/p>\n
Se doli\u00f3 de que \u00abla sentencia resulta confusa pues pese a inspirarse en sentencias anteriores protectoras del salario fall[\u00f3] todo lo contrario\u00bb y en ese escenario \u00abincurri\u00f3 en regresividad respecto a la protecci\u00f3n del salario y generando inseguridad jur\u00eddica sobre el concepto de irrenunciabilidad de los derechos laborales\u00bb. <\/p>\n
2.- El ruego fue inicialmente asignado al Juzgado S\u00e9ptimo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad quien lo declar\u00f3 improcedente (7 ene. 2021), Impugn\u00f3 el actor y la Sala Penal declar\u00f3 la nulidad de lo actuado y orden\u00f3 su remisi\u00f3n a la Corte (4 feb. 2021). Se surti\u00f3 el tr\u00e1mite en la homologa en lo penal quien rechaz\u00f3 el amparo porque el actor carec\u00eda de legitimidad para pretender la invalidaci\u00f3n del veredicto CSJ SL 1655-2020 (STP1978-2021, 23 feb.), recurri\u00f3 el gestor y esta Sala en (ATC878-2021, 23 jun.), declar\u00f3 la nulidad y devolvi\u00f3 las diligencias porque no se verific\u00f3 que \u00abel actor subsan\u00f3 su escrito genitor y enfil\u00f3 el riego contra la sentencia SL1767-2020), donde se reh\u00edzo la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
3.- La Sala accionada defendi\u00f3 su prove\u00eddo. Ecopetrol S.A esgrimi\u00f3 falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. El juez de conocimiento hizo el recuento de lo actuado. El Ministerio P\u00fablico resisti\u00f3 los anhelos. <\/p>\n
4.- La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia no accedi\u00f3 a la s\u00faplica al concluir la razonabilidad del veredicto cuestionado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Se anticipa que el desenlace objetado se ratificar\u00e1, por cuanto de la providencia de casaci\u00f3n reprochada, sobre la que circunscribir\u00e1 el an\u00e1lisis, al ser la determinaci\u00f3n que finiquit\u00f3 cualquier discusi\u00f3n sobre el litigio, no emerge desatino con entidad suficiente como para permitir la injerencia de esta herramienta, conforme pasa a explicarse. <\/p>\n
En primera medida, la autoridad convocada esboz\u00f3 las deficiencias t\u00e9cnicas en la proposici\u00f3n del remedio extraordinario y en ese sentido aclar\u00f3 que, <\/p>\n
(\u2026) el recurrente increp\u00f3 al Tribunal un error jur\u00eddico en el que no incurri\u00f3, al asegurar que aplic\u00f3 indebidamente los art\u00edculos 13, 25, 29, 228 y 230 de la CN; 1\u00b0 del Convenio 95 de la OIT y 26 de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos, porque, de una parte, el Colegiado no se refiri\u00f3 a aquel componente constitucional y, de otra, aunque aludi\u00f3 a unos \u00abTratados de los Organismos Internacionales a los que Colombia [ha] adherido\u00bb, no identific\u00f3 ni expresa, ni t\u00e1citamente, a cu\u00e1les aludi\u00f3, lo que significa que ni los unos ni los otros fueron tenidos en cuenta para definir el conflicto, lo que resulta ser indispensable para al sub motivo de infracci\u00f3n adjudicado, como lo adoctrin\u00f3 la Sala en la sentencia CSJ SL7578-2016, cuando indic\u00f3 sobre esa modalidad de violaci\u00f3n de la ley, \u00ab[\u2026] que no se pueden configurar […] desde el punto de vista l\u00f3gico, cuando el fallador no aplica la norma\u00bb. <\/p>\n
