STC7555-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7555-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-00734-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n formulada por la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesant\u00edas – Porvenir S. A. contra el fallo de 26 de abril de 2022 dictado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia en la salvaguarda que instaur\u00f3 frente a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, extensiva a Adriana Mar\u00eda Piedrahita G\u00f3mez, Yasmin del Socorro Estrada, autoridades, partes y dem\u00e1s intervinientes en el litigio n\u00b0 05001-31-05-015-2017-00305-00 (Rad. Corte 86941). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La convocante solicit\u00f3 dejar sin efectos la sentencia de 3 de noviembre de 2021 (CSJ SL5270-2021), y se ordene emitir una \u00absustitutiva, subsanando los yerros jur\u00eddicos enrostrados en el presente escrito (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En sustento, se\u00f1al\u00f3 que, ante el \u00f3bito de Ferney Alejandro P\u00e9rez Gonz\u00e1lez (17 abr. 2016), se presentaron ante esa entidad Adriana Mar\u00eda Piedrahita G\u00f3mez y Yasm\u00edn del Socorro Estrada en nombre propio y en representaci\u00f3n de su hija a reclamar la pensi\u00f3n de sobrevivientes, lo cual se concedi\u00f3 en un 50% en favor de la menor y el otro restante lo dej\u00f3 en reserva hasta que la justicia ordinaria laboral definiera lo pertinente. El asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medell\u00edn quien neg\u00f3 las pretensiones porque las demandantes \u00abno cumpl\u00edan los requisitos para ser beneficiarias de la pensi\u00f3n de sobrevivientes\u00bb (12 abr. 2018), apelaron y el Tribunal le concedi\u00f3 el otro 50% a favor de Adriana Mar\u00eda Piedrahita G\u00f3mez, de manera temporal y por un m\u00e1ximo de 20 a\u00f1os (6 dic. 2018); postul\u00f3 casaci\u00f3n la aseguradora y la Corte no cas\u00f3 el fallo de segunda instancia (CSJ SL5270-2021, 3 nov.). <\/p>\n
En su sentir, la decisi\u00f3n rebatida afecta los principios de buena fe y el derecho a la igualdad, en tanto, desconoci\u00f3 el precedente jurisprudencial que exige m\u00ednimo haber convivido cinco a\u00f1os para alcanzar el reconocimiento de las prestaciones del causante. <\/p>\n
2. La magistratura acusada defendi\u00f3 su prove\u00eddo. El juez de conocimiento hizo el recuento de lo actuado. Adriana Mar\u00eda Piedrahita G\u00f3mez respald\u00f3 el desenlace. <\/p>\n
3. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n desestim\u00f3 el ruego por razonabilidad porque \u00ab[l] la simple discrepancia o desacuerdo con el contenido de una decisi\u00f3n, no habilita la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela porque es un mecanismo excepcional, el cual no fue dise\u00f1ado como una instancia adicional (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
4. La activante recurri\u00f3 e insisti\u00f3 en los argumentos expuestos en el escrito inicial relacionados con el desconocimiento del precedente del \u00f3rgano l\u00edmite constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Luego de revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio (CSJ SL5270-2021, 3 dic.), no se advierte la configuraci\u00f3n de alguna v\u00eda de hecho y menos el agravio a prerrogativas fundamentales, ya que, si bien result\u00f3 adversa a los intereses de la promotora, tal circunstancia no la habilita para tildarla de arbitraria o caprichosa, que faculte la intervenci\u00f3n de esta especial justicia. <\/p>\n
