STC7534-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7534-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba11001-02-04-000-2022-00567-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo de 5 de abril de 2022, dictado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Luis Eduardo Ortega Fl\u00f3rez contra la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, extensiva a la Sala Laboral del Tribunal y el Juzgado Tercero Laboral del Circuito, ambos de Santa Marta, partes autoridades y dem\u00e1s intervinientes en el juicio n\u00b0 47001-31-05-003-2015-00388-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El convocante solicit\u00f3 se ordene dejar sin efecto la sentencia CSJ SL1269-2021 de 23 de marzo y la SL515-2022 de 12 de febrero de 2022 y, en consecuencia, se conceda un plazo prudencial para que dicha Sala reforme su decisi\u00f3n. <\/p>\n
En sustento de las s\u00faplicas, indic\u00f3 que promovi\u00f3 proceso ordinario laboral en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013Colpensiones, para obtener el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de vejez con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990 a partir del 8 de marzo de 2011, retroactivo pensional e intereses moratorios. Correspondi\u00f3 el asunto al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Santa Marta quien accedi\u00f3 a las pretensiones (4 may. 2016), en grado de consulta el Tribunal revoc\u00f3 el veredicto (20 feb. 2018), postul\u00f3 casaci\u00f3n y la Corte cas\u00f3 el fallo de segundo grado (SL1269-2021, mar.) y en sede de instancia revoc\u00f3 la del juzgado (SL515-2022, 14 feb.). <\/p>\n
Se doli\u00f3 de que la magistratura de casaci\u00f3n desconoci\u00f3 el precedente jurisprudencial en lo atinente a la mora patronal e incurri\u00f3 en indebida valoraci\u00f3n probatoria porque no se analizaron las historias laborales aportadas. <\/p>\n
2.- La magistratura de casaci\u00f3n defendi\u00f3 sus prove\u00eddos. Los jueces de instancia relataron lo acaecido en sus sedes. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n esgrimi\u00f3 la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. No hubo m\u00e1s intervenciones. <\/p>\n
3.- La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n desestim\u00f3 el ruego tras considerar que la providencia objeto de reproche \u00abcontiene motivos razonables, porque, para arribar a aquella conclusi\u00f3n, fueron expuestos varios argumentos con base en una ponderaci\u00f3n probatoria y jur\u00eddica, propia de la adecuada actividad judicial (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
4.- Recurri\u00f3 el quejoso e insisti\u00f3 en los argumentos del escrito inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Desde el p\u00f3rtico se anuncia la improsperidad del auxilio y, en consecuencia, ser\u00e1 confirmado el prove\u00eddo opugnado porque los razonamientos de la Sala hom\u00f3loga aqu\u00ed reprochados no lucen arbitrarios o caprichosos, conforme pasa a explicarse. <\/p>\n
Pues bien, en primera medida al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio, donde la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n cas\u00f3 la sentencia de 20 de febrero de 2018, emitida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, revocatoria de prove\u00eddo de primer grado que otorg\u00f3 al aqu\u00ed impugnante la prestaci\u00f3n econ\u00f3mica (SL1269-2021, 23 mar.), no se advierte la configuraci\u00f3n de alguna v\u00eda de hecho, menos la vulneraci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales invocadas, comoquiera que se ajust\u00f3 a una hermen\u00e9utica plausible. <\/p>\n