Y en esa l\u00ednea de pensamiento puntualiz\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) si la Sala prescindiera de los argumentos jur\u00eddicos, indebidamente incorporados en la acusaci\u00f3n, se arribar\u00eda a semejantes conclusiones desestimatorias, porque la impugnaci\u00f3n obvi\u00f3, que en la v\u00eda que eligi\u00f3, como se ha adoctrinado, entre otras, en las sentencias CSJ SL4959-2016 y CSJ SL9162-2017, no basta con adjudicar ciertas falencias en la actividad de valoraci\u00f3n probatoria del segundo Juzgador, como lo hizo, sino que al tenor de los ordinales 1\u00ba del art\u00edculo 87 y 5\u00ba literal b) del art\u00edculo 90, CPTSS, tambi\u00e9n deb\u00eda: i) individualizar los yerros f\u00e1cticos; ii) adjudicar de forma clara el error de apreciaci\u00f3n, esto es, que no se valor\u00f3 una prueba que reposa en el tr\u00e1mite o que se contempl\u00f3 de manera equivocada, refiri\u00e9ndose en primer lugar a las que, seg\u00fan el art\u00edculo 7\u00b0 de la Ley 16 de 1969, tienen car\u00e1cter de calificado y, de ser el caso, los dem\u00e1s medios de prueba; iii) confrontar mediante un razonamiento l\u00f3gico lo que dedujo el fallador con lo que demuestra el medio de convicci\u00f3n y, iv) explicar de qu\u00e9 manera todo ello impact\u00f3 la decisi\u00f3n recurrida. <\/p>\n
Tal afirmaci\u00f3n, especialmente porque, aunque el impugnante individualiz\u00f3 ciertos defectos f\u00e1cticos y enlist\u00f3 unas equivocaciones probatorias, no explic\u00f3: i) cu\u00e1l fue el contenido del Acta n.\u00b0 75 del 5 de octubre de 2007 (f.\u00b0 959, cuaderno del expediente); ii) el contexto y la pol\u00edtica de compensaci\u00f3n adoptada por la demandada (f.\u00b0 94 a 241 y 107 a 205, ib\u00eddem) y, iii) la asignaci\u00f3n de un cargo profesional (f.\u00b0 40, ib.), que el segundo fallador no comprendi\u00f3 adecuadamente, pues, al respecto, se limit\u00f3 a enunciarlas como indebidamente apreciadas, sin relacionarlas con la ocurrencia de los errores f\u00e1cticos que enumer\u00f3. <\/p>\n
Tambi\u00e9n rese\u00f1\u00f3 que, <\/p>\n
(\u2026) la impugnaci\u00f3n no confront\u00f3 la apreciaci\u00f3n que el Juez de la alzada realiz\u00f3 de: <\/p>\n
i) La apelaci\u00f3n, de la que destac\u00f3 que el reclamante no sustent\u00f3 espec\u00edficamente los reparos contra la primera sentencia, as\u00ed como que no logr\u00f3 desvirtuar los argumentos jur\u00eddicos y f\u00e1cticos que la demandada esgrimi\u00f3 respecto de la pol\u00edtica de compensaci\u00f3n. <\/p>\n
ii) La demanda y la contestaci\u00f3n, expresando, de un lado, que las partes aceptaron que en la empresa se implement\u00f3 una determinada pol\u00edtica, tendiente a compensar las diferencias existentes entre grupos de trabajadores, aglutinados en relaci\u00f3n por sus beneficios pensionales y de cesant\u00edas y que el impugnante hizo parte de aquellos que disfrutaban de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n a cargo de la empleadora, tanto como de retroactividad en sus cesant\u00edas; mientras que, de otro, que en el gestor no se enunci\u00f3 ning\u00fan fundamento f\u00e1ctico, tendiente a demostrar el trato discriminatorio, a tal punto que no se determinaron los elementos de comparaci\u00f3n entre pares, necesarios para el efecto, como el cargo, funciones, experiencia y asignaci\u00f3n salarial. <\/p>\n
iii) La oferta de f.\u00b0 183 a 184, ib. de la que infiri\u00f3, que la accionada someti\u00f3 a su consideraci\u00f3n, la cl\u00e1usula que negaba la incidencia salarial del est\u00edmulo al ahorro; que la acept\u00f3 sin oposici\u00f3n alguna en el tr\u00e1mite, rubricando ese documento, a pesar de que esa propuesta pod\u00eda ser rechazada por el trabajador; que el rubro pactado, no ten\u00eda como destino su propio peculio, sino el fondo de ahorro pensional que eligiera, que, en consecuencia, como no remuneraba directamente la labor, no era ineficaz el pacto de exclusi\u00f3n salarial. <\/p>\n
