STC7538-2022<\/p>\n
<\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
De conformidad con el \u00abART\u00cdCULO PRIMERO\u00bb del Acuerdo No. 034 de esta Sala, expedido el 16 de diciembre de 2020, atendiendo a que en esta providencia se resuelve una situaci\u00f3n jur\u00eddica relacionada con personas menores de edad, como medida de protecci\u00f3n a su intimidad, se emiten dos versiones de esta sentencia, \u00abcon id\u00e9ntico tenor, una reemplazando los nombres y los datos e informaciones (familiares), que permitan conocer su identidad y ubicaci\u00f3n, para efectos de publicaci\u00f3n en los repositorios, medios de comunicaciones y motores de b\u00fasqueda virtuales, y otra con la informaci\u00f3n real y completa de las partes, que se utilizar\u00e1 \u00fanicamente para notificaci\u00f3n a los sujetos procesales e intervinientes y que se mantendr\u00e1 con reserva a terceros interesados\u00bb. <\/p>\n
NOTA. Este ejemplar de la decisi\u00f3n corresponde al que contiene \u00abla informaci\u00f3n ficticia\u00bb. <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7538-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2022-00363-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince (15) de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Efra\u00edn Santiago Rond\u00f3n Vel\u00e1squez frente al fallo proferido el 5 de mayo de 2022 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que accedi\u00f3 parcialmente a la acci\u00f3n de tutela que aquel, en nombre propio y en representaci\u00f3n de su menor hija Valeria Rond\u00f3n Rueda, promovi\u00f3 contra el Juzgado Veintitr\u00e9s de Familia de la misma ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia y a \u00abla protecci\u00f3n integral de la familia\u00bb; y los de su descendiente a la vida, a la integridad f\u00edsica, a la salud, a tener una familia \u00aby a no ser separada de ella\u00bb, \u00abal cuidado\u00bb, \u00abal amor\u00bb, al debido proceso y a la igualdad, presuntamente conculcados por la autoridad convocada, al adoptar medida cautelar de entrega de custodia de su hija a la progenitora Diana Patricia Rueda Aponte, dentro del proceso de custodia y fijaci\u00f3n de visitas que \u00e9sta adelanta en su contra. <\/p>\n
Solicita entonces, que \u00abse dejen sin valor y efecto los autos del 30 de septiembre de 2021 y del 7 de marzo de 2022 proferidos por el Juzgado Veintitr\u00e9s de Familia de Bogot\u00e1 D.C., dentro del referido proceso (\u2026) y se [l]e reestablezca la custodia y el cuidado exclusivo de su hija y correlativamente, las visitas a que tienen derecho la madre y la ni\u00f1a\u00bb, o en subsidio que, tras invalidarse las precitadas decisiones, \u00abse ordene proferir un nuevo auto en el que se reconozca un r\u00e9gimen de custodia compartida entre la madre y el suscrito a favor de su hija\u00bb o en su defecto \u00abun r\u00e9gimen de visitas\u00bb a su favor. <\/p>\n
2. La situaci\u00f3n f\u00e1ctica relevante para resolver este caso es la que as\u00ed se sintetiza: <\/p>\n
2.1. El gestor ten\u00eda la custodia y cuidado personal exclusivo de su descendiente, debido a la decisi\u00f3n tomada el 26 de junio de 2020 por la Comisar\u00eda Primera de Usaqu\u00e9n Dos, confirmada el 18 de diciembre del mismo a\u00f1o por el Juzgado Treinta de Familia de Bogot\u00e1, posteriormente, dentro del referido proceso, admitida la demanda el 27 de agosto de 2020, contestada la misma y presentada demanda en reconvenci\u00f3n, mediante prove\u00eddo de 30 de septiembre de 2021 el Juzgado accionado, entre varias determinaciones, opt\u00f3 por tomar la medida cautelar consistente en entregar provisionalmente la custodia y cuidado personal de la hija de aquel a la mam\u00e1, auto que \u00e9ste atac\u00f3 mediante el recurso de reposici\u00f3n, pero fue mantenido el 7 de marzo de 2022, sin analizar todos los argumentos del disenso. <\/p>\n