As\u00ed, al ocuparse del estudio de los cargos, comenz\u00f3 por resaltar la revaluaci\u00f3n de la tesis relacionada con el requisito de acreditaci\u00f3n de la convivencia de 5 a\u00f1os establecido en el literal a) del art\u00edculo 13 de la Ley 797 de 2003, en lo atinente a si dicho requisito era exigible con independencia de si el causante era afiliado o pensionado y en esa l\u00ednea de pensamiento explic\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) luego de analizar minuciosa y detenidamente el citado supuesto normativo, en armon\u00eda con los pronunciamientos efectuados en sede de constitucionalidad referidos al mismo, esta Corporaci\u00f3n concluy\u00f3, sin dubitaci\u00f3n alguna, que su intelecci\u00f3n adecuada, la que se acompasa con la Constituci\u00f3n y el esp\u00edritu de la ley, as\u00ed como con los fines y principios del Sistema Integral de Seguridad Social, y en particular, del Sistema Pensional, lleva a concluir que, en caso de muerte de afiliado, no fue previsto por el legislador un requisito de tiempo m\u00ednimo de convivencia, para que c\u00f3nyuge o compa\u00f1ero o compa\u00f1era permanente, ostenten la condici\u00f3n de beneficiario de la pensi\u00f3n de sobrevivientes, puesto que tal requisito, solo fue instituido para el caso de muerte del pensionado, por motivos que resultan constitucionalmente v\u00e1lidos, como en m\u00e1s de una oportunidad lo analiz\u00f3 la Corte Constitucional. <\/p>\n
As\u00ed luego de trascribir apartes de la sentencia C-1094 de 2003, donde analiz\u00f3 la constitucionalidad del art\u00edculo 13 de la Ley 797 de 2003, en cuanto al requisito de convivencia dado que solo se fija para el caso de los pensionados, se\u00f1al\u00f3 que <\/p>\n
(\u2026) ante lo expuesto por la misma Corte Constitucional en la sentencia CC C-336-2014, en la que tangencialmente se equipar\u00f3 el requisito de convivencia m\u00ednima, en el caso de afiliado y pensionado, y acto seguido se cit\u00f3 la sentencia CC C-1176-2001 y la CC C-1094-2003, en cuanto al l\u00edmite temporal exigido a los beneficiarios del pensionado y su leg\u00edtimo fin; empero, el an\u00e1lisis de constitucionalidad efectuado se encontraba dirigido en esa oportunidad, a otros supuestos contenidos en la norma, esto es, el aparte final del \u00faltimo inciso del literal b) del art. 13 de la Ley 797 de 2003, por lo que no tiene la virtualidad de modificar lo considerado en la sentencia CC C-1094-2003. <\/p>\n
De la redacci\u00f3n del precepto legal, el literal a) del art. 13 de la Ley 797 de 2003, que modific\u00f3 el art. 47 de la Ley 100 de 1993, se advierte con suma claridad y contundencia que la exigencia de un tiempo m\u00ednimo de convivencia de 5 a\u00f1os all\u00ed contenida, se encuentra relacionada \u00fanicamente al caso en que la pensi\u00f3n de sobrevivientes se cause por muerte del pensionado; una intelecci\u00f3n distinta, comporta la variaci\u00f3n de su sentido y alcance, toda vez que, no puede desconocerse tal distinci\u00f3n, que fue expresamente prevista por el legislador en la norma acusada, as\u00ed: <\/p>\n
Son beneficiarios de la pensi\u00f3n de sobrevivientes: <\/p>\n
a) En forma vitalicia, el c\u00f3nyuge o la compa\u00f1era o compa\u00f1ero permanente o sup\u00e9rstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o m\u00e1s a\u00f1os de edad. En caso de que la pensi\u00f3n de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el c\u00f3nyuge o la compa\u00f1era o compa\u00f1ero permanente sup\u00e9rstite, deber\u00e1 acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) a\u00f1os continuos con anterioridad a su muerte; (subraya y negrilla fuera de texto) <\/p>\n
Desde la expedici\u00f3n de la Ley 100 de 1993, ha sido clara la intenci\u00f3n del legislador al establecer una diferenciaci\u00f3n entre beneficiarios de la pensi\u00f3n de sobrevivientes por la muerte de afiliados al sistema no pensionados, y la de pensionados, esto es, la conocida como sustituci\u00f3n pensional, previendo como requisito tan solo en este \u00faltimo caso, un tiempo m\u00ednimo de convivencia, procurando con ello evitar conductas fraudulentas, \u00abconvivencias de \u00faltima hora con quien est\u00e1 a punto de fallecer y as\u00ed acceder a la pensi\u00f3n de sobrevivientes\u00bb, por la muerte de quien ven\u00eda disfrutando de una pensi\u00f3n. <\/p>\n
