STC7556-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC7556-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-00717-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 10 de mayo de 2022, en la acci\u00f3n de tutela formulada por Ingrid Cristina Guzm\u00e1n Torres contra la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Segundo Especializado de Extinci\u00f3n de Dominio de esta ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Sociedad de Activos Especiales -SAE- y la Fiscal\u00eda 21 de la Direcci\u00f3n Especializada de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio y citadas las partes e intervinientes en el proceso con radicado 2016-00046. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Por conducto de apoderado judicial, la solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas. <\/p>\n
En s\u00edntesis, manifest\u00f3 que la Fiscal\u00eda 21 Especializada present\u00f3 Resoluci\u00f3n de requerimiento de extinci\u00f3n de dominio sobre algunos bienes de titularidad de otras personas y cuatro de su propiedad, asunto tramitado ante el Juez Segundo del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n de Dominio de Bogot\u00e1, quien en sentencia de 21 de junio de 2019 adopt\u00f3 una decisi\u00f3n mixta en lo concerniente a sus propiedades, ordenando la no extinci\u00f3n de dos de los bienes y la extinci\u00f3n de los dem\u00e1s, siendo \u00e9stos \u00faltimos el 25% de un inmueble identificado con folio de matr\u00edcula 50N-122397 ubicado en Ch\u00eda y una Camioneta Ford Ecosport, modelo 2014. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que el 28 de abril de 2021 la Sala de Extinci\u00f3n de dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, al resolver la apelaci\u00f3n presentada contra esa determinaci\u00f3n y, conocer en grado jurisdiccional de consulta, confirm\u00f3 el fallo de primera instancia en lo relacionado con la decisi\u00f3n adoptaba sobre sus bienes y, por otra parte, revoc\u00f3 parcialmente el numeral 2 de la sentencia. <\/p>\n
Explic\u00f3 que tales pronunciamientos son constitutivos de v\u00eda de hecho por una motivaci\u00f3n deficiente que afect\u00f3 sus derechos, toda vez que no dieron respuesta a los argumentos expuestos por su defensor en los alegatos de conclusi\u00f3n y la apelaci\u00f3n, referentes a la no valoraci\u00f3n adecuada de las pruebas aportadas. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que se encontraban reunidos los requisitos generales de procedencia de la tutela y, a pesar de haber transcurrido alrededor de 9 meses desde que se dict\u00f3 la decisi\u00f3n cuestionada, consider\u00f3 que no es un t\u00e9rmino irrazonable para invocar la protecci\u00f3n constitucional, sumado a que en febrero de 2021 fue diagnosticada con c\u00e1ncer, eventualidad que la llev\u00f3 a dedicar todos sus esfuerzos econ\u00f3micos y an\u00edmicos para someterse a un tratamiento que mejorara su estado de salud. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 declarar que \u00ablos fallos de primera y segunda instancia fueron deficientemente motivados, debido a que no le dieron una respuesta motivada a los argumentos de [su] defensor, que de haberlo hecho, la decisi\u00f3n judicial debi\u00f3 proferirse no extinguiendo el dominio de ninguna porci\u00f3n de [su] patrimonio\u00bb y, consecuentemente, \u00abordenar al juez de primera instancia que profiera un nuevo fallo en el que d\u00e9 respuesta motivada a los argumentos plasmados en el alegato de conclusi\u00f3n, declarando previamente la invalidez de los fallos judiciales atacados\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Penal de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 se opuso a la prosperidad del auxilio ante el incumplimiento del presupuesto de inmediatez, adem\u00e1s, porque las premisas f\u00e1cticas que sustentan el escrito inicial fueron ampliamente debatidas en el escenario natural, en el cual se valoraron las pruebas y circunstancias de tiempo modo y lugar en que se suscitaron los hechos que originaron la acci\u00f3n que ahora pretende desconocer la reclamante ante el Juez constitucional. <\/p>\n