2.2. En concreto, el promotor critica que el estrado convocado inaplic\u00f3 lo dispuesto en el art\u00edculo 256 del C\u00f3digo Civil, porque no estableci\u00f3 un r\u00e9gimen de visitas a su favor, con lo cual \u00abfractur\u00f3 de tajo la relaci\u00f3n paterno filial\u00bb, tampoco valor\u00f3 todas las pruebas, pues dej\u00f3 de sopesar las que demostraban su aptitud f\u00edsica, psicol\u00f3gica y moral para tener la custodia de su hija, exclusiva o en su defecto compartida, y, las que probaban lo contrario respecto de la progenitora, atinentes a actos de violencia intrafamiliar por parte de \u00e9sta, reflejados en el expediente de la Comisar\u00eda de Familia de Usaqu\u00e9n Dos, y que sirvieron de fundamento para darle a \u00e9l la custodia exclusiva de la menor. <\/p>\n
2.3. Sostiene que la valoraci\u00f3n psicol\u00f3gica realizada a la progenitora dentro de la precitada medida de protecci\u00f3n, arroj\u00f3 que tiene un trastorno de personalidad que le impide tener una sana relaci\u00f3n con otras personas e incluso con su propia hija, en cambio, del an\u00e1lisis a \u00e9l practicado, se concluy\u00f3 que est\u00e1 en condiciones aptas para el cuidado de su descendiente, de otro lado, en omisi\u00f3n del art\u00edculo 26 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia, no se tuvo en cuenta para tomar la decisi\u00f3n cuestionada, la opini\u00f3n de la menor involucrada. <\/p>\n
2.4. Asegura que el juzgador convocado no hizo un correcto test de proporcionalidad entre el derecho de su hija a la intimidad, el cual consider\u00f3 \u00e9l puso en \u00abriesgo\u00bb al enviar al juzgado un video de car\u00e1cter \u00edntimo de \u00e9sta, y, los derechos de la menor a la vida, a la integridad f\u00edsica, a la salud, a tener una familia y no ser separada de ella, al cuidado, al amor, a la igualdad y al debido proceso, pues, dice el actor, hubiera bastado con que se le hiciera una amonestaci\u00f3n o exhorto para no volver a incurrir en el anotado proceder, sin necesidad de tomar la medida \u00abdesproporcionada\u00bb de privarlo de toda custodia e incluso de visitas, pues, ello genera en su hija m\u00e1s afectaciones que beneficios, situaciones por las cuales considera necesaria la intervenci\u00f3n del juez de tutela a su favor y de su descendiente. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Comisaria Primera de Familia Usaqu\u00e9n II indic\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela no refiere a alguna de sus actuaciones, y si bien corrobor\u00f3 que all\u00ed se orden\u00f3 la custodia de la menor en cabeza del aqu\u00ed accionante, esa decisi\u00f3n puede ser modificada en cualquier momento por la autoridad judicial, en aplicaci\u00f3n de las Leyes 294 de 1995 y 575 de 2000. <\/p>\n
2. La Fiscal 205 Local de la Unidad de Delitos contra la Violencia Intrafamiliar de Bogot\u00e1 indic\u00f3 que, dentro del proceso cuestionado, se orden\u00f3 compulsar copias a la Fiscal\u00eda para investigar \u00abpresuntos hechos violatorios de la intimidad de la menor hija de los intervinientes\u00bb por parte del aqu\u00ed interesado, pero ante esa delegada no cursa ninguna investigaci\u00f3n contra \u00e9ste, por lo cual pidi\u00f3 ser excluida del presente tr\u00e1mite. <\/p>\n
3. La Fiscal\u00eda 502 Delegada ante los Jueces Penales Municipales de la Unidad de Delitos contra la Armon\u00eda y Unidad Familiar manifest\u00f3 que all\u00ed se adelanta diligencia contra el actor, por denuncia presentada por Diana Patricia Rueda Aponte, por el presunto delito de violencia intrafamiliar, actuaci\u00f3n dentro de la cual la denunciante manifest\u00f3 su voluntad para ser valorada por psiquiatr\u00eda, pero no asisti\u00f3 a la cita que se le program\u00f3. <\/p>\n
4. El Juzgado Veintitr\u00e9s de Familia de Bogot\u00e1, tras hacer un recuento de las principales actuaciones procesales surtidas dentro del decurso criticado, resalt\u00f3 que luego de contestada la demanda, el 30 de septiembre de 2021 adopt\u00f3 medida cautelar urgente para asignar la custodia provisional de la menor en cabeza de la progenitora y disponer el acompa\u00f1amiento del Centro Zonal Usaqu\u00e9n del I.C.B.F., decisi\u00f3n que el aqu\u00ed accionante pidi\u00f3 reponer, pero fue mantenida el 7 de marzo de 2022, sin que a la fecha se haya dictado sentencia que defina el asunto. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 concedi\u00f3 parcialmente el resguardo y decidi\u00f3 \u00abordenar al se\u00f1or Juez 23 de Familia de esta ciudad que, dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n que se le haga de este fallo, proceda a resolver sobre la solicitud de reglamentaci\u00f3n de visitas, incoada por el accionante, dentro del proceso de custodia y cuidado personal a que se alude\u00bb. <\/p>\n