Y en esa l\u00ednea de pensamiento afincado en la sentencia C-521 de 2007 explic\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) resulta necesario precisar, que conforme al an\u00e1lisis hasta aqu\u00ed efectuado, de lo dispuesto en el literal a) del art. 13 de la Ley 797 de 2003, para ser considerado beneficiario de la pensi\u00f3n de sobrevivientes, en condici\u00f3n de c\u00f3nyuge o compa\u00f1ero o compa\u00f1era permanente sup\u00e9rstite del afiliado al sistema que fallece, no es exigible ning\u00fan tiempo m\u00ednimo de convivencia, toda vez que con la simple acreditaci\u00f3n de la calidad exigida, c\u00f3nyuge o compa\u00f1ero (a), la conformaci\u00f3n y pertenencia al n\u00facleo familiar, con vocaci\u00f3n de permanencia, as\u00ed como la convivencia vigente para el momento de la muerte, se da cumplimiento al supuesto previsto en el literal de la norma analizado, que da lugar al reconocimiento de las prestaciones derivadas de la contingencia, esto es, la pensi\u00f3n de sobrevivientes, o en su caso, la indemnizaci\u00f3n sustitutiva de la misma o la devoluci\u00f3n de saldos, de acuerdo al r\u00e9gimen de que se trate, y el cumplimiento de los requisitos para la causaci\u00f3n de una u otra prestaci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior comporta tambi\u00e9n que, para efectos de la aplicaci\u00f3n de lo dispuesto en el literal a) del art. 13 de la Ley 797 de 2003, no hay lugar a efectuar ninguna distinci\u00f3n entre beneficiarios del causante afiliado – no pensionado-, seg\u00fan la forma en la que se constituya el n\u00facleo familiar, si lo es por v\u00ednculos jur\u00eddicos o naturales, en tanto el referido n\u00facleo, es lo que protege el Sistema General de Seguridad Social. As\u00ed lo record\u00f3 la Corte Constitucional, en el an\u00e1lisis de constitucionalidad efectuado al art. 163 de la Ley 100 de 1993, antes de ser modificado por el art. 218 de la Ley 1753 de 2015, en la sentencia CC C-521-2007, que en torno al concepto de familia y su protecci\u00f3n sin discriminaci\u00f3n, en consideraciones que se avienen al Sistema Pensional, advirti\u00f3 que: <\/p>\n
[\u2026] la exigencia de convivir durante un lapso superior a dos a\u00f1os para lograr afiliar como beneficiario del Plan Obligatorio de Salud al compa\u00f1ero (a) permanente, quebranta los derechos a la igualdad, seguridad social, salud, vida, libre desarrollo de la personalidad y protecci\u00f3n integral de la familia, por cuanto el constituyente consagr\u00f3 una protecci\u00f3n igual para las uniones familiares constituidas por v\u00ednculos naturales o jur\u00eddicos, como tambi\u00e9n para las conformadas por la decisi\u00f3n libre de contraer matrimonio o la voluntad responsable de conformarlas. <\/p>\n
Desde una perspectiva constitucional no existe una justificaci\u00f3n objetiva y razonable para otorgarle un trato distinto al c\u00f3nyuge a quien no se le impone la obligaci\u00f3n de cumplir un determinado per\u00edodo de convivencia con el afiliado, mientras que el compa\u00f1ero (a) no puede ser afiliado al POS si la uni\u00f3n permanente es inferior a dos a\u00f1os. Sobre esta materia es pertinente recordar el texto del art\u00edculo 42 de la Carta Pol\u00edtica, seg\u00fan el cual: <\/p>\n
[…] <\/p>\n
