STC7569-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7569-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-01853-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Betty Johana Guzm\u00e1n Fierro contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales y el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de la misma ciudad, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclama la protecci\u00f3n de su prerrogativa al debido proceso, que dice vulnerada por las sedes judiciales accionadas. <\/p>\n
Pidi\u00f3, entonces, se ordene \u00abal juzgado Cuarto Civil del Circuito de Manizales que proceda a ejercer control de legalidad conforme lo establece el art\u00edculo 132 del CGP, y bajo ese presupuesto que prime el derecho sustancial sobre el procedimental, en el entendido que del aval\u00fao aprobado el 25 de junio de 2021, no se corri\u00f3 traslado a los intervinientes procesales, y no se permiti\u00f3 presentar las aclaraciones que permitieran se ajustara a la realidad comercial de los bienes avaluados y no se ha permitido justipreciar los bienes embargados dentro del proceso ejecutivo hipotecario No. 2017-023 y m\u00e1xime que dicho avalu\u00f3 fue realizado desde mayo de 2021\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Dentro del proceso ejecutivo que Rub\u00e9n Dar\u00edo Montoya adelanta contra la aqu\u00ed accionante, Miguel \u00c1ngel Moreno Tovar, Betty Johana Guzm\u00e1n Fierro, Agencia de Aduanas Sky S.A.S., Suma Corp S.A.S. y Representaciones Supernova Colombia S.A.S. ante el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Manizales, el 20 de abril de 2021 se present\u00f3 el aval\u00fao de uno de los inmuebles cautelados por parte de un auxiliar de la justicia designado de oficio por la precitada autoridad, del cual, dice la aqu\u00ed interesada, no se le corri\u00f3 traslado, y as\u00ed fue aprobado el 25 de junio siguiente. <\/p>\n
2.2. Afirma la gestora que al respecto solo obra el auto de 16 de julio de 2021, que genera confusi\u00f3n, porque a pesar de que es posterior a la calenda de aprobaci\u00f3n del justiprecio, indica que sobre la aprobaci\u00f3n del mismo se resolver\u00e1 luego de definida una apelaci\u00f3n pendiente. <\/p>\n
2.4. Agrega que la situaci\u00f3n le genera un grave detrimento patrimonial, porque ese trabajo fij\u00f3 el precio de su inmueble en $2.289\u00b4768.000,oo pese a que su valor real es de $5.015\u00b4239.603,oo, seg\u00fan lo establecido en el peritaje elaborado por el ingeniero Oscar Fernando Galindo, que alleg\u00f3 al proceso el 1\u00ba de febrero de 2022 junto con solicitud de revisi\u00f3n del aval\u00fao aprobado, petici\u00f3n \u00e9sta negada en la citada decisi\u00f3n de 8 de febrero de 2022 del juzgado cognoscente, con fundamento en que el aval\u00fao aprobado ten\u00eda vigencia de un a\u00f1o. <\/p>\n
2.5. Asevera que no ha tenido apoderado judicial dentro del proceso, porque si bien otorg\u00f3 poder especial a un abogado, \u00e9ste no le comunic\u00f3 sobre su obligaci\u00f3n de asistir a una audiencia el 28 de noviembre de 2017, y adem\u00e1s, el 17 de marzo de 2019 se separ\u00f3 de su compa\u00f1ero permanente y codemandado Miguel \u00c1ngel Mej\u00eda Tobar, de quien su mandatario es amigo personal, por lo cual \u00e9ste dej\u00f3 de informarle sobre el discurrir del juico, a la par que su excompa\u00f1ero comenz\u00f3 a adelantar actuaciones contra la sociedad patrimonial que la han llevado a iniciar varias actuaciones judiciales. <\/p>\n
2.6. Narr\u00f3 que el 23 de febrero de 2022 el Tribunal Superior de Manizales le neg\u00f3 una tutela que por similares hechos present\u00f3 contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Manizales, por incumplimiento del requisito de la subsidiariedad, ya que su ex compa\u00f1ero y codemandado hab\u00eda discutido dentro de la ejecuci\u00f3n la falta de traslado del dictamen y estaba pendiente de definirse la alzada que \u00e9ste interpuso contra el prove\u00eddo de 8 de febrero de 2022, con que se neg\u00f3 esa queja. <\/p>\n
