STC7530-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC7530-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-00467-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 17 de marzo de 2022, en la acci\u00f3n de tutela formulada por Javier Alberto Bravo Atencio contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de Magangu\u00e9 y citadas las partes e intervinientes en el proceso penal con radicado 2020-00904. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y defensa, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Manifest\u00f3, que en el proceso penal adelantado en su contra y de \u00c1lvaro Fabi\u00e1n Castro de la Ossa por la presunta comisi\u00f3n de los delitos de \u00abhomicidio agravado, fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y hurto calificado agravado en grado de tentativa\u00bb, en la audiencia preparatoria llevada a cabo el 18 de mayo de 2021 ante el Juzgado Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de Magangu\u00e9, su defensa, entre otras solicitudes probatorias, pidi\u00f3 que se decretara un estudio de geolocalizaci\u00f3n de la l\u00ednea telef\u00f3nica 3136399138. <\/p>\n
Explic\u00f3 que tal prueba la inadmiti\u00f3 el Juzgado al estimarla impertinente, debido a que su apoderado no acredit\u00f3 que el procesado era el propietario o poseedor de la l\u00ednea, determinaci\u00f3n que confirm\u00f3 la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena el 9 de diciembre de 2021, luego de considerar que a pesar de la pertinencia del medio de convicci\u00f3n, el mismo no pod\u00eda practicarse por incumplir el correcto descubrimiento dada su naturaleza pericial. <\/p>\n
En sentir del accionante, el Tribunal incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico y vulner\u00f3 el derecho a la prueba, puesto que, del errado entendimiento de la naturaleza de la geolocalizaci\u00f3n a trav\u00e9s del celular, le cercen\u00f3 el derecho de producir una prueba necesaria con la que pretend\u00eda demostrar su ubicaci\u00f3n en lugar diferente al de la ocurrencia de los hechos, que configura su pretensi\u00f3n de defensa, y agreg\u00f3, que la posici\u00f3n de la Corporaci\u00f3n accionada es errada, pues no es cierto que la prueba solicitada por su defensor tenga la condici\u00f3n de prueba pericial. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 \u00abdejar sin efectos la decisi\u00f3n proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena de fecha 9 de diciembre de 2021\u00bb y, en su lugar, \u00abordenar al despacho judicial accionado proferir una nueva en la que se mantenga la decisi\u00f3n recurrida en su integridad\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Magistrada Ponente de la providencia reprochada proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena manifest\u00f3 que los argumentos expuestos en la decisi\u00f3n fueron razonables y de ninguna manera configuran el yerro alegado por el peticionario, y por el contrario, se ofrecieron s\u00f3lidas razones para concluir que la prueba solicitada era de naturaleza pericial y, por tanto, no hab\u00eda sido debidamente descubierta. <\/p>\n
2. El Juzgado Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Magangu\u00e9 defendi\u00f3 la legalidad de su gesti\u00f3n y solicit\u00f3 la desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite constitucional. <\/p>\n
LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal declar\u00f3 improcedente el amparo, tras argumentar que lo debatido se trata de un asunto sobre el cual ya hubo pronunciamiento por parte de los funcionarios competentes, e igualmente afirm\u00f3, que el accionante cuenta con la posibilidad de reclamar en el proceso el respeto de los derechos que invoca como quiera que el mismo se encuentra en curso y, en el evento de resultar la sentencia de primer grado contraria a sus intereses, puede interponer recurso de apelaci\u00f3n, incluso de casaci\u00f3n si a ello hubiera lugar. <\/p>\n
