STC7532-2022<\/p>\n
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LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7532-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2022-01785-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de quince de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por C\u00e9sar Augusto Ni\u00f1o Carrillo contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales de acceso a la justicia y debido proceso \u2013en sus modalidades de defensa y contradicci\u00f3n\u2013, entre otras, supuestamente vulneradas por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. En sustento de sus s\u00faplicas, indic\u00f3 que Raping S.A.S. y Expom\u00e1quinas S.A.S. promovieron un juicio verbal de cumplimiento de contrato de compraventa celebrado mediante escritura p\u00fablica n.\u00ba 1865 del 15 de septiembre de 2017, respecto de un predio ubicado en el proyecto inmobiliario Canc\u00fan Club (rad. n.\u00ba 2018-00272), cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Civil del Circuito de C\u00facuta, quien accedi\u00f3 al petitum, conden\u00e1ndolo al pago de $400.000.000 m\u00e1s intereses. <\/p>\n
Inconforme, recurri\u00f3 en apelaci\u00f3n, pero la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de esa localidad, el 11 de mayo de 2022, confirm\u00f3 la resoluci\u00f3n del a quo, incurriendo en m\u00faltiples defectos de procedencia excepcional del amparo: (i) procedimental, por no resolver de fondo los motivos de inconformidad desarrollados en la alzada; (ii) f\u00e1ctico, por indebida valoraci\u00f3n probatoria; y (iii) sustantivo, por fundar la determinaci\u00f3n en una norma inaplicable al caso \u2013art\u00edculo 1948 del C\u00f3digo Civil\u2013 y motivar de forma insuficiente el fallo. <\/p>\n
En ese orden, desarroll\u00f3 in extenso las alegadas irregularidades, para concluir que con esa actuaci\u00f3n se menoscabaron sus prerrogativas fundamentales. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, pidi\u00f3, en compendio, \u00abAMPARAR mis derechos al Debido Proceso y al acceso a la justicia y los dem\u00e1s que usted como juez constitucional encuentre vulnerados, toda vez que el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO DE C\u00daCUTA \u2013 SALA CIVIL, a trav\u00e9s del fallo de segunda instancia del 11 de mayo de 2022 dentro del proceso con Radicado 540013153001-2018-00272-01, incurri\u00f3 en una v\u00eda de hecho por defecto procedimental, sustantivo y defecto f\u00e1ctico, desconociendo flagrantemente principios constitucionales y legales\u00bb y \u00abREVOCAR el fallo proferido en segunda instancia\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Sexto Civil del Circuito de C\u00facuta relacion\u00f3 las partes e intervinientes del ejecutivo singular que se tramita a instancias de ese despacho (rad. n.\u00ba 2018-00030). <\/p>\n
2. El apoderado de Raping y Expom\u00e1quinas S.A.S. se opuso a la prosperidad del petitum, porque, en su criterio, no se configur\u00f3 ninguna de las causales generales y espec\u00edficas de procedencia del resguardo contra providencias judiciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad convocada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el verbal de cumplimiento de contrato de compraventa que se promovi\u00f3 contra el libelista (rad. n.\u00ba 2018-00272), por confirmar la resoluci\u00f3n estimatoria de primer grado, supuestamente, en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las decisiones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta confirm\u00f3 la providencia estimatoria de primer grado en el proceso de cumplimiento de contrato de compraventa que se inici\u00f3 contra el aqu\u00ed convocante (rad. n.\u00ba 2018-00272), no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
