STC7529-2022<\/p>\n
<\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
De conformidad con el \u00abART\u00cdCULO PRIMERO\u00bb del Acuerdo No. 034 de esta Sala, expedido el 16 de diciembre de 2020, atendiendo a que en esta providencia se resuelve una situaci\u00f3n jur\u00eddica relacionada con personas menores de edad, como medida de protecci\u00f3n a su intimidad, se emiten dos versiones de esta sentencia, \u00abcon id\u00e9ntico tenor, una reemplazando los nombres y los datos e informaciones (familiares), que permitan conocer su identidad y ubicaci\u00f3n, para efectos de publicaci\u00f3n en los repositorios, medios de comunicaciones y motores de b\u00fasqueda virtuales, y otra con la informaci\u00f3n real y completa de las partes, que se utilizar\u00e1 \u00fanicamente para notificaci\u00f3n a los sujetos procesales e intervinientes y que se mantendr\u00e1 con reserva a terceros interesados\u00bb. <\/p>\n
NOTA. Este ejemplar de la decisi\u00f3n corresponde al que contiene \u00abla informaci\u00f3n ficticia de las partes\u00bb. <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7529-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-01812-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Mar\u00eda Luisa Rojas Medina en representaci\u00f3n de su menor hija Stefany Palomino Rojas, contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de la misma ciudad, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclama la protecci\u00f3n de su descendiente al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulnerados por las sedes judiciales accionadas. <\/p>\n
Pidi\u00f3, entonces, se ordene a los estrados accionados que dicten providencia \u00aben la que se declare que se incorpora y habilita conforme al nuevo sistema de informaci\u00f3n de la gesti\u00f3n judicial establecida en el Decreto 806 de 2020 el proceso de responsabilidad civil contractual con radicaci\u00f3n No. 11001320301620200013800 incoado el d\u00eda 12 de marzo del a\u00f1o 2020\u00bb, prove\u00eddo que deber\u00e1 notificarse a su direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico, para que a continuaci\u00f3n \u00abdecidan si o no se admite (sic) la demanda radicada el d\u00eda 12 de marzo del a\u00f1o 2020 en [el precitado juicio]\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. El juicio declarativo antes individualizado fue promovido por Pedro Antonio Palomino, progenitor de la menor aqu\u00ed accionante, para reclamar la responsabilidad civil contractual de Liberty Seguros en el pago de una p\u00f3liza, demandante que falleci\u00f3. <\/p>\n
2.3. La demanda fue repartida el 12 de marzo de 2020 al Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de Bogot\u00e1, en vigencia del art\u00edculo 295 del C\u00f3digo General del Proceso, donde se establece que \u00abcuando se habiliten sistemas de informaci\u00f3n de la gesti\u00f3n judicial, la notificaci\u00f3n por estado solo podr\u00e1 hacerse con posterioridad a la incorporaci\u00f3n de la informaci\u00f3n a dicho sistema\u00bb, por lo que, al entrar a regir el Decreto 806 de 2020, con el que \u00abel sistema de informaci\u00f3n de la gesti\u00f3n judicial se habilit\u00f3 de forma presencial a forma electr\u00f3nica\u00bb, debi\u00f3 emitirse prove\u00eddo de incorporaci\u00f3n del proceso al \u00abnuevo sistema digital\u00bb, para luego si continuar con el mismo. <\/p>\n
2.2. No obstante, la precitada decisi\u00f3n no fue emitida, sino que el 4 de agosto de 2020 se dict\u00f3 auto inadmitiendo la aludida demanda, notificado en estado electr\u00f3nico, y al transcurrir en silencio el t\u00e9rmino para subsanaci\u00f3n, el ruego se rechaz\u00f3 el 1\u00ba de septiembre siguiente, decisi\u00f3n \u00e9sta que el demandante atac\u00f3 mediante los recursos de reposici\u00f3n y en subsidio de apelaci\u00f3n, pero fue mantenida el 6 de mayo de 2021 y confirmada el 14 de marzo de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, as\u00ed mismo, el demandante pidi\u00f3 la nulidad del proceso, pero su solicitud fue rechazada de plano el 6 de mayo 2021, determinaci\u00f3n que tambi\u00e9n recurri\u00f3, pero fue sostenida el 30 de junio siguiente. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de Bogot\u00e1 corrobor\u00f3 que el 1 de septiembre de 2020 rechaz\u00f3 la demanda del proceso de la referencia, decisi\u00f3n que confirm\u00f3 el 14 de marzo de 2022 el Tribunal Superior de la misma ciudad, decisiones que fueron oportuna y debidamente incluidas para su notificaci\u00f3n en el micrositio del juzgado, asignado en cumplimiento del art\u00edculo 9\u00ba del Decreto 806 de 2020, sin que fuera necesario emitir prove\u00eddo informando sobre la incorporaci\u00f3n y habilitaci\u00f3n del decuso a la precitada normativa, \u00abpues n\u00f3tese que no existe normatividad alguna que disponga tal actuaci\u00f3n, como erradamente lo peticiona\u00bb. <\/p>\n