Por \u00faltimo, se\u00f1al\u00f3 que no estaba demostrada la presencia de alg\u00fan perjuicio irremediable, conforme a sus caracter\u00edsticas de inminencia, urgencia, gravedad y necesidad que permitiera la intromisi\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el accionante por conducto de apoderado, para manifestar que \u00abno es posible que las afectaciones de derechos fundamentales como en este caso el de defensa, se pueda supeditar su protecci\u00f3n a un futuro probable, si el mismo puede garantiz\u00e1rsele inmediatamente. No hacerlo, representa una doble negaci\u00f3n de derechos, pues se antepuso cuestiones procesales, sobre la consideraci\u00f3n sustancial\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica es un mecanismo judicial de car\u00e1cter excepcional breve y sumario que permite la protecci\u00f3n de derechos fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad o de un particular -en casos excepcionales- siempre que el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial o salvo que aquella se utilice como un dispositivo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
2. En el evento que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, el se\u00f1or Javier Alberto Bravo Atencio acude a este mecanismo excepcional pretendiendo que se deje sin efectos la providencia de 9 de diciembre de 2021 por la cual la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del Juzgado Penal del Circuito de Magangu\u00e9 que neg\u00f3 la solicitud probatoria de un estudio de geolocalizaci\u00f3n efectuada por su defensa, en el proceso penal adelantado en su contra. <\/p>\n
Revisada la mencionada determinaci\u00f3n, se evidencia que el Tribunal consider\u00f3 necesario comenzar por establecer las diferencias entre la prueba documental y la pericial, y as\u00ed, luego de exponer el contenido de los art\u00edculos 424 y 405 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, 234 del C\u00f3digo General del Proceso y lo se\u00f1alado por la doctrina referente a la naturaleza de las mismas, consider\u00f3 que \u00aben principio, ser\u00e1 documento toda cosa capaz de representar un hecho, en tanto que se estar\u00e1 ante una prueba pericial cuando quiera que sean necesarios conocimientos especializados, sean estos t\u00e9cnicos, cient\u00edficos, art\u00edsticos\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, indic\u00f3 que la geolocalizaci\u00f3n hace referencia al mecanismo utilizado para rastrear objetos a trav\u00e9s de un sistema de coordenadas que requiere una t\u00e9cnica y metodolog\u00eda, en ese orden, precis\u00f3 que en caso de admitirse la prueba, \u00abtendr\u00eda que concurrir un experto en la materia, para explicar la conclusi\u00f3n del informe -la ubicaci\u00f3n del tel\u00e9fono celular-, especificando la metodolog\u00eda que utiliz\u00f3, qu\u00e9 variables tuvo en consideraci\u00f3n, cu\u00e1l fue el programa usado, etc\u00bb. <\/p>\n
En otro ac\u00e1pite se refiri\u00f3 a la pertinencia de la prueba, en aras de determinar si le asist\u00eda la raz\u00f3n al apelante, frente a lo cual expuso, <\/p>\n
\u00abrecu\u00e9rdese que [la defensa] pidi\u00f3 la pr\u00e1ctica de la prueba de geolocalizaci\u00f3n de la l\u00ednea telef\u00f3nica 3136399138, alegando que su representado pose\u00eda el m\u00f3vil al momento que ocurrieron los hechos y que esto servir\u00eda para para hacer menos probable la acusaci\u00f3n, en tanto acreditar\u00eda que el encausado se encontraba en una ubicaci\u00f3n diferente a la hora del suceso. <\/p>\n
Frente a esto, el juzgado de primera instancia inadmiti\u00f3 la prueba, al estimarla impertinente, debido a que el defensor no acredit\u00f3 si el procesado era propietario o poseedor de la l\u00ednea. <\/p>\n
Contrastadas las razones del solicitante y las de la funcionaria, se observa equivocado el an\u00e1lisis de pertinencia, en tanto anticip\u00f3 un juicio que no era oportuno en el curso de la audiencia preparatoria. <\/p>\n
Como qued\u00f3 precisado, en esta diligencia la parte debe \u201cexplicar lo que la evidencia es, a la luz de su teor\u00eda del caso\u201d, en tanto que solo se le exige \u201cla carga de hacer la respectiva demostraci\u00f3n\u201d en la audiencia de juicio oral. <\/p>\n
En este caso, el recurrente expuso que la prueba dar\u00eda cuenta del sitio donde se hallaba un tel\u00e9fono celular respecto del cual aduce que era de propiedad de su defendido, lo que, en su opini\u00f3n, tornar\u00eda menos probable la teor\u00eda del caso de la fiscal\u00eda. <\/p>\n