3.1. En primer lugar, el ad quem se refiri\u00f3 a la previsi\u00f3n del art\u00edculo 1546 del C\u00f3digo Civil, que consagra la condici\u00f3n resolutoria contractual, para colegir que \u00abesta norma determina en caso de incumplimiento del contrato, la posibilidad de dos acciones: la de la resoluci\u00f3n del contrato, que no es otra cosa que la destrucci\u00f3n del mismo, en otros t\u00e9rminos, la de dejarlo sin efectos para volver las cosas al estado en que se encontraban al momento de su celebraci\u00f3n; o la del cumplimiento forzado del contrato, que en cualquiera de los casos, para su buen suceso, es indispensable la existencia de un contrato bilateral v\u00e1lido; el incumplimiento de las obligaciones de manera total o parcial por parte del demandado, e, igualmente, el cumplimiento del demandante de lo convenido, o por lo menos que se haya allanado a cumplirlas en la forma y tiempo debido\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, explic\u00f3 que \u00aben lo que ata\u00f1e a los contratos de compraventa el c\u00f3digo civil consagra en el art\u00edculo 1930, la opci\u00f3n del vendedor para exigir el pago del precio o ejercer la acci\u00f3n resolutoria del contrato por el incumplimiento de \u00e9sta obligaci\u00f3n, que es la principal del comprador como reza el art\u00edculo 1928 de la misma codificaci\u00f3n, previendo aqu\u00e9lla norma, que \u201cSi el comprador estuviere constituido en mora de pagar el precio en el lugar y tiempo dichos, el vendedor tendr\u00e1 derecho para exigir el precio o la resoluci\u00f3n de la venta, resarcimiento de perjuicios\u201d\u00bb, por lo que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) haciendo uso de tal prerrogativa, la del cumplimiento del contrato y no la de resoluci\u00f3n, por haberse renunciado expresamente a ella, los representantes legales de las sociedades Raping S.A.S. y Expom\u00e1quinas S.A.S. en su calidad de vendedores, demandan del comprador C\u00e9sar Augusto Ni\u00f1o Carrillo el pago del precio convenido en el contrato de compraventa celebrado mediante la escritura p\u00fablica No. 1865 del 15 de septiembre de 2017, respecto del apartamento 1205 B d\u00faplex que hace parte del proyecto inmobiliario denominado CANCUN CLUB, ubicado en la avenida 5\u00aa con la calle 54 sector Cristales de la Urbanizaci\u00f3n La Floresta del Municipio de los Patios, inmueble identificado con matr\u00edcula inmobiliaria No. 260- 264865 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de esta ciudad; esto es, la suma de cuatrocientos millones de pesos ($400.000.000), que aunque se dice en la cl\u00e1usula cuarta del contrato fue recibida de manos del comprador, en realidad \u00e9stos no la recibieron. <\/p>\n
El contrato de compraventa de bienes ra\u00edces, es un contrato solemne, como lo consagra el art\u00edculo 1857 del estatuto sustancial, para cuyo perfeccionamiento se requiere que conste en escritura p\u00fablica. De manera que, al perfeccionarse la venta, surge para el vendedor la obligaci\u00f3n de tradici\u00f3n o entrega de la cosa y su saneamiento (art\u00edculo 1880) y para el comprador, la del pago de precio (art. 1928). En el caso que nos ocupa no existe discusi\u00f3n alguna en cuanto a que las partes celebraron el contrato de compraventa respecto del bien inmueble con matr\u00edcula inmobiliaria No. 260- 264865 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de esta ciudad, ni tampoco en que las sociedades vendedoras cumplieron su obligaci\u00f3n de dar, al transferir jur\u00eddica y materialmente al comprador el dominio de la cosa, pues as\u00ed se desprende del instrumento p\u00fablico allegado con la demanda12 e igualmente con su registro en la anotaci\u00f3n No.6 del referido folio de matr\u00edcula inmobiliaria\u00bb. <\/p>\n
