STC7548-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 27001-22-08-000-2022-00028-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la Sentencia proferida por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibd\u00f3 el 4 de mayo de 2022, en la acci\u00f3n de tutela que Jes\u00fas Edmundo Gracia Campa\u00f1a, formul\u00f3 contra el Juzgado Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en el proceso de rendici\u00f3n provocada de cuentas radicado bajo el n\u00b0 27001-31-03-001-2017-00143-00, esto es, Romelia Garc\u00e9s de Perea, B\u00e1rbara Esteban Mena Palacios, Yirlon de Jes\u00fas y Jes\u00fas Jackson Gracia Mena. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El accionante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso [defensa]. <\/p>\n
Explic\u00f3, en s\u00edntesis, que Romelia Garc\u00e9s de Perea lo demand\u00f3, con el fin de que le rindiera cuentas por la suma de $1.002\u00b4590.784, correspondiente a la administraci\u00f3n de un parqueadero urbano por \u00e9l construido en 1997, sobre unos lotes de terreno de los cuales son condue\u00f1os, localizados en la carrera 6\u00aa de Quibd\u00f3. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que la se\u00f1ora Garc\u00e9s de Perea, al momento de la referida edificaci\u00f3n, no aport\u00f3 suma de dinero alguna por lo que los gastos fueron asumidos por \u00e9l, en un total de $1.126\u00b4819.876. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3, que una vez se surtido el tr\u00e1mite propio, en auto interlocutorio de \u00ab\u00fanica instancia\u00bb n.\u00b0 \u00ab074 del 22 de agosto de 2021\u00bb (sic), fue condenado al pago de $ 184\u00b4680.000, decisi\u00f3n que catalog\u00f3 arbitraria, irrazonable y violatoria del debido proceso, por defecto procedimental debido a una ausencia de motivaci\u00f3n en la sentencia, en la medida en que, \u00abdicha omisi\u00f3n [le] impidi\u00f3 hacer efectivo de una manera real [su] derecho de defensa y contradicci\u00f3n\u00bb en tanto que, \u00abla providencia judicial no dio cuenta de los hechos y los argumentos tra\u00eddos por los sujetos vinculados al proceso, particularmente cuando resultan esenciales para el sentido de la decisi\u00f3n [\u2026] no justific\u00f3 el motivo por el cual se abstuvo de pronunciarse sobre ciertos temas o los despacho -sic- de manera insuficientes, bajo conjeturas carentes de sustento probatorio o jur\u00eddico alguno, es decir, [\u2026] omiti\u00f3 pronunciarse sobre los argumentos de defensa formulados en la contestaci\u00f3n de la demanda y en los alegatos de conclusi\u00f3n\u00bb <\/p>\n
<\/p>\n
2. En consecuencia, solicit\u00f3 que se ordene al Juzgado accionado, reconocer: \u00abQue el auto interlocutorio de \u00fanica instancia n.\u00b0 074 del 22 de agosto de 2021 se emiti\u00f3 sin motivaci\u00f3n\u00bb; <\/p>\n
\u00abQue la se\u00f1ora Romelia Garc\u00e9s de Perea no hizo aporte alguno para la construcci\u00f3n del citado parqueadero, ni para su administraci\u00f3n, sino que fue \u00e9l quien hizo esos gastos en aras de lograr el funcionamiento del mismo, con una inversi\u00f3n de $ 1.126.819.876, cuyo valor pretende [\u2026] que se ordene el pago a su favor y en contra de la citada se\u00f1ora.\u00bb; <\/p>\n
\u00abQue \u00e9l no est\u00e1 obligado al pago de la suma objeto de la condena impuesta por la Juez Civil del Circuito de Quibd\u00f3 en dicho proceso, en cuant\u00eda de $ 184.680.000\u00bb, y, <\/p>\n
\u00abQue la se\u00f1ora Romelia Garc\u00e9s de Perea posee el 25% del lote de terrero objeto de litis, lo cual genera que la suma a la que \u00e9l fue condenado a pagar en el auto glosado se reduzca al 60%\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Civil del Circuito de Quibd\u00f3, indic\u00f3 que no vulner\u00f3 los derechos fundamentales del accionante y, por el contrario, respet\u00f3 las garant\u00edas procesales de todas las partes. Agreg\u00f3, que la tutela no fue presentada dentro del plazo razonable, por lo que carece del requisito de inmediatez. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la queja relativa a que incurri\u00f3 en un defecto procedimental por falta de motivaci\u00f3n, pues no estudi\u00f3 ni tuvo en cuenta lo expuesto por el actor a trav\u00e9s de su abogado en la contestaci\u00f3n de la demanda y sus alegatos de conclusi\u00f3n, precis\u00f3 que fue en el auto n.\u00b0 861 del 19 de agosto de 2021, en el que se dispuso que los demandados ten\u00edan un saldo a favor de la se\u00f1ora Romelia Garc\u00e9s de Perea, por un valor de $184\u00b4680.000, y que deb\u00edan cancelarlo, pero que nada se indic\u00f3 en relaci\u00f3n con afectaci\u00f3n a bienes. <\/p>\n