Para arribar a tal decisi\u00f3n, en lo medular, se percat\u00f3 que el juzgado accionado no decidi\u00f3 nada frente a ese aspecto, pese a haber sido planteado por el aqu\u00ed accionante al momento de recurrir el prove\u00eddo de 30 de septiembre de 2021, con que se adopt\u00f3 la discutida medida cautelar. <\/p>\n
De otro lado, tras citar el contenido de la precitada determinaci\u00f3n y del auto que la mantuvo en reposici\u00f3n de 7 de marzo de 2022, encontr\u00f3 que \u00abel actuar del juez demandado no resulta defectuoso o caprichoso al asignar la custodia provisional de la ni\u00f1a a su progenitora\u00bb, por haberse fundamentado la decisi\u00f3n en la conducta desplegada por el aqu\u00ed inconforme, \u00abal exponer a la ni\u00f1a desnuda en un video\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el actor mediante apoderada judicial, para lo cual narr\u00f3 que el 2 de marzo de 2020 la Comisar\u00eda Primera de Familia de Usaqu\u00e9n II dict\u00f3 medida de protecci\u00f3n por violencia intrafamiliar a favor y de su hija, en contra de Diana Patricia Rueda Aponte, la cual fue desacatada por \u00e9sta, por lo que al decidir el incidente de incumplimiento, la Comisar\u00eda sancion\u00f3 a la infractora y le asign\u00f3 el cuidado exclusivo de la menor, con r\u00e9gimen de visitas en favor de la progenitora, decisi\u00f3n que fue avalada por el Juzgado Treinta de Familia de Bogot\u00e1 al surtir el grado jurisdiccional de consulta y resolver el recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
Enfatiz\u00f3 que posteriormente Diana Patricia Rueda Aponte promovi\u00f3 el referido juicio en su contra, dentro del cual \u00e9l propuso la excepci\u00f3n de \u00abincapacidad de la progenitora para ejercer la custodia de su menor hija\u00bb, y tras el juzgado accionado adoptar la medida cautelar objeto de cuestionamiento, pidi\u00f3 reponer la misma, pero sus argumentos no fueron estudiados al mantenerla, lo que evidencia que el fallador no sopes\u00f3 lo ocurrido en la medida de protecci\u00f3n por violencia intrafamiliar contra Diana Patricia Rueda Aponte, pese a que ese tr\u00e1mite justifica que \u00e9l expusiera la intimidad de su hija \u00abal grabar los videos y divulgarlos ante diferentes autoridades\u00bb, con el prop\u00f3sito de evidenciar un aparente descuido y desprotecci\u00f3n de la madre hacia la menor, proceder que si bien puede calificarse como descuidado, no fue malintencionado, sopes\u00f3 el deber de dichas autoridades de custodiar la informaci\u00f3n y obedeci\u00f3 a una recomendaci\u00f3n hecha por los m\u00e9dicos tratantes de la ni\u00f1a, con ocasi\u00f3n de unas lesiones f\u00edsicas que encontraron en las partes \u00edntimas de \u00e9sta, con las que lleg\u00f3 luego de una visita a la progenitora. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que la determinaci\u00f3n criticada interrumpi\u00f3 una relaci\u00f3n paterno filial de m\u00e1s de tres a\u00f1os, e implic\u00f3 la poner en riesgo a la ni\u00f1a al entregarla a la madre, porque \u00e9sta padece de un trastorno de personalidad; actuaciones todas estas propiciadas por la apoderada judicial de la progenitora, quien, dice, no ha actuado con lealtad al exponer los hechos al estrado accionado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico en respaldo de los derechos fundamentales, susceptible de invocar siempre que estos resulten vulnerados o en peligro inminente por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en ciertos supuestos, de los particulares, que por su connotaci\u00f3n subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar al juez natural de los asuntos ordinarios, ni tampoco a los conductos comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en lo que concierne a las actuaciones y prove\u00eddos judiciales, el resguardo cabe de manera excepcional y ce\u00f1ido a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por antonomasia, cada vez que sobrevenga el presupuesto de la inmediatez. <\/p>\n