De ese modo, se\u00f1al\u00f3 que \u00aben cuanto al precio y su forma de pago, obligaci\u00f3n que compet\u00eda al comprador, a voces de los vendedores fue incumplida por el comprador C\u00e9sar Augusto Ni\u00f1o Carrillo, no obstante haber se\u00f1alado las partes en el mencionado instrumento, que \u201cLos contratantes han determinado el precio de esta compraventa, es la suma de CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($400.000.000), los cuales EL COMPRADOR ha pagado o cancelado en su totalidad y LOS VENDEDORES, declara haber recibido de contado y a su entera satisfacci\u00f3n, a la firma de esta escritura. PAR\u00c1GRAFO. Como consecuencia de haberse pagado la totalidad del precio, LOS VENDEDORES renuncia a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 1930 del c\u00f3digo civil, de tal forma que la presente venta es irresoluble y s\u00ed se adeudare alg\u00fan saldo se deber\u00e1 acudir a la acci\u00f3n ejecutiva o de cumplimiento de contrato\u201d\u00bb. <\/p>\n
\u00abHabi\u00e9ndose consignado ello, dado que la escritura p\u00fablica es un instrumento que tiene el car\u00e1cter de requisito ad substantiam actus y ad probationem, con una fuerza suficiente para imponerse a las partes mientras no obre pronunciamiento judicial que declare lo contrario, esa expresa constancia dejada en el clausulado de la misma, sobre la satisfacci\u00f3n del pago del precio pactado, tiene el alcance probatorio previsto en el art\u00edculo 257 del C\u00f3digo General del Proceso, norma seg\u00fan la cual \u201cLos documentos p\u00fablicos hacen fe de su otorgamiento, de su fecha y de las declaraciones que en ellos haga el funcionario que los autoriza. <\/p>\n
Las declaraciones que hagan los interesados en escritura p\u00fablica tendr\u00e1n entre estos y sus causahabientes el alcance probatorio se\u00f1alado en el art\u00edculo 250\u201d, canon \u00e9ste que prev\u00e9, que \u201cla prueba que resulte de los documentos p\u00fablicos y privados es indivisible y comprende aun lo meramente enunciativo, siempre que tenga relaci\u00f3n directa con lo dispositivo del acto o contrato\u201d. <\/p>\n
De ah\u00ed que como lo tiene dicho la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, \u201clas declaraciones que hacen las partes en una escritura p\u00fablica tienen plena fuerza obligatoria entre ellas y sus causahabientes desde el punto de vista probatorio, asimil\u00e1ndose su contenido a una confesi\u00f3n, siendo su poder de convicci\u00f3n pleno mientras no sea impugnado en forma legal y desvirtuado con otras pruebas que produzcan certeza en el juez.\u201d (CSJ Sala Civil, Sentencia SC- 112942016 (11001311001020080016201), ago. 17\/16). <\/p>\n
Y es que de lo preceptuado en el canon 1934 del C\u00f3digo Civil se deduce sin hesitaci\u00f3n alguna que \u201csi en la escritura de venta se expresa haberse pagado el precio, no se admitir\u00e1 prueba alguna en contrario sino la nulidad o falsificaci\u00f3n de la escritura, y solo en virtud de esta prueba habr\u00e1 acci\u00f3n contra terceros poseedores\u201d, lo que constituye una presunci\u00f3n legal, cuyo alcance ha sido establecido por la jurisprudencia para los terceros adquirentes de buena fe que puedan resultar afectados por reclamaciones posteriores al inicio de su posesi\u00f3n, m\u00e1s no para los contratantes primigenios que dejaron expresa constancia de la satisfacci\u00f3n del precio pagado, puesto que en tal evento, como ocurre en el sublite, puede acreditarse la \u201cfalta de pago\u201d, acudiendo a todos los medios probatorios autorizados en el ordenamiento adjetivo, con las limitaciones de valoraci\u00f3n contenidas en los art\u00edculos 257 y 250 ya anotados <\/p>\n
Sobre ese punto la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia refiri\u00e9ndose a la interpretaci\u00f3n del citado precepto, en la sentencia que dictara el 21 de octubre de 2010, dentro del proceso radicado 2003-00527-01, se pronunci\u00f3 diciendo (\u2026). <\/p>\n
Acorde con lo anterior, es clara la posibilidad que tienen los contratantes con posterioridad a la celebraci\u00f3n del negocio jur\u00eddico contenido en una escritura p\u00fablica en la que conste haberse pagado el precio, de demostrar, a\u00fan contra lo consignado en dicho instrumento, el incumplimiento del contrato por no haberse efectuado ello, acudiendo para tal efecto a cualquiera de los medios de prueba que la ley prev\u00e9. <\/p>\n