En punto a los reparos formulados por el casacionista, y una vez soslay\u00f3 las deficiencias de t\u00e9cnica en su proposici\u00f3n, se adentr\u00f3 en el an\u00e1lisis de los medios de prueba adosados y en ese escenario puntualiz\u00f3, <\/p>\n
Del reporte de las semanas de cotizaci\u00f3n del ISS, impreso por internet, el 10 de agosto de 2015, aportado con la demanda (f.\u00b0 20 a 22, ib.), del que alude el censor, ignor\u00f3 el Tribunal, se evidencia que con la empleadora, Paulina Linero de Pe\u00f1aloza, NIT 26663351, se reporta una mora entre el 1\u00b0 de febrero de 1998 al 30 de septiembre de 1999 y que, conforme al reporte de \u00abdetalles de pago efectuados a partir 1995\u00bb, se otea un pago efectuado el 20 de mayo de 1998, por ende, le asiste raz\u00f3n al recurrente en cuanto a que el ad quem, en su an\u00e1lisis, no advirti\u00f3 tal aspecto, m\u00e1xime que est\u00e1n en juego, un derecho pensional, de raigambre fundamental y con lo cual estaba obligado a examinar, si era viable su contabilizaci\u00f3n en este asunto, pues es evidente que su razonamiento lo apoy\u00f3 en la historia laboral que aport\u00f3 la demandada, de fecha 13 de abril de 2016, y que en contraposici\u00f3n a la analizada se observa una mora pero por el periodo de febrero de 1998 y solo coinciden con el pago advertido en precedencia. <\/p>\n
Para concluir que, <\/p>\n
(\u2026) la posibilidad de acreditar periodos de cotizaci\u00f3n para efectos de pensi\u00f3n, en los casos que se reporta mora del empleador, es menester contar con la certeza de que el v\u00ednculo laboral estuvo vigente durante el periodo reclamado. <\/p>\n
Por lo anterior, el cargo es fundado y se casar\u00e1 la sentencia. Sin costas en el recurso extraordinario. <\/p>\n
Acorde con lo dicho, en sede de instancia y para mejor proveer, de conformidad con lo establecido en los art\u00edculos 54 y 83 del CPTSS, se ordenar\u00e1 por secretar\u00eda se oficie al se\u00f1or Luis Eduardo Ortega Fl\u00f3rez, identificado con la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda n.\u00b0 12.588.686 de Plato, con fin de que en el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas contados a partir del recibo de la respectiva comunicaci\u00f3n, remita copia del contrato de trabajo, de los comprobantes de n\u00f3mina de la liquidaci\u00f3n de acreencias laborales, de la carta de terminaci\u00f3n del contrato de trabajo o de la renuncia y de las planillas de aportes a pensi\u00f3n que tenga a en su poder. <\/p>\n
As\u00ed, constituido en tribunal de instancia (SL515-2022, 14 feb), en el estudio de los reparos relacionados con la indebida valoraci\u00f3n probatoria de los medios que acreditaban que era beneficiario del r\u00e9gimen de transici\u00f3n y por ello rese\u00f1\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) se tiene que el actor naci\u00f3 el 8 de marzo de 1951 (f.\u00b0 9 y 10 del expediente principal), luego para el 1\u00b0 de abril de 1994, fecha en que entr\u00f3 en rigor el sistema general de pensiones – SGP, contaba con 43 a\u00f1os, por ende y en principio como se dijo en sede de casaci\u00f3n, es beneficiario del r\u00e9gimen de transici\u00f3n previsto en el art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993, por edad. <\/p>\n
Deviene entonces verificar si lo mantuvo para cuando entr\u00f3 a regir la mencionada reforma constitucional. A efecto, sobreviene recordar que no fue objeto de discusi\u00f3n que el demandante prest\u00f3 sus servicios para la Secretar\u00eda de Salud del Magdalena, en el periodo comprendido entre el 15 de junio de 1977 al 18 de abril de 1985, que corresponde a 7 a\u00f1os, 10 meses y 3 d\u00edas, para un total de 403,42 semanas (f.\u00b0 13 a 16, ib.). <\/p>\n