Igualmente, consider\u00f3 que resultaba desacertado afirmar que la decisi\u00f3n proferida carece de motivaci\u00f3n, pues al revisar la misma, se evidencia que esa Corporaci\u00f3n de manera acuciosa dedic\u00f3 un ac\u00e1pite a cada una de las inconformidades propuestas por el apoderado judicial de la aqu\u00ed accionante en el recurso de apelaci\u00f3n, dando respuesta con suficiencia a las diferentes discrepancias. <\/p>\n
2. La Sociedad de Activos Especiales -SAE- solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, afirmando que no ha vulnerado los derechos fundamentales de la actora, como quiera que en el desarrollo de su gesti\u00f3n ha actuado de acuerdo con las disposiciones de ley. <\/p>\n
3. El Director Jur\u00eddico del Ministerio de Justicia y del Derecho pidi\u00f3 negar el amparo constitucional, indicando que no es el competente para cumplir las pretensiones elevadas por la reclamante. <\/p>\n
4. La Fiscal 21 de la Direcci\u00f3n Especializada de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio luego de relatar las actuaciones surtidas en el asunto iniciado contra la peticionaria, requiri\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite, argumentando que el procedimiento de extinci\u00f3n fue adelantado bajo las garant\u00edas constitucionales del debido proceso y el derecho de contradicci\u00f3n. <\/p>\n
5. El apoderado del Banco Popular S.A. quien fue reconocido como tercero de buena fe exenta de culpa en lo relacionado con el 50% del bien inmueble identificado con matr\u00edcula 50N-20506320, precis\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela no cumple el presupuesto de inmediatez, teniendo en cuenta que la sentencia de segunda instancia fue proferida el 28 de abril de 2021. <\/p>\n
LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
1. La Sala de Casaci\u00f3n Penal declar\u00f3 improcedente el amparo solicitado, al estimar el incumplimiento del presupuesto de inmediatez, comoquiera que la peticionaria tard\u00f3 alrededor de 1 a\u00f1o en acudir al presente tr\u00e1mite, lo cual desborda lo que es considerado como plazo razonable por esa Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
Igualmente, porque la interesada no acredit\u00f3 la existencia de un perjuicio irremediable que hiciera necesaria la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue formulada por la accionante, aduciendo que el a quo constitucional incurri\u00f3 en una grave omisi\u00f3n, al no analizar los argumentos por ella expuestos en la demanda de tutela para justificar el cumplimiento del presupuesto de inmediatez. <\/p>\n
En ese sentido, reiter\u00f3 que en febrero de 2021 fue diagnosticada con c\u00e1ncer y tuvo que ser sometida a varias sesiones de quimioterapia realizadas en el transcurso de ese a\u00f1o y, una vez finalizadas, pudo retomar sus asuntos pendientes, entre ellos la acci\u00f3n de tutela, situaci\u00f3n f\u00e1ctica que justifica el tiempo transcurrido entre la ejecutoria del fallo de segunda instancia y la presentaci\u00f3n del amparo. <\/p>\n
En ese orden, solicit\u00f3 tener en cuenta su estado de salud que le impidi\u00f3 contratar los servicios profesionales de un abogado, hasta ahora, lo que explicar\u00eda esa presunta mora. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. \u00danicamente las providencias judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente asunto y acuda a esta jurisdicci\u00f3n oportunamente. <\/p>\n
2. De entrada ha de precisarse que, el an\u00e1lisis constitucional se circunscribir\u00e1 a la decisi\u00f3n proferida el 28 de abril de 2021 por la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, por cuanto fue la que defini\u00f3 el asunto, ello en virtud de lo se\u00f1alado por la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n. (Ver STC, may, 2014, rad. 00834-00, STC2242, 5 mar. 2015, reiterada en STC4287-2022). <\/p>\n
Al respecto, advierte la Sala que si bien el amparo fue presentado el 7 de febrero de 2022, es decir transcurridos alrededor de nueve (9) meses despu\u00e9s de notificada la aludida decisi\u00f3n, lo cierto es que el presupuesto temporal que ha establecido la jurisprudencia para la procedencia del amparo se tiene por superado, acogiendo los argumentos expuestos por la peticionaria sobre la imposibilidad de haber formulado la acci\u00f3n de tutela en un t\u00e9rmino razonable, debido a sus padecimiento de salud. <\/p>\n