Aclar\u00f3, que la sentencia n\u00famero 074 del 22 de agosto, es del a\u00f1o 2019, y no del 2021, y que, en esta, en su momento realiz\u00f3 el estudio y valoraci\u00f3n de la demanda, su contestaci\u00f3n, as\u00ed como los alegatos, y determin\u00f3 que el actor constitucional deb\u00eda rendir las cuentas solicitadas, decisi\u00f3n que apel\u00f3 el apoderado del aqu\u00ed accionante, pero el mismo se declar\u00f3 desierto en auto de 4 de septiembre de 2019, por falta de sustentaci\u00f3n. <\/p>\n
Sostuvo, que el tramite adelantado fue el de un proceso de rendici\u00f3n provocada de cuentas sobre la administraci\u00f3n y funcionamiento de un parqueadero, en el que no era propio discutir lo relacionado con la titularidad de un lote o inmueble, como erradamente lo indic\u00f3 el tutelante, habida cuenta que, ese no fue el objeto del litigio, por lo que se equivoc\u00f3 al manifestar que en la decisi\u00f3n que puso fin a la instancia, el Juzgado resolvi\u00f3 sobre el derecho de dominio que le asiste sobre dos bienes de su propiedad. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Por su parte, Romelia Garc\u00e9s de Perea, argument\u00f3 la improcedencia de la acci\u00f3n, por cuanto no se agotaron los recursos ordinarios y extraordinarios a que ten\u00eda derecho el demandado [aqu\u00ed actor] en contra de la sentencia que le orden\u00f3 rendir las cuentas, pues el recurso que interpuso no fue sustentado y se declar\u00f3 desierto, contando, incluso, con el extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3, que el accionante se encontraba notificado y representado por apoderado judicial, quien contest\u00f3 la demanda, raz\u00f3n por la cual la presente acci\u00f3n no re\u00fane el requisito de subsidiariedad, puesto que no puede interponerse como una tercera instancia. Adicion\u00f3, que la sentencia en dicho proceso se dict\u00f3 el 22 de agosto de 2019, y se encuentra ejecutoriada por ausencia de recursos, por lo que tampoco se cumple con el elemento de la inmediatez, adem\u00e1s de ser \u00abtemeraria\u00bb pues el se\u00f1or Yirlon de Jes\u00fas Gracia Mena, ya hab\u00eda radicado otra acci\u00f3n del mismo linaje, bajo el n\u00b0 2022-00011-00. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Los dem\u00e1s vinculados guardaron silencio. <\/p>\n
LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
La Sala \u00danica del Tribunal Superior de Quibd\u00f3, declar\u00f3 improcedente el amparo, por ausencia del requisito de inmediatez. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el accionante para se\u00f1alar que estuvo incapacitado desde el 16 de febrero hasta el 16 de abril de 2022, motivo por el cual, no pudo radicar su tutela dentro de un t\u00e9rmino prudencial. As\u00ed las cosas, solicit\u00f3 \u00abque el requisito de la inmediatez no sea una exenci\u00f3n al estudio pormenorizado y detallado del proceso declarativo\u00bb objeto de sus pretensiones. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales, salvo que el funcionario respectivo hubiese adoptado una decisi\u00f3n por completo desviada del sendero previamente dise\u00f1ado por el Legislador, sin ninguna objetividad y edificada en sus particulares interpretaciones, a tal extremo que se configure un proceder que pudiese encuadrar en una v\u00eda de hecho, situaci\u00f3n frente a la cual, se abre paso este mecanismo excepcional para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos generales y espec\u00edficos, entre otros, que se hayan agotado los medios ordinarios de defensa judicial existentes, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del amparo y, por supuesto, que se observe el requisito de la inmediatez, connatural a su ejercicio. [Cfr. CSJ STC11845-2021, STC1526-2022 y STC6747-2022]. <\/p>\n
<\/p>\n
1. En relaci\u00f3n con la oportunidad en la que se debe reclamar la protecci\u00f3n constitucional, esta Corte ha puntualizado, que: <\/p>\n