No obstante la facultad que tienen los contratantes de alegar el incumplimiento del contrato a pesar de encontrarse vertido el mismo en una escritura p\u00fablica y, de haberse insertado en \u00e9sta que las obligaciones propias del mismo se cumplieron, cuando se aduce el no pago del precio por el adquirente por parte del enajenante demandante, circunstancia que contradice lo dicho en el documento p\u00fablico, deber\u00e1 \u00e9ste acreditar de manera fehaciente tal incumplimiento, sin que pueda trasladarle la carga de la prueba al demandado, porque contrario a lo que consider\u00f3 el a-quo, ante tal circunstancia, no puede hablarse de una negaci\u00f3n indefinida sino definida, raz\u00f3n por la cual no es viable aplicarle los efectos propios del inciso final del art\u00edculo 167 del C\u00f3digo General del Proceso, que reprodujo el canon 177 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, conforme al cual \u201cLos hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren de prueba\u201d, puesto que la raz\u00f3n de ser, de la exenci\u00f3n de prueba de la negaci\u00f3n o afirmaci\u00f3n indefinida, es la imposibilidad de demostrar lo que se afirma o se niega a trav\u00e9s de los medios de convicci\u00f3n, por no estar delimitados los hechos y no existir otros que se le contrapongan, lo que no encaja en el presente caso\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, estim\u00f3 que \u00abhabida consideraci\u00f3n que los vendedores sostienen que el pago del precio de la compraventa del bien inmueble no se realiz\u00f3, pese a que al celebrar el negocio jur\u00eddico, dichos contratantes consignaron en la escritura p\u00fablica haber recibido \u201cde contado y a su entera satisfacci\u00f3n\u201d la suma de $400.000.000 como precio del bien, estos est\u00e1n obligados a demostrar tal aseveraci\u00f3n, porque como anteladamente se dijera, no puede considerarse la misma como una negaci\u00f3n indefinida, sino como una definida, dado que si el mismo actor aport\u00f3 el contrato contentivo de una obligaci\u00f3n pura y simple, que demostraba el hecho, debe demostrar por cualquiera de los medios de prueba dispuestos en la ley procesal, que lo consignado en la escritura p\u00fablica era contrario a la realidad\u00bb. Al efecto, precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abImporta para el caso traer a colaci\u00f3n, lo dicho por la Sala de Casaci\u00f3n civil en la providencia SC172-2020, en la que dej\u00f3 sentado, que \u201cno es suficiente decir frente a un contrato, que algo dej\u00f3 de ocurrir para relevar al interesado de la carga demostrativa, cuando con tal proceder se cuestionan posiciones contrarias asumidas con antelaci\u00f3n, pues con ello se estar\u00eda tolerando el desconocimiento del principio b\u00e1sico de la buena fe negocial, y pretiriendo a su vez, la doctrina de los actos propios17. As\u00ed mismo, el cumplimiento de una prestaci\u00f3n, como el pago, desde luego, conlleva la existencia de un hecho contrario, como es el incumplimiento, ambas cosas, por lo tanto, susceptibles de acreditaci\u00f3n. En este evento, se trata de hechos definidos relacionados con una prestaci\u00f3n, sujetos al r\u00e9gimen relacionado con el deber de probarlos, sentado de modo general en el art\u00edculo 1757 del C.C., seg\u00fan el cual \u201cincumbe probar las obligaciones o su extinci\u00f3n al que alega aquellas o esta\u201d. <\/p>\n
Por tanto, la constancia expresa de los contratantes declar\u00e1ndose \u201ca paz y salvo por todo concepto\u201d, de donde asumi\u00f3 el tribunal que el precio lo recibi\u00f3 la cedente a satisfacci\u00f3n, no pod\u00eda rebatirlo esta con el simple dicho de que ning\u00fan desembolso se hizo por parte del cesionario, pues desconocer\u00eda su propia aserci\u00f3n dejada sin ninguna condici\u00f3n en la literalidad del acuerdo, requiriendo para tal efecto, haber desplegado con arrojo todos los medios de prueba a su disposici\u00f3n con el fin de restarle valor.