Lo anterior, comoquiera que seg\u00fan se constata de la historia cl\u00ednica allegada a este tr\u00e1mite, la solicitante fue diagnosticada el 20 de febrero de 2021 con un tipo c\u00e1ncer denominado \u00abLINFOMA NO HODGKIN B FOLICULAR DE ALTO GRADO (3A)\u00bb, enfermedad que, seg\u00fan afirm\u00f3, la llev\u00f3 a dedicar sus esfuerzos econ\u00f3micos y an\u00edmicos, para someterse a un tratamiento que mejorara su estado de salud durante el transcurso del a\u00f1o 2021. <\/p>\n
3. Ahora bien, analizada la inconformidad de la reclamante, se anticipa la improsperidad de la solicitud de protecci\u00f3n constitucional, toda vez que revisados los fundamentos expuestos por la Sala Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 para confirmar la decisi\u00f3n que declar\u00f3 la extinci\u00f3n de dominio sobre dos bienes de propiedad de la actora, no se observa arbitrariedad manifiesta susceptible de ser enmendada a trav\u00e9s de esta v\u00eda extraordinaria, como pasa a exponerse, <\/p>\n
En la referida decisi\u00f3n la Corporaci\u00f3n accionada, en punto a la apelaci\u00f3n interpuesta por el apoderado judicial de Ingrid Cristina Guzm\u00e1n Torres, desarroll\u00f3 un ac\u00e1pite que denomin\u00f3 \u00abDe la renuncia t\u00e1cita a las pretensiones del requerimiento por parte de la Fiscal\u00eda\u00bb, en el cual indic\u00f3: <\/p>\n
\u00abInici\u00f3 el recurrente por se\u00f1alar que el ente investigador act\u00fao con <\/p>\n
desidia en el tr\u00e1mite del proceso, por cuanto en la etapa de juicio no hizo presencia en ninguna de las actuaciones, situaci\u00f3n que debe ser entendida como una renuncia t\u00e1cita a las pretensiones formuladas en el requerimiento y por tanto la consecuencia es declarar la no extinci\u00f3n del derecho de dominio. <\/p>\n
En cuanto a la citada discrepancia, esta Sala advierte desde ya que, si bien lo de esperarse es la intervenci\u00f3n de la Fiscal\u00eda como sujeto en esa etapa del proceso, no hay una norma que imponga obligatoria la actuaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda en juicio, sino que por el contrario el legislador estableci\u00f3 que es potestativo de los sujetos procesales, por lo cual la aducida inactividad no compromete la validez del tr\u00e1mite, mismo que mantiene ese trasunto aut\u00f3nomo y oficioso una vez pasa a manos del Juez\u00bb. <\/p>\n
Enseguida, transcribi\u00f3 los art\u00edculos 28, 116, 141, 144 de la Ley 1708 de 2014 y concluy\u00f3 que del contenido de los mismos se corroboraba que la Fiscal\u00eda ten\u00eda la potestad de hacer uso de las etapas all\u00ed establecidas, sin que ello fuera obligatorio, raz\u00f3n por la cual resultaba err\u00f3neo decir que hab\u00eda una renuncia t\u00e1cita por parte del ente mencionado a sus pretensiones, e igualmente agreg\u00f3, <\/p>\n
\u00abEs m\u00e1s, el mismo impugnante termina aceptando en el escrito de apelaci\u00f3n cuando asever\u00f3 lo siguiente \u201c\u2026Es cierto que no existe una norma que obligue de forma expresa la participaci\u00f3n de la fiscal\u00eda en juicio\u00bb (sic). <\/p>\n
Ahora si bien es verdad que el ente investigador no despleg\u00f3 ning\u00fan <\/p>\n
acto dentro del juicio, tambi\u00e9n es cierto que ello lo \u00fanico que refleja es que la Fiscal\u00eda se abstuvo de ejercer el derecho de contradicci\u00f3n respecto de las pruebas practicadas en juicio y desech\u00f3 la posibilidad de presentar alegatos de conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Dadas las circunstancias, se despacha desfavorablemente la solicitud de declarar la no extinci\u00f3n del derecho de dominio por tales motivos\u00bb. <\/p>\n
Luego, en relaci\u00f3n con el informe de polic\u00eda de 16 de julio de 2015, en el cual, seg\u00fan el apoderado de la recurrente se modific\u00f3 la realidad, puesto que en el mismo se afirm\u00f3 que su representada para esa fecha estaba privada de la libertad, el Tribunal se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) ello no es as\u00ed, pues al revisar el auto del 2 de mayo de esa anualidad proferido por el Juzgado 36 Penal Municipal de Control de Garant\u00edas de Bogot\u00e1 se denota que se neg\u00f3 la imposici\u00f3n de la medida de aseguramiento a Ingrid Guzm\u00e1n, al considerar que los elementos probatorios arrimados por el ente instructor no soportaban inferencia razonable de autor\u00eda. <\/p>\n