2. En los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de amparo con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si la persona afectada no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que: <\/p>\n
\u2026el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado… (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183; reiterada en STC4269-2015, 16 abr.). <\/p>\n
As\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el juez se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos, o cuando se presenta un defecto sustantivo en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
3. De lo consignado en el sub examine y circunscrita esta Sala a los reparos tra\u00eddos en la impugnaci\u00f3n por Efra\u00edn Santiago Rond\u00f3n Vel\u00e1squez, se observa que buscan rebatir la decisi\u00f3n tomada el 30 de septiembre de 2021 por el Juzgado Veintitr\u00e9s de Familia de Bogot\u00e1, mantenida en reposici\u00f3n el 7 de marzo de 2022, con que orden\u00f3 como medida cautelar, la entrega provisional de la custodia y cuidado personal de la su hija a la progenitora, dentro del proceso de custodia y fijaci\u00f3n de visitas que en su contra adelanta Diana Patricia Rueda Aponte, pues en criterio del inconforme, las pruebas no solo demuestran que la madre, a diferencia suya, no es apta para tener la custodia de la ni\u00f1a, sino adem\u00e1s, que incurri\u00f3 en el hecho que motiv\u00f3 la cautela, con el \u00e1nimo de proteger a su hija, lo que debi\u00f3 conducir a una decisi\u00f3n de mantener la custodia a su cargo, o bien, compartida con la madre, o cuando menos a que se regularan visitas a su favor. <\/p>\n
4. En la decisi\u00f3n cuestionada el juzgador convocado resolvi\u00f3 que, \u00aben atenci\u00f3n a las comunicaciones que anteceden, junto a sus anexos, dentro de los cuales, se incluyen videos de la menor, se dispone: Por secretar\u00eda, proc\u00e9dase, en forma inmediata, a custodiar y reservar dichos videos, asignando clave a los archivos, a fin de proveer por la integridad de la menor. De acuerdo a lo anterior, ha de tenerse en cuenta que el Estado, a trav\u00e9s de las diferentes autoridades administrativas y\/o judiciales, en el caso presente, el Juez de la Rep\u00fablica, al momento de tener conocimiento de alg\u00fan hecho que ponga en riesgo o vulnere los derechos de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y \/o adolescentes, est\u00e1 en la obligaci\u00f3n de tomar las medidas que sean necesarias, para salvaguardar los mismos\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, consider\u00f3 sobre el inter\u00e9s superior de los menores y la protecci\u00f3n que les confiere nuestro ordenamiento jur\u00eddico, para se\u00f1alar que \u00abas\u00ed las cosas y teniendo en cuenta que, por parte del progenitor de la ni\u00f1a Valeria Rond\u00f3n Rueda, se expuso, a la misma, con la grabaci\u00f3n del video en comento, que fuera aportado a este despacho, se hace necesario, que el Estado, a trav\u00e9s de este juzgador, deba intervenir, en garant\u00eda y protecci\u00f3n de sus derechos. <\/p>\n
Atendiendo a que, en el presente asunto, no obran diligencias y\/o pruebas, que invaliden que la progenitora de la ni\u00f1a se encuentre impedida para asumir el cuidado personal de su hija, o que exista alg\u00fan riesgo, para que la misma ejerza dicha labor, tal cuidado se otorgar\u00e1 e su cabeza, mientras se concluye el presente proceso\u00bb. <\/p>\n