Igualmente se tiene que realiz\u00f3 aportes al ISS, hoy Colpensiones, pero en este punto, se requiri\u00f3 a dicha entidad la historia laboral actualizada del demandante, por cuanto la aportada con la demanda (f.\u00b0 20 y ss., ib.) se advert\u00eda con la empleadora, Paulina Linero de Pe\u00f1aloza, NIT 26663351, una mora entre el 1\u00b0 de febrero de 1998 al 30 de septiembre de 1999. Asimismo, se solicit\u00f3 al actor la documental pertinente en aras de constatar que en dicho periodo se verific\u00f3 un nexo laboral con el fin de convalidar los mismos, siguiendo la jurisprudencia construida por la Corte cuando se est\u00e1 en presencia de una mora patronal (CSJ SL, 22 jul. 2008, rad. 34270, CSJ SL763-2014, CSJ SL14092-2016, CSJ SL9034-2017, CSJ SL21800-2017, CSJ SL115-2018, y CSJ SL1691-2019). <\/p>\n
A su vez, cuando se ocup\u00f3 de la mora patronal en el pago de los aportes indic\u00f3 que <\/p>\n
(\u2026) de la informaci\u00f3n tra\u00edda por el accionante no se logra evidenciar que en ese interregno en mora prest\u00f3 sus servicios para la mencionada se\u00f1ora Linero de Pe\u00f1aloza, pues los documentos que aportaron no permiten demostrar que con aquella se verific\u00f3 un nexo laboral en el lapso aludido, en tanto, se trata de una renuncia al cargo suscrita por el actor y que se encuentra dirigida a aquella, en la que aparece fue recibida en agosto de 1999, por Alicia pues el apellido no se logra extraer, pero este simple hecho no da certeza de aquel v\u00ednculo, puesto que adem\u00e1s el apoderado judicial pone de manifiesto que tal acto se present\u00f3 \u00aba la empresa colocadora de empleo (Bolsa de Trabajo de la \u00e9poca) que lo hab\u00eda contratado para su labor de chofer de cami\u00f3n repartidor y que era gerenciado por la Sra. PAULINA LINERO DE PENAOZA (sic)\u00bb lo que pone en evidenciaque no se tiene claridad de quien lo contrat\u00f3; tampoco las tarjetas de comprobaci\u00f3n de derechos del ISS dan fe de que labor\u00f3 en dicho interregno, puesto que ah\u00ed aparece registrados unos aportes para los a\u00f1os de 1986 y 1987, que no guarda relaci\u00f3n con ese periodo en mora. <\/p>\n
De ah\u00ed concluy\u00f3 que es inexistente la presunta mora patronal endilgada, toda vez que se requiere la presencia de una relaci\u00f3n laboral, cuesti\u00f3n que no sucedi\u00f3 en el sub examine, luego el operador judicial no puede endilgarle a la administradora de pensiones una responsabilidad autom\u00e1tica ante los reportes de falta de pago por parte del empleador, reflejados en la historia laboral, am\u00e9n de recalcar que <\/p>\n
(\u2026) en la actualizaci\u00f3n de la historia laboral allegada por Colpensiones, tal periodo ya no aparece reflejado como tampoco en el acto de reconocimiento de la pensi\u00f3n de vejez en favor del actor, sin que refulge una explicaci\u00f3n de ello y menos a\u00fan la parte activa se pronunci\u00f3 al respecto, no obstante, se puso en conocimiento. En ese orden, ante la falta de acreditaci\u00f3n de la vinculaci\u00f3n laboral antes referida y en raz\u00f3n a la informaci\u00f3n contenida en dicha historia laboral se atender\u00e1 su contenido. <\/p>\n
Pues bien, acorde con lo precedente se tiene que el se\u00f1or Ortega Fl\u00f3rez cotiz\u00f3 para Colpensiones, en forma ininterrumpida, entre el 25 de junio de 1986 al 30 de noviembre de 2019, 988,43 semanas, y como se recordar\u00e1 prest\u00f3 servicios a la secretaria del Magdalena, del 15 de junio de 1977 al 18 de abril de 1985, que corresponde a 7 a\u00f1os, 10 meses y 3 d\u00edas, que equivalen a 403,42 semanas, para un total de 1391.85. <\/p>\n
