STC7531-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC7531-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 23001-22-14-000-2022-00094-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n contra la sentencia proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda el 19 de mayo de 2022, que neg\u00f3 el amparo reclamado por Geomir Galvis Negrete contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ceret\u00e9, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado Promiscuo Municipal de Cotorra, y citadas las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo bajo radicado 2020-00080. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El actor, a trav\u00e9s de apoderado, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y \u00abomisi\u00f3n al decreto de pruebas\u00bb presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada en el tr\u00e1mite ya referido. <\/p>\n
En sustento, se\u00f1al\u00f3 que entre su representado Geomir Galvis Negrete y la Sociedad Agroinsumos la Central SAS, existi\u00f3 una relaci\u00f3n comercial y contractual para el suministro de productos agr\u00edcolas, productos que fueron pagados a satisfacci\u00f3n seg\u00fan consta en los archivos de la mencionada sociedad, no obstante, afirma, la empresa omiti\u00f3 desglosar los t\u00edtulos valores firmados en blanco y entreg\u00e1rselos a su representado, que respaldaban las obligaciones de insumos agr\u00edcolas de ma\u00edz y algod\u00f3n. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que en 2020, la Sociedad Agroinsumos la Central SAS, present\u00f3 demanda ejecutiva contra Geomir Galvis Negrete y Horacio Miguel Galvis Julio, tr\u00e1mite del que conoce el Juzgado Promiscuo Municipal de Cotorra (C\u00f3rdoba), en el que una vez librado mandamiento de pago el apoderado de los ejecutados propuso excepciones de m\u00e9rito y solicit\u00f3 como pruebas el interrogatorio del representante legal de la sociedad demandante, una prueba pericial \u00abcon el objeto de verificar los libros contables (f\u00edsicos y los que se encuentran en el sistema de la sociedad\u00bb; y, la \u00abInspecci\u00f3n Judicial en la carpeta o folder contentivo de la documentaci\u00f3n de los demandados agricultores inscritos en la sociedad (\u2026) con el fin de determinar la entrega de insumos agr\u00edcolas a los ejecutados desde el periodo 04 de marzo de 2016, hasta el 23 de septiembre de 2017\u00bb. <\/p>\n
Explic\u00f3 que, el Juzgado de conocimiento en la audiencia inicial, decret\u00f3 \u00fanicamente el interrogatorio de parte, decisi\u00f3n que fue apelada, y, finalmente, realizada la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento, en sentencia de 10 de marzo de 2021, declar\u00f3 no probadas las excepciones y orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que por considerar que las pruebas eran fundamentales para probar la excepci\u00f3n de m\u00e9rito de inexistencia de la obligaci\u00f3n, ya que no existen documentos que vinculen a la sociedad con los ejecutados, interpuso recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n y el Juzgado mantuvo la decisi\u00f3n y concedi\u00f3 la alzada. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ceret\u00e9 el 22 de abril de 2022, confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n, vulnerando el derecho fundamental al debido proceso, al negar \u00abla pr\u00e1ctica de prueba de inspecci\u00f3n judicial y nombramiento de perito\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 de otra parte, que present\u00f3 derecho de petici\u00f3n a la sociedad Agroinsumos la Central SAS, demandante, solicitando \u00abfacturas de ventas de insumos agr\u00edcolas, contrato de inscripci\u00f3n, del periodo comprendido entre el marzo del a\u00f1o 2016 y septiembre del a\u00f1o 2017\u00bb, y al no obtener respuesta, formul\u00f3 acci\u00f3n de tutela que concedi\u00f3 el Juzgado Promiscuo Municipal de Cotorra el 24 de mayo de 2021, y en raz\u00f3n a que la sociedad tampoco cumpli\u00f3 con lo ordenado en el fallo, inici\u00f3 incidente de desacato, no obstante, el Juez constitucional se abstuvo de imponer alguna sanci\u00f3n \u00abteniendo en cuenta los argumentos \u201cQue nadie est\u00e1 obligado a cumplir lo imposible\u201d ya que dicha documentaci\u00f3n no existe en los archivos\u00bb. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 ordenar al Juzgado Primero Civil del Circuito de Ceret\u00e9 \u00abDEJAR sin efectos la sentencia de segunda instancia\u00bb, y, que decrete \u00ablas pruebas (Inspecci\u00f3n Judicial y Prueba pericial) solicitadas por el apoderado de las partes ejecutadas\u00bb. <\/p>\n
LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Ceret\u00e9, remiti\u00f3 el link del expediente digital correspondiente al tr\u00e1mite de apelaci\u00f3n en el proceso ejecutivo. <\/p>\n