Consecuencia de lo anterior resolvi\u00f3 \u00abPRIMERO ordenar la compulsa inmediata de copias, con destino a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, respecto de los presuntos hechos de violaci\u00f3n a la intimidad y dem\u00e1s, que se le hubieren podido causar a la menor de edad, por parte de su progenitor, en relaci\u00f3n con la captura de los videos anteriormente mencionados. Of\u00edciese y tram\u00edtese por secretar\u00eda, acompa\u00f1ando copia \u00edntegra del expediente. SEGUNDO: Conminar al progenitor de la ni\u00f1a, para que se abstenga de divulgar cualquier video o fotograf\u00eda, que atenten contra el derecho a la intimidad, integridad f\u00edsica y emocional de su menor hija. Lo anterior, como quiera que el video arrimado a esta sede judicial, fue divulgado ante diferentes entidades. TERCERO: Adoptar, como medida cautelar urgente, a favor de Valeria Rond\u00f3n Rueda, la ubicaci\u00f3n en medio familiar, bajo custodia y cuidado personal provisional, mientras dura el presente proceso, en cabeza de su progenitora Diana Patricia Rueda Aponte, con el fin de protegerle, integralmente, sus derechos. CUARTO: Disponer el acompa\u00f1amiento para que la medida aqu\u00ed adoptada, no se haga ilusoria, por parte del Centro Zonal Usaqu\u00e9n del I.C.B.G., de Bogot\u00e1 D.C. y se efect\u00fae, de manera Inmediata, la entrega de la menor de edad, a su progenitora, incluso si se hace necesario disponer de diligencia de rescate, por parte de dicha entidad. Of\u00edciese y tram\u00edtese por secretar\u00eda. Quinto: Solicitar acompa\u00f1amiento de la Polic\u00eda de Infancia y Adolescencia, para la entrega de la menor de edad a su progenitora (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
El aqu\u00ed accionante atac\u00f3 lo decidido mediante recurso de reposici\u00f3n, con fundamento en similares argumentos a los expone en este escenario, frente a lo cual el estrado accionado en prove\u00eddo de 7 de marzo del presente a\u00f1o cit\u00f3 en extenso los mismos, para finalmente mantener la decisi\u00f3n recurrida, porque \u00aben el presente asunto, no se le est\u00e1n vulnerando los derechos de la menor involucrada, por el contrario, con el auto objeto de censura, se garantiz\u00f3 su seguridad, a una posible vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales a la integridad personal, con la grabaci\u00f3n y difusi\u00f3n del video aportado a este despacho, pues, si bien es cierto, lo refiere la apoderada defensora, no fue esa la intenci\u00f3n del aqu\u00ed demandado vulnerar los derechos de su menor hija, lo cierto es que s\u00ed existi\u00f3 riesgo, con dicho actuar, pues, no es menos cierto que el demandado, en el presente asunto, se encontraba en dicho momento y se encuentra asesorado por profesional del derecho, a quien debi\u00f3 acudir, para obtener el debido asesoramiento, antes de ejecutar dicho actuar, y difundir el citado video. <\/p>\n
Adicional a lo anterior, se deja en claro, que la decisi\u00f3n adoptada por este juzgado, en el auto recurrido, obedece a una medida cautelar de ubicaci\u00f3n de la menor de edad, bajo custodia y cuidado personal provisional, en cabeza de su progenitora, y por ende, no obedece a una decisi\u00f3n definitiva\u00bb. <\/p>\n
5. Lo expuesto deja en evidencia la necesidad de modificar el amparo concedido por el a quo constitucional a favor del accionante, al constatarse la indebida valoraci\u00f3n de las pruebas, por omisi\u00f3n de pronunciamiento frente a las aportadas junto con la contestaci\u00f3n de demanda, la demanda de reconvenci\u00f3n y a lo largo de la actuaci\u00f3n cuestionada, las que ameritan ser analizadas en conjunto con las que dieron cuenta del indebido actuar de \u00e9ste, con miras a tomar la decisi\u00f3n que m\u00e1s convenga a los derechos fundamentales de la menor involucrada, mientras la tem\u00e1tica se define de manera definitiva en el respectivo fallo. <\/p>\n
N\u00f3tese que la atestaci\u00f3n del estrado accionado, realizada en el auto con que decret\u00f3 la cautela, de que \u00abno obran diligencias y\/o pruebas, que invaliden que la progenitora de la ni\u00f1a se encuentre impedida, para asumir el cuidado personal de su hija, o que exista alg\u00fan riesgo, para que la misma ejerza dicha labor..\u00bb, no responde a la realidad del proceso, porque dentro del mismo obran pruebas de lo actuado y decidido en la medida de protecci\u00f3n por violencia intrafamiliar y los incidentes de incumplimiento a la misma, que curs\u00f3 en disfavor de la progenitora de la ni\u00f1a, ante la Comisar\u00eda de Familia de Usaqu\u00e9n II y el Juzgado Treinta de Familia de Bogot\u00e1, que buscan establecer que aquella no tiene las aptitudes necesarias para asumir la custodia provisional de su hija. <\/p>\n