Al revisar el mencionado informe se constata que en ese documento <\/p>\n
se dijo \u201c\u2026Estos bienes fueron adquiridos desde 2010, se solicita al Fiscal la posible aplicaci\u00f3n de la causal 1 y 4 del art\u00edculo 16 de la Ley 1708, que se encuentra privada de la libertad por los delitos mencionados en el ac\u00e1pite del informe\u2026\u201d\u00bb <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d <\/p>\n
\u00abSobre tal situaci\u00f3n, se aclara que se incurri\u00f3 en dicho error humano al momento de elaborar el informe, sin embargo, resulta exagerado denominarlo como \u201cmalicioso\u201d ya que de ninguna manera se observa que el investigador tuviera alg\u00fan inter\u00e9s en afectar de manera dolosa a Ingrid Cristina, sino que ello obedeci\u00f3 a una mera equivocaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente desarroll\u00f3 otro ac\u00e1pite que denomin\u00f3 \u00abDe la valoraci\u00f3n probatoria\u00bb con el fin de establecer s\u00ed en el expediente exist\u00eda prueba que demostrara que Ingrid Cristina Guzm\u00e1n Torres hab\u00eda obtenido ingresos como consecuencia de las actividades il\u00edcitas desplegadas por la organizaci\u00f3n, que le permitieran adquirir los bienes que fueron vinculados al tr\u00e1mite extintivo conforme lo concluy\u00f3 el fallador de primer grado o, si por el contrario, hubo una indebida valoraci\u00f3n de la prueba en esa instancia. <\/p>\n
Previo a examinar las pruebas, el Tribunal destac\u00f3 que los informes en los que se basaron las bit\u00e1coras eran una gu\u00eda de la investigaci\u00f3n, por tanto, era necesario estudiar directamente lo expuesto por el agente encubierto en dicho documento, realizando en efecto, una valoraci\u00f3n individual y en conjunto de las evidencias obrantes, entre ellas, las \u00abbit\u00e1coras del agente encubierto\u00bb de 4 de febrero, 12 de marzo de 2014, 28 de marzo de 2014. <\/p>\n
Luego, resalt\u00f3: <\/p>\n
\u00abPor otro lado, no se discuten las afirmaciones realizadas por el abogado de la afectada, pues le asiste raz\u00f3n cuando indic\u00f3 en el escrito de apelaci\u00f3n que: (i) No se prob\u00f3 dentro de las diligencias contacto de Ingrid Cristina con el agente encubierto y Julio C\u00e9sar; y (ii) Tampoco hay evidencia que haga constar el envi\u00f3 de la evoluci\u00f3n m\u00e9dica por parte de Guzm\u00e1n al correo del l\u00edder de la organizaci\u00f3n. <\/p>\n
Sin embargo, no queda duda de la alteraci\u00f3n del concepto m\u00e9dico de Jhon Alexander emitida por la Junta M\u00e9dica, ya que tal distorsi\u00f3n de la realidad se corrobora al contrastar ese dictamen con la segunda valoraci\u00f3n que se hizo al agente encubierto en la Polic\u00eda Nacional. <\/p>\n
Como prueba de lo antes expuesto se adjunt\u00f3 al plenario el informe del 2 de marzo de 2015 en el cual se realiz\u00f3 el an\u00e1lisis de las valoraciones m\u00e9dicas\u00bb. (\u2026) <\/p>\n
asunto en el cual se determinar\u00e1 si \u00e9sta es responsable penalmente de las conductas por las cuales se acusa, pues se dilucida que a esta Sala s\u00f3lo le corresponde establecer si en el presente caso Ingrid Cristina obtuvo ingresos il\u00edcitos que le permitieran adquirir los bienes vinculados a este asunto. <\/p>\n
Para resolver dicho problema, se alleg\u00f3 al plenario el informe N\u00b0 S- <\/p>\n
2016\/DIJIN- GEDLA 76 del 29 de enero de 2016 rendido por el Perito Contable Grupo Extinci\u00f3n de Dominio y Lavado de Activos DIJIN se\u00f1alo que: <\/p>\n
\u201c\u2026Las declaraciones de renta no cuentan con los anexos o notas que indiquen, en que aspectos est\u00e9n representados todos los valores de las deudas u obligaciones, as\u00ed como tampoco en que est\u00e1 representado el patrimonio bruto como bienes y dem\u00e1s activos, esto con el prop\u00f3sito de corroborar la informaci\u00f3n registrada en la declaraci\u00f3n de renta. Es decir que dentro de la informaci\u00f3n puesta a disposici\u00f3n no se observan soportes de bienes muebles e inmuebles adquiridos en este a\u00f1o, as\u00ed como soportes referentes a obligaciones con bancos o entidades externas con el fin de corroborar el patrimonio reportado para este a\u00f1o, salvo los a\u00f1os en donde se referencian escrituras p\u00fablicas o certificados de compra y\/o venta de t\u00edtulos valores. (\u2026) <\/p>\n