\u201d En un asunto de similares contornos f\u00e1cticos al que hoy nos ocupa, la misma Corporaci\u00f3n dej\u00f3 claro en cuanto al alcance de las negaciones de las partes, en sus escritos y declaraciones en el curso del proceso, que la sola atestaci\u00f3n de falta de ocurrencia de una determinada situaci\u00f3n, no implica que se configuren los efectos del inciso final del art\u00edculo 167 del estatuto procesal civil, por cuanto \u201cLos mismos dependen de la imposibilidad pr\u00e1ctica de acreditar ciertas circunstancias que son indefinidas en el tiempo y que no se contraponen a afirmaciones previas que se pretenden desvirtuar.\u201d\u00bb. <\/p>\n
Por ello, enfatiz\u00f3 en que \u00abes viable el debate entre los contratantes por el no pago del precio convenido, pero igualmente debe tenerse en cuenta, que es el acreedor demandante quien tiene la carga de probar que el pago no se hizo, por no ser la falta de pago una negaci\u00f3n indefinida, sino una negativa definida, quedando consiguientemente en cabeza del demandante la obligaci\u00f3n de probar que el precio convenido que previamente manifest\u00f3 haber recibido de manos del comprador no se recibi\u00f3\u00bb, aunado a que, de acuerdo con los medios de convicci\u00f3n adosados a la foliatura, encontr\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00abLa parte demandante en aras de probar su aseveraci\u00f3n atinente al no pago del precio, alleg\u00f3 con el traslado de las excepciones propuestas por el demandado, las certificaciones expedidas por Leidy Viviana P\u00e9rez Vesga y Julio G\u00f3mez Fl\u00f3rez, contadores de Expom\u00e1quinas S.A.S, y Raping S.A.S. respectivamente, en las cuales se hace constar, que el dinero producto de la venta del apartamento 1205 del Edificio Canc\u00fan, inmueble del cual eran propietarias en un 50% cada una de ellas, no \u201cingres\u00f3 al momento de la transacci\u00f3n, y que por lo tanto fue llevado a cuentas por cobrar a nombre del se\u00f1or en menci\u00f3n\u201d, esto es, de C\u00e9sar Augusto Ni\u00f1o Carrillo. <\/p>\n
Documentos que demuestran contablemente que dichos dineros no entraron a las sociedades demandantes, lo que hace inferir el no pago del precio por parte del mentado comprador Ni\u00f1o Carrillo. <\/p>\n
Aunado a estas pruebas documentales, se tiene la declaraci\u00f3n de la contadora de Expom\u00e1quinas S.A.S., Leidy Viviana P\u00e9rez Vesga, quien dijo que por la venta del 50% de dicho bien, de la cual era propietaria la aludida empresa, no se recibi\u00f3 ning\u00fan soporte o transferencia en la contabilidad, y que cuando se lo exigi\u00f3 a la representante legal de la sociedad, \u00e9sta le manifest\u00f3 que hab\u00edan firmado la escritura pero que no hab\u00edan cancelado el precio. <\/p>\n
A su turno, Esperanza Pino Moreno, representante legal de Expom\u00e1quinas S.A.S, abogada de profesi\u00f3n, al ser indagada sobre la celebraci\u00f3n del contrato de compraventa que nos ocupa, adujo haber firmado la escritura p\u00fablica de compraventa pero que no recibi\u00f3 ning\u00fan dinero. Cuando el juez de primera instancia le pregunt\u00f3 sobre el motivo por el cual en la escritura p\u00fablica se dej\u00f3 constancia de que el precio hab\u00eda sido cancelado, \u00e9sta afirm\u00f3 que \u201ccuando fui a firmar la escritura no hab\u00eda ning\u00fan representante o la persona que iba a comprar el inmueble, llame y dije que no hab\u00eda nadie y me dijeron que no hab\u00eda problema, firma que ellos son personas bien, ellos dijeron que una vez se entregara el bien porque estaba ocupado, ellos pagaban el dinero de la venta\u201d agregando que no ha recibido ning\u00fan dinero por la venta de ese inmueble. <\/p>\n