En consecuencia, el impugnante tambi\u00e9n olvid\u00f3 que le era imperativo cuestionar la valoraci\u00f3n que el Tribunal realiz\u00f3 de todos y cada uno de los medios de prueba, que cimentaron la decisi\u00f3n acusada, demostrando los yerros que con el car\u00e1cter de protuberantes, se deriven de la falta de apreciaci\u00f3n o err\u00f3nea valoraci\u00f3n, empezando por los enlistados en el art\u00edculo 7\u00b0 de la Ley 16 de 1969, esto es, la confesi\u00f3n judicial, el documento aut\u00e9ntico y la inspecci\u00f3n judicial y, de ser el caso, de los dem\u00e1s no calificados, porque no hacerlo conllevar\u00eda, conforme lo explic\u00f3 la Sala en la sentencia CSJ SL5158-2018, a que el cuestionamiento resulte insuficiente para lograr el quiebre del fallo impugnado. <\/p>\n
Ahora bien, al adentrarse en el estudio de los medios probatorios adosados rese\u00f1\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) examinados el contenido del Acta n.\u00b0 075 del 5 de octubre de 2007 (f.\u00b0 956 a 963, ib\u00eddem) y el \u00abcontexto y justificaci\u00f3n de la pol\u00edtica de compensaci\u00f3n\u00bb (f.\u00b0 242 a 255, ib), no emerge equivocaci\u00f3n probatoria protuberante en la conclusi\u00f3n del Juez de la apelaci\u00f3n, seg\u00fan la cual, el est\u00edmulo al ahorro no remuneraba la labor del trabajador. <\/p>\n
As\u00ed se dice, pues, por una parte, como se indic\u00f3, la diferencia que constat\u00f3 el estudio de competitividad contratado por ECOPETROL S. A., no fue respecto del salario, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 127 del CST, sino de la \u00abpaga\u00bb, que inclu\u00eda el conjunto de cr\u00e9ditos laborales que se otorgaban en el sector petrolero, que estaba compuesto por el salario, prestaciones y beneficios legales y extralegales, que no tienen tal naturaleza y, por otra, la diferenciaci\u00f3n en la aplicaci\u00f3n de la pol\u00edtica de compensaci\u00f3n de los trabajadores, que dependi\u00f3 de \u00abdiferentes reg\u00edmenes salariales y prestacionales coexistentes al interior de la empresa\u00bb, cuya finalidad era igualar el \u00abingreso monetario\u00bb, el cual, seg\u00fan se puede constatar en la documental, estaba conformado por prestaciones y beneficios salariales y no salariales, tales como \u00abSalario b\u00e1sico\u00bb, \u00abvacaciones en tiempo\u00bb, \u00abBonificaci\u00f3n especial\u00bb, \u00abPrima de vacaciones\u00bb, \u00abPrima de antig\u00fcedad en dinero\u00bb, \u00abPrima de habitaci\u00f3n\u00bb, \u00abQuinquenio (causaci\u00f3n anual)\u00bb, \u00abPrima legal\u00bb, \u00abCesant\u00eda b\u00e1sica\u00bb, \u00abSubsidio de alimentaci\u00f3n\u00bb, \u00abAporte a Cavipetrol\u00bb, \u00abAhorro cotizaci\u00f3n salud\u00bb, \u00abRetroactividad de cesant\u00edas\u00bb y el \u00abEst\u00edmulo al ahorro\u00bb. <\/p>\n