2.7. Finalmente sostuvo que el Juzgado accionado se\u00f1al\u00f3 el 7 de junio de 2022 como fecha para rematar el inmueble que afirma indebidamente avaluado, lo que podr\u00eda llevar a su subasta por menos de un 50% de su valor real, gener\u00e1ndole un grave perjuicio econ\u00f3mico, lo que en su criterio justifica la intervenci\u00f3n a su favor por parte del juez de tutela. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Manizales manifest\u00f3 que el 8 de febrero de 2022 neg\u00f3 la solicitud de la aqu\u00ed accionante para que se revisara el aval\u00fao aprobado dentro del proceso, con fundamento en que dicho peritaje no fue atacado dentro de la oportunidad procedente, adem\u00e1s de que hab\u00eda trascurrido menos de un a\u00f1o desde la aprobaci\u00f3n del mismo el 25 de junio de 2021, por lo cual no era procedente sopesar otros dict\u00e1menes al tenor del art\u00edculo 457 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Precis\u00f3 que en auto de 25 de junio de 2021 puso en conocimiento de las partes el comentado aval\u00fao, en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 231 del C\u00f3digo General del Proceso, asimismo, que la gestora recurri\u00f3 la decisi\u00f3n de fijar fecha para remate, para que se tuviera en cuenta un nuevo aval\u00fao del inmueble objeto de la diligencia, pero el 20 de mayo de 2022 mantuvo lo decidido. <\/p>\n
2. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Bajo ese horizonte, concluye la Sala que el amparo est\u00e1 llamado al fracaso, por cuanto la queja de la accionante fue abordada en providencia de 8 de febrero de la presente anualidad del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Manizales, confirmada el 30 de marzo de 2022 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Manizales, siendo negada previa exposici\u00f3n de argumentos que no lucen arbitrarios, comoquiera que dicha Colegiatura explic\u00f3 las razones por las que no resultaba viable dejar sin efecto lo actuado dentro del proceso, respecto del tantas veces mencionado aval\u00fao <\/p>\n
Para ello, se observa que, en la decisi\u00f3n de segundo grado antes individualizada, \u00fanica sobre la que recaer\u00e1 el an\u00e1lisis porque cerr\u00f3 la discusi\u00f3n sobre la tem\u00e1tica aqu\u00ed propuesta, la Colegiatura accionada hizo un recuento de las inconformidades que contra el prove\u00eddo apelado expusieron la aqu\u00ed inconforme, y los tambi\u00e9n ejecutados Miguel \u00c1ngel Moreno Tovar y Supernova Colombia S.A.S, y, el tercero Diego Sandoval Ardila, para en seguida memorar lo definido al respecto en primera instancia, puntualmente cit\u00f3 que: \u00abel Despacho a quo frente a la petici\u00f3n de la se\u00f1ora Betty Johana Guzm\u00e1n Fierro explic\u00f3 que mediante auto de 25 de junio de 2021 aprob\u00f3 el aval\u00fao comercial presentado por el se\u00f1or H\u00e9ctor Manuel Zubieta Figueroa, frente a dicha providencia el demandado Miguel \u00c1ngel Moreno Tovar present\u00f3 recurso de reposici\u00f3n y en subsidio de apelaci\u00f3n, por motivos diferentes a los que ahora plantea la codemandada Guzm\u00e1n Fierro. Tal recurso fue resuelto negativamente por lo que, en la actualidad, dicha providencia se encuentra ejecutoriada y en firme. Motivo por el cual, si ten\u00eda motivos que atacaran la aprobaci\u00f3n del aval\u00fao presentado por el auxiliar de la justicia, debi\u00f3 manifestarlos en ese momento procesal. Adem\u00e1s, el canon 457 del C\u00f3digo General del Proceso establece que la oportunidad que tiene el demandado para presentar un nuevo aval\u00fao es \u201ccuando haya transcurrido un (1) a\u00f1o desde la fecha en que el anterior aval\u00fao qued\u00f3 en firme\u201d; sin embargo, atendiendo a que el \u00faltimo aval\u00fao data del 25 de junio de 2021, la petici\u00f3n es extempor\u00e1nea\u00bb. <\/p>\n
En seguida se\u00f1al\u00f3 que el disenso de la aqu\u00ed interesada contra esa decisi\u00f3n consisti\u00f3 en que, \u00abA. El despacho a quo no resolvi\u00f3 su solicitud de realizar un nuevo aval\u00fao al predio embargado y secuestrado. B. Que tampoco resolvi\u00f3 la solicitud de nulidad de todos los actos derivados de la aprobaci\u00f3n del aval\u00fao designado por el despacho. C. Que el despacho est\u00e1 dando prevalencia al derecho procedimental sobre el sustancial, al indicar que el aval\u00fao presentado por la codemandada se present\u00f3 por fuera de los t\u00e9rminos del art\u00edculo 457 del C.G.P., pese a que, en su opini\u00f3n, el que se encuentra aprobado no garantiz\u00f3 su derecho al debido proceso\u00bb. <\/p>\n