2. El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Cotorra (C\u00f3rdoba) adem\u00e1s de remitir los links de los expedientes digitales del proceso ejecutivo y de la acci\u00f3n de tutela, realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones adelantadas en la ejecuci\u00f3n y, asever\u00f3 no haber vulnerado los derechos fundamentales del accionante, motivo por el cual solicit\u00f3 negar el amparo solicitado. <\/p>\n
En lo que concierne a la negativa del decreto de pruebas en la audiencia inicial del art\u00edculo 372 del C\u00f3digo General del Proceso celebrada el 9 de febrero de 2021, consider\u00f3 que la decisi\u00f3n estuvo debidamente fundamentada puesto que, \u00abel estatuto procesal general estableci\u00f3 en su art\u00edculo 227 las directrices para materializar el mismo, determinando que la parte que pretenda valerse de un dictamen pericial deber\u00e1 aportarlo en la respectiva oportunidad de para pedir pruebas y cuando el t\u00e9rmino sea insuficiente as\u00ed deber\u00e1 se\u00f1alarlo; ahora si es parte demandada, quien pretende hacerlo valer como medio de prueba y sustento de sus excepciones el art\u00edculo 228 de la misma norma le otorga la siguiente oportunidad (\u2026)\u00bb, y en relaci\u00f3n con la inspecci\u00f3n judicial, afirm\u00f3 que, \u00abla misma en esta clase de proceso no es de car\u00e1cter obligatorio y no es necesario su decreto si existen otras pruebas, para tal solicitud tampoco se esgrimi\u00f3 imposibilidad alguna de suministrar por la parte solicitante otros medios de prueba; atendiendo lo anterior, se tiene que la parte que hoy funge como accionante desconoci\u00f3 y desaprovech\u00f3 sus oportunidades procesales, y las excepciones a las reglas de ley para estos casos, solo se limit\u00f3 a la mera enunciaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. Horacio Galvis Julio, igualmente demandado en el proceso ejecutivo, manifest\u00f3 coadyuvar las pretensiones formuladas por el accionante. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Monter\u00eda, neg\u00f3 por improcedente el amparo, tras considerar que, el se\u00f1or Galvis Negrete en el proceso ejecutivo \u00abcumpli\u00f3 parcialmente con la carga procesal de la prueba pericial; toda vez que solicit\u00f3 \u00e9sta, pero no aport\u00f3 nada al respecto, de igual forma, queda claro que dej\u00f3 precluir su oportunidad procesal para solicitar dicha prueba\u00bb, por lo que afirm\u00f3 <\/p>\n
\u00abes evidente para esta Sala que el accionante en verdad incumpli\u00f3 con la carga procesal impuesta en el art\u00edculo antes citado, toda vez que no aport\u00f3 en la contestaci\u00f3n de la demanda ni posteriormente, la experticia pretendida, como bien fue indicado anteriormente, siendo su obligaci\u00f3n hacerlo, m\u00e1s a\u00fan cuando alega que dicha prueba era primordial para establecer la inexistencia de la obligaci\u00f3n. Por lo tanto, no sobra advertir que, si era de su inter\u00e9s valerse de tal elemento de convicci\u00f3n, debi\u00f3 inexorablemente dentro de las oportunidades procesales referidas en procedencia, allegar tal experticia o, en su defecto, solicitar un lapso adicional para aportarlo, pero como as\u00ed no ocurri\u00f3, no resulta admisible pretender obtener su recaudo en oportunidad diferente y menos a trav\u00e9s de la acci\u00f3n constitucional de tutela\u00bb. <\/p>\n
Ahora, en relaci\u00f3n con la inspecci\u00f3n judicial, afirm\u00f3 que, en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00ba del art\u00edculo 236 del C\u00f3digo General del Proceso, \u00ab\u00e9sta solo es viable cuando no sea posible verificar los hechos por cualquier otro medio probatorio a disposici\u00f3n de la parte interesada\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo afirm\u00f3, que, con fundamento en el principio constitucional de la autonom\u00eda e independencia judicial, los jueces naturales tienen un amplio margen de libertad en cuanto a la valoraci\u00f3n probatoria y los criterios e interpretaciones jur\u00eddicas con las que fundamentan sus decisiones, por lo que, \u00abpara el Juez no era obligatorio decretar dicha prueba\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el apoderado del accionante, quien manifest\u00f3 que \u00abAl momento de contestar la demanda ejecutiva, los ejecutados desconoc\u00edan el correo electr\u00f3nico de Agroinsumos la central, y por consecuencias de la covid\u201319, donde el gobierno nacional decret\u00f3 el estado de emergencia, les era imposible radicar un derecho de petici\u00f3n para solicitar la informaci\u00f3n de facturas de ventas de insumo agr\u00edcolas, comprendido en el periodo del a\u00f1o 2016 a finales del 2017, la cual supuestamente dio origen al t\u00edtulo valor pagar\u00e9 436\u00bb. <\/p>\n
