STC7545-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC7545-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-00197-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 10 de febrero de 2022, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Diego Fernando Castro Mu\u00f1oz en calidad de agente oficioso de Fabiola Mu\u00f1oz de Castro, contra la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, tr\u00e1mite al cual fue vinculado el Juzgado S\u00e9ptimo Laboral del Circuito de Cali y citadas las partes e intervinientes en el proceso ordinario con radicado n\u00ba 2011-00103. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En la condici\u00f3n descrita, el actor invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y m\u00ednimo vital, presuntamente lesionados por la autoridad judicial accionada a su agenciada. <\/p>\n
Como sustento f\u00e1ctico de su reclamo, manifest\u00f3 que con ocasi\u00f3n de la muerte de su padre Trif\u00f3n Leo Castro Santiago ocurrida el 11 de enero de 2010, concurrieron a reclamar la pensi\u00f3n de sobrevivientes su progenitora y agenciada Fabiola Mu\u00f1oz de Castro y Eunice Delgado Rico, quien adujo ser la compa\u00f1era permanente de Castro Santiago, no obstante, el 27 de septiembre de 2010 mediante Resoluci\u00f3n n\u00ba 9984 el Instituto de Seguros Sociales, neg\u00f3 la petici\u00f3n. <\/p>\n
Sostuvo que, por lo anterior la se\u00f1ora Delgado Rico promovi\u00f3 juicio ordinario laboral en el que se hizo parte Fabiola Mu\u00f1oz de Castro, y el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Descongesti\u00f3n de Cali, a quien le correspondi\u00f3 conocer en sentencia de 14 de febrero de 2013 conden\u00f3 a la demandada al pago de la aludida prestaci\u00f3n en favor de su progenitora, determinaci\u00f3n que revoc\u00f3 la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali el 31 de mayo de 2013. <\/p>\n
Explic\u00f3 que inconformes, las se\u00f1ores mencionadas formularon recursos de casaci\u00f3n y la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral mediante sentencia SL2100-2021 el 10 de mayo de 2021, dispuso no casar el fallo de segundo grado, con lo que incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho, puesto que omiti\u00f3 valorar las pruebas documentales que demostraban los 5 a\u00f1os de convivencia entre su progenitora y el causante, puesto que de haberlo hecho, hubiese concluido que la convivencia se dio incluso por m\u00e1s a\u00f1os, pues estuvieron casados y procrearon 4 hijos. <\/p>\n
Afirm\u00f3 igualmente que la Sala accionada se separ\u00f3 de manera injustificada del precedente jurisprudencial, para lo cual refiri\u00f3 las sentencias de 13 de marzo de 2012 radicado 45038 y 34466 de 15 de octubre de 2008. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo expuesto, solicit\u00f3 dejar sin efecto la decisi\u00f3n proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral el 10 de mayo de 2021, y, en su lugar, \u00abordenar a la accionada que profiera una nueva sentencia en la cual valore en debida forma las pruebas obrantes en el expediente respecto de la convivencia de la actora con su esposo\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n (PARISS), pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, argumentando que carece de facultad jur\u00eddica para pronunciarse sobre los aspectos relacionados con el R\u00e9gimen de Prima Media con Prestaci\u00f3n Definida. <\/p>\n
2. El Juzgado S\u00e9ptimo Laboral del Circuito de Cali, que sucedi\u00f3 al Juzgado Quinto hom\u00f3logo de Descongesti\u00f3n, remiti\u00f3 el link del expediente del tr\u00e1mite ordinario. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal previo a resolver la cuesti\u00f3n planteada, destac\u00f3 que el actor s\u00ed se encontraba facultado para agenciar los derechos que le asisten a la directa afectada, en la medida que \u00e9l es el hijo y ella una persona de la tercera edad que reside fuera de Colombia. <\/p>\n
Luego, al estudiar la situaci\u00f3n expuesta, determin\u00f3 la improcedencia del amparo reclamado por incumplimiento del presupuesto de inmediatez, no obstante, destac\u00f3 que aun si se pasara por alto, se evidenciaba que el agente oficioso de Fabiola Mu\u00f1oz de Castro no demostr\u00f3 la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho en la decisi\u00f3n proferida por la Sala accionada. <\/p>\n
Igualmente, consider\u00f3 que los argumentos de la providencia atacada eran razonables, debidamente motivados y suficientes para explicar la determinaci\u00f3n adoptada, por lo que no era posible concluir que sobre el pronunciamiento reprochado se hubiere concretado alguna causal especifica de procedibilidad de la tutela. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue formulada por el actor, manifestando que s\u00ed se encontraba cumplido el presupuesto de inmediatez, pues la decisi\u00f3n cuestionada fue notificada por edicto el 1\u00ba de junio de 2021 y la acci\u00f3n de tutela radicada el 26 de noviembre siguiente, no obstante, indic\u00f3 que se present\u00f3 un inconveniente con el reparto, por lo cual se vio en la necesidad de formular diferentes derechos de petici\u00f3n para que le informaran la raz\u00f3n por la cual no hab\u00eda sido registrada. <\/p>\n