2. La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 limit\u00f3 su intervenci\u00f3n a remitir copia de la decisi\u00f3n que profiri\u00f3 dentro del decurso en comento. <\/p>\n
3. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Bajo ese horizonte, concluye la Sala que el amparo est\u00e1 llamado al fracaso, por cuanto la providencia de 14 de marzo de la presente anualidad de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, que confirm\u00f3 la decisi\u00f3n que dict\u00f3 el 1\u00ba de septiembre de 2020 el Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de la misma ciudad, no luce arbitraria, comoquiera que dicha Colegiatura explic\u00f3 las razones por las que resultaba procedente el rechazo de la demanda, <\/p>\n
Para ello, se observa que, en la decisi\u00f3n cuestionada, dicha autoridad expuso que \u00abluego de reanudados los t\u00e9rminos judiciales suspendidos por el Decreto 385 del doce de marzo de dos mil veinte por el Consejo Superior de la Judicatura, medida que fue prorrogada en los acuerdos PCSJA20-11518, PCSJA20-11519, PCSJA20-11521, PCSJA20-11526, PCSJA20-11527, PCSJA20-11528, PCSJA20-11529, PCSJA20-11532, PCSJA20-11546, PCSJA20-11549, PCSJA20-11556 y PCSJA20- 11567, se profiri\u00f3 el prove\u00eddo calendado tres de agosto de dos mil veinte por medio del cual se inadmiti\u00f3 la demanda, mismo que fue desanotado en el sistema Siglo XXI y notificado en el estado electr\u00f3nico alojado en el micrositio del despacho asignado quedando a disposici\u00f3n de las partes y de la ciudadan\u00eda. <\/p>\n
5. Lo expuesto anteriormente, encuentra respaldo en lo consagrado en el art\u00edculo 295 del C\u00f3digo General del Proceso seg\u00fan el cual \u201clas notificaciones de autos y sentencias que no deban hacerse de otra manera se cumplir\u00e1n por medio de anotaci\u00f3n en estados que elaborar\u00e1 el secretario\u201d, con el agregado de que, cuando se cuente con los recursos t\u00e9cnicos para tal efecto, esta publicidad podr\u00e1 efectuarse mediante mensaje de datos; en uno y otro caso, debe incluirse la informaci\u00f3n a que hace menci\u00f3n la norma citada en el listado correspondiente y quedar a disposici\u00f3n para consulta por las partes o sus apoderados, normativa que en concordancia con lo se\u00f1alado en el Decreto 806 de 2020 en el que se afirm\u00f3 que \u201cse deben utilizar las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y de las comunicaciones en la gesti\u00f3n y tr\u00e1mite de los procesos judiciales y asuntos en curso, con el fin de facilitar y agilizar el acceso a la justicia, como tambi\u00e9n proteger a los servidores judiciales, como a los usuarios de este servicio p\u00fablico\u201d, lo que condujo a que ante la declaratoria de emergencia econ\u00f3mica, social y ecol\u00f3gica fuera necesario publicar los estados, traslados y edictos electr\u00f3nicamente en los micrositios de los despachos judiciales, tal como ocurri\u00f3 en el caso bajo an\u00e1lisis. <\/p>\n
6. As\u00ed las cosas, al haberse puesto a disposici\u00f3n la informaci\u00f3n necesaria para que se actuara dentro del tr\u00e1mite que pretendi\u00f3 iniciar el actor ante la jurisdicci\u00f3n civil, en el que valga decir no se prev\u00e9 el enteramiento, v\u00eda correo electr\u00f3nico, de las decisiones que se adopten, ya que estos no goza de una forma especial de comunicaci\u00f3n y aunado a que se han adoptado \u201ctodas las medidas para garantizar el debido proceso, la publicidad y el derecho de contradicci\u00f3n en la aplicaci\u00f3n de las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n\u201d [par\u00e1grafo 1 del art\u00edculo 2 del Decreto 806 de 2020] desde el primer prove\u00eddo que se profiri\u00f3, su noticia debe realizarse por estado -medio que como ya se precis\u00f3 fue el que se utiliz\u00f3 dentro de los par\u00e1metros consagrados en el Decreto 806 de 2020-, del cual no es menester el env\u00edo de misivas electr\u00f3nicas, de modo que como la parte se abstuvo de presentar en t\u00e9rmino la correcci\u00f3n de los yerros puestos de presente, no hay lugar a revocar el auto atacado\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja de la gestora no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed se plante\u00f3 es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que el Colegiado querellado estableci\u00f3 que, la notificaci\u00f3n por estado electr\u00f3nico que se verific\u00f3 para el auto inadmisorio de la demanda, respondi\u00f3 a la norma procesal aplicable en ese momento, sin que fuera necesario el enteramiento v\u00eda correo electr\u00f3nico de esa decisi\u00f3n, ni tampoco, agrega la Sala, la previa emisi\u00f3n de un prove\u00eddo de incorporaci\u00f3n de la informaci\u00f3n del proceso a un sistema de informaci\u00f3n de la gesti\u00f3n judicial, pues, ninguna norma as\u00ed lo impone, y en cambio, es claro que la novedosa forma de notificaci\u00f3n en estado electr\u00f3nico entr\u00f3 a regir a partir de la entrada en vigencia del art\u00edculo 9\u00ba del Decreto 806 de 20201, pues, al tenor del art\u00edculo 624 del C\u00f3digo General del Proceso, que modific\u00f3 el art\u00edculo 40 de la Ley 153 de 1887 \u00ablas leyes concernientes a la sustanciaci\u00f3n y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir\u00bb. <\/p>\n