Reproch\u00f3 que, en el proceso ejecutivo no existieron pruebas suficientes para que el juez tuviera certeza de los hechos discutidos, motivo por el cual insisti\u00f3 en que si era procedente decretar las pruebas solicitadas. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Recuerda la Sala que en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, pues ello significar\u00eda un desconocimiento de los principios contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, no obstante, cuando los funcionarios judiciales incurran en un proceder abiertamente opuesto al ordenamiento legal, sin ninguna objetividad y, los interesados no cuenten con otro medio de defensa judicial, esta jurisdicci\u00f3n est\u00e1 llamada a intervenir en aras de conjurar o evitar la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales involucradas. <\/p>\n
2. En el evento que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, la revisi\u00f3n del expediente remitido a este tr\u00e1mite que contiene la decisi\u00f3n reprochada al Juzgado Primero Civil del Circuito de Ceret\u00e9 de 22 de abril de 2022, se observa que, inicialmente resalt\u00f3 que la parte ejecutada apel\u00f3 el auto por cuanto neg\u00f3 la inspecci\u00f3n judicial en la audiencia inicial, motivo por el cual destac\u00f3 que solo se pronunciar\u00eda frente a dicha prueba, conforme al art\u00edculo 320 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Seguidamente explic\u00f3 que la jurisprudencia de esta Sala de Casaci\u00f3n, ha reiterado que el decreto de dicha prueba, solo se ordenar\u00e1 cuando sea imposible verificar los hechos con los dem\u00e1s medios probatorios, motivo por el cual, indic\u00f3 que la parte ejecutada pudo \u00abaportar al plenario un dictamen pericial, o solicitar la exhibici\u00f3n de documentos, con los cuales tanto las partes como el operador judicial podr\u00edan haber tenido acceso a la informaci\u00f3n que se aduce necesaria para la parte opositora\u00bb. <\/p>\n
Igualmente advirti\u00f3 que, <\/p>\n
\u00abno desconoce el despacho que los documentos privados son por regla general reservados, sin embargo, acorde con la din\u00e1mica probatoria vigente, se espera que la parte adelante un m\u00ednimo de gesti\u00f3n encaminada a la concesi\u00f3n del recaudo probatorio acorde a su inter\u00e9s, y en caso de resultar frustrado con la contraparte, dar cuenta de ello a la autoridad judicial, toda vez que, acorte al art\u00edculo 15, inciso 4\u00ba de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica \u201cPara efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspecci\u00f3n, vigilancia e intervenci\u00f3n del Estado podr\u00e1 exigirse la presentaci\u00f3n de libros de contabilidad y dem\u00e1s documentos privados, en los t\u00e9rminos que se\u00f1ale la ley.\u201d Haciendo uso incluso de las facultades previstas en el art\u00edculo 229 numeral 1 del C.G.P\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, confirm\u00f3 la providencia apelada, puesto que, \u00abacorde a lo dicho en los interrogatorios de parte efectuados en la audiencia inicial, no se realiz\u00f3 solicitud alguna a la ejecutante encaminada a procurar la consecuci\u00f3n de los documentos requeridos como prueba (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, al resolver el recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia de 10 de marzo del 2021 por la cual el Juzgado Promiscuo Municipal de Cotorra orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, luego de referir a las generalidades de los t\u00edtulos valores, hacer relaci\u00f3n a los art\u00edculos 619 y del C\u00f3digo de Comercio y hacer relaci\u00f3n a la jurisprudencia de esta sala de Casaci\u00f3n en relaci\u00f3n con los t\u00edtulos valores en blanco, confirm\u00f3 la misma tras considerar, <\/p>\n
En el asunto, la apelaci\u00f3n propuesta se cifra en el eventual decreto del medio de prueba de inspecci\u00f3n judicial, pues seg\u00fan su dicho, ello sirve de base para determinar la existencia de la acreencia, su cuantificaci\u00f3n, creaci\u00f3n y vencimiento, sin embargo, no tiene en cuenta el recurrente las caracter\u00edsticas de literalidad y autonom\u00eda de los t\u00edtulos judiciales, las cuales, por dem\u00e1s, nunca fueron discutidas ni controvertidas por la parte resistente, reconociendo incluso la autenticidad de la firma de los deudores, aseverando incluso, que el pagar\u00e9 empleado como t\u00edtulo valor fue firmado en blanco y en una data anterior a la fecha de diligenciamiento. <\/p>\n
Es claro, que en el expediente existe orfandad probatoria que controvierta la presunci\u00f3n de autenticidad del t\u00edtulo, asimismo, brilla por su ausencia en su contenido y en apego al principio de literalidad la existencia de anotaciones en su cuerpo que demuestren la ocurrencia de pagos parciales o total efectuados al acreedor con cargo a dicha obligaci\u00f3n; am\u00e9n que no existe prueba alguna que demuestre la existencia de recibos u otro documento que permita demostrar dichas afirmaciones. <\/p>\n