\u00abSi bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no pueda ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n, [\u2026] [por tanto] [\u2026] muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser\u00bb [m\u00e1ximo seis (6) meses] [Cfr. CSJ. STC. 14 Sep. 2007, exp. 2012-01316-00, reiterada en STC. 27 Oct. 2011, exp. 2011-02245-00, STC6331-2022 y STC4732 de 2022 entre muchas otras]. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Ahora bien, en cuanto al agotamiento de los recursos ordinarios, debe reiterarse que esta acci\u00f3n no fue incorporada al ordenamiento procesal para sustituir o desplazar las competencias de las autoridades judiciales, habida cuenta que: <\/p>\n
\u00abno se erige en mecanismo sustituto o paralelo de los instrumentos o procedimientos ordinarios creados por el legislador, para debatir t\u00f3picos no controvertibles en sede constitucional, pues debido a su finalidad iusfundamental no est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos \u201csino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta afectada o amenazada en una garant\u00eda de rango superior con ocasi\u00f3n de una arbitrariedad jurisdiccional, hubiese carecido o carezca de recursos judiciales para atacarla\u201d\u00bb (CSJ STC 16 jul. 2012, rad. 2012-00997-01, reiterada en STC 2012-00320- 01, y citada en STC8306-2021, STC10471-2021, STC1911-2022 y STC2655-2022, entre muchas). <\/p>\n
<\/p>\n
2. De los hechos y las pretensiones expuestas en la presente acci\u00f3n constitucional, el descontento del se\u00f1or Jes\u00fas Edmundo Gracia Campa\u00f1a surge con la orden impartida por el Juzgado Civil del Circuito de Quibd\u00f3, en la sentencia \u00abn.\u00b0 074 del 22 de agosto de 2021\u00bb (sic), consistente en rendirle cuentas a la se\u00f1ora Romelia Garc\u00e9s de Perea por la administraci\u00f3n del parqueadero urbano mencionado en el proceso y para lo anterior, afirma, que en la citada providencia se incurri\u00f3 en un defecto procedimental por ausencia de motivaci\u00f3n, que le \u00abimpidi\u00f3 hacer efectivo de una manera real [su] derecho de defensa y contradicci\u00f3n\u00bb puesto que, \u00abno dio cuenta de los hechos y los argumentos tra\u00eddos por los sujetos vinculados al proceso, particularmente cuando resultan esenciales para el sentido de la decisi\u00f3n [\u2026] no justific\u00f3 el motivo por el cual se abstuvo de pronunciarse sobre ciertos temas o los despach\u00f3 de manera insuficientes, bajo conjeturas carentes de sustento probatorio o jur\u00eddico alguno, es decir, [\u2026] omiti\u00f3 pronunciarse sobre los argumentos de defensa formulados en la contestaci\u00f3n de la demanda y en los alegatos de conclusi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. En relaci\u00f3n con lo alegado, lo primero que observa la Sala, es que la decisi\u00f3n cuestionada por el actor, esto es, la n\u00famero \u00ab074\u00bb, proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Quibd\u00f3 en el proceso referido, data del 21 de agosto de 2019, y no del a\u00f1o 2021, como erradamente lo advirti\u00f3 el accionante en su escrito de tutela, y, asimismo, que fue en \u00e9sta, en la que se profiri\u00f3 la sentencia y se declar\u00f3 que, tanto el actor, como algunos de los restantes demandados, estaban \u00abobligados a rendir cuentas de su administraci\u00f3n sobre el parqueadero construido sobre el lote de terreno que fuera de propiedad de demandante y demandados [\u2026] entre el 01 de enero de 2003 y el 15 de julio de 2010\u00bb. <\/p>\n
De manera que, los argumentos que present\u00f3 el solicitante de esta acci\u00f3n constitucional, debieron alegarse en el momento oportuno a trav\u00e9s del recurso de apelaci\u00f3n en contra de la mencionada sentencia, actuaci\u00f3n que, si bien en su momento intent\u00f3, fue declarada desierta en auto de 4 de septiembre de 2019, debido a la falta de sustentaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, es indudable que esta acci\u00f3n estaba llamada a su fracaso, porque el actor super\u00f3 el t\u00e9rmino razonable para presentarla, sin haber acreditado alguno de los supuestos fijados por la jurisprudencia constitucional para justificar su inactividad1, si se toma en cuenta, de una parte, que transcurrieron m\u00e1s de dos (2) a\u00f1os desde que se profiri\u00f3 la sentencia en la que se le conden\u00f3 a rendir las cuentas objeto de su queja y, de otro lado, que la incapacidad m\u00e9dica que invoca como justificaci\u00f3n para la demora, se registr\u00f3 con posterioridad a esa fecha [Febrero de 2022 \u2013 es decir, un (1) a\u00f1o y m\u00e1s de cinco (5) meses despu\u00e9s-]. <\/p>\n