Y en esa l\u00ednea de pensamiento concluy\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) la calificaci\u00f3n extralegal y no retributiva del servicio, que otorg\u00f3 el Juez de apelaci\u00f3n al \u00abest\u00edmulo al ahorro\u00bb, tampoco constituir\u00eda un error de hecho, puesto que los documentos se\u00f1alados como err\u00f3neamente apreciados, que se acaban de examinar, en armon\u00eda con las documentales de folios 44 a 49, ib\u00eddem, que se se\u00f1alaron como no apreciadas y las de f.\u00b0 183 a 184, ib\u00eddem, que no se controvirtieron, informan, que corresponde a un beneficio otorgado por la empleadora y no por la ley, como una alternativa para mejorar la competitividad de la compa\u00f1\u00eda en el sector petrolero, aparte que en la adici\u00f3n al contrato de trabajo, se precis\u00f3 que el pago acordado se aplicar\u00eda a trav\u00e9s del fondo de pensiones que el trabajador eligiera, lo que permite colegir, como lo dedujo el Tribunal, que no fue otorgado para retribuir directamente el servicio del actor, sino que correspondi\u00f3 a un incentivo de \u00abcompetitividad externa en el mercado laboral\u00bb y \u00abequidad interna\u00bb, que ten\u00eda por objetivo resolver la problem\u00e1tica del incremento de las renuncias al interior de la compa\u00f1\u00eda. <\/p>\n
En este orden de ideas, resulta inviable que, en este escenario, excepcional y residual, se dilucide el conflicto planteado por el gestor, toda vez que la ausencia de rigor t\u00e9cnico o de los requerimientos legales para la formulaci\u00f3n de las acusaciones en aras de demostrar los errores de la sentencia recurrida, no es tarea que pueda ser superada en esta v\u00eda supralegal, ya que no es el camino para suplir la ineptitud de la demanda de casaci\u00f3n (CSJ STC16367-2019, STC6238-2018, STC9068-2021, STC13361-2021, STC16325-2021). <\/p>\n
Ahora, es importante resaltar que el Colegiado cuestionado no estaba obligado a superar tales deficiencias con el fin de revisar la directriz del Tribunal (CSJ SL2808-2028, SL525-2018, SL10501-2017, entre otras), por la presunci\u00f3n de legalidad de la que est\u00e1n revestidas las sentencias judiciales. De suerte que no le corresponde a la Corte, como Tribunal de Casaci\u00f3n, escudri\u00f1ar de oficio las falencias invocadas, sino al interesado demostrarlas \u00abmediante un ejercicio m\u00ednimamente t\u00e9cnico pero fundamental y b\u00e1sico\u00bb (CSJ SL525-2018). Ahora, como en el sub j\u00fadice el peticionario no lo hizo, debe asumir las consecuencias de su propia incuria. <\/p>\n
En este orden de ideas, lo dispuesto por el \u00f3rgano de cierre en materia laboral no puede calificarse como \u00abuna v\u00eda de hecho\u00bb que se traduzca en trasgresi\u00f3n de las garant\u00edas b\u00e1sicas del inconforme, toda vez que no es viable desatender las exigencias que la normatividad procesal establece en algunos eventos como presupuesto esencial para el \u00abejercicio de un derecho\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, comoquiera que la providencia cuestionada en esta queja reposa en un discernimiento o interpretaci\u00f3n razonable, am\u00e9n de resultar notorio que el anhelo del impugnante es que prevalezca su criterio o buscar otro para aniquilar la sentencia que le desfavoreci\u00f3, designio ajeno a esta v\u00eda subsidiaria, ser\u00e1 refrendado el prove\u00eddo opugnado sin m\u00e1s elucubraciones. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve: CONFIRMAR el pronunciamiento de naturaleza, procedencia y fecha conocidas. Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002Se precisa que, para el tr\u00e1mite de esta impugnaci\u00f3n, la cual concedi\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte el 1 de septiembre de 2021, este diligenciamiento tan s\u00f3lo arrib\u00f3 a esta Sala de Casaci\u00f3n Civil el d\u00eda 24 de mayo pasado, donde se radic\u00f3, reparti\u00f3 e ingres\u00f3 al despacho el d\u00eda siguiente. <\/p>\n
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