As\u00ed como tampoco existe asomo de duda respecto de la existencia de l\u00edmites a la negociabilidad del t\u00edtulo o circulaci\u00f3n, pues se tiene claro que conforme la concepci\u00f3n legal antes citada, este es un atributo \u00ednsito a un t\u00edtulo valor, y solo bajo la literalidad del mismo puede ser restringida su negociabilidad, pues desde su suscripci\u00f3n va involucrada su intenci\u00f3n y\/o car\u00e1cter negociable, pues en el titulo valor empleado no se consign\u00f3 restricci\u00f3n alguna a la negociabilidad\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n explic\u00f3, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) si bien se acepta los libros contables y libros de comercio son documentos reservados de conformidad al art\u00edculo 61 del C. de Co., la imposibilidad de su acceso o consecuci\u00f3n debe ser informado al juez cognoscente para que en ejercicio de sus atribuciones legales ordene su exhibici\u00f3n y dem\u00e1s pruebas relativas y necesarias acorde a los fines que se pretenden, si as\u00ed lo solicita la parte interesada, o bien, acredite la renuencia de la contraparte a suministrar la informaci\u00f3n requerida, en cuyo caso, la parte que obstaculice el recaudo de una prueba se har\u00e1 acreedor a las sanciones a lugar por sus actuaciones procesales, temerarias o de mala fe. <\/p>\n
En suma, dado que se deneg\u00f3 el decreto de la prueba de inspecci\u00f3n judicial deprecada por la parte ejecutada conforme los argumentos expuestos en ep\u00edgrafe precedente, y no existiendo elementos probatorios nuevos que indiquen un hecho novel que var\u00ede los tra\u00eddos desde la primera instancia, es claro que no hay probanzas que tengan la entidad para refutar las argumentaciones jur\u00eddicas y f\u00e1cticas expuestas por la primera instancia\u00bb. <\/p>\n
3. Conforme a lo expuesto, para la Corte los argumentos del Juzgado accionado al resolver los recursos de apelaci\u00f3n resultan consistentes, claros y est\u00e1n exentos de capricho, descuido o de un juicio contraevidente, como para ameritar la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n, lo anterior, toda vez que la parte ejecutada pudo probar lo que pretend\u00eda demostrar con la inspecci\u00f3n judicial, con otros medios de prueba, no obstante, no fueron pedidos o como en el caso de la prueba pericial, fue solicitado, pero nunca aportado, motivo por el cual no se cumpl\u00edan los requisitos que el estatuto procesal vigente y la jurisprudencia ha impuesto para el decreto de la inspecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
4. En ese orden, el ataque dirigido a descalificar la argumentaci\u00f3n y valoraci\u00f3n probatoria realizada por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ceret\u00e9, aparece como una diferencia conceptual no susceptible de ser avalada a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela, instrumento que no es una instancia adicional para calificar cu\u00e1l de las posiciones es la que resulta correcta en el caso en concreto, m\u00e1xime, cuando la interpretaci\u00f3n del Juez de instancia, no resulta caprichosa o que la misma configure una v\u00eda de hecho. (Ver entre otras, CSJ Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; exp. 2012-01828-01, reiterada en STC825-2020, STC 10259 de 2021 y STC2621-2022). <\/p>\n
5. Ahora bien, en cuanto a los reparos realizados por el accionante, frente a la prueba pericial, se observa que no expuso ning\u00fan reparo contra la decisi\u00f3n del Juzgado Promiscuo Municipal de Cotorra, cuando neg\u00f3 la misma, motivo por el cual no se acredita el presupuesto de subsidiariedad de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
En efecto, el apoderado de la parte ejecutada present\u00f3 recurso de reposici\u00f3n y posteriormente apelaci\u00f3n contra el auto que neg\u00f3 las pruebas solicitadas, considerando que era fundamental la pr\u00e1ctica de la inspecci\u00f3n judicial, sin embargo, no manifest\u00f3 nada frente al dictamen pericial1. <\/p>\n
Lo anterior, desencadena en la improcedencia del amparo impidiendo el estudio de fondo sobre dicho punto, toda vez que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo excepcional, subsidiario, y residual, que exige el agotamiento de todas las v\u00edas ordinarias que los usuarios tienen a su alcance, previo a la intervenci\u00f3n de la jurisdicci\u00f3n constitucional. (Ver entre otras, CSJ STC5909-2021 y STC2808-2022). <\/p>\n
6. De conformidad con lo anterior, se confirmar\u00e1 la sentencia constitucional impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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