Sumado a lo anterior, incurri\u00f3 en incuria, en tanto que desaprovech\u00f3 los recursos ordinarios con los que contaba para debatir, ante el Juez natural, los aspectos que de manera tard\u00eda expone en este mecanismo excepcional. <\/p>\n
Lo manifestado en precedencia, se traduce en el indiscutible incumplimiento de los requisitos de la inmediatez y la subsidiariedad necesarios para asumir el estudio a fondo de situaciones como la relatada, dicha tardanza y la revelada desidia descarta la existencia de una conducta irregular atribuible a la autoridad accionada, con repercusi\u00f3n directa en las garant\u00edas fundamentales presuntamente amenazadas. <\/p>\n
Y es que los errores expuestos hacen improcedente la acci\u00f3n, pues debido a su finalidad ius fundamental, la misma \u00abno est\u00e1 concebida para [\u2026] subsanar falencias procesales en que haya podido incurrir el promotor de la acci\u00f3n, ni mucho menos para restablecer oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos\u00bb [CSJ STC, 8 abr. 2008, rad. 2008-00065-01; reiterada, entre otras, en CSJ STC, 4 jun. 2013, rad. 2013-00585-01; STC, 21 ago. 2013, rad. 2013-01258-01; STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-01329-01, STC2009- 2022 y STC2738-2022]. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Bastar\u00edan los referidos argumentos para confirmar el fallo impugnado, sin embargo -solo en gracia de discusi\u00f3n- ha de decirse que, en el auto n\u00b0 861 de 19 de agosto de 2021, en el que el Juzgado Civil del Circuito de Quibd\u00f3 determin\u00f3 un saldo a favor de la se\u00f1ora Romelia Garc\u00e9s de Perea \u2013 demandante en el proceso de rendici\u00f3n de cuentas -, por la suma de $184\u00b4680.000, no era viable retomar los argumentos cuyo an\u00e1lisis extra\u00f1\u00f3 el accionante, pues, es claro que la tarea de analizar la demanda, su respectiva contestaci\u00f3n y los alegatos de conclusi\u00f3n, solo pod\u00eda hacerse en la sentencia de 2019 varias veces mencionada, ya que, en este \u00faltimo, solo era posible decidir sobre las eventualidades que regula el art\u00edculo 379 del C\u00f3digo General del Proceso, esto es, las ocasionales \u00abobjeciones\u00bb presentadas frente a las cuentas cuya orden ya proven\u00eda de la sentencia, como en efecto sucedi\u00f3. <\/p>\n
En todo caso, pese a que el actor no se\u00f1al\u00f3, puntualmente, cu\u00e1l fue el desafuero en el que incurri\u00f3 la juzgadora de instancia en la \u00faltima de las providencias nombradas, en esta no se concluy\u00f3 arbitrariedad o capricho manifiesto que revelara el defecto alegado, y que impusiera la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
6. Como consecuencia de lo expuesto se confirmar\u00e1 la sentencia cuestionada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE y C\u00daMPLASE, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00abi) que exista un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; ii) que la inactividad justificada no vulnere el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) que exista un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado y; iv) que el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surja despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma, en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n.\u00bb [Corte Constitucional T-344-14, T249\/18]. <\/p>\n
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STC7548-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente Radicaci\u00f3n n\u00b0 27001-22-08-000-2022-00028-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de junio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la Sentencia proferida por la Sala \u00danica del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-64508","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64508","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64508"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64508\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64508"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64508"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64508"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}