En el mismo sentido, refiri\u00f3 que se configur\u00f3 una v\u00eda de hecho por defecto sustantivo, consistente en la err\u00f3nea interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 13 de la Ley 797 de 2003 y defecto f\u00e1ctico por la no valoraci\u00f3n de las pruebas aportadas. Por lo dem\u00e1s, insisti\u00f3 en los argumentos iniciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Recuerda la Sala que en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, pues ello significar\u00eda un desconocimiento de los principios contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, no obstante, cuando los funcionarios judiciales incurran en un proceder abiertamente opuesto al ordenamiento legal, sin ninguna objetividad y, los interesados no cuenten con otro medio de defensa judicial, esta jurisdicci\u00f3n est\u00e1 llamada a intervenir en aras de conjurar o evitar la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales involucradas. <\/p>\n
2. En el evento que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, Diego Fernando Castro en calidad de agente oficioso de Fabiola Mu\u00f1oz de Castro cuestiona la sentencia SL2100-2021 proferida el 10 de mayo de 2021 por la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, a trav\u00e9s de la cual dispuso no casar el fallo de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, que revoc\u00f3 la decisi\u00f3n de primera instancia en el proceso ordinario laboral que inici\u00f3 Eunice Delgado Rico contra Colpensiones, pues en su sentir, lo resuelto quebranta las garant\u00edas superiores de su agenciada, debido a que tiene derecho a la pensi\u00f3n de sobrevivientes reclamada. <\/p>\n
3. Es oportuno precisar que, una vez examinadas las pruebas allegadas, se verific\u00f3 el cumplimiento del presupuesto de la inmediatez, teniendo en cuenta que la acci\u00f3n de tutela fue radicada desde el 26 de noviembre de 2021, no obstante, en efecto, se presentaron algunas inconsistencias en el reparto que causaron su asignaci\u00f3n tard\u00eda. <\/p>\n
4. Ahora bien, revisados los argumentos expuestos por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral en Descongesti\u00f3n n\u00ba 4 al resolver el recurso extraordinario de casaci\u00f3n formulado por Fabiola Mu\u00f1oz de Castro, no se observa arbitrariedad manifiesta susceptible de ser remediada a trav\u00e9s de esta v\u00eda extraordinaria, en tanto que, en la referida decisi\u00f3n la Corporaci\u00f3n accionada manifest\u00f3 que le asist\u00eda raz\u00f3n a la opositora sobre la existencia de deficiencias t\u00e9cnicas en la demostraci\u00f3n de los cargos que imposibilitaban un pronunciamiento de fondo. <\/p>\n
Sobre la infracci\u00f3n directa y la interpretaci\u00f3n err\u00f3nea como sub modalidades de violaci\u00f3n de la Ley sustancial en la v\u00eda directa expuso, <\/p>\n
Tal y como lo anot\u00f3 la oposici\u00f3n, estos submotivos de ataque por la v\u00eda directa son excluyentes entre s\u00ed, puesto que no es l\u00f3gico que se alegue que el Tribunal cometi\u00f3 el error de no aplicar deliberadamente una norma de car\u00e1cter sustancial y a rengl\u00f3n seguido, asegurar que tambi\u00e9n incurri\u00f3 en una indebida interpretaci\u00f3n de la misma\u00bb. (\u2026) <\/p>\n
\u00ab[T]ambi\u00e9n debe se\u00f1alarse que si lo pretendido por la recurrente era manifestar que el Tribunal le dio un sentido o alcance distinto a lo que establece la norma acusada, es decir, sostenerse sobre la interpretaci\u00f3n err\u00f3nea de la misma, se recuerda que era su carga se\u00f1alar claramente cu\u00e1l fue el sentido equivocado que le imprimi\u00f3 el juzgador a la norma acusada, y cu\u00e1l fue el que debi\u00f3 darle, para hacer la confrontaci\u00f3n pertinente\u00bb. <\/p>\n
Sumado a lo anterior, indic\u00f3 que el reproche de la recurrente no procuraba derruir la legalidad de la sentencia del ad quem, sino demostrar su desacuerdo con la conclusi\u00f3n de ese fallador, pues adem\u00e1s de reiterar el mismo texto en ambos cargos, se limit\u00f3 a citar jurisprudencia de manera descontextualizada con el fin de manifestar su discordancia con la forma en la que fue solventado el asunto. <\/p>\n
Por otra parte, respecto al cargo segundo, explic\u00f3 que de conformidad con el art\u00edculo 7 de la Ley 16 de 1969 solo eran pruebas calificadas en casaci\u00f3n, el documento autentico, la confesi\u00f3n y la inspecci\u00f3n judicial, no obstante, las pruebas acusadas por la recurrente no cumpl\u00edan con esa calidad, por tanto, no pod\u00eda adentrarse en su estudio. <\/p>\n
\u00abLo expuesto es de suma importancia ante la acusaci\u00f3n de indebida apreciaci\u00f3n por parte del Tribunal de la copia del obituario (f.\u00ba 94), los registros civiles de matrimonio y de nacimiento (f.\u00ba 90 y 93) y el certificado de la afiliaci\u00f3n a salud, puesto que tales documentales no fueron tenidos en cuenta para resolver el problema jur\u00eddico planteado. <\/p>\n