Luego de este recuento, el Tribunal precis\u00f3 que el problema a dilucidar consist\u00eda, \u00aben este caso, si como lo sostiene la codemandada Betty Johana Guzm\u00e1n Fierro, se debe acceder a la solicitud del remedido procesal desde la aprobaci\u00f3n del informe del aval\u00fao comercial realizado por el perito H\u00e9ctor Manuel Zubieta en raz\u00f3n que: (i) no se coloc\u00f3 en conocimiento de los demandados dicho aval\u00fao; (ii) el peritazgo efectuado por el ingeniero \u00d3scar Fernando Galindo sobre el bien inmueble identificado con matr\u00edcula inmobiliaria No. 350-24196 de enero de 2022, es el id\u00f3neo en este asunto para demostrar el valor comercial real del bien objeto de cautela; (iii) la Jueza a quo reincide en un exceso ritual al no contemplar las razones t\u00e9cnicas puestas a su conocimiento el primero de febrero de 2022, para acceder a lo pretendido\u00bb. <\/p>\n
Frente a ello, hizo el siguiente recuento de lo acontecido durante el proceso cuestionado: \u00ab\uf0b7 Con auto de cuatro (4) de agosto 2021 el Juzgado de instancia, resolvi\u00f3 entre otros, decretar de oficio un nuevo aval\u00fao comercial, ello teniendo presente que dentro de la litis obran dos aval\u00faos uno catastral y otro comercial, este \u00faltimo elaborado por el se\u00f1or \u00d3scar Fernando Galindo Mac\u00edas, inscrito en el registro abierto de avaluadores RAA., lo que lo califica y certifica para realizar tal labor; empero, cada uno de los aval\u00faos presentados difiere abismalmente del otro, sin que tenga esa funcionaria los conocimientos t\u00e9cnicos y\/o cient\u00edficos para poder determinar cu\u00e1l de ellos refleja el valor real del inmueble. <\/p>\n
\uf0b7 Con prove\u00eddo de 25 de junio de 2021 el Despacho de instancia decidi\u00f3 entre otros, agregar y poner en conocimiento el aval\u00fao comercial presentado por el se\u00f1or H\u00e9ctor Manuel Zubieta Figueroa, designado por el Despacho a quo visible en la carpeta 05, documento 42 seg\u00fan se consign\u00f3. <\/p>\n
\uf0b7 Frente a la anterior determinaci\u00f3n, el demandado Miguel \u00c1ngel Moreno Tovar present\u00f3 recurso de reposici\u00f3n y en subsidio de apelaci\u00f3n frente a la escogencia del dictamen efectuado por la Juez a quo. <\/p>\n
\uf0b7 Luego del traslado de rigor, la parte actora se opuso a la censura de la parte codemandada ya mencionada, resaltando que \u00e9sta no interpuso ning\u00fan medio de impugnaci\u00f3n contra la decisi\u00f3n de ordenar un nuevo alav\u00fao; de ah\u00ed que \u00ab…resulta extempor\u00e1neo adem\u00e1s de improcedente que la parte demandada, procure en un ataque contra la providencia que tiene como aval\u00fao del bien identificado con el Folio de Matr\u00edcula Inmobiliaria N\u00b0 350-24196 la suma de $ 2.389.768.000, fijada en el aval\u00fao decretado de oficio, cuando la providencia que orden\u00f3 este dictamen se encuentra ejecutoriada\u00bb. Destac\u00f3 que el dictamen atacado \u00ab…se encuentra en el expediente desde el d\u00eda 13 de Mayo del presente a\u00f1o, y si no ha sido consultado por la parte demandada, no es una omisi\u00f3n que deba ser imputada al despacho, pues, es obligaci\u00f3n de los apoderados acceder a los expedientes en los que act\u00faan para tener el control de sus cargas\u00bb. <\/p>\n
\uf0b7 A trav\u00e9s de prove\u00eddo de 23 de agosto de 2021, el Despacho de instancia resolvi\u00f3 negativamente el recurso horizontal se\u00f1alando que la decisi\u00f3n de decretar un nuevo aval\u00fao qued\u00f3 en firme por cuanto el demandado no interpuso recurso alguno contra la misma, explic\u00f3 que ante la existencia de dos aval\u00faos muy diferentes presentados por los contendientes, era necesario una nueva valoraci\u00f3n por un profesional capacitado en el aval\u00fao de inmuebles. Por \u00faltimo, neg\u00f3 la concesi\u00f3n de la alzada al no tener un canon normativo que consagre la apelaci\u00f3n para ello. <\/p>\n