Teniendo en cuenta la informaci\u00f3n puesta a disposici\u00f3n se procede a determinar si existen incrementos patrimoniales o excedentes de recursos por justificar (\u2026) <\/p>\n
Con relaci\u00f3n al disponible, no se puede determinar la capacidad econ\u00f3mica teniendo en cuenta que este rubro comprende \u201clos recursos de liquidez inmediata, total o parcial\u2026dentro de los cuales podemos mencionar la caja, los dep\u00f3sitos en bancos y otras entidades financieras\u2026\u201d, por lo tanto, dentro de la informaci\u00f3n puesta a disposici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1alo que, el apoderado de la recurrente solicit\u00f3 aclaraci\u00f3n del dictamen, ante lo cual el Contador P\u00fablico de la Dijin mediante informe n\u00ba S-2018 005621 concluy\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab\u2026La se\u00f1ora Ingrid Cristina para los a\u00f1os 2011, 2012, 2013 y 2014 incurri\u00f3 en omisiones cuantitativas significativas en las declaraciones de renta presentadas ante la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Lo anterior conllev\u00f3 a que los rubros o conceptos de las declaraciones reflejaran una realidad econ\u00f3mica err\u00f3nea, donde al momento de realizar un primer informe pericial de fecha 29 de enero de 2016, se determin\u00f3 conceptos como patrimonios y excedentes de recursos por justificar. Igualmente es de aclarar, que en el momento de rendir informe inicial, la informaci\u00f3n objeto de an\u00e1lisis no inclu\u00edan anexos y\/o soportes a las declaraciones de renta donde se pudiera evidenciar cada de los hechos econ\u00f3micos que se demostraron en la presente ampliaci\u00f3n, donde como resultado se obtuvo excedentes de recursos y no incrementos por justificar, como se detalla en el an\u00e1lisis del presente informe. <\/p>\n
Por otra parte, es de resaltar que a folio 33, 41, 50, 51, 53, 55, 61, 64 del cuaderno anexo 1 \u201cContradicci\u00f3n del dictamen\u201d, la oposici\u00f3n realiz\u00f3 manifestaci\u00f3n escrita de los errores y omisiones en los cuales incurrieron a\u00f1o a a\u00f1o. As\u00ed las cosas, los resultados obtenidos despu\u00e9s del an\u00e1lisis de los soportes a las declaraciones de renta allegados, fueron excedente de recursos o \u201cRentas no capitalizadas\u201d como lo manifiesta la oposici\u00f3n en sus c\u00e1lculos, que de acuerdo al informe pericial opositor y sus anexos, fueron erogaciones que el contribuyente efect\u00fao para los per\u00edodos 2011, 2012, 2013 y 2014\u2026\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, la Sala de Extinci\u00f3n de Domino accionada puntualiz\u00f3 que el perito en un principio arrib\u00f3 a la conclusi\u00f3n que en algunos a\u00f1os la afectada presentaba incrementos patrimoniales sin justificar, sin embargo, en la aclaraci\u00f3n estableci\u00f3 que solo hab\u00eda excedentes de recursos que se justifican en la medida que se ve\u00edan reflejados con los egresos que fueron utilizados en rentas. <\/p>\n
Seguidamente, se refiri\u00f3 al bien identificado con matr\u00edcula inmobiliaria n\u00ba 50N-122397 (25%) y procedi\u00f3 a efectuar la valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos, con el fin de constatar si Ingrid Cristina Guzm\u00e1n justific\u00f3 las sumas con las que adquiri\u00f3 ese predio; no obstante, anot\u00f3 que exist\u00edan indicios graves que compromet\u00edan seriamente la participaci\u00f3n de aqu\u00e9lla en la organizaci\u00f3n delictual, los cuales permit\u00edan concluir que su patrimonio estuvo permeado por capitales de origen il\u00edcito, sumado a que la fecha en la que se estaban desplegando las actividades relevantes para el derecho penal dentro del Ejercito, coincid\u00edan con la data en que se compr\u00f3 el bien vinculado. <\/p>\n
Con fundamento en esos argumentos, dispuso confirmar la decisi\u00f3n del a quo referente al mencionado bien, toda vez que se encontraba configurada la causal 9 del art\u00edculo 16 de la Ley 1708 de 2014. <\/p>\n
Por \u00faltimo, en lo atinente al veh\u00edculo Ford Ecosport de placas HSX-475 indic\u00f3: <\/p>\n
\u00abLa afectada anex\u00f3 copia de la factura de venta N\u00b0 1021023462 el 15 de enero de 2015 en la cual se hace constar la adquisici\u00f3n de la citada camioneta por un valor de $48.499.999. <\/p>\n