As\u00ed mismo, cuando resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n contra el prove\u00eddo en comento, la juzgadora nuevamente omiti\u00f3 dicho an\u00e1lisis probatorio, pese a que el disenso del recurrente expresamente lo reclam\u00f3, afect\u00e1ndose as\u00ed la defensa del derecho fundamental al debido proceso, no solo de \u00e9ste, sino m\u00e1s importante a\u00fan, el de su hija. <\/p>\n
El estudio pretermitido debe ser cuidadosamente realizado por el estrado accionado, en aras de evitar que eventualmente la decisi\u00f3n a ser tomada ante la afectaci\u00f3n de la intimidad de la menor, en vez de proveer defensa a los derechos superiores de \u00e9sta, perjudique los mismos, o cuando menos resulte inane para la finalidad perseguida, finalidad que incluso, bien pudiera procurarse con una medida diferente a la optada, se enfatiza, siempre teniendo como norte el inter\u00e9s superior de la ni\u00f1a. <\/p>\n
6. Corresponde resaltar que al tenor del art\u00edculo 5\u00ba del C\u00f3digo de la Infancia y la adolescencia, \u00ab[l]as normas sobre los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes, contenidas en [ese] c\u00f3digo, son de orden p\u00fablico, de car\u00e1cter irrenunciable y los principios y reglas en ellas consagrados se aplicar\u00e1n de preferencia a las disposiciones contenidas en otras leyes\u00bb; igualmente el precepto 9\u00ba de la misma codificaci\u00f3n resalta que \u00ab[e]n todo acto, decisi\u00f3n o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relaci\u00f3n con los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes, prevalecer\u00e1n los derechos de estos, en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona\u00bb, y que \u00ab[e]n caso de conflicto entre dos o m\u00e1s disposiciones legales, administrativas o disciplinarias, se aplicar\u00e1 la norma m\u00e1s favorable al inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente\u00bb. <\/p>\n
Sobre el particular la jurisprudencia ha fijado algunas pautas, a saberse que, \u00ablos funcionarios judiciales deben ser especialmente diligentes y cuidadosos al resolver casos relativos a la garant\u00eda de los derechos fundamentales de un menor de edad. Eso, entre otras cosas, implica que no pueden adoptar decisiones y actuaciones que trastornen, afecten o pongan en peligro sus derechos, dado el impacto que las mismas pueden tener sobre su desarrollo, sobre todo si se trata de ni\u00f1os de temprana edad\u2026 <\/p>\n
[L]as decisiones susceptibles de afectar a un menor de edad deben ajustarse a par\u00e1metros de razonabilidad y proporcionalidad (…) <\/p>\n
Lo anterior da cuenta, en s\u00edntesis, de que la prevalencia del inter\u00e9s del menor en el marco de un proceso judicial se garantiza cuando la decisi\u00f3n que lo resuelve i) es coherente con las particularidades f\u00e1cticas debidamente acreditadas en el proceso y ii) considera los lineamientos que los tratados internacionales, las disposiciones constitucionales y legales relativas a la protecci\u00f3n de los ni\u00f1os y las ni\u00f1as y la jurisprudencia han identificado como criterios jur\u00eddicos relevantes para establecer, frente a cada caso concreto, qu\u00e9 medidas resultan m\u00e1s convenientes, desde la \u00f3ptica de los principios de razonabilidad y proporcionalidad, para asegurar el bienestar f\u00edsico, sicol\u00f3gico, intelectual y moral del menor\u00bb (CC T-261\/13). <\/p>\n
As\u00ed mismo, en lo referente al an\u00e1lisis probatorio que le corresponde adelantar al juez para poder emitir ciertas decisiones, \u2026 ha explicado la Sala que \u201c[u]no de los supuestos que estructura aquella [v\u00eda de hecho] es el defecto f\u00e1ctico, en el que incurre el juzgador cuando sin raz\u00f3n justificada niega el decreto o la pr\u00e1ctica de una prueba, omite su valoraci\u00f3n o la hace en forma incompleta o distorsionando su contenido objetivo; incluso, cuando olvida apreciar el material probativo en conjunto o le confiere m\u00e9rito probativo a un elemento de juicio que fue indebidamente