4.10. La diferencia de trato entre el c\u00f3nyuge del afiliado y el compa\u00f1ero (a) permanente del afiliado a quien se impone la obligaci\u00f3n de convivir durante un per\u00edodo m\u00ednimo de dos a\u00f1os para acceder a las mismas prestaciones, no est\u00e1 justificada bajo par\u00e1metros objetivos y razonables, por cuanto se impone a \u00e9ste \u00faltimo la carga de permanecer durante dos a\u00f1os sin los beneficios propios del Plan Obligatorio de Salud, brind\u00e1ndole como explicaci\u00f3n que se trata de un lapso ef\u00edmero durante el cual podr\u00eda afiliarse como trabajador independiente al r\u00e9gimen contributivo o al r\u00e9gimen subsidiado, o acceder a los servicios en calidad de vinculado. <\/p>\n
Similares consideraciones podr\u00edan hacerse respecto del c\u00f3nyuge a quien la norma ampara como beneficiario a partir del matrimonio; sin embargo, la disposici\u00f3n, contrariando lo dispuesto en el art\u00edculo 13 superior, ordena darle al compa\u00f1ero (a) permanente un trato discriminatorio al imponerle una carga desproporcionada, en cuanto a pesar de estar conformando una familia lo obliga a permanecer durante dos a\u00f1os por fuera del \u00e1mbito de cobertura se\u00f1alado en el art\u00edculo 163 de la ley 100 de 1993. <\/p>\n
[…] <\/p>\n
Mientras el art\u00edculo 2\u00ba. de la ley 54 de 1990 regula el r\u00e9gimen econ\u00f3mico de las uniones maritales de hecho, el art\u00edculo 163 de la ley 100 de 1993 se aplica a la cobertura familiar en el Plan Obligatorio de Salud; es decir, una y otra disposici\u00f3n son ontol\u00f3gicamente diferentes, la primera aplicable a las consecuencias econ\u00f3micas derivadas de la uni\u00f3n marital de hecho, al paso que la segunda est\u00e1 relacionada con la protecci\u00f3n integral de la familia en cuanto a la prestaci\u00f3n del servicio de seguridad social en salud se refiere, materia \u00e9sta que vincula la protecci\u00f3n eficaz de los derechos fundamentales a la vida en condiciones en dignas y a no ser discriminado en raz\u00f3n del origen familiar. <\/p>\n
Tambi\u00e9n aclar\u00f3 con suficiencia el cambio de postura sobre ese espec\u00edfico t\u00f3pico y por ello resalt\u00f3: <\/p>\n
En cuanto a lo dispuesto en el art. 10 del Decreto 1889 de 1994, que prev\u00e9 que se considera compa\u00f1era o compa\u00f1ero permanente para efectos de la pensi\u00f3n de sobrevivientes causada por la muerte de un afiliado, la \u00faltima persona que haya hecho vida marital con aquel durante un lapso no inferior a dos (2) a\u00f1os, al reglamentar parcialmente las normas del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, no pod\u00eda ir m\u00e1s all\u00e1 de lo dispuesto en la ley, imponiendo requisitos que superen lo legalmente establecido, como lo hizo; y, no est\u00e1 por dem\u00e1s indicar que dicha norma fue subrogada por el art\u00edculo 2.2.8.2.3 del Decreto \u00danico Reglamentario 1833 de 2016, que remite al lapso de convivencia previsto en los art. 47 y 74 de la Ley 100 de 1993, y normas que los modifiquen o adicionen, por lo que, se considera que, para determinar qui\u00e9n ostenta la calidad de compa\u00f1ero o compa\u00f1era permanente de un afiliado, a efectos de lo dispuesto en el literal a) del art. 13 de la Ley 797 de 2003, que modific\u00f3 el art. 47 de la Ley 100 de 1993, debe acudirse a la noci\u00f3n constitucional de familia, en la forma en la que ha sido ampliamente analizada por la Corte Constitucional, entre otras, en la providencia citada. <\/p>\n
As\u00ed fue como la Sala fij\u00f3 el verdadero alcance de la disposici\u00f3n acusada, a la luz del precepto constitucional de favorabilidad, in dubio pro operario, esto es, que el tiempo de convivencia m\u00ednima de cinco (5) a\u00f1os, en el supuesto previsto en el literal a) del art. 13 de la Ley 797 de 2003, solo es exigible en caso de muerte del pensionado, en la sentencia CSJ SL1730-2020, que fue reiterado en otras, como la CSJ SL3843-2020, CSJ SL3785-2020, CSJ SL4606-2020, CSJ SL489-2021, CSJ SL362-2021, CSJ SL1905-2021 y CSJ SL2222-2021. <\/p>\n