As\u00ed, con tal exposici\u00f3n, indudablemente el censor explic\u00f3 lo que la evidencia es para su teor\u00eda del caso y, en tal medida, colm\u00f3 la carga argumentativa exigida para considerar pertinente la prueba deprecada\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, sostuvo que la prueba del estudio de geolocalizaci\u00f3n del tel\u00e9fono celular no fue debidamente descubierta por el petente, pues en la audiencia la denomin\u00f3 de \u00abcar\u00e1cter documental\u00bb, cuando en realidad se trata de una prueba pericial donde se requieren conocimientos t\u00e9cnicos, es decir, de un perito que ser\u00eda la persona encargada de verter las conclusiones de su experticia en el juicio oral, sin embargo, en el caso debatido el solicitante no brind\u00f3 informaci\u00f3n referente al experto con el que pretend\u00eda incorporar las conclusiones del estudio de geolocalizaci\u00f3n. <\/p>\n
Para soportar lo anterior, se refiri\u00f3 a lo se\u00f1alado por esta Corporaci\u00f3n respecto a la relevancia de un debido descubrimiento probatorio, donde se ha dicho que \u00abel correcto y completo descubrimiento probatorio condiciona la admisibilidad de la prueba, pues, como lo dispone el art\u00edculo 346 de la Ley 906 de 2004, el Juez tiene la obligaci\u00f3n de rechazar todas aquellas evidencias o elementos probatorios sobre los cuales se haya incumplido el deber de revelar informaci\u00f3n durante el procedimiento de descubrimiento. Por tanto, las evidencias, medios y elementos no descubiertos no podr\u00e1n aducirse al proceso ni convertirse en prueba dentro del mismo, ni practicarse durante el juicio oral\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, concluy\u00f3 que, aunque se apreciaba la pertinencia del medio de convicci\u00f3n, lo cierto era que el estudio de geolocalizaci\u00f3n no pod\u00eda practicarse en el juicio oral, por incumplir el correcto descubrimiento de la prueba como condici\u00f3n de su admisibilidad. <\/p>\n
3. Para esta Sala los argumentos expuestos por el Tribunal Superior de Cartagena, a trav\u00e9s de los cuales determin\u00f3 que no se hab\u00eda efectuado debidamente el descubrimiento de la prueba dada su naturaleza pericial, resultan consistentes y claros, sin que se evidencie desafuero o arbitrariedad manifiesta que revele los yerros alegados por el accionante y que imponga la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior, teniendo en cuenta que la decisi\u00f3n se adopt\u00f3 con sustento en la normativa aplicable al caso, la doctrina y jurisprudencia, estableciendo que el estudio de geolocalizaci\u00f3n solicitado por la defensa, se trataba de una prueba pericial que requer\u00eda una t\u00e9cnica y metodolog\u00eda desarrollada por un experto, quien a su vez deb\u00eda concurrir para explicar el informe que en el evento se efectuara sobre la ubicaci\u00f3n del tel\u00e9fono celular, sin embargo, como qued\u00f3 plasmado, el interesado no proporcion\u00f3 la informaci\u00f3n referente al perito con el que buscaba incorporar las conclusiones del estudio de geolocalizaci\u00f3n. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, el ataque dirigido a descalificar la argumentaci\u00f3n y la valoraci\u00f3n realizada por el Juez de instancia, aparece como una diferencia conceptual no susceptible de ser avalada a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela, instrumento que no puede ser considerado como una instancia adicional para obtener una mejor opini\u00f3n ni para calificar cu\u00e1l de las posiciones resulta la correcta en el caso en concreto, m\u00e1xime, cuando la interpretaci\u00f3n del Juez de instancia, no resulta caprichosa o que la misma configure una v\u00eda de hecho. (Ver entre otras, CSJ Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; exp. 2012-01828-01, reiterada en STC825-2020, STC 10259 de 2021 y STC2621-2022). <\/p>\n
5. Finalmente, tampoco procede la tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, pues para tal evento se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb. (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, exp. 00194-01, reiterada, entre otras, en STC860-2018). <\/p>\n
6. De conformidad con lo anterior, se confirmar\u00e1 la sentencia constitucional impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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