\uf0b7 Frente a la determinaci\u00f3n de no conceder recurso vertical el codemandado interpueso recurso de reposici\u00f3n y en subsidio queja. Luego del traslado, el primero fue despachado desfavorablemente y el segundo concedido. Este \u00faltimo, fue resuelto por esta Corporaci\u00f3n que estim\u00f3 bien denegado el recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
Del anterior recuento procesal, la Colegiatura coligi\u00f3 que la apelaci\u00f3n presentada por la aqu\u00ed accionante estaba llamada al fracaso, porque, el aval\u00fao \u00abfue agregado y puesto en conocimiento de las partes procesales seg\u00fan el prove\u00eddo de 25 de junio de 2021, n\u00f3tese adem\u00e1s que fue mucho despu\u00e9s de dicho prove\u00eddo que se se\u00f1al\u00f3 el supuesto defecto aqu\u00ed ventilado, que se reitera, no se configur\u00f3 por cuanto el aval\u00fao comercial s\u00ed fue puesto en conocimiento, sumado a que como lo consagra el par\u00e1grafo del canon 134 CGP \u00abLas dem\u00e1s irregularidades del proceso se tendr\u00e1n por subsanadas si no se impugnan oportunamente por los mecanismos que este c\u00f3digo establece\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, expuso, \u00aben lo que ata\u00f1e a los otras censuras expuestas por la codemandada Betty Johana Guzm\u00e1n, la primera concerniente a que debe tenerse como aval\u00fao comercial del predio aprehendido en este asunto, el valor estimado por el ingeniero \u00d3scar Fernando Galindo, que es el id\u00f3neo en este asunto para demostrar el valor comercial real del bien objeto de cautela debe indicarse que en modo alguno se evidencia que la aqu\u00ed recurrente, es decir, la codemandada Betty Johana Guzm\u00e1n haya contradicho el dictamen decretado de oficio de conformidad del numeral 4 del canon 444 CGP, sumado a que el aval\u00fao decretado de oficio por el Despacho a quo claramente se encuentra en firme; por lo cual, ya tendr\u00eda que acudirse al canon 457 del C\u00f3digo General del Proceso que establece que la oportunidad que tiene el demandado para presentar un nuevo aval\u00fao es \u201ccuando haya transcurrido un (1) a\u00f1o desde la fecha en que el anterior aval\u00fao qued\u00f3 en firme\u201d; sin embargo, atendiendo a que el \u00faltimo aval\u00fao data del 25 de junio de 2021, la petici\u00f3n como lo afirm\u00f3 el Despacho de instancia es extempor\u00e1nea. <\/p>\n
De otro lado, en torno al segundo disenso de esta codemandada atinente a que la Jueza a quo reincide en un exceso ritual al no contemplar las razones t\u00e9cnicas puestas en su conocimiento para acceder a lo pretendido, debe recordarse que el canon 13 CGP consagr\u00f3: \u00abOBSERVANCIA DE NORMAS PROCESALES. Las normas procesales son de orden p\u00fablico y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ning\u00fan caso podr\u00e1n ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorizaci\u00f3n expresa de la ley.(…)\u00bb; de ah\u00ed que la Juez a quo claramente debe aplicar las normas procesales conforme tambi\u00e9n lo recuerda el canon 7 \u00eddem, sumado a que como se evidenci\u00f3 s\u00ed fueron respetados los derechos de defensa y contradicci\u00f3n al poner en conocimiento de los contendientes el dictamen decretado de oficio. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Aunado, a que la Jueza a quo al decretar el aval\u00fao de oficio ha actuado de conformidad con su deber legal contenido en el numeral primero del art\u00edculo 42 CGP, es decir, \u00ab1. dirigir el proceso, velar por su r\u00e1pida soluci\u00f3n, presidir las audiencias, adoptar las medidas conducentes para impedir la paralizaci\u00f3n y dilaci\u00f3n del proceso y procurar la mayor econom\u00eda procesal\u00bb, es decir, darle impulso al proceso para solucionar con prontitud la contienda\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja de la gestora no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed se plante\u00f3 es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que