As\u00ed se tiene, que para i) cuando entr\u00f3 a regir el Acto Legislativo 01 de 2005, 29 de julio de 2005, hab\u00eda aportado a Colpensiones, 281.29 semanas que sumadas a las 403.42, arroja un total de 684.71 y ii) al 31 de julio de 2010, ten\u00eda 941.86 y 59 de edad, pues su natalicio ocurri\u00f3 el 8 de marzo de 1951. <\/p>\n
Por consiguiente, el actor perdi\u00f3 el r\u00e9gimen de transici\u00f3n, porque para la data en que entr\u00f3 a regir dicho mandato constitucional no contaba con las 750 semanas cotizadas o su equivalente en tiempo de servicios, para que se le extendiera hasta el 2014, y menos a\u00fan satisfizo los requisitos del Acuerdo 049 de 1990, antes del 31 de julio de 2010, al haber estado cobijado en su momento por el r\u00e9gimen del art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993, pues solo la edad la cumpli\u00f3 el 8 de marzo de 2011, despu\u00e9s de esa data. <\/p>\n
De manera, que la pensi\u00f3n de vejez perseguida por el demandante est\u00e1 regida por los art\u00edculos 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 9\u00b0 de la Ley 797 de 2003, conforme lo reconoci\u00f3 la demandada en la Resoluci\u00f3n n.\u00b0 SUB 321570 del 25 de noviembre de 2019 (f.\u00b0 71 a 73 del cuaderno de la Corte), circunstancia sobreviniente que releva a la Sala de consideraciones adicionales. <\/p>\n
Ahora bien, respecto al desconocimiento del precedente (CSJ SL3070-2020), \u00aben lo que ata\u00f1e a la mora de los empleadores\u00bb, cabe advertir que los supuestos f\u00e1cticos de aquellos distan en su totalidad con los expuestos en este auxilio, debido a que en ella el asunto debatido era el relacionado con el c\u00e1lculo actuarial por la omisi\u00f3n en la afiliaci\u00f3n por el tiempo laborado, situaci\u00f3n dis\u00edmil del debate suscitado en esta oportunidad, por cuanto el actor no logr\u00f3 demostrar su relaci\u00f3n laboral entre el 1\u00ba de febrero de 1998 al 30 de septiembre de 1999, de ah\u00ed que resultara inexistente la presunta mora patronal endilgada. Sin embargo, la prestaci\u00f3n fue reconocida en el curso del proceso mediante Resoluci\u00f3n n\u00b0 SUB 321570 del 25 de noviembre de 2019. <\/p>\n
En este orden de ideas, la sentencia adoptada como se anticip\u00f3 no es infundada o arbitraria, por el contrario, queda en evidencia una diferencia de criterios entre el inconforme y la autoridad convocada que no acogi\u00f3 sus pedimentos, luego razonablemente debe admitirse que al margen de que no comparta las reflexiones y conclusiones del prove\u00eddo cuya revocatoria pretende, estos pilares no pueden tildarse de sesgados o caprichosos, fruto como son de una hermen\u00e9utica plausible de la normatividad que rige la materia, sumada a la coherente evaluaci\u00f3n del material persuasivo sometido a la ponderaci\u00f3n de esa autoridad judicial, ejercicio que excluye la intervenci\u00f3n de la justicia constitucional, ya que como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia: <\/p>\n
\u00ab[e]l campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, reiterada en STC 7 oct. 2015, rad. 2336-00, CSJ STC4937-2016, CSJ STC6631-2018 CSJ STC 14267-2018 y CSJ STC4987-2022 entre otras). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, comoquiera que la providencia cuestionada en esta queja reposa en un discernimiento o interpretaci\u00f3n plausible, am\u00e9n de resultar notorio que el anhelo del impugnante es anteponer su propio criterio para aniquilar el fallo que le desfavoreci\u00f3, designio ajeno a esta v\u00eda subsidiaria, ser\u00e1 refrendado el prove\u00eddo opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve: CONFIRMAR el pronunciamiento de naturaleza, procedencia y fecha conocidas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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