Asimismo, la abogada que representa los intereses de Guzm\u00e1n Torres se\u00f1alo que este bien lo adquiri\u00f3 su representada con un cr\u00e9dito que le fue aprobado por el Banco AV VILLAS por valor de $36.964.962 desembolsado el 21 de enero de 2014 y el excedente de $10.796.038 lo cancel\u00f3 con ahorros, prima de diciembre e ingresos extras que recib\u00eda con ocasi\u00f3n de las labores desempe\u00f1adas en el Hogar Geri\u00e1trico. <\/p>\n
En torno a ello, se arrim\u00f3 copia de la constancia de fecha 3 de mayo de 2016 en la que el \u00c1rea de Servicio al Cliente del Banco AV Villas certifica que \u201c\u2026la se\u00f1ora GUZMAN TORRES INGRID CRISTINA identificado (a) con c\u00e9dula de ciudadan\u00eda N\u00b0 32.726.110, es titular de la obligaci\u00f3n N\u00b0 6000000929-4, el cual fue desembolsado el pasado 21 de enero de 2014 por valor de $36.964.292 para la financiaci\u00f3n de la camioneta Ford Ecosport de placas HSX475 en un plazo de 60 meses, el cual se encuentra vigente a la fecha\u2026\u201d(sic)\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, sostuvo que no se pod\u00eda desconocer que la compra del veh\u00edculo coincid\u00eda con la fecha en que estaban cometiendo delitos en el Ej\u00e9rcito Nacional con los que se obten\u00edan recursos il\u00edcitos que se mezclaron con capitales legales para obtener ese bien. Por lo cual, resolvi\u00f3 confirmar la decisi\u00f3n de extinguir el derecho de domino respecto de ese rodante al configurarse igualmente la causal 9 de la Ley 1708 de 2014. <\/p>\n
4. De los argumentos transcritos, advierte la Sala que el fallo de primer grado habr\u00e1 de ser ratificado, como quiera que no se evidenci\u00f3 desafuero o irregularidad que revele la v\u00eda de hecho alegada por la accionante y que imponga la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n, pues contrario a lo afirmado por aqu\u00e9lla, la decisi\u00f3n estuvo debidamente motivada. <\/p>\n
Lo anterior teniendo en cuenta que la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, luego de efectuar el an\u00e1lisis de las pruebas obrantes en el expediente y, atender cada uno de los reparos formulados por el apoderado judicial, as\u00ed como de la normativa que reg\u00eda el asunto, concluy\u00f3 que el pronunciamiento de primera instancia deb\u00eda ser confirmado, pues logr\u00f3 determinar que exist\u00edan indicios que compromet\u00edan la participaci\u00f3n de la recurrente en la organizaci\u00f3n delictiva, adem\u00e1s porque las fechas de adquisici\u00f3n de los bienes, coincid\u00edan con la \u00e9poca en la que se estaban desarrollando las actividades presuntamente delictivas. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, las divergencias exteriorizadas por la peticionaria a trav\u00e9s del presente medio residual y subsidiario, frente a lo decidido en los pronunciamientos objeto de su inconformidad, no resultan suficientes para que acuda al juez constitucional, con el fin de discutir los fundamentos de la autoridad judicial en el \u00e1mbito de sus competencias o para reabrir un debate ya definido por el juzgador correspondiente. (CSJ. STC 15 feb. 2011, exp. 01404, reiterada en la STC 1212-2022). <\/p>\n
5. Por \u00faltimo se resalta que tampoco procede la tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, pues para tal evento se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb. (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, exp. 00194-01, reiterada, entre otras, en STC860-2018). <\/p>\n
6. De conformidad con lo anterior, la sentencia constitucional impugnada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC7556-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC7556-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-00717-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de junio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-64512","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64512","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64512"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64512\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64512"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64512"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64512"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}