Dice as\u00ed mismo, que no recuerda que previamente se hubiera celebrado una promesa de compraventa sobre ese inmueble, pero que el compromiso de pago del precio por parte del comprador era una vez se entregara el apartamento porque se encontraba ocupado, pero que ese convenio de entrega del inmueble y de pago fue en forma verbal. Cuando el juez le pregunt\u00f3 acerca de por qu\u00e9 en la escritura p\u00fablica se consign\u00f3 que la entrega del bien ya se hab\u00eda realizado y que por tanto el comprador renunciaba a la acci\u00f3n resolutoria, la representante legal contest\u00f3 \u201cporque as\u00ed se hizo, confiando en que ellos en el momento de firmar iban a entregar el dinero\u201d, precisando que Expom\u00e1quinas S.A.S. no hab\u00eda celebrado previamente ning\u00fan contrato con el demandado, pues \u00e9ste es el \u00fanico negocio que dicha sociedad ha celebrado con C\u00e9sar Augusto Ni\u00f1o Carrillo y no sabe qui\u00e9n le entreg\u00f3 el inmueble, manifestando que tampoco recuerda la fecha en que se hizo la entrega pero que tuvo que ser antes que terminara el a\u00f1o 2017. <\/p>\n
Sobre los antecedentes del negocio, la se\u00f1ora Pino Moreno explico que \u201cel apartamento lo ten\u00edamos y ellos se interesaron en el apartamento; mi sobrino me llam\u00f3 y me dijo que estaban interesados en el apartamento que si yo quer\u00eda vender la parte m\u00eda porque mi otro sobrino hab\u00eda dicho que s\u00ed. Como se estaba necesitando dinero para invertir en mi empresa pues entonces acept\u00e9 y as\u00ed fue que se hizo la negociaci\u00f3n, por intermedio de mi sobrino\u201d \u201cComo ellos lo conoc\u00edan, pues se hizo la negociaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Y dado que los se\u00f1ores Ra\u00fal y Juan Pablo Pino Granados, sobrinos de la deponente, sosten\u00edan relaciones comerciales con C\u00e9sar Augusto Ni\u00f1o Carrillo, relacionados con la distribuci\u00f3n y venta del aguardiente Antioque\u00f1o, aproximadamente durante 6-8 a\u00f1os, confi\u00f3 en que el demandado iba a pagar, pero tiene conocimiento que existe un proceso judicial entre las partes por esos negocios, porque no han pagado el dinero por la venta de ese licor. <\/p>\n
Por su parte, el se\u00f1or Ra\u00fal Pino Granados, representante legal de la sociedad Raping S.A.S, economista de profesi\u00f3n, en el interrogatorio que rindiera ante el juzgado de primer grado manifest\u00f3, no saber el motivo por el cual las estipulaciones sobre el pago del precio se hicieron en la escritura p\u00fablica 1865 de 2017, precisando que se firm\u00f3 de buena fe, pero que no han recibido dinero alguno por la venta de ese inmueble. Agrega que el pago deb\u00eda hacerse al momento en que se entregara el bien porque para esa fecha estaba ocupado y se desocup\u00f3 para noviembre de 2017 m\u00e1s o menos, sin tener conocimiento claro de quien le entreg\u00f3 las llaves del apartamento al demandado. Dice que con el se\u00f1or C\u00e9sar Augusto Ni\u00f1o Carrillo como miembro del Consorcio Antioque\u00f1o, s\u00ed han tenido relaciones comerciales de venta de licor, de aguardiente antioque\u00f1o, pero que los negocios los sosten\u00edan era con su hermano Juan Pablo Pino Granados. Que no hizo ning\u00fan requerimiento al demandado porque estaba esperando que le pagara, pero, pas\u00f3 el tiempo y ya no se puede esperar m\u00e1s. As\u00ed mismo, ti\u00e9nese como el demandado C\u00e9sar Augusto Ni\u00f1o Carrillo no compareci\u00f3 al interrogatorio que fue solicitado por la parte actora, allegando como justificaci\u00f3n de su inasistencia a la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento, una incapacidad m\u00e9dica, excusa que se tuvo como no v\u00e1lida, circunstancia que conforme a la previsi\u00f3n del numeral 4\u00ba del art\u00edculo 372 del C. G. del P. hace \u201cpresumir ciertos los hechos susceptibles de confesi\u00f3n en que se funde la demanda.\u201d <\/p>\n
Presunci\u00f3n que si bien es cierto es legal, raz\u00f3n por la cual admite prueba en contrario, como lo dice el tratadista Hern\u00e1n Fabio L\u00f3pez Blanco, \u201ctiene como efecto que, salvo que se demuestre lo contrario, se proferir\u00e1 sentencia en un sentido desfavorable para los intereses del renuente, con excepci\u00f3n de los pocos casos en los que no sea admisible la prueba de confesi\u00f3n.\u201d21, medio probatorio que al ser admisible en este asunto, por ser viable el mismo para demostrar lo discutido, desencadena en la consecuencia prevista en la norma citada, esto es, en dar por ciertos los hechos fundamento de la demanda\u00bb. <\/p>\n