De manera que resulta un contrasentido que se cuestione su an\u00e1lisis cuando no fue hecho en instancia, en vista de que la falta de apreciaci\u00f3n y la indebida valoraci\u00f3n de las pruebas son dos fen\u00f3menos diferentes, bajo el entendido de que cuando se aprecia se emite un juicio sobre su valor; en tanto que, si se deja de hacerlo, no hay concepto alguno acerca del m\u00e9rito que ofrece (CSJ SL4924-2020). <\/p>\n
Igual suerte corre la solicitud del incremento pensional (f.\u00ba 107), el documento radicado por el fallecido ante Colpensiones y la declaraci\u00f3n extra juicio de Trif\u00f3n Leo Castro Santiago y Fabiola Mu\u00f1oz (f. 293), pues, aunado al hecho de que las primeras no fueron tenidas por el juzgador para tomar la decisi\u00f3n, esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado en numerosas oportunidades que a nadie le es permitido fabricar su propia prueba\u00bb. <\/p>\n
Con todo, precis\u00f3 que el Tribunal incurri\u00f3 en un error, al condicionar el derecho de la c\u00f3nyuge separada de hecho a que acreditara la convivencia con el causante dentro de los cinco a\u00f1os anteriores al deceso, habida cuenta que a partir de la sentencia SL 24 de enero 2012, radicado 41637, la Sala de Casaci\u00f3n Permanente estableci\u00f3 que \u00abdicha exigencia puede ser cumplida por el c\u00f3nyuge en cualquier tiempo siempre y cuando permanezca el lazo matrimonial vigente, independientemente que existiere una separaci\u00f3n de hecho\u00bb. <\/p>\n
No obstante, puntualiz\u00f3 que a pesar de ese yerro no casar\u00eda la sentencia pues en instancia se llegar\u00eda la misma conclusi\u00f3n, esto es, que Fabiola Mu\u00f1oz de Castro no tiene el derecho a la pensi\u00f3n de sobrevivientes porque no demostr\u00f3 en las instancias que convivi\u00f3 con el causante al menos durante cinco a\u00f1os en cualquier tiempo. <\/p>\n
5. De las anteriores consideraciones, se advierte que la sentencia constitucional impugnada habr\u00e1 de ser confirmada, como quiera que el descuido de la interesada en la formulaci\u00f3n adecuada del recurso extraordinario, llev\u00f3 a la Sala de Casaci\u00f3n en Descongesti\u00f3n n\u00ba 4 a abstenerse de estudiar de fondo el asunto sometido a su consideraci\u00f3n y no casar la decisi\u00f3n del Tribunal, circunstancia que impidi\u00f3 a esa Corporaci\u00f3n pronunciarse de la manera esperada por la agenciada. <\/p>\n
Por tanto, desaprovech\u00f3 la oportunidad que la norma laboral concede para exponer las inconformidades que presenta ahora a trav\u00e9s de este mecanismo, sin que pueda ahora valerse de esta acci\u00f3n extraordinaria para solucionar su desatenci\u00f3n, ya que era el proceso ordinario el escenario id\u00f3neo en donde deb\u00eda hacer valer las garant\u00edas invocadas, debido al car\u00e1cter residual del amparo. <\/p>\n
En un asunto de similar esta Sala explic\u00f3, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Adem\u00e1s, el car\u00e1cter extraordinario del recurso de casaci\u00f3n impone a la demandante cumplir los requisitos de fondo y de forma previstos por el legislador para el \u00e9xito de la censura; la ausencia de rigor t\u00e9cnico o de los requerimientos legales al formular el cargo para demostrar los errores de la sentencia recurrida, no es tarea que pueda ser superada por medio de la tutela, porque \u00e9sta no es instrumento para suplir la ineptitud formal de la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Lo instrumental es garant\u00eda para materializar la igualdad ante la ley y para frenar la arbitrariedad, por tanto, no se trata de exceso ritual manifiesto, sino de derechos irrenunciables, cuyo respeto es finalidad del proceso para la realizaci\u00f3n del derecho sustancial\u00bb (STC5305-2020, STC7201-2021 y STC9826-2021). <\/p>\n
6. Para la Corte, el juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de fallador de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados, y, tampoco, para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente. (Ver CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01, STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01, STC, 12 ag. 2013, rad. 2013-00125-01, STC811-2022 y STC5002-2022, entre muchas). <\/p>\n
7. De conformidad con lo expuesto, la sentencia impugnada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC7545-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC7545-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-00197-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de junio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-64507","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64507","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64507"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64507\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64507"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64507"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64507"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}