recaudado. Esto, porque si bien los jueces tienen un amplio margen para valorar el acervo probatorio en el cual deben fundar su decisi\u00f3n y formar libremente su convicci\u00f3n, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica (art\u00edculo 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil), tambi\u00e9n es cierto que jam\u00e1s pueden ejercer dicho poder de manera arbitraria, irracional o caprichosa. Y es que la ponderaci\u00f3n de los medios de persuasi\u00f3n implica la adopci\u00f3n de criterios objetivos, no simplemente supuestos por el fallador; racionales, es decir, que sopesen la magnitud y el impacto de cada elemento de juicio; y riguroso, esto es, que materialicen la funci\u00f3n de administraci\u00f3n de justicia que se le encomienda a los funcionarios judiciales sobre la base de pruebas debidamente incorporadas al proceso\u201d (CSJ STC, 10 oct. 2012, rad. 2012-02231-00, reiterada en STC, 7 mar. 2013, rad. 2012-00522-01; y STC, 9 dic. 2014, rad. 2014-00210-01). <\/p>\n
7. En consecuencia, se modificar\u00e1 la orden del a-quo constitucional, en el sentido de que la concesi\u00f3n del resguardo se da, para que, dentro del asunto reprochado, el Juzgado accionado resuelva nuevamente sobre la medida cautelar oficiosa decreta mediante auto de 30 de septiembre de 2021, realizando la valoraci\u00f3n probatoria que se constat\u00f3 omitida en este fallo, y tomando la decisi\u00f3n que consulte de mejor manera los intereses superiores de la menor involucrada. <\/p>\n
7.2. La misma orden se dar\u00e1 a la Secretar\u00eda de esta Sala, para que a tales archivos que obran dentro del expediente de tutela, se les imponga contrase\u00f1a de acceso o cualquier otro filtro de seguridad que permita su visualizaci\u00f3n \u00fanicamente por parte de personal autorizado, contrase\u00f1a que ser\u00e1 guardada en archivo especial de la secretar\u00eda y ser\u00e1 suministrada \u00fanicamente previa solicitud de persona debidamente identificada, de lo cual se dejar\u00e1 registro. <\/p>\n
8. Lo consignado impone modificar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, modifica el fallo impugnado en el sentido de conceder el amparo invocado, pero la orden constitucional se da para ordenar al Juzgado Veintitr\u00e9s de Familia de Bogot\u00e1, que dentro de las 48 horas siguientes a la notificaci\u00f3n de la presente decisi\u00f3n, deje sin valor ni efecto el prove\u00eddo de 30 de septiembre de 2021, con que decret\u00f3 oficiosamente una medida cautelar dentro del proceso de custodia y fijaci\u00f3n de visitas que Diana Patricia Rueda Aponte adelanta contra Efra\u00edn Santiago Rond\u00f3n Vel\u00e1squez, y toda decisi\u00f3n que dependa de la misma, para en su lugar tomar nueva decisi\u00f3n teniendo en cuenta las consideraciones de esta decisi\u00f3n. <\/p>\n
Ordenar que por secretar\u00eda se oficie al Juzgado Veintitr\u00e9s de Familia de Bogot\u00e1, para que proceda inmediatamente a ejecutar el procedimiento indicado en el numeral 7.1. de la considerativa de este fallo. <\/p>\n
Del mismo modo, se ordena que la Secretar\u00eda proceda de manera inmediata en la forma indicada en el numeral 7.2. de las consideraciones de esta sentencia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de la Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC7538-2022 ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR De conformidad con el \u00abART\u00cdCULO PRIMERO\u00bb del Acuerdo No. 034 de esta Sala, expedido el 16 de diciembre de 2020, atendiendo a que en esta providencia se resuelve una situaci\u00f3n jur\u00eddica relacionada con personas menores de edad, como medida de protecci\u00f3n a su intimidad, se emiten dos […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-64503","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64503","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64503"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64503\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64503"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64503"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64503"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}