Ahora bien, sobre la presunci\u00f3n de veracidad de los hechos susceptibles de confesi\u00f3n en los que se fundament\u00f3 la demanda, el colegiado memor\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) como quiera (sic) que no se desvirtuaron los hechos en los que se sustent\u00f3 la demanda, los cuales eran susceptibles de confesi\u00f3n, lo que junto con las dem\u00e1s probanzas obrantes en el plenario, que fueron analizadas conforme a las reglas de la sana cr\u00edtica, que consiste, como es sabido, en efectuar el examen de todas las pruebas con apoyo en la l\u00f3gica, la equidad, la ciencia y la experiencia para llegar a un convencimiento homog\u00e9neo, sobre el cual edificar el fallo, se llega a la conclusi\u00f3n [de] que la demanda debe prosperar, puesto que se considera demostrado que el contrato fundamento de esta acci\u00f3n fue incumplido, al no haberse pagado por parte del comprador, el precio acordado por las partes por el inmueble objeto de compraventa, sin que la parte demandada hubiere desvirtuado en manera alguna tal aserto, puesto que si bien aport\u00f3 un soporte contable que da cuenta de un pr\u00e9stamo que le hiciera el Consorcio Antioque\u00f1o del Oriente, por un valor de $599.670.000, no demostr\u00f3 por ning\u00fan medio, que parte de esa suma la hubiere invertido en pagar el precio convenido. Es que no est\u00e1 en discusi\u00f3n la capacidad econ\u00f3mica del demandado, sino el pago por parte de \u00e9ste, del valor del inmueble adquirido\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, en lo que respecta a los intereses civiles, adujo que se tuvieron en cuenta \u00aba partir del 31 de octubre de 2018, fecha de admisi\u00f3n de la demanda, que seg\u00fan el demandado contrar\u00eda lo dispuesto en el art\u00edculo 1617 del c\u00f3digo civil, sea del caso indicar, que ello no es opuesto al mismo, puesto que los intereses civiles que son los mandados a cancelar, no se pagan desde que el negocio se celebr\u00f3, sino como lo manda el art\u00edculo 1948 del C.C., a partir de la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda\u00bb, por lo que, \u00ablas pretensiones de la demanda est\u00e1n llamadas a prosperar, y como a la misma conclusi\u00f3n lleg\u00f3 el juez de primer nivel, aunque por motivos totalmente diferentes a los aqu\u00ed expuestos, la providencia apelada deber\u00e1 confirmarse\u00bb. <\/p>\n
3.2. Conforme con ello, la decisi\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo del censor no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se advierte es una diferencia de criterio de aquel frente a la autoridad accionada, en tanto no acogi\u00f3 sus argumentos. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la determinaci\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, rad. 02137-00). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La determinaci\u00f3n cuestionada se advierte razonable, en tanto no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por medio expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC7532-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC7532-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2022-01785-00 (Aprobado en Sala de quince de junio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por C\u00e9sar Augusto Ni\u00f1o […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-64497","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64497","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64497"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64497\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64497"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64497"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64497"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}