Ahora al adentrase en el estudio del contenido de la sentencia SU-149 de 2021, aqu\u00ed denunciada como desatendida explic\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) la sentencia CSJ SL1730-2020, en la que se fij\u00f3 inicialmente el criterio en el que se insiste en esta nueva oportunidad, fue dejada sin efectos mediante la sentencia CC SU-149-2021, proferida por la Sala Plena de la Corte Constitucional, empero, esta Sala especializada se aparta de lo razonado en esa providencia, a la que se dio cumplimiento mediante sentencia CSJ SL4318-2021, por las razones all\u00ed esbozadas, que se traen nuevamente a colaci\u00f3n, para cumplir con la carga de transparencia, exponiendo con precisi\u00f3n y suficiencia los argumentos de \u00edndole jur\u00eddico, por los que se aparta del precedente constitucional referido. <\/p>\n
Para esta Sala, en ninguna interpretaci\u00f3n irrazonable ni desproporcionada del literal a) del art\u00edculo 13 de la Ley 797 de 2003 se incurri\u00f3 en la decisi\u00f3n que se dej\u00f3 sin efectos por la Corte Constitucional, ni en esta que reafirma el mismo criterio; por el contrario, la intelecci\u00f3n dada se acompasa perfectamente con los supuestos establecidos en la disposici\u00f3n en comento, y m\u00e1s a\u00fan, con la clara finalidad del legislador al prever las condiciones para ser beneficiario de la pensi\u00f3n de sobrevivientes, en calidad de c\u00f3nyuge o de compa\u00f1ero (a) permanente, de afiliado (a) o de pensionado (a), y la protecci\u00f3n de su n\u00facleo familiar, sin que se produzcan los resultados desproporcionados aducidos, respecto a la finalidad de la pensi\u00f3n de sobrevivientes, ni se est\u00e9 en contraposici\u00f3n con el principio de sostenibilidad financiera del sistema, que valga acotar, en materia de pensi\u00f3n de sobrevivientes tiene un alcance y naturaleza distinta. <\/p>\n
Lo anterior, si se tiene en cuenta que esta prestaci\u00f3n, as\u00ed como la de invalidez, se financia en el sistema pensional, no solo con los aportes de los afiliados, sino con la suma adicional a cargo de las aseguradoras, en el r\u00e9gimen de ahorro individual, por el seguro previsional; con la reserva pensional para ese efecto, del fondo com\u00fan en el r\u00e9gimen de prima media; y, en el sistema de riesgos profesionales, la financiaci\u00f3n est\u00e1 dada por las normas propias de los seguros, en virtud de la ocurrencia de los respectivos siniestros. <\/p>\n
Es por ello, que la decisi\u00f3n no tendr\u00eda la virtualidad de afectar la sostenibilidad financiera del sistema pensional, menos a\u00fan la sostenibilidad fiscal, que como lo record\u00f3 el alto Tribunal Constitucional difiere de aquel principio, puesto que est\u00e1 dirigido a reducir el d\u00e9ficit fiscal, esto es, la brecha entre el ingreso y el gasto p\u00fablico, y en sus palabras \u00abno puede servir de fundamento para el menoscabo de los derechos fundamentales, la restricci\u00f3n de su alcance o la omisi\u00f3n en su protecci\u00f3n\u00bb (CC SU-149-2021), resultando por el contrario relevante, para cumplir los fines propios del Estado Social y Democr\u00e1tico de derecho. <\/p>\n
Y, en manera alguna se violent\u00f3 el principio de igualdad, tal como expresamente se analiz\u00f3 con anterioridad, en tanto que, como lo ha precisado de manera reiterada la misma Corte Constitucional, \u00e9sta solo puede predicarse entre iguales, y la diferenciaci\u00f3n establecida por el legislador, encuentra plena justificaci\u00f3n en las discrepancias entre uno y otro supuesto, persiguiendo una finalidad que esa misma Corporaci\u00f3n consider\u00f3 leg\u00edtima en la sentencia CC C-1094-2003, al analizar la constitucionalidad de la regulaci\u00f3n que la consagra, declarando en esa oportunidad la exequibilidad de la disposici\u00f3n. <\/p>\n