\u2026con ocasi\u00f3n de la situaci\u00f3n sanitaria generada por la pandemia del Covid-19, que ha forzado a todos los estamentos a adoptar medidas que posibiliten no solo el impulso de los procesos, sino un acceso efectivo de los usuarios con respeto al debido proceso. <\/p>\n
Entre tales disposiciones est\u00e1 el decreto 806 de 4 de junio de 2020, que en su art\u00edculo 2\u00b0 autorizando el uso de \u201clos medios tecnol\u00f3gicos para todas las actuaciones, audiencias y diligencias y se permitir\u00e1 a los sujetos procesales actuar en los procesos o tr\u00e1mites a trav\u00e9s de los medios digitales disponibles\u201d. Y precisa en su par\u00e1grafo 1\u00b0 \u201cla necesidad de adoptar \u201ctodas las medidas para garantizar el debido proceso, la publicidad y el derecho de contradicci\u00f3n en la aplicaci\u00f3n de las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y de las comunicaciones. Para el efecto, las autoridades judiciales procurar\u00e1n la efectiva comunicaci\u00f3n virtual con los usuarios de la administraci\u00f3n de justicia y adoptar\u00e1n las medidas pertinentes para que puedan conocer las decisiones y ejercer sus derechos\u201d. <\/p>\n
En punto de las notificaciones dispuso en su art\u00edculo 9 lo siguiente: <\/p>\n
[\u2026] Las notificaciones por estado se fijar\u00e1n virtualmente, con inserci\u00f3n de la providencia, y no ser\u00e1 necesario imprimirlos, ni firmarlos por el secretario, ni dejar constancia con firma al pie de la providencia respectiva. No obstante, no se insertar\u00e1n en el estado electr\u00f3nico las providencias que decretan medidas cautelares o hagan menci\u00f3n a menores, o cuando la autoridad judicial as\u00ed lo disponga por estar sujetas a reserva legal. De la misma forma podr\u00e1n surtirse los traslados que deban hacerse por fuera de audiencia. Los ejemplares de los estados y traslados virtuales se conservar\u00e1n en l\u00ednea para consulta permanente por cualquier interesado\u2026\u201d (subrayas por fuera del texto). <\/p>\n
N\u00f3tese, que la normativa en precedencia ordena la divulgaci\u00f3n v\u00eda internet del estado, y adicionalmente, deber\u00e1 incluirse all\u00ed la resoluci\u00f3n susceptible de \u00abnotificaci\u00f3n\u00bb. Esto \u00faltimo, marca la diferencia con la misma figura instituida en el art\u00edculo 295 del C.G.P., pues bajo esta \u00faltima codificaci\u00f3n, no es necesario que el prove\u00eddo que se pretenda dar a conocer est\u00e9 anexado. <\/p>\n
Del citado canon es irrebatible que para formalizar la \u00abnotificaci\u00f3n por estado\u00bb de las disposiciones judiciales no se requiere, de ninguna manera, el env\u00edo de \u00abcorreos electr\u00f3nicos\u00bb, amen que se exige solamente, como ya se dijo, hacer su publicaci\u00f3n web y en ella hipervincular la decisi\u00f3n emitida por el funcionario jurisdiccional. <\/p>\n
Acorde con esto no resulta reprochable la actuaci\u00f3n llevada a cabo por el colegiado demandado, ya que conforme a las comprobaciones referenciadas previamente, se encuentran en estricta alineaci\u00f3n con lo regulado por la normativa aludida, toda vez que el \u00abestado electr\u00f3nico\u00bb de esa fecha bien refleja la respectiva \u00abnotificaci\u00f3n\u00bb, y adem\u00e1s, con ella fue adjuntado el auto que corri\u00f3 traslado para la sustentaci\u00f3n de la alzada (art. 9 del Decreto 806 del 2020, en consonancia con el 14 de la misma), acatando en estricto orden los par\u00e1metros de motivaci\u00f3n y necesidad constitucional de la mentada disposici\u00f3n. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el juzgador acusado no incurri\u00f3 en falencia alguna que descalifique la determinaci\u00f3n, con entidad suficiente para constituir alguno de los llamados \u201cpresupuestos espec\u00edficos de procedibilidad\u201d que habilitan la intervenci\u00f3n del juez del amparo cuando se cuestionan decisiones judiciales (CSJ, STC5158-2020, 5 ag. rad. 2020-01477-00). <\/p>\n
3. Con fundamento en tal \u00f3ptica, se estima que las deducciones del despacho judicial acusado no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
4. Las consideraciones que anteceden resultan suficientes para negar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 con su publicaci\u00f3n ocurrida el 4 de junio de 2020 en el Diario Oficial 51.335 <\/p>\n
1 <\/p>\n
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