el Colegiado querellado estableci\u00f3 que no resultaba procedente invalidar lo actuado desde el momento en que se imparti\u00f3 aprobaci\u00f3n al aval\u00fao del inmueble objeto de cautelas, elaborado por el auxiliar de la justicia designado de oficio por el juzgado de primera instancia, no solo porque encontr\u00f3 que dicho dictamen fue oportuna y debidamente puesto en conocimiento de las partes, en cumplimiento del art\u00edculo 231 del C\u00f3digo General del Proceso, sin que la aqu\u00ed accionante y otro de los ejecutados, dentro del t\u00e9rmino respectivo manifestaran alguna inconformidad frente al mismo, sino adem\u00e1s, porque al haber transcurrido menos de un a\u00f1o desde la aprobaci\u00f3n de ese trabajo, no resultaba posible acceder a la solicitud de \u00e9sta de tener en cuenta el nuevo aval\u00fao que trajo a la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
3. Con fundamento en tal \u00f3ptica, se estima que las deducciones del despacho judicial acusado no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
4. Finalmente, la afirmaci\u00f3n de la quejosa que sugiere negligencia de su mandatario en el decurso ejecutivo resulta insuficiente para abrir paso al resguardo, pues si aquella esgrime que la labor de dicho profesional fue inapropiada, puede poner ese parecer en conocimiento de las autoridades competentes, punto sobre el que esta Magistratura ha decantado: <\/p>\n
(\u2026)[E]n relaci\u00f3n con las afirmaciones efectuadas referentes a una inadecuada defensa t\u00e9cnica, tal situaci\u00f3n no conlleva la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas fundamentales, pues,\u2026 seg\u00fan las pruebas aportadas a la actuaci\u00f3n, el convocante estuvo asistido dentro del proceso por un abogado y el hecho de no estar conforme con su actuar, no lo legitima para controvertir las decisiones judiciales o justificar las omisiones por \u00e9l presentadas. No obstante, en caso de considerarse un proceder negligente(\u2026) por parte del profesional del derecho designado, existen v\u00edas para denunciar tal situaci\u00f3n, a las que puede acudir directamente quien se considere afectado, frente a ello, esta Corporaci\u00f3n ha expuesto que \u2018Tampoco son de recibo las manifestaciones del actor respecto a la negligencia que endilga a su apoderado en el patrocinio de sus derechos, pues esa circunstancia, con independencia de la eventual responsabilidad del abogado en el ejercicio de su profesi\u00f3n, y que el interesado puede reclamar por otras v\u00edas, no sirve para edificar una acci\u00f3n de tutela contra decisiones judiciales\u2019 (…) porque el derecho de postulaci\u00f3n no puede llevar aparejada la consecuencia de que las omisiones o negligencias de \u2018(…) los apoderados judiciales deban reportarse en contra de la seguridad que se predica del orden jur\u00eddico procesal (…)\u2019, ya que eso ser\u00eda opuesto a la ordenaci\u00f3n del proceso y a los principios de eventualidad y preclusi\u00f3n\u2026 (CSJ STC 9 de junio de 2004, exp. 00448-01 y 21 de marzo de 2006, exp. 00228-01, reiteradas en providencias de 23 de octubre de 2012, exp. 62803-02, STC9510 de 13 de julio de 2016, rad. n.\u00b0 00905-01). <\/p>\n
5. Las consideraciones que anteceden resultan suficientes para negar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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STC7569-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC7569-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-01853-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de junio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Betty Johana Guzm\u00e1n Fierro […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-64518","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64518","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64518"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64518\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64518"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64518"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64518"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}