Tampoco se desconoci\u00f3 el precedente constitucional en la sentencia que se dej\u00f3 sin efectos, pues se itera, no evidencia esta Sala un verdadero acierto en la afirmaci\u00f3n efectuada respecto a que, en la sentencia CC SU-428-2016, se fij\u00f3 una regla jurisprudencial aplicable al caso, esto es, de convivencia m\u00ednima de cinco a\u00f1os trat\u00e1ndose de muerte de pensionado o de afiliado, tema al que se hizo referencia de manera tangencial, entre los otros que fueron puestos a consideraci\u00f3n del \u00f3rgano de cierre constitucional, advirti\u00e9ndose al respecto la necesidad de ser miembro del grupo familiar del causante al momento de su muerte, y de la convivencia real y efectiva, para lo cual se remiti\u00f3 al precedente de esta Corporaci\u00f3n, sin que esa consideraci\u00f3n ri\u00f1a con la precisi\u00f3n jurisprudencial que fuera invalidada. <\/p>\n
En todo caso, tal decisi\u00f3n constitucional lo que hace es adaptar las consideraciones de las providencias CC C-336-2014 y CC C-1176-2001, como justificaci\u00f3n de ese m\u00ednimo tiempo de convivencia, mediante la cita de apartes que se encuentran referidos espec\u00edficamente a la protecci\u00f3n del pensionado y su familia, sin an\u00e1lisis y justificaci\u00f3n alguna respecto de la extensi\u00f3n de tales exigencias para cuando muere un afiliado al sistema pensional, caso en el que el legislador no previ\u00f3 ese m\u00ednimo. <\/p>\n
Y es de ah\u00ed justamente, de donde se deriva que, en verdad, no constituye el precedente espec\u00edficamente aplicable, ni pod\u00eda dar lugar al defecto sustantivo por su desconocimiento, ni a la imputaci\u00f3n de incumplimiento de las cargas de transparencia y argumentativa, en tanto que la precisi\u00f3n jurisprudencial justamente se sustent\u00f3 en las consideraciones de la Corte Constitucional en asuntos y materias que s\u00ed guardan estrecha identidad con la que fue objeto de debate, atendiendo particularmente a las argumentaciones expuestas en la sentencia de constitucionalidad, que analiz\u00f3 el mencionado requisito y la diferenciaci\u00f3n legislativa leg\u00edtima prevista, por lo que forzoso es concluir que, el \u00fanico precedente aplicable en la materia, lo constituye ahora si la sentencia CC SU-149-2021, de la que se aparta esta corporaci\u00f3n. <\/p>\n
En este orden de ideas, comoquiera que la providencia cuestionada reposa en un discernimiento e interpretaci\u00f3n no irrazonable, resulta notorio que el anhelo de la impulsora es anteponer su propio criterio para aniquilar el fallo que le desfavoreci\u00f3, designio ajeno a esta v\u00eda subsidiaria, y en ese escenario no habr\u00e1 opci\u00f3n diferente a la de ratificar el prove\u00eddo opugnado. <\/p>\n
N\u00f3tese, adem\u00e1s, que la acci\u00f3n de tutela no puede ser usada como una tercera instancia en la que se reabra un debate suscitado ante los jueces ordinarios, de ah\u00ed que la reclamaci\u00f3n de la inconforme en punto a que se efectu\u00e9 una nueva valoraci\u00f3n probatoria en sede constitucional sea inaceptable. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve: CONFIRMAR el pronunciamiento de naturaleza, procedencia y fecha conocidas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC7555-2022 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC7555-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-00734-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de junio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se resuelve la impugnaci\u00f3n formulada por la Sociedad Administradora de Fondos de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-64511","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64511","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64511"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64511\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64511"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64511"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64511"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}